violaciones de derechos humanos
-
No puede haber desarrollo sostenible sin respeto de los derechos humanos
- La sociedad civil internacional pide a los gobiernos que sitúen los derechos humanos en el centro de las cuestiones de desarrollo
- Los Estados que no vinculan el desarrollo sostenible con la legislación para restringir las libertades de la sociedad civil son contrarios al espíritu de la Agenda 2030
- Los gobiernos deben abrir canales de comunicación con los grupos de la sociedad civil para convertirlos en socios al mismo nivel para implementar los Objetivos de Desarrollo Sostenible
Los grupos de la sociedad civil de todo el mundo contribuyen de manera significativa al desarrollo, por ello, los Objetivos de Desarrollo Sostenible no pueden alcanzarse plenamente si continúan los ataques contra la sociedad civil y contra las personas que defienden los derechos humanos.
Este es el claro mensaje que han enviado representantes de las organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo. En mayo de 2019, más de 60 representantes de la sociedad civil de 25 países se reunieron en Johannesburgo, Sudáfrica, para discutir las implicaciones que tienen para el desarrollo sostenible las restricciones de la libertad de reunión y asociación. Estas reflexiones de la reunión de Johannesburgo son compartidas por muchos otros grupos en todo el mundo.
Como adelanto y preparación para el Foro Político de Alto Nivel (HLPF) -la plataforma central de las Naciones Unidas para el seguimiento y la revisión del Programa 2030 para el Desarrollo Sostenible y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)- que se celebrará del 9 al 18 de julio en Nueva York, los representantes de la sociedad civil abajo firmantes hacen un llamamiento a los gobiernos para que sitúen los derechos humanos en el centro de las cuestiones de desarrollo.
El HLPF 2019 se celebra en un momento en que los ataques hacia los representantes de la sociedad civil han alcanzado proporciones alarmantes. Los informes revelan que la sociedad civil está siendo gravemente atacada en 111 países, incluidos los que van a presentar avances para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio, como parte del Examen Nacional Voluntario (VNR), con un aumento de los casos de asesinatos de defensores de los derechos humanos que ejercen su derecho a reunirse de manera pacífica.
Al analizar la relación entre la libertad de reunión y asociación, el desarrollo socioeconómico y los derechos humanos, los participantes en la reunión de Johannesburgo expresaron su profunda preocupación por las frecuentes agresiones que sufren por parte de agentes estatales y no estatales, y por el alto nivel de impunidad de que gozan los autores de esos actos.
Como representantes de la sociedad civil, observamos con preocupación que nuestros gobiernos hacen una distinción entre los derechos humanos y el desarrollo, considerando a menudo a los activistas y líderes comunitarios que participan en actividades de derechos humanos como perturbadores y distantes de las cuestiones de desarrollo. De hecho, las autoridades los han acusado de tener tendencias contrarias al desarrollo, mientras que los actores de la sociedad civil tienen interés en el progreso de la sociedad y son socios de pleno derecho para el desarrollo.
Esta brecha a menudo significa que los gobiernos ejercen demasiado control sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que trabajan en connivencia con actores no estatales, incluyendo empresas privadas, para implementar su estrategia y alcanzar los ODS, pero que a menudo ignoran los puntos de vista de la sociedad civil cuando lanzan proyectos de desarrollo. Si bien la mayoría de los defensores de los derechos humanos son el blanco de sus campañas, los que defienden los derechos sobre la tierra, el medio ambiente y los derechos de los indígenas son los más afectados y, por lo tanto, los que tienen más probabilidades de ser silenciados.
Pocos días antes de que el HLPF diera comienzo, dos defensores de los derechos humanos -Ryan Hubilla y Nelly Bagasala del grupo filipino de derechos humanos Karapatan- fueron brutalmente asesinados por ejercer su trabajo. Previamente a los asesinatos, el personal de Karapatan había estado sometido a vigilancia por parte de militares y policía.
En el HLPF se analizarán seis de los ODS, incluidos los que tienen por objeto promover la reducción de las desigualdades dentro de los países y entre ellos, la lucha contra el cambio climático, la educación inclusiva, equitativa y de calidad, y el acceso a la justicia para las instituciones inclusivas y responsables. Las cuestiones que se abordarán estos días están desafortunadamente en el centro de las constantes restricciones y represalias que ejercen los agentes estatales y no estatales.
Sólo en 2019, fueron reprimidas de manera violenta las manifestaciones pacíficas contra el aumento del coste de la vida y las crecientes desigualdades en Sudán, Zimbabue, Nicaragua y Venezuela; se bloquearon las manifestaciones estudiantiles en Liberia; y se reprimieron de manera violenta las manifestaciones que tuvieron lugar en Camerún contra los procesos judiciales deficientes. En Rusia, el 12 de junio de 2019, 530 manifestantes fueron arrestados y detenidos tras exigir responsabilidades por el arresto, detención y liberación arbitrarios del periodista Ivan Golunov.
En América Latina y el Caribe han aumentado los ataques, el hostigamiento y la persecución de los defensores de los derechos ambientales. En Colombia, por ejemplo, las fuerzas paramilitares siguen atacando a activistas que trabajan por el derecho a la tierra, el medio ambiente y los derechos indígenas, y algunos, como Robinson López, han sido asesinados. Estos son sólo algunos de los ejemplos del verdadero malestar político en muchas partes del mundo, que tiene consecuencias muy graves para las personas afectadas.
Los Estados a menudo tienen una visión muy limitada del desarrollo, en los casos en que lo ven como la construcción de infraestructura y la explotación de los recursos naturales. En esas situaciones se dirigen específicamente a aquellos que expresan su preocupación por la falta de consulta a las comunidades, sobre los proyectos de infraestructura o el impacto en el medio ambiente, cuando las empresas anteponen los beneficios a los intereses de la comunidad mediante la explotación de los recursos naturales. Del mismo modo, los gobiernos tampoco relacionan el desarrollo sostenible con el uso de leyes restrictivas que socavan el trabajo de la sociedad civil de diversas maneras no democráticas.
El Foro de Alto Nivel sobre Políticas de Desarrollo es una oportunidad para invertir estas tendencias, ya que pone de relieve la complementariedad y la interdependencia entre estos actores asociados para el desarrollo. El tema de 2019 "Empoderar a las personas y garantizar la inclusión y la igualdad" reafirma el principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas y de las capacidades respectivas (CBDR-RC) en un momento en que está claro que los gobiernos no pueden alcanzar los ODS por sí solos. Por lo tanto, debemos insistir en que no puede haber desarrollo significativo sin derechos humanos. Los grupos de la sociedad civil que trabajan en diferentes esferas temáticas hacen contribuciones importantes al desarrollo y los Objetivos de Desarrollo del Milenio no pueden alcanzarse plenamente si los ataques contra la sociedad civil y las personas que defienden los derechos humanos continúan impunes. Los legisladores deben entender que los defensores de los derechos humanos no se oponen al gobierno, sino que más bien apoyan y aplican las leyes que no violan los derechos humanos.
Siete defensores de los derechos humanos que trabajan en cuestiones como el desarrollo económico, el desarrollo comunitario, las iniciativas de lucha contra la corrupción y los derechos de las mujeres y las niñas viven actualmente en Zimbabue bajo estrictas condiciones de libertad bajo fianza, tras haber sido detenidos a su regreso de Maldivas por participar en un taller formativo.
La libertad de reunión y asociación es crucial para el trabajo de todos los grupos de la sociedad civil, incluidas las asociaciones formales e informales, y permite a personas de diversos orígenes colaborar de manera efectiva. Aunque los gobiernos a veces cambian para mejor, y no siempre aplican plenamente las leyes restrictivas, es esencial que estas leyes represivas sean modificadas para asegurar el pleno ejercicio de los derechos fundamentales en todo momento.
En vista de estas restricciones, instamos a los Estados a:
- Modificar y/o derogar las leyes y reglamentos restrictivos que afectan a la sociedad civil, así como a las libertades de asociación y reunión y garantizar que cumplan con las normas internacionales de derechos humanos;
- Firmar, ratificar o adherirsea acuerdos que protejan a los defensores de derechos humanos y les garanticen un entorno propicio para sus realizar sus actividades;
- Poner fin a la práctica de atacar a los defensores de los derechos humanos, activistas comunitarios y otros representantes de la sociedad civil, abstenerse de ponerles etiquetas falsas y garantizar que, como cualquier otro ciudadano, sus derechos sean respetados y protegidos;
- Establecer canales de comunicación entre el Estado y la sociedad civil sobre la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para que la sociedad civil sea considerada y tratada como un socio de pleno derecho en la consecución de los mismos;
- Asegurar que los derechos humanos a todos los niveles estén en el centro de todas las iniciativas de desarrollo y asegurar sociedades pacíficas e inclusivas, el acceso a la justicia y a instituciones responsables y la reducción de las desigualdades.
Firmantes:
- A Common Future
- Action Foundation Common Initiative Group
- Action pour le Developpement
- AgriBiz Home
- ASSAUVET/NGO
- Action for Improvement of Food child and Mother (AFICM)
- Alliance for Community Action
- Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA)
- AfriYAN
- Association of citizens PLANT
- AL-Shafaa Organisation
- ANSA-EAP
- Agency for Peoples Empowerment, Sierra Leone, Limited (APEM SL LTD)
- Act Mara Diocese – Mugumu Safe House
- Adolescents Initiatives Support Organization (AISO)
- ADD International
- Action Aid
- Action for Rural Aid Empowerment
- Actions for Democracy and Local Governance (ADLG)
- Active Women Foundation
- Agape Aids Control Program
- Ahadi Forum Tanzania (AFTA)
- Arusha Non-Governmental Organisation Network (ANGONET)
- ARUWE
- Association for Non-Governmental Organisation Zanzibar (ANGOZA)
- Association of Rare Blood Donor (ARBD)
- Balkan Civil Society Development Network
- Business and Human Rights Tanzania (BHRT)
- Biharamulo Community FM Radio (BCFM)
- Biharamulo NGOs Network Forum
- Biharamulo Originating Social Economic Development Association (BOSEDA)
- Biharamulo Social Economic Development Association (BISEDEA)
- BINGOS FORUM
- Civic Initiatives
- Centre for Peace and Justice
- Civil Society Development Foundation
- COSADER- Collectif des ONG pour la Sécurité Alimentaire et le Développent Rural
- Community Centre for Integrated Development
- Consortium of Ethiopian Rights Organizations (CERO)
- CIVICUS, World Alliance for Citizen Participation
- Centre for the Study of Violence and Reconciliation (CSVR)
- Centre for Community Regeneration and Development (CCREAD-Cameroon)
- Centre for Financial Inclusion and Sustainable Development (CenFISD)
- Children's Assurance Program Sierra Leone (CAP-SL)
- Centre for Social Policy Development
- Caricuao Propone
- Center for Agrarian Reform and Rural Development
- Concerned Citizens of Abra for Good Government, Inc.(CCAGG)
- CODE-NGO
- Centre of Youth Dialogue (CYD)
- Civic and Legal Aid Organization (CILAO)
- CSYM HUDUMA*the Christian Spiritual Youth Ministry
- Collaboration for Development and Humanitarian Action Inc
- CESOPE
- CHIFU KIMWELI FOOTBALL CLUB
- Child Watch
- Children Dignity Forum
- Christian Education and Development Organisation (CEDO)
- Civic and Legal Aid Organisations
- Community Development Initiatives Support Organisation (COSIDO)
- Community Focus Tanzania
- Community for Educators and Legal Assistance
- Community Support Initiatives-Tanzania
- Crisis Resolving Centre
- C-SEMA
- CWCA
- Discourage Youths from Encourages Poverty
- Derecho, Ambiente, y Recursos Naturales
- David Chanyeghea-New Age Foundation
- Dawning Hope
- Dignity Kwanza Community Solutions
- Door of Hope to Women and Youth in Tanzania
- DUNGONET (NGO’S NETWORK FOR DODOMA)
- Economic Empowerment and Human Rights Sierra Leone (EEHRSL)
- Education and English for You
- Empower Society, Transform Lives (ESTL)
- Equality for Growth
- Fundamental human Rights & Rural Development Association FHRRDA
- Faidika Aidika Wote Pamoja (FAWOPA)
- FAWETZ
- FICOFAWE WOMEN EMPOWERMENT
- FIDELIS Yunde-Youth Movement for Change
- Free Mind Foundation
- Fondation Lucienne SALLA
- Global Vision
- GEARS Initiative
- Gidion Kaino Mandesi Dolased
- Girls Education Support Initiatives
- GIYEDO
- Gospel Communication Network of Tanzania
- Growth Dimensions Africa
- Global youth clan Sierra Leone chapter
- GLOBAL MEDIA FOUNDATION
- Glow Movement, South Africa
- Global Vision
- HURISA
- HuMENA for Human Rights and Sustainable Development
- Human rights Center Memorial and OVD-Info
- HakaConnect.org
- HAKI CATALYST
- HAKI ELIMU
- HAKI MADINI
- HAKI RASILIMALI
- HAKI ARDHI
- Happy Children Tanzania Organisation
- HILDA S. DADU-PHLI
- HIMS ARUSHA
- Human Rights National Association of Educators for World Peace
- Humanity Aid for Development Organisation
- HURUMA Organisation
- Initiative for Good Governance and Transparence in Tanzania (IGT)
- IHAN (International Humanitarian Activists Network) / JAKI (Jaringan Aktivis Kemanusiaan Internasional)
- Initiative Africaine Pour le Developpement Durable
- International Center for Environmental Education and Community Development (ICENECDEV)
- INTRAC
- ISDO RWANDA
- ISRAEL ILUNDE –YPC
- Just Fair
- JAMII Media Limited
- John Seka-Seka and Associates Advocates
- JUKWAA LA KATIBA TANZANIA
- JUMA KAPIPI
- Jumuiya Ya Kuelimisha Athari Za Madawa Ya Kulevya Ukimwi Na Mimba Katika Mdogo (JUKAMKUM)
- JUMUIYA YA KUELIMISHA ATHARI ZA MADAWA YA KULEVYA UKIMWI NA MIMBA KATIKA UMRI MDOGO (JUKAMKUM)
- JUMUIYA YA KUENDELEZA UFUGAJI NYUKI NA UHIFADHI MAZINGIRA (JUKUNUM)
- JUMUIYA YA KULINDA NA KUTETEA HAKI ZA WANAWAKE NA WATOTO MKOANI (JUKUWAM)
- JUMUIYA YA KUTETEA HAKI ZA WANAWAKE NA WATOTO SHRHIYA YA OLE (JUKUHAWA),
- JUMUIYA YA MAENDELEO YA ELIMU KWA WATOTO PEMBA (JUMAEWAPE)
- JUMUIYA YA MAENDELEO YA ELIMU KWA WATOTO PEMBA (JUMAEWAPE),
- JUMUIYA YA MAENDELEO YA WAVUVI WA KOJANI (KOFDO)
- JUMUIYA YA MAENDELEO ZIWANI (JUMAJZI)
- JUMUIYA YA OWEDE
- JUMUIYA YA TUMAINI JIPYA PEMBA(TUJIPE)
- JUMUIYA YA TUSISHINDWE DEVELOPMENT ORGANISATION PEMBA (TUDOPE)
- JUMUIYA YA WASAIDIZI WA SHERIA PEMBA (JUWASPE)
- KARAPATAN
- Kagera Human Rights Defenders and Legal Aid Support Organisation
- Kabataang Gabay sa Positibong Pamumuhay (KGPP) Inc.,
- Kadesh International
- Khpal Kore Organization
- KUTAFITI-The Social Science Centre for African Development
- KARENY MASASI
- Kigoma Paralegal Aid Centre (KIPACE)
- Kigoma Ujiji Non-Governmental Organisation Network (KIUNGONET)
- Kigoma Women Development
- KIKUNDI CHA USHINDI
- KIWOHEDE
- KOK Foundation
- Lawyers for Human Rights
- LARETOK-LE-SHERIA NA HAKI ZA BINADAMU NGORONGORO (LASHEHABINGO)
- Legal and Human Rights Centre (LHRC)
- Lindi Regional Press Club (LRPC)
- Lindi Women Paralegal Aid Centre (LIWOPAC)
- Liwale FARMERS Association (LIFA)
- Migrant workers Association of Lesotho (MWA-Ls)
- Monna ka Khomo (Lesotho Herd boys Ass.)
- My Future Matters
- Manyara Early Childhood Development Network
- Mauritius Council of Social Service (MACOSS)
- Media Education Centre
- Magata Primary Cooperative Society
- Manyara Regional Civil Society Network (MACSNET)
- Mapambano Centre for Children
- MAWAZO DANIEL-NYDT
- Mbeya Hope for Orphans
- Mbeya Paralegal Aid Centre (MBEPACE)
- MBEYA WOMEN
- MCHOMORO AIDS COMBAT GROUP
- Media Association for Indigenous and Pastoralist Communities
- Media Support Tanzania
- MICHAEL REUBEN NTIBIKEMA-ELIMU MWANGAZA TANZANIA
- MICHEWENI ISLAMIC DEVELOPMENT ENVIRONMENTAL CONSERVATION AND AIDS CONTROL(MIDECAC)
- MIKONO YETU CENTRE FOR CREATIVITY AND INNOVATION (MIKONO YETU)
- Morogoro Paralegal Centre (MPLC)
- MSICHANA INITIATIVES
- Mtwara NGOs Network (MTWANGONET)
- Mtwara Paralegal Centre
- MTWARA YOUTH ANTI AIDS GROUP
- MUKEMBA GROUP MAENDELEO
- MUSSA JUMA-MISA TANZANIA
- MWANAMKE NA UONGOZI
- National Council of NGOS (NACONGO)
- NNATIONAL Union of Mine and Energy Workers of Tanzania (NUMET)
- NEEMA KITUNDU-FAWETZ
- NETWO
- New Family Organisation
- New Hope Winners Foundation (NHNWF)
- NGUVUMALI Community Development of Environment
- NICAS NIBENGO- BASE FOR EDUCATION DISSEMINATION
- NOMADIC PASTORALIST DEVELOPMENT ORGANIZATION(NOPADEO)
- NTABYMA
- NYAKITONTO YOUTH FOR DEVELOPMENT TANZANIA
- Nelson Nohashi Ministry
- New Horizon Global
- NGO World and Danube
- ONG Les BA TISSEURS
- Outreach Social Care Project, Democratic Republic of Congo (DRC)
- Open Mind Tanzania
- Organisation for Rural Self-Help Initiatives (ORSHI)
- Plant Protection and Regulatory Services Directorate
- Population and Development Society
- PEN Kenya
- PAMOJA DAIMA (PADA)
- Paralegal Primary Justice (PPJ)
- Peace Relief Organisation (PRO)
- PEMBA Association for Civil Society Organisation (PASCO)
- PEMBA EAST ZONE ENVIROMENT ASSOCIATION (PEZEA)
- PEMBA ISLAND RELIEF ORGANIZATION (PIRO)
- PEMCO
- Peoples Development Forum (PDF)
- Peoples Health Movement Tanzania (PHM)
- PINGOS FORUM
- Policy Curiosity Society
- Poverty Alleviation in Tanga (POVATA)
- Promotion and Women Development Association (POWDA)
- PROSPERUS HEALTH LIFE INITIATIVES
- PWAAT
- RAFIKI Social Development Organisation
- REHEMA JOSPHEPH-CENTA
- Resource Advocacy Initiative (RAI)
- RIEFP
- ROWODO
- RUANGWA Organisation for Poverty Alleviation (ROPA)
- Rural Woman Development Initiative (RUWODI)
- Rainbow Pride Foundation
- Recycle Up!
- RESEAU DES JEUNES POUR LE DEVELOPPEMENT ET LE LEADERSHIP AU TCHAD, Chad
- RESPECT CAMEROON
- Salum Mbaruok
- Sikhula Sonke Early Childhood Development
- SPEDYA-Africa
- Street Youth Connection Sierra Leone (SYC-SL)
- Sujag sansar orgnaition
- Sustainable Social Development Organization (SSDO)
- SADELINE HEALTH CARE TRUST
- Safe Space for Children and Youth Women Tanzania (SSCYWT)
- SAHRiNGON
- SAKALE Development Foundation
- SAUTI YA HAKI TANZANIA
- SAUTI YA WANAWAKE UKELEWE
- Save the Mother and Children of Central Tanzania (SMCCT)
- SAWABI BIHARAMULO
- Service Health and Development for People
- SHALOM OPHARNAGE CARE CENTER
- SHAMILA MSHANGAMA
- SHIMAWAMI
- SHIRIKA LA BINADAMU NANDANGALA
- SHIVYAWATA
- SHUKURU PAUL-HRC
- SOPHIA KOMBA-CAGBV
- SORF DODOMA
- Sports Development Aid Lindi
- Trade Union Congress of Swaziland (TUCOSWA)
- The Tahrir Institute for Middle East Policy
- The Maldivian Democracy Network
- Tai Tanzania
- Tanzania Agricultural Modernization Association (TAMA)
- Tanzania Development Trust
- TEACH
- The Need Today
- The Youth Voice Of SA
- Tim Africa Aid Ghana
- Transparence_RD Congo
- Trio Uganda, United Kingdom
- TUKELAKANG ENTETE FOUNDATION / YAYASAN TUKELAKANG ENTETE
- Trag Foundation
- TAMHA Paralegal Aid
- TANDAHIMBA Women Association
- TANGA Paralegal Aid
- TANGIABLE INITIATIVES FOR LOCAL DEVELOPMENT TANZANIA
- Tanzania Association of NGOs (TANGO)
- Tanzania Centre for Research for Research and Information on Pastoralism (TCRIP)
- Tanzania Citizen Information Bureau
- Tanzania Hone Economic Association (TAHEA) BIHARAMULO
- Tanzania Human Rights Defenders Coalition (THRDC)
- Tanzania Legal Knowledge and Aid Centre
- Tanzania media Woman’s Association (TAMWA)
- Tanzania Media Women’s Association
- Tanzania Network for Legal Providers (TANLAP)
- Tanzania Network of Women Living with HIV and AIDS (TNW+)
- TANZANIA Pastoralist Community Forum (TPCF)
- Tanzania Peace Legal Aid and Justice
- Tanzania Tobacco Control Forum
- Tanzania Widows Association (TAWIA)
- Tanzania Women Empowerment in Action (TAWEA)
- Tanzania Women Teachers Association
- Tanzania Youth Potential Association
- TAWASANET
- TAWEDO
- TAWLA
- TECDEN
- TEN/MET
- TGNP MTANDAO
- The African for Civil Society (TACS)
- The African Institute for Comparative and International Law (AICIL)
- The Development for Accountability in Tanzania
- The Foundation of Human Health and Social Development (HUHESO)
- The Life Hood Children and Development Society (LICHIDE)
- The Organisation of Journalists Against Drug Abuse and Crimes in Tanzania (OJADACT)
- The Voice of the Marginalised Community
- TNRF
- Tree of Hope
- TUNDURU PARALEGAL CENTRE (TUPACE)
- TUPACE
- TUSHIRIKI
- TUWAANDAE WATOTO
- TYVA
- Union for Promotion / Protection, Human Rights Defense and the Environment-UPDDHE/GL Democratic Republic of Congo (DRC)
- UNODC, Canada
- UMMY NDERIANANGAB-SHIVYAWATA
- UMOJA WA VIKUNDI VYA UZALISHAJI MALI NA UELIMISHAJI RIKA MAGU (UVUUMA)
- UMOJA WA WAWEZESHAJI KIOO
- Under the Same Sun (UTSS)
- UTPC
- UTTI MWANGA’MBA-CWCA
- UVINZA NGOS NETWORK (UNON)
- Volunteer Activists
- VIJANA ASSEMBLY
- Vital Projection Limited
- Voice of the Voiceless
- Volunteer for Youth in Health and Development (VOYOHEDE)
- Victoria Quade, New Zealand
- Women for Social Progress, Mongolia
- WAHAMAZA
- WAJIBU Institute of Accountability
- WALIO KATIKA MAPAMBANO NA AIDS TANZANIA(WAMATA)
- WASOMI VOICE FOUNDATION
- WGNRR AFRICA
- Widows and Orphaned Development Organisation
- WILDAF
- WOFATA
- WOMEN ACTION TOWARDS ENTRP.DEVELOPMENT
- WOMEN DIGNITY
- Women Legal Aid Centre (WLAC)
- Women Life Foundation
- Women Wake-Up (WOWAP)
- Women’s Promotion Centre (WPC)
- Women’s Empowerment in Action
- WOTE INITIATIVES
- WOTE SAWA YOUTH DOMESTIC WORKERS
- WOVUCTA
- Youth Against Aids Poverty
- Young League Pakistan, Pakistan
- Youth Africa and Peace Democratic Republic of Congo (DRC)
- YOUTH ASSOCIATION OF SIERRA LEONE, Sierra Leone
- Youth Harvest Foundation Ghana
- Youth Partnership for Peace and Development, Sierra Leone
- AND ONE
- ZAFELA
- ZAHRA SALEHE-ICCAO
- ZAITUNI NJIVU- ZAINA FOUNDATION
- Zanzibar Aids Association and Support for Orphans (ZASO)
- Zanzibar Association for Children Advancement (ZACA)
- Zanzibar Children Rights Forum
- Zanzibar Fighting Against Youth Challenges Organization (ZAFAYCO)
- Zanzibar Legal Service Center
-
Nuevo informe revela el alcance de la represión de los medios y de las violaciones a los derechos humanos en Guinea Ecuatorial
Un nuevo informe ha revelado el alcance de la represión de los medios de comunicación y de los derechos humanos en la nación centroafricana de Guinea Ecuatorial, a menudo descrita como uno de los países con mayor censura del mundo.Titulado «El Silencio no significa consentimiento: el terrible estado de los derechos humanos en Guinea Ecuatorial», el informe fue publicado en junio por la organización local de derechos humanos, EG Justice, y la alianza mundial de la sociedad civil, CIVICUS. Dicho documento describe cómo los medios son controlados por el presidente Teodoro Obiang Nguema y su familia. El presidente Nguema es el jefe de Estado más antiguo de África y el líder político con más años en activo de todo el mundo, miembros de la realeza aparte.
Hay muy pocos medios de comunicación independientes en el país. Los periodistas, incluidos aquellos que trabajan para los medios de comunicación estatales, suelen ser señalados como objetivos por sus críticas al presidente o a su familia. El gobierno lleva a cabo un control estricto sobre la información transmitida por los medios de comunicación y ha prohibido la publicación de imágenes de manifestaciones en otros países. El gobierno controla la capacidad de los ciudadanos para acceder a la información mediante la imposición de restricciones en Internet y a páginas web que a veces se muestran críticas con las autoridades.
«El gobierno de Guinea Ecuatorial ha militarizado al Estado y utiliza los medios de comunicación como una herramienta para difundir su propaganda, evitando al mismo tiempo que aquellos con puntos de vista diferentes se expresen», afirmó Tutu Alicante, director de EG Justice.
«Debido a que nadie exige cuentas al gobierno ni a sus agentes, los niveles de impunidad son altos y el ciclo de abusos contra los derechos humanos continúa», declaró Alicante.
El presidente Nguema y el partido gobernante, el Partido Democrático de Guinea Ecuatorial (PDGE), utilizan las elecciones para legitimar su permanencia en el poder. Se organizan elecciones periódicamente, pero a menudo en condiciones muy restrictivas y caracterizadas por altos niveles de represión contra miembros de la oposición política y contra activistas políticos. A menudo los líderes de los partidos políticos son arrestados justo antes de una elección o se les prohíbe impugnarla.
Si bien la Constitución permite la libertad de asociación y de reunión, la legislación limita en gran medida el proceso de inscripción de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) y el gobierno se niega a reconocer a los sindicatos. A veces se suspenden las organizaciones de la sociedad civil y se procede a la detención de sus miembros y dirigentes de forma arbitraria, se les agrede físicamente y son objeto de persecución judicial.
«Durante las últimas cuatro décadas, el gobierno del PDGE ha suprimido los derechos humanos. Ha llegado el momento de que la comunidad internacional se centre en el estado de los derechos humanos en Guinea Ecuatorial y haga que sus líderes rindan cuentas», expresó David Kode, jefe de reivindicaciones y campañas de CIVICUS.
Por lo general, se permiten las manifestaciones organizadas por los seguidores del partido gobernante, mientras que las organizadas por la sociedad civil o por los organismos profesionales son reprimidas u obstaculizadas de forma violenta. Debido a las restricciones impuestas a los defensores de los derechos humanos y a los periodistas, muchos prefieren autocensurarse mientras que otros han huido al exilio.
CIVICUS y EG Justice han solicitado al gobierno la creación de un entorno favorable para que los ciudadanos participen en los procesos políticos sin temor a la intimidación ni a las represalias.
FIN.
Para más información o para concertar entrevistas, escriba a:
David Kode -
Pakistán: la sociedad civil mundial pide la liberación inmediata de Mohammed Ismail y el cese de toda forma de acoso e intimidación
Novedad sobre el caso a 26 de noviembre de 2019:
🇵🇰Our friend and partner, Professor Ismail, has just been released on bail by the #Pakistan government. He should never have been arrested in the first place and the charges still pending against him should be dropped immediatelyhttps://t.co/VvCCg3wBIu pic.twitter.com/cFSJPuX4BN
— CIVICUS (@CIVICUSalliance) November 26, 2019
Los miembros abajo firmantes de CIVICUS, la alianza mundial de organizaciones de la sociedad civil y el Grupo de Afinidad de Asociaciones Nacionales (AGNA) exigen la liberación inmediata del profesor Mohammed Ismail de la detención preventiva en Pakistán y el cese de toda forma de acoso e intimidación y amenazas contra él y su familia.
Mohammed Ismail es miembro desde hace tiempo de AGNA, una red de 90 asociaciones nacionales y plataformas regionales de todo el mundo. Él es el punto focal del Foro de ONG de Pakistán (PNF), un organismo que agrupa a otras organizaciones de la sociedad civil (OSC) en Pakistán. Su hija, Gulalai Ismail, es una defensora de los derechos humanos que se ha enfrentado a la persecución de las autoridades por defender los derechos de las mujeres y las niñas, y por intentar poner fin a las violaciones de los derechos humanos contra el grupo étnico pastún. Tras este episodio, se le ha concedido asilo en los Estados Unidos de América.
En julio de 2019, en aplicación de la Ley Antiterrorista, Mohammed Ismail fue acusado de cargos en relación con el trabajo legítimo de derechos humanos de su hija, Gulalai Ismail. El 24 de octubre de 2019, fue asaltado fuera de la Corte de Peshawar por hombres vestidos con uniformes militares negros, que lo obligaron a subir a un vehículo negro. Estuvo en paradero desconocido hasta la mañana del 25 de octubre, cuando compareció, bajo la custodia de la Agencia Federal de Investigaciones de Pakistán, ante un magistrado judicial y se le acusó de cargos adicionales en virtud de la Ley de Delitos Electrónicos de Pakistán. Sigue detenido y las solicitudes de libertad bajo fianza presentadas han sido rechazadas por los tribunales.
Además, estamos profundamente preocupados por los informes fidedignos que hemos recibido sobre las condiciones deplorables en las que se mantiene al profesor Ismail detenido, que puede considerarse como trato cruel, inhumano y degradante. Le ha sido denegada la atención médica, a pesar de tener múltiples problemas de salud, incluido un trastorno neurológico, discos dislocados en la espalda, dolores renales y altos niveles de creatinina. También se le ha negado atención médica para tratar su hipertensión.
Antes de su detención, Mohammed Ismail y su familia habían sido objeto de actos de intimidación, incluyendo al menos tres redadas en su hogar familiar en Islamabad, así como amenazas de daños físicos a la hermana menor de Gulalai Ismail.
Las acusaciones contra Mohammed Ismail son infundadas y parecen haber sido presentadas por las autoridades para silenciarlo a él y a Gulalai. Este acoso e intimidación judicial resaltan el ambiente hostil para los defensores de los derechos humanos, periodistas y otros actores en Pakistán que ejercen su libertad de expresión y expresan sus críticas al estado.
Nosotros, miembros de CIVICUS y AGNA, pedimos a las autoridades de Pakistán que liberen al Profesor Ismail de forma inmediata e incondicional y pongan fin a todos los actos de acoso contra el Profesor Mohammed Ismail, Gulalai Ismail y su familia y retiren todos los cargos en su contra. También solicitamos a las autoridades que tomen medidas inmediatas para garantizar que todos los defensores de derechos humanos en Pakistán puedan llevar a cabo sus actividades legítimas sin ningún impedimento o temor a represalias.
-
Preocupación grave por las constantes violaciones de los derechos humanos en Nicaragua y la falta de rendición de cuentas de los autores
Su excelencia António Guterres
Secretario general de las Naciones Unidas
405 East 42nd Street, Nueva York, NY,
10017, Estados Unidos, 30
Estimado secretario general:
Las organizaciones de la sociedad civil de diferentes regiones aquí firmantes nos dirigimos a usted para llamar su atención sobre la continua erosión del Estado de derecho y las violaciones sistemáticas de los derechos humanos en Nicaragua. El presidente Daniel Ortega y su partido, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), están llevando a cabo una campaña sostenida contra las organizaciones de la sociedad civil, las personas defensoras de los derechos humanos y la oposición política, y están silenciando cualquier voz alternativa.
Las instituciones independientes, como el poder judicial y otros organismos públicos, están controladas por el gobierno, lo que hace imposible que el presidente Ortega y su administración rindan cuentas por las violaciones de derechos humanos que perpetúan. El gobierno ha ignorado en reiteradas ocasiones las recomendaciones regionales e internacionales para poner fin a estas violaciones de los derechos humanos y, si no se toman medidas con urgencia, no quedará ningún margen para que la sociedad civil y las voces independientes puedan actuar. En concreto, nos preocupan las siguientes cuestiones:
Cancelación sin precedentes de organizaciones de la sociedad civil y restricciones a la libertad de asociación
Nos preocupa que, en los últimos cuatro años, las autoridades nicaragüenses han atacado sistemáticamente a las organizaciones de la sociedad civil y han ilegalizado más de 400 ONG acusándolas de socavar el régimen, de actuar como «agentes extranjeros» o de no presentar estados financieros. El número y tipo de organizaciones afectadas no tiene precedentes e incluye organizaciones que prestan una asistencia muy necesaria para mejorar la salud infantil, organizaciones que trabajan en proyectos de desarrollo para comunidades rurales y grupos excluidos y marginados y organizaciones de ayuda humanitaria. Por ejemplo, en 2021 cancelaron la personería jurídica del Colectivo de Mujeres Matagalpan, que prestó una atención muy necesaria a mujeres, niños, niñas, bibliotecas y hogares comunitarios durante más de tres décadas. Otro ejemplo es la Federación Coordinadora Nicaragüense de ONG que Trabajan con la Niñez y la Adolescencia, que agrupó a organizaciones dedicadas a promover los derechos de los niños, niñas y adolescentes durante más de tres décadas.
También se han visto afectadas muchas organizaciones de derechos humanos, grupos ecologistas, asociaciones profesionales, instituciones culturales y educativas y organizaciones religiosas. El ataque a estas organizaciones ha sido precedido y respaldado por una serie de decretos auspiciados por el FSLN. Por ejemplo, en mayo de 2022, la Asamblea Nacional aprobó cuatro decretos legislativos que conllevaron la cancelación de la personería jurídica de 94 organizaciones de la sociedad civil y fundaciones. Las autoridades han seguido cometiendo este tipo de actos, apropiándose de los bienes de algunas organizaciones, entre ellas el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos.
Para restringir aún más el derecho a la libertad de asociación, las autoridades promulgaron el 6 de mayo de 2022 la Ley General de Regulación y Control de Organismos sin Fines de Lucro. Esta ley impone restricciones adicionales para el registro de organizaciones y otorga al gobierno la facultad de exigir información sobre las actividades, la financiación y los beneficiarios de las mismas. Las autoridades nicaragüenses están facultadas para autorizar las actividades de las organizaciones antes de que se lleven a cabo y las organizaciones tienen prohibido participar en actividades políticas, lo cual se define en términos generales.
Criminalización de los medios de comunicación independientes y ataques contra periodistas
Nos preocupa la constante censura de los medios de comunicación independientes y las intimidaciones y detenciones de periodistas. Desde el 2018, se han cerrado más de 20 medios de comunicación y al menos 120 periodistas han huido de Nicaragua para evitar las represalias del Estado. El 10 de junio de 2022, el periodista Juan Lorenzo Holmann, del diario La Prensa, fue condenado a nueve años de prisión por «lavado de dinero». Fue arrestado en agosto de 2021. El 16 de febrero, el periodista Miguel Mendoza fue condenado a nueve años de prisión e inhabilitado para ejercer cargos políticos tras ser declarado culpable de «conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional» y «difusión de noticias falsas».
Persecución judicial, intimidación y detención de las personas defensoras de los derechos humanos y miembros de partidos políticos
El régimen del FSLN ha mantenido una campaña de represión, persecución y detención de personas defensoras de los derechos humanos, activistas miembros de la oposición política y personas críticas con el gobierno. En el periodo previo a las elecciones, decenas de personas defensoras de los derechos humanos y de la oposición política fueron detenidas y acusadas de delitos relacionados con la seguridad en virtud del Código Penal y el derecho soberano. En su mayoría, los juicios de las personas detenidas se caracterizan por ser irregulares y, en muchos casos, no se celebran en los tribunales, sino en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) de la cárcel también conocida como El Chipote.
La mayoría de los juicios se apresuran y las sentencias de los detenidos se dictan sin el debido proceso. Entre los condenados se encuentra el activista Yader Parajón, que exigía justicia para las víctimas de la represión gubernamental y fue declarado culpable de «conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional» el 2 de febrero de 2022. Ana Margarita Vijil, activista feminista y expresidenta del grupo opositor Unamis, fue condenada el 2 de febrero de 2022. La persecución y detención de activistas continúa pese a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha expresado su preocupación por las condiciones deplorables e inhumanas a las que son sometidos, incluidas las de las mujeres. Debido a estas restricciones, el Monitor CIVICUS califica el espacio cívico de Nicaragua como Cerrado.
Por tanto, le pedimos que inste al gobierno de Nicaragua a:
- Revertir todas las políticas y leyes restrictivas utilizadas para ilegalizar las organizaciones de la sociedad civil y crear un entorno propicio para que puedan actuar sin temor a sufrir represalias.
- Levantar todas las restricciones y organizaciones de la sociedad civil impuestas por el gobierno para que puedan seguir realizando sus actividades.
- Poner en libertad a todas las personas defensoras de los derechos humanos, miembros de la oposición política, activistas y detenidos y retirar todos los cargos en su contra.
- Tomar medidas para revisar la Ley General de Regulación y Control de Organismos sin Fines de Lucro junto con la sociedad civil, para modificar sus disposiciones restrictivas.
- Respetar en todo momento el Estado de derecho y garantizar la independencia del poder judicial y de las instituciones del Estado.
- Respetar los derechos de los miembros de la oposición política y sus partidarios y crear un entorno propicio para la participación política.
-
VENEZUELA: “El gobierno quiere una sociedad civil alineada con sus intereses, domesticada y silenciada”
CIVICUS conversa sobre la “ley anti-ONG” recientemente aprobada en Venezuela con Alí Daniels, codirector de Acceso a la Justicia, una organización de la sociedad civil (OSC) que se dedica a monitorear la administración de justicia y el estado de derecho en el país.El 15 de agosto, la Asamblea Nacional de Venezuelaaprobó una ley conocida como “ley anti-ONG”, que restringe severamente la libertad de asociación. La ley obliga a las OSC a declarar el origen de sus fondos, impone estrictas obligaciones de reporte, incluido el requisito de proveer informaciones sensibles, y prohíbe OSC que se considere que promueven “fascismo, intolerancia y odio”. La medida, propuesta tiempo atrás, acabó siendo adoptada tras laselecciones presidenciales del 28 de julio, en las que la oposición se impuso por amplia diferencia. El gobierno ha desconocido los resultados, reprimido violentamente las protestas en reclamo de democracia e intentado sofocar toda fuente de disenso.
¿Qué establece la ley anti-ONG, y qué lugar ocupa en la arquitectura represiva del régimen gobernante?
Esta nueva ley fue presentada como un instrumento para reglamentar el ejercicio de las libertades de asociación y expresión, cuando en realidad busca obstaculizarlo. La tercera parte de sus 39 artículos contiene severas sanciones tales como multas, anulación de registros, la expulsión de extranjeros e incluso la disolución de organizaciones. Aunque dice buscar mayor transparencia y rendición de cuentas, tiene solamente dos artículos sobre este tema, que además ya estaba regulado por el Código Civil.
Uno de los aspectos más preocupantes de la nueva ley es que obliga a las OSC a reinscribirse dentro de un plazo de 180 días, y podría dejarlas en un limbo legal en el caso de que no reciban una respuesta de las autoridades. Además, impone revisiones anuales, añadiendo cargas administrativas innecesarias incluso sobre aquellas que no cuentan con recursos financieros.
La ley anti-ONG ley se enmarca en una estrategia represiva de larga data que incluye violaciones de derechos humanos tales como desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales. Es un engranaje más en una maquinaria represiva que incluye medidas tales como la anulación de pasaportes a personas defensoras de derechos humanos y activistas, la vigilancia ilegal de teléfonos y redes sociales y la censura de plataformas como WhatsApp y Twitter/X. Altos funcionarios del gobierno ya nos han clasificado como “terroristas”, alentando y justificando la intensificación de la represión.
La ley anti-ONG también puede ser vista como una respuesta a la presión internacional que ha cuestionado la legitimidad de las elecciones del 28 de julio. Con ella, el gobierno redobla la apuesta y muestra que está dispuesto a castigar a cualquiera que cuestione su legitimidad.
¿Qué efectos podría tener esta ley?
Nos preocupa mucho el hecho de que la nueva ley se parece mucho a la de Nicaragua, que en solo un año resultó en la ilegalización de más de 3.000 OSC.
A mediano plazo, la nueva ley puede afectar gravemente la situación humanitaria. Las nuevas restricciones podrían resultar en una disminución del número de OSC, mientras que las que sigan operando podrían verse forzadas a reducir su capacidad de ejecutar proyectos. Es posible que muchas OSC acaben optando por la informalidad. Aunque esto reduciría costos, también limitaría su capacidad para recibir financiamiento, ya que los donantes suelen preferir trabajar con entidades jurídicas formales.
Es decir, los daños que podría causar no se limitan a las OSC, sino que también afectan a las personas que dependen de sus servicios. Por razones políticas, el gobierno de Venezuela adopta posiciones contradictorias: obliga a empresas en quiebra a seguir operando para “proteger el trabajo”, y al mismo tiempo disuelve OSC por no pagar una multa. Dice proteger el empleo, pero disuelve organizaciones que generan trabajo en el sector humanitario.
La ley anti-ONG busca limitar la independencia de la sociedad civil, permitiendo operar solamente a las OSC afines. El gobierno quiere una sociedad civil alineada con sus intereses, domesticada y silenciada.
¿Cómo trabaja la sociedad civil por una transición democrática en Venezuela?
En un contexto marcado por la censura a la expresión política y la libertad de prensa, la sociedad civil venezolana juega un papel crucial en la lucha por una transición democrática. Frente a las restricciones impuestas a los partidos políticos y al control gubernamental sobre los medios, las OSC nos hemos convertido en fuentes confiables de información, aportando un análisis alternativo a la versión oficial. Brindamos datos que el gobierno preferiría ocultar, tales como los referidos al aumento de la desnutrición infantil. Mostramos la realidad y es justamente por eso que nos quieren reprimir.
Las OSC están actuando como observadoras y denunciantes, ofreciendo un análisis crítico y proponiendo alternativas para el futuro del país. Abogamos por una transición dialogada y negociada, pero también establecemos límites éticos y legales claros, de modo de garantizar que los responsables de crímenes de lesa humanidad sean juzgados.
¿Cómo puede la comunidad internacional apoyar a la sociedad civil venezolana?
La comunidad internacional puede ayudarnos a mantener lo que está pasando en Venezuela dentro del debate global, haciéndose eco de nuestras denuncias de violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Esto es sumamente importante para que los sectores ideológicos más reticentes reconozcan que las violaciones de derechos humanos no tienen ideología y que la tortura, sin importar quién la comete, es inaceptable y debe ser condenada y castigada.
Es importante que los países con capacidad de influir sobre el gobierno venezolano, como Brasil y Colombia, utilicen su posición para fomentar el diálogo. La presión diplomática y la mediación por parte de países amigos podrían facilitar un proceso de negociación y solución pacífica. Hace más de dos décadas que enfrentamos una emergencia humanitaria compleja; todo apoyo para mitigar la crisis es sumamente valorado, y nos seguirá dando esperanzas y fuerza para enfrentar la situación tan grave que nos toca vivir.
El espacio cívico en Venezuela es calificado como “cerrado” por elCIVICUS Monitor.
Póngase en contacto con Acceso a la Justicia a través de susitio web o su página deFacebook, y siga a@AccesoaJusticia y@alijdaniels en Twitter.
-
Venezuela: Continúa la persecución contra los críticos del gobierno
Consejo de Derechos Humanos de la ONU - 53ª Sesión
Diálogo interactivo sobre el informe del Alto Comisionado sobre Venezuela
Pronunciada por CIVICUS y Espacio Público
Gracias Señor Presidente,
En Venezuela continúa la persecución hacia quienes critiquen a las autoridades.
Leonardo Azócar y Daniel Romero, trabajadores de la empresa estatal SIDOR fueron detenidos desde el 11 de junio pasado; acusados de boicot e instigación al odio. Junto a 20 trabajadores fueron procesados por ejercer el derecho a huelga.
Javier Tarazona, director de la organización FundaRedes, cumple dos años detenido este 3 de julio, acusado de “traición a la patria”, “terrorismo” e “instigación al odio”.
Desde el 2022, 19 personas fueron perseguidas bajo la “ley contra el odio”. Desde el 2017, hay un total de 83 víctimas de esta “ley”.
El hostigamiento judicial sigue tras la excarcelación a través de medidas cautelares excesivas e ilegales.
Ana Belen Tovar es procesada desde 2019 por una publicación con información de interés público sobre un alto funcionario. Su audiencia fue diferida 11 veces en 4 años, el proceso sigue a pesar de la falta de pruebas.
La incertidumbre regulatoria sobre los medios de comunicación es un mecanismo de control. Esto facilitó el cierre de 81 emisoras radiales en 2022 y de al menos 5 en lo que va de año, además de varios programas suspendidos por presiones gubernamentales. Los apagones de electricidad y los bloqueos de medios digitales se mantienen.
Exhortamos al Consejo a mantener su atención sobre Venezuela y preguntamos al Alto Comisionado qué debe hacer el Consejo para evitar nuevas restricciones, que socavan las garantías para futuros procesos electorales.
Gracias.
-
Violaciones en curso de los derechos fundamentales requieren un seguimiento continuo por parte del Consejo
Presentación del informe de la ACNUDH
Presentada por Carlos Correa, Espacio Público
Desde Espacio Público y CIVICUS reiteramos que se siga con la documentación de la situación de derechos humanos en Venezuela. La crisis se mantiene con severas consecuencias para las personas más vulnerables.
La violación a las libertades civiles impacta en la garantía de los derechos económicos y sociales. Las restricciones a la libertad y circulación de información buscan impedir la crítica legítima a la gestión pública. Se mantienen bloqueos ilegales de medios digitales en un ecosistema dominado por radios y televisoras sometidas a controles estatales.
Un proveedor de servicios de telefonía e internet privado informó que en el año 2021 más de millón y medio de líneas fueron intervenidas. y desde el 2016, más de 1300 portales web fueron bloqueados Se revela un patrón de vigilancia masiva que viola el derecho a la privacidad.
La sociedad civil está igualmente en peligro y los nominales "nuevos espacios de diálogo" no han hecho mucho por apaciguar esta situación. El proyecto de ley de cooperación internacional restringiría los fondos y el funcionamiento de las organizaciones de la sociedad civil. Las personas defensoras de los derechos humanos siguen siendo intimidadas, criminalizadas y detenidas arbitrariamente.
Exhortamos a mantener la atención sobre Venezuela; extender la resolución 45/20 que permite este informe, consolidar la presencia de la oficina de la Alta Comisionada en el país, apoyar la renovación del mandato de la Misión de Determinación de los Hechos y toda iniciativa para acompañar las víctimas en su búsqueda de justicia.
Muchas gracias.
Página 2 de 2
- 1
- 2
