violaciones de derechos humanos
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Nuevo informe revela el alcance de la represión de los medios y de las violaciones a los derechos humanos en Guinea Ecuatorial
Un nuevo informe ha revelado el alcance de la represión de los medios de comunicación y de los derechos humanos en la nación centroafricana de Guinea Ecuatorial, a menudo descrita como uno de los países con mayor censura del mundo.Titulado «El Silencio no significa consentimiento: el terrible estado de los derechos humanos en Guinea Ecuatorial», el informe fue publicado en junio por la organización local de derechos humanos, EG Justice, y la alianza mundial de la sociedad civil, CIVICUS. Dicho documento describe cómo los medios son controlados por el presidente Teodoro Obiang Nguema y su familia. El presidente Nguema es el jefe de Estado más antiguo de África y el líder político con más años en activo de todo el mundo, miembros de la realeza aparte.
Hay muy pocos medios de comunicación independientes en el país. Los periodistas, incluidos aquellos que trabajan para los medios de comunicación estatales, suelen ser señalados como objetivos por sus críticas al presidente o a su familia. El gobierno lleva a cabo un control estricto sobre la información transmitida por los medios de comunicación y ha prohibido la publicación de imágenes de manifestaciones en otros países. El gobierno controla la capacidad de los ciudadanos para acceder a la información mediante la imposición de restricciones en Internet y a páginas web que a veces se muestran críticas con las autoridades.
«El gobierno de Guinea Ecuatorial ha militarizado al Estado y utiliza los medios de comunicación como una herramienta para difundir su propaganda, evitando al mismo tiempo que aquellos con puntos de vista diferentes se expresen», afirmó Tutu Alicante, director de EG Justice.
«Debido a que nadie exige cuentas al gobierno ni a sus agentes, los niveles de impunidad son altos y el ciclo de abusos contra los derechos humanos continúa», declaró Alicante.
El presidente Nguema y el partido gobernante, el Partido Democrático de Guinea Ecuatorial (PDGE), utilizan las elecciones para legitimar su permanencia en el poder. Se organizan elecciones periódicamente, pero a menudo en condiciones muy restrictivas y caracterizadas por altos niveles de represión contra miembros de la oposición política y contra activistas políticos. A menudo los líderes de los partidos políticos son arrestados justo antes de una elección o se les prohíbe impugnarla.
Si bien la Constitución permite la libertad de asociación y de reunión, la legislación limita en gran medida el proceso de inscripción de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) y el gobierno se niega a reconocer a los sindicatos. A veces se suspenden las organizaciones de la sociedad civil y se procede a la detención de sus miembros y dirigentes de forma arbitraria, se les agrede físicamente y son objeto de persecución judicial.
«Durante las últimas cuatro décadas, el gobierno del PDGE ha suprimido los derechos humanos. Ha llegado el momento de que la comunidad internacional se centre en el estado de los derechos humanos en Guinea Ecuatorial y haga que sus líderes rindan cuentas», expresó David Kode, jefe de reivindicaciones y campañas de CIVICUS.
Por lo general, se permiten las manifestaciones organizadas por los seguidores del partido gobernante, mientras que las organizadas por la sociedad civil o por los organismos profesionales son reprimidas u obstaculizadas de forma violenta. Debido a las restricciones impuestas a los defensores de los derechos humanos y a los periodistas, muchos prefieren autocensurarse mientras que otros han huido al exilio.
CIVICUS y EG Justice han solicitado al gobierno la creación de un entorno favorable para que los ciudadanos participen en los procesos políticos sin temor a la intimidación ni a las represalias.
FIN.
Para más información o para concertar entrevistas, escriba a:
David Kode -
Pakistán: la sociedad civil mundial pide la liberación inmediata de Mohammed Ismail y el cese de toda forma de acoso e intimidación
Novedad sobre el caso a 26 de noviembre de 2019:
🇵🇰Our friend and partner, Professor Ismail, has just been released on bail by the #Pakistan government. He should never have been arrested in the first place and the charges still pending against him should be dropped immediatelyhttps://t.co/VvCCg3wBIu pic.twitter.com/cFSJPuX4BN
— CIVICUS (@CIVICUSalliance) November 26, 2019
Los miembros abajo firmantes de CIVICUS, la alianza mundial de organizaciones de la sociedad civil y el Grupo de Afinidad de Asociaciones Nacionales (AGNA) exigen la liberación inmediata del profesor Mohammed Ismail de la detención preventiva en Pakistán y el cese de toda forma de acoso e intimidación y amenazas contra él y su familia.
Mohammed Ismail es miembro desde hace tiempo de AGNA, una red de 90 asociaciones nacionales y plataformas regionales de todo el mundo. Él es el punto focal del Foro de ONG de Pakistán (PNF), un organismo que agrupa a otras organizaciones de la sociedad civil (OSC) en Pakistán. Su hija, Gulalai Ismail, es una defensora de los derechos humanos que se ha enfrentado a la persecución de las autoridades por defender los derechos de las mujeres y las niñas, y por intentar poner fin a las violaciones de los derechos humanos contra el grupo étnico pastún. Tras este episodio, se le ha concedido asilo en los Estados Unidos de América.
En julio de 2019, en aplicación de la Ley Antiterrorista, Mohammed Ismail fue acusado de cargos en relación con el trabajo legítimo de derechos humanos de su hija, Gulalai Ismail. El 24 de octubre de 2019, fue asaltado fuera de la Corte de Peshawar por hombres vestidos con uniformes militares negros, que lo obligaron a subir a un vehículo negro. Estuvo en paradero desconocido hasta la mañana del 25 de octubre, cuando compareció, bajo la custodia de la Agencia Federal de Investigaciones de Pakistán, ante un magistrado judicial y se le acusó de cargos adicionales en virtud de la Ley de Delitos Electrónicos de Pakistán. Sigue detenido y las solicitudes de libertad bajo fianza presentadas han sido rechazadas por los tribunales.
Además, estamos profundamente preocupados por los informes fidedignos que hemos recibido sobre las condiciones deplorables en las que se mantiene al profesor Ismail detenido, que puede considerarse como trato cruel, inhumano y degradante. Le ha sido denegada la atención médica, a pesar de tener múltiples problemas de salud, incluido un trastorno neurológico, discos dislocados en la espalda, dolores renales y altos niveles de creatinina. También se le ha negado atención médica para tratar su hipertensión.
Antes de su detención, Mohammed Ismail y su familia habían sido objeto de actos de intimidación, incluyendo al menos tres redadas en su hogar familiar en Islamabad, así como amenazas de daños físicos a la hermana menor de Gulalai Ismail.
Las acusaciones contra Mohammed Ismail son infundadas y parecen haber sido presentadas por las autoridades para silenciarlo a él y a Gulalai. Este acoso e intimidación judicial resaltan el ambiente hostil para los defensores de los derechos humanos, periodistas y otros actores en Pakistán que ejercen su libertad de expresión y expresan sus críticas al estado.
Nosotros, miembros de CIVICUS y AGNA, pedimos a las autoridades de Pakistán que liberen al Profesor Ismail de forma inmediata e incondicional y pongan fin a todos los actos de acoso contra el Profesor Mohammed Ismail, Gulalai Ismail y su familia y retiren todos los cargos en su contra. También solicitamos a las autoridades que tomen medidas inmediatas para garantizar que todos los defensores de derechos humanos en Pakistán puedan llevar a cabo sus actividades legítimas sin ningún impedimento o temor a represalias.
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Preocupación grave por las constantes violaciones de los derechos humanos en Nicaragua y la falta de rendición de cuentas de los autores
Su excelencia António Guterres
Secretario general de las Naciones Unidas
405 East 42nd Street, Nueva York, NY,
10017, Estados Unidos, 30
Estimado secretario general:
Las organizaciones de la sociedad civil de diferentes regiones aquí firmantes nos dirigimos a usted para llamar su atención sobre la continua erosión del Estado de derecho y las violaciones sistemáticas de los derechos humanos en Nicaragua. El presidente Daniel Ortega y su partido, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), están llevando a cabo una campaña sostenida contra las organizaciones de la sociedad civil, las personas defensoras de los derechos humanos y la oposición política, y están silenciando cualquier voz alternativa.
Las instituciones independientes, como el poder judicial y otros organismos públicos, están controladas por el gobierno, lo que hace imposible que el presidente Ortega y su administración rindan cuentas por las violaciones de derechos humanos que perpetúan. El gobierno ha ignorado en reiteradas ocasiones las recomendaciones regionales e internacionales para poner fin a estas violaciones de los derechos humanos y, si no se toman medidas con urgencia, no quedará ningún margen para que la sociedad civil y las voces independientes puedan actuar. En concreto, nos preocupan las siguientes cuestiones:
Cancelación sin precedentes de organizaciones de la sociedad civil y restricciones a la libertad de asociación
Nos preocupa que, en los últimos cuatro años, las autoridades nicaragüenses han atacado sistemáticamente a las organizaciones de la sociedad civil y han ilegalizado más de 400 ONG acusándolas de socavar el régimen, de actuar como «agentes extranjeros» o de no presentar estados financieros. El número y tipo de organizaciones afectadas no tiene precedentes e incluye organizaciones que prestan una asistencia muy necesaria para mejorar la salud infantil, organizaciones que trabajan en proyectos de desarrollo para comunidades rurales y grupos excluidos y marginados y organizaciones de ayuda humanitaria. Por ejemplo, en 2021 cancelaron la personería jurídica del Colectivo de Mujeres Matagalpan, que prestó una atención muy necesaria a mujeres, niños, niñas, bibliotecas y hogares comunitarios durante más de tres décadas. Otro ejemplo es la Federación Coordinadora Nicaragüense de ONG que Trabajan con la Niñez y la Adolescencia, que agrupó a organizaciones dedicadas a promover los derechos de los niños, niñas y adolescentes durante más de tres décadas.
También se han visto afectadas muchas organizaciones de derechos humanos, grupos ecologistas, asociaciones profesionales, instituciones culturales y educativas y organizaciones religiosas. El ataque a estas organizaciones ha sido precedido y respaldado por una serie de decretos auspiciados por el FSLN. Por ejemplo, en mayo de 2022, la Asamblea Nacional aprobó cuatro decretos legislativos que conllevaron la cancelación de la personería jurídica de 94 organizaciones de la sociedad civil y fundaciones. Las autoridades han seguido cometiendo este tipo de actos, apropiándose de los bienes de algunas organizaciones, entre ellas el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos.
Para restringir aún más el derecho a la libertad de asociación, las autoridades promulgaron el 6 de mayo de 2022 la Ley General de Regulación y Control de Organismos sin Fines de Lucro. Esta ley impone restricciones adicionales para el registro de organizaciones y otorga al gobierno la facultad de exigir información sobre las actividades, la financiación y los beneficiarios de las mismas. Las autoridades nicaragüenses están facultadas para autorizar las actividades de las organizaciones antes de que se lleven a cabo y las organizaciones tienen prohibido participar en actividades políticas, lo cual se define en términos generales.
Criminalización de los medios de comunicación independientes y ataques contra periodistas
Nos preocupa la constante censura de los medios de comunicación independientes y las intimidaciones y detenciones de periodistas. Desde el 2018, se han cerrado más de 20 medios de comunicación y al menos 120 periodistas han huido de Nicaragua para evitar las represalias del Estado. El 10 de junio de 2022, el periodista Juan Lorenzo Holmann, del diario La Prensa, fue condenado a nueve años de prisión por «lavado de dinero». Fue arrestado en agosto de 2021. El 16 de febrero, el periodista Miguel Mendoza fue condenado a nueve años de prisión e inhabilitado para ejercer cargos políticos tras ser declarado culpable de «conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional» y «difusión de noticias falsas».
Persecución judicial, intimidación y detención de las personas defensoras de los derechos humanos y miembros de partidos políticos
El régimen del FSLN ha mantenido una campaña de represión, persecución y detención de personas defensoras de los derechos humanos, activistas miembros de la oposición política y personas críticas con el gobierno. En el periodo previo a las elecciones, decenas de personas defensoras de los derechos humanos y de la oposición política fueron detenidas y acusadas de delitos relacionados con la seguridad en virtud del Código Penal y el derecho soberano. En su mayoría, los juicios de las personas detenidas se caracterizan por ser irregulares y, en muchos casos, no se celebran en los tribunales, sino en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) de la cárcel también conocida como El Chipote.
La mayoría de los juicios se apresuran y las sentencias de los detenidos se dictan sin el debido proceso. Entre los condenados se encuentra el activista Yader Parajón, que exigía justicia para las víctimas de la represión gubernamental y fue declarado culpable de «conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional» el 2 de febrero de 2022. Ana Margarita Vijil, activista feminista y expresidenta del grupo opositor Unamis, fue condenada el 2 de febrero de 2022. La persecución y detención de activistas continúa pese a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha expresado su preocupación por las condiciones deplorables e inhumanas a las que son sometidos, incluidas las de las mujeres. Debido a estas restricciones, el Monitor CIVICUS califica el espacio cívico de Nicaragua como Cerrado.
Por tanto, le pedimos que inste al gobierno de Nicaragua a:
- Revertir todas las políticas y leyes restrictivas utilizadas para ilegalizar las organizaciones de la sociedad civil y crear un entorno propicio para que puedan actuar sin temor a sufrir represalias.
- Levantar todas las restricciones y organizaciones de la sociedad civil impuestas por el gobierno para que puedan seguir realizando sus actividades.
- Poner en libertad a todas las personas defensoras de los derechos humanos, miembros de la oposición política, activistas y detenidos y retirar todos los cargos en su contra.
- Tomar medidas para revisar la Ley General de Regulación y Control de Organismos sin Fines de Lucro junto con la sociedad civil, para modificar sus disposiciones restrictivas.
- Respetar en todo momento el Estado de derecho y garantizar la independencia del poder judicial y de las instituciones del Estado.
- Respetar los derechos de los miembros de la oposición política y sus partidarios y crear un entorno propicio para la participación política.
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Venezuela: Continúa la persecución contra los críticos del gobierno
Consejo de Derechos Humanos de la ONU - 53ª Sesión
Diálogo interactivo sobre el informe del Alto Comisionado sobre Venezuela
Pronunciada por CIVICUS y Espacio Público
Gracias Señor Presidente,
En Venezuela continúa la persecución hacia quienes critiquen a las autoridades.
Leonardo Azócar y Daniel Romero, trabajadores de la empresa estatal SIDOR fueron detenidos desde el 11 de junio pasado; acusados de boicot e instigación al odio. Junto a 20 trabajadores fueron procesados por ejercer el derecho a huelga.
Javier Tarazona, director de la organización FundaRedes, cumple dos años detenido este 3 de julio, acusado de “traición a la patria”, “terrorismo” e “instigación al odio”.
Desde el 2022, 19 personas fueron perseguidas bajo la “ley contra el odio”. Desde el 2017, hay un total de 83 víctimas de esta “ley”.
El hostigamiento judicial sigue tras la excarcelación a través de medidas cautelares excesivas e ilegales.
Ana Belen Tovar es procesada desde 2019 por una publicación con información de interés público sobre un alto funcionario. Su audiencia fue diferida 11 veces en 4 años, el proceso sigue a pesar de la falta de pruebas.
La incertidumbre regulatoria sobre los medios de comunicación es un mecanismo de control. Esto facilitó el cierre de 81 emisoras radiales en 2022 y de al menos 5 en lo que va de año, además de varios programas suspendidos por presiones gubernamentales. Los apagones de electricidad y los bloqueos de medios digitales se mantienen.
Exhortamos al Consejo a mantener su atención sobre Venezuela y preguntamos al Alto Comisionado qué debe hacer el Consejo para evitar nuevas restricciones, que socavan las garantías para futuros procesos electorales.
Gracias.
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Violaciones en curso de los derechos fundamentales requieren un seguimiento continuo por parte del Consejo
Presentación del informe de la ACNUDH
Presentada por Carlos Correa, Espacio Público
Desde Espacio Público y CIVICUS reiteramos que se siga con la documentación de la situación de derechos humanos en Venezuela. La crisis se mantiene con severas consecuencias para las personas más vulnerables.
La violación a las libertades civiles impacta en la garantía de los derechos económicos y sociales. Las restricciones a la libertad y circulación de información buscan impedir la crítica legítima a la gestión pública. Se mantienen bloqueos ilegales de medios digitales en un ecosistema dominado por radios y televisoras sometidas a controles estatales.
Un proveedor de servicios de telefonía e internet privado informó que en el año 2021 más de millón y medio de líneas fueron intervenidas. y desde el 2016, más de 1300 portales web fueron bloqueados Se revela un patrón de vigilancia masiva que viola el derecho a la privacidad.
La sociedad civil está igualmente en peligro y los nominales "nuevos espacios de diálogo" no han hecho mucho por apaciguar esta situación. El proyecto de ley de cooperación internacional restringiría los fondos y el funcionamiento de las organizaciones de la sociedad civil. Las personas defensoras de los derechos humanos siguen siendo intimidadas, criminalizadas y detenidas arbitrariamente.
Exhortamos a mantener la atención sobre Venezuela; extender la resolución 45/20 que permite este informe, consolidar la presencia de la oficina de la Alta Comisionada en el país, apoyar la renovación del mandato de la Misión de Determinación de los Hechos y toda iniciativa para acompañar las víctimas en su búsqueda de justicia.
Muchas gracias.
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