Medardo Mairena Sequeira, que compareció ayer ante el tribunal para hacer frente a los cargos infundados que se le imputaban, fue declarado culpable de "conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional".
Grupos internacionales de derechos humanos dan la voz de alarma sobre el estado de los derechos civiles en Venezuela antes de que el país sea examinado por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas el 25 de enero de 2022.
Los grupos de derechos humanos CIVICUS, la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia (REDLAD) y Espacio Público hacen un llamamiento a los Estados miembros de la ONU para que insten al gobierno de Venezuela a proteger las libertades cívicas cuando su historial de derechos humanos sea examinado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el 25 de enero de 2022 como parte de la 40ª sesión del Examen Periódico Universal (EPU).
La última vez que se revisó el historial de derechos del país fue en noviembre de 2016, cuando los Estados miembros de la ONU hicieron un total de 274 recomendaciones, 40 de ellas relacionadas con las libertades cívicas. Posteriormente, Venezuela aceptó 23 recomendaciones y se comprometió a tomar medidas concretas. Entre estas medidas destacan "garantizar plenamente la libertad de expresión y el libre acceso a la información y proteger a los periodistas contra amenazas y ataques" y asegurar "un uso proporcional de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad y garantizar que se investigan los casos de tortura y que los autores son llevados ante la justicia."
Para este ciclo de EPU, nuestras organizaciones evaluaron en una presentación conjunta al Consejo de Derechos Humanos la implementación de estas recomendaciones y el cumplimiento de las leyes y normas internacionales de derechos humanos en los últimos cinco años. En este informe se constató que, desde 2016, Venezuela no ha abordado de forma decidida las restricciones injustificadas al espacio cívico, en particular las relacionadas con el derecho a la libertad de reunión pacífica y de expresión. De las 40 recomendaciones recibidas, Venezuela solo implementó parcialmente siete y no implementó 33.
Estamos profundamente preocupados por el cierre del espacio en el que operan las organizaciones de la sociedad civil, especialmente las que trabajan en temas humanitarios y de derechos humanos. Se ha intensificado la persecución judicial y las restricciones financieras contra la sociedad civil, contra defensores de los derechos y contra periodistas, unido a un discurso estigmatizador que pretende justificar los ataques contra el ejercicio legítimo de las libertades de asociación y expresión. También estamos alarmados por la persistente supresión sistemática de las protestas pacíficas.
La Ley contra el Odio para la Convivencia Pacífica y la Tolerancia de 2017 se sirve de una redacción vaga sobre los delitos de "odio" para dar al gobierno un amplio poder para censurar la disidencia y restringir los medios de comunicación independientes. Se ha utilizado para criminalizar las protestas pacíficas y perseguir a quienes defienden los derechos humanos, a los activistas de la sociedad civil y a los periodistas. Desde que se promulgó la ley, al menos 42 personas han sido procesadas en virtud de sus disposiciones, entre ellas defensores de los derechos humanos, periodistas, manifestantes, trabajadores sanitarios y personas que expresaron su descontento en las redes sociales.
La actuación de las organizaciones de la sociedad civil está restringida por un marco normativo represivo y un entorno hostil. Sigue en vigor la Ley de Defensa de la Soberanía Política y la Autodeterminación Nacional de 2010, que prohíbe a las organizaciones que trabajan en la defensa de los derechos políticos recibir financiación extranjera. En 2020 y 2021, las autoridades establecieron requisitos adicionales de registro y presentación de informes que suponen trabas burocráticas para las organizaciones y restringen su funcionamiento.
A pesar de los compromisos con la libertad de expresión garantizados en la Constitución, el gobierno también ha seguido utilizando leyes restrictivas, como las disposiciones sobre difamación del Código Penal, para criminalizar las críticas a las autoridades. Se han generalizado las tácticas para reducir la prensa independiente, como el ahogo financiero, la cancelación de licencias de emisión, la confiscación de equipos y la censura.
“Los Estados deben aprovechar la oportunidad de revisar los derechos humanos en Venezuela para exigir al gobierno que rinda cuentas por las violaciones. Las autoridades no sólo no han cumplido con los compromisos adquiridos en materia de derechos humanos, sino que han seguido utilizando el sistema judicial para silenciar a la disidencia", ha declarado David Kode, responsable de incidencia política y campañas de CIVICUS.
Entre 2016 y 2020, Venezuela ha experimentado oleadas de manifestaciones masivas y frecuentes protestas sociales de carácter local para exigir una serie de derechos. Todas ellas han sido respondidas con una brutal represión, con un uso excesivo y sistemático de la fuerza por parte de los agentes de seguridad contra los manifestantes. Solo en 2017, al menos 120 personas murieron y 5.000 fueron detenidas en las protestas masivas desencadenadas por una crisis constitucional después de que el gobierno y el máximo tribunal del país desautorizaran a la Asamblea Nacional. En este periodo, la respuesta a las protestas se caracterizó por un patrón de violaciones que incluyó detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales.
“Es momento de que Venezuela tome acciones para revertir este ambiente de violaciones. Las autoridades deben dejar de crear un marco jurídico que suprime la defensa de derechos humanos,” comentó Ángela Rodríguez, Asistente de Investigación en REDLAD.
Como destacamos en nuestra presentación conjunta, desde CIVICUS, REDLAD y Espacio Público instamos a los Estados a formular recomendaciones a Venezuela que, de aplicarse, garantizarían las libertades de asociación, reunión pacífica y expresión, y el deber de protección del Estado. Entre las principales recomendaciones a realizar se encuentran:
El examen de Venezuela tendrá lugar durante la 40ª sesión del EPU. El EPU es un proceso que se realiza desde 2008 y que examina el historial de derechos humanos de los 193 Estados miembros de la ONU cada cuatro años y medio. El examen es un diálogo interactivo entre la delegación del Estado y los miembros del Consejo y aborda una amplia gama de temas de derechos humanos. También se revisará el historial de derechos de otros 11 países, entre ellos Haití, Siria y Zimbabue. Tras el examen, se preparan un informe y unas recomendaciones que se debaten y adoptan en la siguiente sesión del Consejo de Derechos Humanos (Junio 2022).
El espacio cívico en Venezuela está calificado como ‘represivo’ por el CIVICUS Monitor.
9 de cada 10 personas viven en países donde los derechos civiles están muy amenazados.
— CIVICUS Español (@CIVICUSespanol) December 8, 2021
El nuevo #PeoplePower2021 que lanzamos hoy muestra dónde están progresando y empeorando las condiciones para la sociedad civil. Consulta la situación de su país: https://t.co/qXSvfpuHE7
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INFORME GLOBAL
9 de cada 10 personas viven en países donde las libertades cívicas están muy restringidas
Entre los países que han bajado de categoría se encuentran Polonia, Singapur, Nicaragua, Jordania y Sudáfrica
La detención de manifestantes ha sido la principal violación de las libertades cívicas en 2021
La COVID-19 sigue utilizándose como pretexto para restringir derechos en todo el mundo
Los derechos fundamentales a la libertad de expresión, reunión y asociación continúan deteriorándose año tras año en todo el mundo, según un informe global publicado hoy por CIVICUS Monitor, una plataforma de investigación digital que realiza el seguimiento de las libertades fundamentales en 197 países y territorios. El nuevo informe, El poder ciudadano bajo ataque 2021, muestra que el número de personas que viven en países con restricciones significativas a los derechos cívicos, incluidas las libertades de expresión, asociación y reunión pacífica, asciende a casi el 89% de la población este año.
Los datos del CIVICUS Monitor muestran que, año tras año, hay un espacio significativamente menor para que las personas ejerzan las libertades fundamentales: sólo el 3,1% de la población mundial vive en países calificados como "abiertos".
Casi 2.000 millones de personas viven en países con la peor calificación, "cerrados", en los que las autoridades pueden encarcelar, herir y matar a personas por intentar ejercer sus libertades fundamentales. China, Arabia Saudí, Turkmenistán y otros 21 países entran en esta categoría, y este año se han sumado Nicaragua y Bielorrusia.
Han pasado casi dos años desde el inicio de la pandemia de COVID-19 y el virus está teniendo un impacto nefasto en las libertades cívicas en todo el mundo, que tendrá repercusiones duraderas si no se toman medidas correctivas. Nuestra investigación muestra que la detención de manifestantes y el uso de leyes restrictivas para acallar la disidencia son cada vez más frecuentes, ya que los gobiernos utilizan la pandemia para introducir o aplicar restricciones adicionales a las libertades cívicas.
"Los gobiernos de todo el mundo están sentando un precedente muy peligroso al utilizar la emergencia sanitaria como cortina de humo para reprimir las protestas y promulgar o modificar leyes que limitarán aún más los derechos de las personas. En concreto, se están promulgando leyes de desinformación que se utilizan para criminalizar la expresión, una práctica preocupante que podría convertirse en la nueva norma para reprimir la disidencia", ha declarado Marianna Belalba Barreto, responsable del área de Espacio Cívico.
Este año, 13 países han visto empeorada su calificación y sólo uno la ha mejorado. El CIVICUS Monitor está especialmente preocupado por las restricciones del espacio cívico en Europa, donde cuatro países han visto rebajada su calificación: Bielorrusia, Bélgica, República Checa y Polonia. Europa tiene el mayor número de países en la categoría "abierto", pero año tras año seguimos observando signos de grave deterioro.
También es alarmante el deterioro de las condiciones del espacio cívico en África, donde Sudáfrica, Botsuana, Mali y Mozambique empeoraron su calificación. En América, Nicaragua se sumó a Cuba en la categoría más restrictiva, " cerrado ". Oriente Medio y el Norte de África mantienen su estatus de región con el peor historial de derechos cívicos, y Jordania baja a la categoría de "represivo". En Asia, Singapur también ha entrado en la categoría de "represivo", ya que continúa la persistente represión de la disidencia y de las voces de la oposición.
"Lo que estamos viendo no es una reacción proporcionada a una emergencia sanitaria, en la que las restricciones pretenden ser medidas extraordinarias para hacer frente a una crisis que es temporal. Por el contrario, los gobiernos están utilizando la pandemia como pretexto para acelerar aún más la represión de los derechos humanos que hemos estado documentando en los últimos años", dijo Belalba.
Aunque sólo un país, Mongolia, ha mejorado su calificación en 2021, es importante destacar la resistencia de la sociedad civil. Los gobiernos no han conseguido silenciar las voces alternativas ni limitar su activismo. A pesar de las crecientes restricciones, la sociedad civil ha encontrado formas de seguir hablando y reclamando sus derechos.
Más de veinte organizaciones colaboran en el CIVICUS Monitor, aportando evidencias y estudios que nos ayudan a identificar los países donde las libertades cívicas están en peligro. El Monitor ha publicado más de 550 actualizaciones del espacio cívico en el último año, que se analizan en El poder ciudadano bajo ataque 2021.
El estado de las libertades cívicas en los 197 países y territorios ha sido clasificado como “cerrado”, “represivo”, “obstruido”, “estrecho” y “abierto”, de acuerdo con una metodología que combina varias fuentes de datos sobre las libertades de asociación, reunión pacífica y expresión.
La alianza global de la sociedad civil CIVICUS expresa su grave preocupación por el proyecto de ley de "Agentes Extranjeros" propuesto por el gobierno de El Salvador, que daría al ejecutivo amplios poderes para reprimir a la sociedad civil y a los medios de comunicación independientes.
El Monitor CIVICUS ha producido una cuarta entrega de investigación sobre el estado de las libertades civiles durante la pandemia de COVID-19. El último informe de investigación proporciona una instantánea de las tendencias y estudios de casos relacionados con el derecho a la libertad de reunión pacífica.
A pesar de las prohibiciones y restricciones a la libertad de reunión pacífica, se han organizado protestas en todas las regiones del mundo.
La restricción de las reuniones públicas durante los primeros días de la pandemia paralizó temporalmente muchos movimientos de protesta multitudinarios. A pesar esto, la población volvió rápidamente a las calles, movida por causas muy diversas. Un nuevo informe de investigación publicado hoy por el CIVICUS Monitor documenta la ubicación las manifestaciones durante el primer año de pandemia, los causas que las impulsaron y la respuesta de los gobiernos a las movilizaciones masivas.
En todo el mundo se registraron manifestaciones por la respuesta estatal a la pandemia y las dificultades económicas. Los datos que recopiló el CIVICUS Monitor revelan que entre febrero de 2020 y enero de 2021 se produjeron manifestaciones relacionadas con la COVID-19 en 86 países. También se organizaron protestas sobre la justicia racial, los derechos de la mujer y la lucha contra la corrupción.
La oposición al confinamiento ha sido uno de los principales motores de las manifestaciones relacionadas con la COVID-19. Desde Argentina hasta Irak, la población se manifestó contra los confinamientos y su impacto en sus medios de subsistencia. En más de una cuarta parte de todos los países del mundo, estas manifestaciones pusieron a menudo de manifiesto la existencia de profundas desigualdades y sirvieron para exigir medidas gubernamentales para aliviar las cargas económicas que conllevaron los confinamientos. En algunos casos, la población también protestó contra las medidas para combatir la COVID-19, como el uso de mascarillas y el distanciamiento físico, como fue el caso en Alemania, Australia y Estados Unidos.
En este informe de investigación internacional también se documentan otras tres categorías de manifestaciones relacionadas con la COVID-19y se ofrece una instantánea de los estudios de caso de cada país, incluidas las manifestaciones sectoriales y por derechos laborales, así como las manifestaciones multitudinarias a favor de la reapertura de las escuelas.
Además, el informe también documenta dónde se produjeron violaciones del derecho de reunión pacífica, uno de los ejes del mandato de investigación del CIVICUS Monitor. Hasta ahora se ha detenido a manifestantes en un centenar de países por haber infringido las medidas contra la COVID-19 u otras leyes relacionadas con las reuniones pacíficas. Si bien las restricciones a las manifestaciones pueden adoptar múltiples formas, una de las más preocupantes fue el uso excesivo y frecuente de la fuerza para dispersar a los manifestantes por parte de las autoridades y de las fuerzas de seguridad. Aquí se incluye el uso de fuerza letal, el cual condujo a la muerte de manifestantes en 28 países hasta el momento.
«La crisis que ha provocado la COVID-19 no debe usarse como pretexto para suprimir el derecho de reunión pacífica. El uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades para dispersar a los manifestantes es contrario al derecho internacional, incluso bajo el estado de excepción», afirmó Marianna Belalba Barreto, responsable del CIVICUS Monitor.
El relator especial de Naciones Unidas sobre el derecho de reunión pacífica yde asociación declaró que las leyes que limitan las reuniones públicas deben ser necesarias y proporcionales habida cuenta de las circunstancias. También expresó su preocupación por el hecho de que, en numerosos casos, las medidas adoptadas parecían estar más orientadas a consolidar el control y a reprimir a las figuras de la oposición que a salvaguardar la salud pública.
Ya que tanto los gobiernos autoritarios como las democracias consolidadas respondieron a la pandemia con medidas represivas, el informe de investigación concluye con recomendaciones sobre cómo los gobiernos pueden responder a las crisis sanitarias respetando las reuniones pacíficas y otras libertades civiles.
Accede al informe completo aquí.
ENTREVISTAS
Si desea concertar una entrevista, escriba a:
Matthew Reading-Smith, coordinador de comunicaciones de CIVICUS, al correo Matthew.Reading-Smith [@] civicus.org
o a media [@] civicus.org
⚠️#Afganistán: La ONU y los Estados miembros deben tomar medidas urgentes para proteger a la sociedad civil del país. Los #Talibanes ya han empezado a asaltar casas de activistas. Nos preocupa la situación de las mujeres y niñas. Lean nuestra declaración: https://t.co/e8ojANzLzG pic.twitter.com/ttJa9AVNzP
— CIVICUS Español (@CIVICUSespanol) August 20, 2021
En CIVICUS, la alianza global de la sociedad civil, nos preocupa profundamente la seguridad de las personas que defienden los derechos humanos, de los periodistas y del personal de las organizaciones de la sociedad civil en Afganistán, tras el colapso del gobierno del presidente Ashraf Ghani y la toma del poder por parte de los talibanes.
Tal y como han solicitado los expertos de la ONU, instamos a los Estados miembros de la ONU a que tomen medidas inmediatas para protegerlos y a que convoquen urgentemente una sesión especial del Consejo de Derechos Humanos sobre Afganistán, que incluya un debate sobre el rápido establecimiento de una misión de investigación para evaluar la situación sobre el terreno e informar sobre ella.
Los talibanes tienen un historial de abusos contra los derechos humanos, represalias coordinadas contra sus críticos y ataques a civiles con impunidad. Tras la toma de Kabul, las personas que defienden los derechos humanos informaron de que los talibanes habían revelado listas de nombres de representantes de la sociedad civil y de que se habían llevado a cabo redadas en sus domicilios. A las personas defensoras que intentan salir del país también se les ha impedido subir a los aviones, ya que las misiones extranjeras han dado prioridad a la evacuación de sus propios ciudadanos y personal. Los demás se han escondido y temen por su vida.
El Alto Comisionado para los Derechos Humanos también expresó su preocupación por los primeros informes según los cuales los talibanes están imponiendo severas restricciones a los derechos humanos en las zonas bajo su control, especialmente dirigidas a las mujeres.
"La crisis que se está produciendo en Afganistán requiere una respuesta urgente y decidida de la ONU y de los Estados miembro. Deben adoptarse medidas proactivas para garantizar la seguridad y la protección de quienes defienden los derechos humanos, especialmente de las mujeres. Muchos corren el riesgo de ser objetivo de los talibanes por su trabajo, y hay que hacer esfuerzos para evacuarlos y reubicarlos a ellos y a sus familias", dijo Josef Benedict, investigador del Espacio Cívico de CIVICUS.
CIVICUS ha documentado los ataques de los talibanes a la sociedad civil en los últimos años. Las personas que defienden los derechos humanos, sobre todo las mujeres, han sido amenazadas en el transcurso de su trabajo y algunas han sido secuestradas y asesinadas. Muchos han tenido que trasladarse por razones de seguridad, aunque los autores no han rendido cuentas. Las recientes negociaciones de paz no han incluido de forma adecuada y efectiva a la sociedad civil, especialmente a las defensoras de los derechos humanos.
Según la información recopilada por el Comité Afgano de Defensores de los Derechos Humanos (AHRDC), sólo entre septiembre de 2020 y mayo de 2021 fueron asesinados 17 defensores de los derechos humanos. Más de 200 personas defensoras de los derechos humanos y representantes de los medios de comunicación han denunciado haber recibido graves amenazas. Dadas las actuales condiciones de conflicto e inestabilidad política, estas amenazas han aumentado.
El llamamiento del secretario general de la ONU, António Guterres, el 16 de agosto, para que la comunidad internacional hable al unísono para defender los derechos humanos en Afganistán es un paso en la dirección correcta.
"El Consejo de Seguridad de la ONU debe aprovechar la oportunidad actual para reanudar rápidamente las estancadas conversaciones de paz en Afganistán y garantizar la representación efectiva de la sociedad civil, especialmente de las mujeres. También debe pedir a los talibanes que respeten la legislación internacional en materia de derechos humanos, protejan a los civiles y pongan fin a las operaciones de represalia", dijo Josef Benedict.
El CIVICUS Monitor es una plataforma en línea que hace un seguimiento de las amenazas a la sociedad civil en países de todo el mundo, califica el espacio cívico -el espacio para la sociedad civil- en Afganistán como represivo.
📢¡YA ESTÁ AQUÍ! El nuevo informe sobre el estado de la sociedad civil analiza dónde y cómo se han movilizado las personas durante la pandemia, para exigir sociedades más justas, igualitarias y sostenibles.
— CIVICUS Español (@CIVICUSespanol) May 26, 2021
+ info: https://t.co/q9oHDfi5yc | #SociedadCivil pic.twitter.com/BLANBJNdDw
Cuando la COVID-19 se extendía por todo el mundo, profundizando las divisiones existentes en las sociedades y generando miedo e incertidumbre, muchos gobiernos se sirvieron de la pandemia como pretexto para reprimir las libertades cívicas; una situación que desencadenó diversas manifestaciones en muchos países. El Informe sobre el estado de la sociedad civil 2021 de la alianza mundial de la sociedad civil CIVICUS muestra que, a pesar de las dificultades, millones de personas de todo el mundo se movilizaron durante la pandemia para reclamar sociedades más justas, igualitarias y sostenibles.
📢NUEVO INFORME
— CIVICUS Español (@CIVICUSespanol) November 5, 2020
En "Solidaridad en tiempos de COVID-19: Respuestas de la sociedad civil a la pandemia", recalcamos la importancia que están teniendo activistas, OSC y movimientos de base durante la pandemia.
Informe completo y + info en 👇🏾https://t.co/VehNwxfysB pic.twitter.com/iISxGFAVy9
Cuando la pandemia de COVID-19 arrasaba el mundo, las organizaciones de la sociedad civil respondieron con agilidad y eficacia, proporcionaron ayuda en la primera línea y defendieron los derechos de las personas en todo el mundo. El informe ‘La solidaridad en tiempos de COVID-19’ publicado hoy por CIVICUS, alianza global de organizaciones de la sociedad civil, subraya el papel irreemplazable de los activistas, las ONG y las organizaciones de base durante la pandemia a la vez que exhorta a los Estados a trabajar con la sociedad civil para mitigar el impacto de la COVID-19 y crear un mundo mejor para después de la pandemia.
3 de setiembre de 2019 – En Guatemala, un político conocido por sus ataques a la sociedad civil es el nuevo presidente electo. El gobernante de México recientemente anunció que cortaría toda la financiación estatal a las OSC. En Brasil, su mandatario está intentando culpabilizar a las OSC por los incendios que devastan la Amazonía.
A lo largo de América Latina, las OSC están liderando cambios contra políticas públicas represivas, velando para que los gobiernos rindan cuentas sobre sus actos y promoviendo transformaciones sociales reales y positivas. Y por este trabajo se están convirtiendo en el centro de ataques de varios gobiernos represivos que se oponen a sus objetivos.
Sin embargo, los donantes que proveen financiación clave para las OSC latinoamericanas no están brindando suficiente apoyo para el trabajo clave de la sociedad civil, según indica un nuevo estudio.
El informe “Acceso a recursos para las organizaciones de la sociedad civil de América Latina: datos y retos” presenta una revisión de más de 6.500 convocatorias para propuestas de financiación, las cuales suman un total de USD 5.900 millones, ofrecidas entre 2014-2017 por 2.000 donantes. El estudio fue elaborado por la alianza global de la sociedad civil, CIVICUS, y la startup de impacto social, Innpactia.
El análisis encontró que solo el 12 % de los recursos rastreados fueron ofrecidos de forma exclusiva a las OSC, incluyendo OSC internacionales y de América Latina. Para las OSC de América Latina específicamente, los recursos exclusivos rastreados correspondieron a menos de 3 % de los fondos.
“Apoyar y brindar recursos para una sociedad civil independiente, diversa y sostenible en la región ha cobrado mayor importancia que nunca. Pero la insuficiencia de fondos exclusivos para la sociedad civil expuesta por nuestro análisis indica una falta de reconocimiento de los roles únicos e irremplazables de la sociedad civil”, dijo Clara Bosco, encargada del área del tema de recursos para la sociedad civil en CIVICUS.
“¿Cómo pueden las OSC cumplir con sus roles claves con tan poca inversión de los principales donantes para el desarrollo”, agregó Bosco.
La financiación y el apoyo de donantes bilaterales, multilaterales y privados ha sido históricamente una fuente clave de ingreso para las OSC en América Latina. Sin embargo, además de demostrar que han ofrecido muy pocos recursos en los últimos años, los datos destacan que los tipos de financiamiento ofrecidos, las actividades apoyadas y la forma en que los donantes diseñas las convocatorias no se alinean con las necesidades más urgentes de la sociedad civil latinoamericana y pueden poner a las OSC en desventaja.
Por ejemplo, los donantes han hecho inversiones muy bajas en temas clave como los derechos humanos, la abogacía política y el activismo. Apenas 6 % de los fondos accesibles a las OSC en la región apoyaba estos temas, a pesar de la creciente polarización política, el avance del nacionalismo de derecha, los ataques sobre la democracia y la represión de los derechos humanos que se vive en muchos países de América Latina. En contraste, los proyectos relacionados con educación contabilizaron la mayor inversión, el 25 % de los fondos accesibles a las OSC.
Los donantes tampoco están invirtiendo suficiente en fortalecer la resiliencia y sostenibilidad de las OSC. Menos de 3 % de los fondos accesibles a estas organizaciones se destinaban para financiar operaciones básicas y el fortalecimiento y sostenibilidad institucional. El resto de los fondos se ofreció para la implementación de proyectos, usualmente para brindar servicios básicos. La falta de financiación para el fortalecimiento organizacional limita las posibilidades de las OSC de desarrollar capacidades, crecer y ser más sostenibles, así como de innovar y trabajar con autonomía, autodeterminación y flexibilidad.
El reporte destaca que las OSC latinoamericanas enfrentan condiciones desiguales e injustas de acceso a la financiación. Al aplicar a las convocatorias, estas compiten principalmente con OSC internacionales, actores del sector privado y entidades estatales.
También se encontró que los mayores donantes suelen publicar un número menor de convocatorias y ofrecen montos más grandes de fondos en cada una, una práctica que podría obstaculizar el acceso para las OSC pequeñas y locales, mientras favorece a competidores más grandes como OSC internacionales y organismos intergubernamentales.
“Estos hallazgos son un llamado para que los donantes, gobiernos y organizaciones internacionales reformulen su función de apoyo para la sociedad civil y las formas en que se asigna esta financiación”, señaló Juan Lozano, fundador y primer ejecutivo de Innpactia. “La sociedad civil en América Latina ha estado dispuesta durante mucho tiempo para tomar un rol protagónico en el desarrollo de la región y en el progreso de nuestras democracias, de los derechos humanos y del medio ambiente, pero necesita un acceso más democrático a los fondos de impacto social”, enfatizó Lozano.
Este reporte busca ayudar a cerrar brechas de conocimiento sobre la cantidad y calidad de recursos disponibles para la sociedad civil en América Latina y el impacto que los recurso y prácticas de financiación actuales tienen sobre la configuración de las OSC, su alcance de acción, autonomía y sostenibilidad.
FIN.
Para obtener más información o solicitar entrevistas, favor de contactar a: Clara Bosco, , Yessenia Soto, , o
Sobre CIVICUS
CIVICUS es una alianza global de organizaciones de la sociedad civil y de activistas dedicada a fortalecer la acción ciudadana y a la sociedad civil alrededor del mundo. Fundada en 1993, CIVICUS busca promover las voces marginadas, especialmente del sur global, y tiene miembros en más de 145 países alrededor del mundo.
Sobre Innpactia
Innpactia es una startup de impacto social que facilita el acceso a fondos para organizaciones y emprendedores sociales en América Latina. Su aplicación web facilita el acceso a oportunidades de financiación para organizaciones, entidades públicas y privadas, y emprendimiento sociales. A través de la plataforma, más de 20 mil usuarios en América Latina encuentran cientos de ofertas para financiar sus causas de impacto social. Hasta la fecha, la plataforma identificado más de USD 9 mil millones en convocatorias y monitorea más de 2500 oferentes nacionales e internacionales. Innpactia ha contribuido con la canalización de más de USD 5 millones para organizaciones en Latinoamérica.
Los grupos de la sociedad civil de todo el mundo contribuyen de manera significativa al desarrollo, por ello, los Objetivos de Desarrollo Sostenible no pueden alcanzarse plenamente si continúan los ataques contra la sociedad civil y contra las personas que defienden los derechos humanos.
Este es el claro mensaje que han enviado representantes de las organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo. En mayo de 2019, más de 60 representantes de la sociedad civil de 25 países se reunieron en Johannesburgo, Sudáfrica, para discutir las implicaciones que tienen para el desarrollo sostenible las restricciones de la libertad de reunión y asociación. Estas reflexiones de la reunión de Johannesburgo son compartidas por muchos otros grupos en todo el mundo.
Como adelanto y preparación para el Foro Político de Alto Nivel (HLPF) -la plataforma central de las Naciones Unidas para el seguimiento y la revisión del Programa 2030 para el Desarrollo Sostenible y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)- que se celebrará del 9 al 18 de julio en Nueva York, los representantes de la sociedad civil abajo firmantes hacen un llamamiento a los gobiernos para que sitúen los derechos humanos en el centro de las cuestiones de desarrollo.
El HLPF 2019 se celebra en un momento en que los ataques hacia los representantes de la sociedad civil han alcanzado proporciones alarmantes. Los informes revelan que la sociedad civil está siendo gravemente atacada en 111 países, incluidos los que van a presentar avances para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio, como parte del Examen Nacional Voluntario (VNR), con un aumento de los casos de asesinatos de defensores de los derechos humanos que ejercen su derecho a reunirse de manera pacífica.
Al analizar la relación entre la libertad de reunión y asociación, el desarrollo socioeconómico y los derechos humanos, los participantes en la reunión de Johannesburgo expresaron su profunda preocupación por las frecuentes agresiones que sufren por parte de agentes estatales y no estatales, y por el alto nivel de impunidad de que gozan los autores de esos actos.
Como representantes de la sociedad civil, observamos con preocupación que nuestros gobiernos hacen una distinción entre los derechos humanos y el desarrollo, considerando a menudo a los activistas y líderes comunitarios que participan en actividades de derechos humanos como perturbadores y distantes de las cuestiones de desarrollo. De hecho, las autoridades los han acusado de tener tendencias contrarias al desarrollo, mientras que los actores de la sociedad civil tienen interés en el progreso de la sociedad y son socios de pleno derecho para el desarrollo.
Esta brecha a menudo significa que los gobiernos ejercen demasiado control sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que trabajan en connivencia con actores no estatales, incluyendo empresas privadas, para implementar su estrategia y alcanzar los ODS, pero que a menudo ignoran los puntos de vista de la sociedad civil cuando lanzan proyectos de desarrollo. Si bien la mayoría de los defensores de los derechos humanos son el blanco de sus campañas, los que defienden los derechos sobre la tierra, el medio ambiente y los derechos de los indígenas son los más afectados y, por lo tanto, los que tienen más probabilidades de ser silenciados.
Pocos días antes de que el HLPF diera comienzo, dos defensores de los derechos humanos -Ryan Hubilla y Nelly Bagasala del grupo filipino de derechos humanos Karapatan- fueron brutalmente asesinados por ejercer su trabajo. Previamente a los asesinatos, el personal de Karapatan había estado sometido a vigilancia por parte de militares y policía.
En el HLPF se analizarán seis de los ODS, incluidos los que tienen por objeto promover la reducción de las desigualdades dentro de los países y entre ellos, la lucha contra el cambio climático, la educación inclusiva, equitativa y de calidad, y el acceso a la justicia para las instituciones inclusivas y responsables. Las cuestiones que se abordarán estos días están desafortunadamente en el centro de las constantes restricciones y represalias que ejercen los agentes estatales y no estatales.
Sólo en 2019, fueron reprimidas de manera violenta las manifestaciones pacíficas contra el aumento del coste de la vida y las crecientes desigualdades en Sudán, Zimbabue, Nicaragua y Venezuela; se bloquearon las manifestaciones estudiantiles en Liberia; y se reprimieron de manera violenta las manifestaciones que tuvieron lugar en Camerún contra los procesos judiciales deficientes. En Rusia, el 12 de junio de 2019, 530 manifestantes fueron arrestados y detenidos tras exigir responsabilidades por el arresto, detención y liberación arbitrarios del periodista Ivan Golunov.
En América Latina y el Caribe han aumentado los ataques, el hostigamiento y la persecución de los defensores de los derechos ambientales. En Colombia, por ejemplo, las fuerzas paramilitares siguen atacando a activistas que trabajan por el derecho a la tierra, el medio ambiente y los derechos indígenas, y algunos, como Robinson López, han sido asesinados. Estos son sólo algunos de los ejemplos del verdadero malestar político en muchas partes del mundo, que tiene consecuencias muy graves para las personas afectadas.
Los Estados a menudo tienen una visión muy limitada del desarrollo, en los casos en que lo ven como la construcción de infraestructura y la explotación de los recursos naturales. En esas situaciones se dirigen específicamente a aquellos que expresan su preocupación por la falta de consulta a las comunidades, sobre los proyectos de infraestructura o el impacto en el medio ambiente, cuando las empresas anteponen los beneficios a los intereses de la comunidad mediante la explotación de los recursos naturales. Del mismo modo, los gobiernos tampoco relacionan el desarrollo sostenible con el uso de leyes restrictivas que socavan el trabajo de la sociedad civil de diversas maneras no democráticas.
El Foro de Alto Nivel sobre Políticas de Desarrollo es una oportunidad para invertir estas tendencias, ya que pone de relieve la complementariedad y la interdependencia entre estos actores asociados para el desarrollo. El tema de 2019 "Empoderar a las personas y garantizar la inclusión y la igualdad" reafirma el principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas y de las capacidades respectivas (CBDR-RC) en un momento en que está claro que los gobiernos no pueden alcanzar los ODS por sí solos. Por lo tanto, debemos insistir en que no puede haber desarrollo significativo sin derechos humanos. Los grupos de la sociedad civil que trabajan en diferentes esferas temáticas hacen contribuciones importantes al desarrollo y los Objetivos de Desarrollo del Milenio no pueden alcanzarse plenamente si los ataques contra la sociedad civil y las personas que defienden los derechos humanos continúan impunes. Los legisladores deben entender que los defensores de los derechos humanos no se oponen al gobierno, sino que más bien apoyan y aplican las leyes que no violan los derechos humanos.
Siete defensores de los derechos humanos que trabajan en cuestiones como el desarrollo económico, el desarrollo comunitario, las iniciativas de lucha contra la corrupción y los derechos de las mujeres y las niñas viven actualmente en Zimbabue bajo estrictas condiciones de libertad bajo fianza, tras haber sido detenidos a su regreso de Maldivas por participar en un taller formativo.
La libertad de reunión y asociación es crucial para el trabajo de todos los grupos de la sociedad civil, incluidas las asociaciones formales e informales, y permite a personas de diversos orígenes colaborar de manera efectiva. Aunque los gobiernos a veces cambian para mejor, y no siempre aplican plenamente las leyes restrictivas, es esencial que estas leyes represivas sean modificadas para asegurar el pleno ejercicio de los derechos fundamentales en todo momento.
En vista de estas restricciones, instamos a los Estados a:
Firmantes:
Un nuevo informe ha revelado el alcance de la represión de los medios de comunicación y de los derechos humanos en la nación centroafricana de Guinea Ecuatorial, a menudo descrita como uno de los países con mayor censura del mundo.Titulado «El Silencio no significa consentimiento: el terrible estado de los derechos humanos en Guinea Ecuatorial», el informe fue publicado en junio por la organización local de derechos humanos, EG Justice, y la alianza mundial de la sociedad civil, CIVICUS. Dicho documento describe cómo los medios son controlados por el presidente Teodoro Obiang Nguema y su familia. El presidente Nguema es el jefe de Estado más antiguo de África y el líder político con más años en activo de todo el mundo, miembros de la realeza aparte.
Hay muy pocos medios de comunicación independientes en el país. Los periodistas, incluidos aquellos que trabajan para los medios de comunicación estatales, suelen ser señalados como objetivos por sus críticas al presidente o a su familia. El gobierno lleva a cabo un control estricto sobre la información transmitida por los medios de comunicación y ha prohibido la publicación de imágenes de manifestaciones en otros países. El gobierno controla la capacidad de los ciudadanos para acceder a la información mediante la imposición de restricciones en Internet y a páginas web que a veces se muestran críticas con las autoridades.
«El gobierno de Guinea Ecuatorial ha militarizado al Estado y utiliza los medios de comunicación como una herramienta para difundir su propaganda, evitando al mismo tiempo que aquellos con puntos de vista diferentes se expresen», afirmó Tutu Alicante, director de EG Justice.
«Debido a que nadie exige cuentas al gobierno ni a sus agentes, los niveles de impunidad son altos y el ciclo de abusos contra los derechos humanos continúa», declaró Alicante.
El presidente Nguema y el partido gobernante, el Partido Democrático de Guinea Ecuatorial (PDGE), utilizan las elecciones para legitimar su permanencia en el poder. Se organizan elecciones periódicamente, pero a menudo en condiciones muy restrictivas y caracterizadas por altos niveles de represión contra miembros de la oposición política y contra activistas políticos. A menudo los líderes de los partidos políticos son arrestados justo antes de una elección o se les prohíbe impugnarla.
Si bien la Constitución permite la libertad de asociación y de reunión, la legislación limita en gran medida el proceso de inscripción de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) y el gobierno se niega a reconocer a los sindicatos. A veces se suspenden las organizaciones de la sociedad civil y se procede a la detención de sus miembros y dirigentes de forma arbitraria, se les agrede físicamente y son objeto de persecución judicial.
«Durante las últimas cuatro décadas, el gobierno del PDGE ha suprimido los derechos humanos. Ha llegado el momento de que la comunidad internacional se centre en el estado de los derechos humanos en Guinea Ecuatorial y haga que sus líderes rindan cuentas», expresó David Kode, jefe de reivindicaciones y campañas de CIVICUS.
Por lo general, se permiten las manifestaciones organizadas por los seguidores del partido gobernante, mientras que las organizadas por la sociedad civil o por los organismos profesionales son reprimidas u obstaculizadas de forma violenta. Debido a las restricciones impuestas a los defensores de los derechos humanos y a los periodistas, muchos prefieren autocensurarse mientras que otros han huido al exilio.
CIVICUS y EG Justice han solicitado al gobierno la creación de un entorno favorable para que los ciudadanos participen en los procesos políticos sin temor a la intimidación ni a las represalias.
FIN.
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David Kode
El mundo padece un grave déficit de compasión, tal como se desprende del trato recibido por la caravana de migrantes en su paso por México, concluye un nuevo informe.
Una nueva caravana de migrantes procedentes de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua fue recibida con dureza en su travesía por México rumbo a los Estados Unidos. A diferencia de lo ocurrido en oportunidades anteriores, esta vez las autoridades de algunas ciudades del sur de México impidieron que la caravana se detuviera para descansar
Mientras tanto, los venezolanos que huyen de la crisis, a un ritmo imparable de 2.000 a 3.000 por día, suelen enfrentar hostilidad y duras condiciones para sobrevivir en los países de acogida. Recientemente la ONU hizo un llamado a la protección de estas personas en calidad de refugiadas.
La creciente hostilidad hacia migrantes y refugiados es una de las principales y alarmantes tendencias que identifica el Informe sobre el Estado de la Sociedad Civil 2019, el informe anual de la alianza mundial de la sociedad civil CIVICUS, que examina los acontecimientos y las tendencias que afectaron a la sociedad civil durante el último año.
"La sociedad civil que actúa por impulsos humanitarios enfrenta una marea creciente de crueldad global, que cuestiona los valores humanitarios de un modo que no tiene parangón desde la Segunda Guerra Mundial", afirmó Lysa John, Secretaria General de CIVICUS.
"Necesitamos nuevas campañas, a nivel mundial, regional y nacional, para reforzar los valores humanitarios y el derecho a la acción de los grupos progresistas de la sociedad civil", añadió John.
Según el informe, en todas las regiones del mundo se observa el ascenso de líderes nacionalistas y populistas de derecha, así como de grupos anti-derechos que están movilizando a la ciudadanía contra los grupos más vulnerables. El ataque frontal contra los valores que subyacen a la respuesta humanitaria, y más en general a la empatía hacia los sectores más desprotegidos, ha resultado en ataques crecientes contra las organizaciones de la sociedad civil que promueven los derechos de mujeres, personas LGTBIQ, migrantes y trabajadores.
Guiados por interpretaciones estrechas y excluyentes de la soberanía, algunos estados poderosos, como China, Rusia y los Estados Unidos, se niegan a seguir las reglas del multilateralismo y se abocan a reorganizar en su provecho el sistema internacional. Liderados por “hombres fuertes” que están trasladando sus estilos de gobierno personal a los asuntos internacionales, estos estados tienden a ignorar cada vez más las instituciones, acuerdos y normas existentes.
El informe también señala el aumento de las protestas relacionadas con la exclusión económica, la desigualdad y la pobreza, que a menudo se enfrentan a una represión violenta, así como la regresión democrática que se manifiesta en la gran cantidad de elecciones fraudulentas celebradas en países de todo el mundo.
En 2018 las fuerzas regresivas ganaron terreno. Según el CIVICUS Monitor, la plataforma en línea que evalúa el estado del espacio cívico en todos los países del mundo, el espacio para la sociedad civil - estructurado por las libertades de asociación, expresión y reunión - está siendo atacado seriamente en 111 países del mundo, es decir en más de la mitad. En consecuencia, tan solo el 4% de la población mundial vive en países con espacio cívico abierto, donde las libertades fundamentales de la sociedad civil son consistentemente respetadas.
Sin embargo, también en 2018 innumerables activistas se organizaron, se movilizaron e incluso arriesgaron sus vidas en defensa de los derechos humanos, obteniendo avances en todo el mundo, incluida América Latina. Desde el fenómeno mundial del #MeToo hasta el movimiento por la legalización del aborto en Argentina y la resistencia antiautoritaria liderada por las mujeres brasileñas, desde la huelga escolar por el cambio climático hasta el Acuerdo de Escazú, la sociedad civil puso en evidencia la potencia de la acción colectiva.
El informe formula recomendaciones y hace un llamamiento a la sociedad civil para elaborar estrategias para hacer frente al populismo de derechas mediante el involucramiento de la ciudadanía y el encaminamiento progresista de sus comprensibles temores y ansiedades ante el mundo globalizado. Estas estrategias deberían incluir nuevas visiones de democracia económica así como el refuerzo del espíritu internacionalista, la importancia política de la compasión y nuestra propia humanidad compartida.
FIN
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La alianza global de la sociedad civil CIVICUS condenó el arresto y la detención ilegal del periodista y activista de los derechos indígenas Jerson Antonio Xitumul Morales por parte de las autoridades guatemaltecas, el 11 de noviembre de 2017.
Según el Informe 2017 de la alianza global de la sociedad civil CIVICUS, el mundo se enfrenta a una crisis democrática sin precedentes debido a las restricciones que están sufriendo las libertades de expresión, asociación y reunión pacífica, generando una situación de emergencia global.
El Informe sobre el estado de la sociedad civil 2017 pone de relieve cómo cada vez es más peligroso desafiar al poder en todo el mundo, y el riesgo a sufrir represalias que ello conlleva. En diversos países, los líderes populistas y neofascistas de derechas han adquirido importancia alcanzando el apoyo necesario para impulsar sus ideas en el debate público e incluso, en algunos casos, ganando las elecciones. Su visión política y global se opone frontalmente a la sociedad civil que busca promover los derechos humanos, la cohesión social y el internacionalismo progresista.
Los puntos clave del Informe incluyen:
* El aumento del número de ataques a activistas y a organizaciones de la sociedad civil por parte del aparato represivo de Estados, fuerzas extremistas y corporaciones, sobre todo en el sector extractivo, (un fenómeno, este último, especialmente visible en América Latina);
* Solo el 3% de la población mundial vive en países con un espacio cívico "abierto";
* Más de la mitad de la población de las Américas vive en países con un espacio cívico obstruido (32%) o represivo (21%);
* El profundo descontento de la ciudadanía frente al impacto de la globalización sobre sus vidas ha sido aprovechado por los populistas de derechas, tal como se observa en pronunciamientos populares tan diversos como el Brexit y el referendo sobre la paz en Colombia;
* Más que ignorar ese descontento, la sociedad civil debe hacer frente al desafío de construir un movimiento alternativo de esperanza, sin miedo y respetuoso de los derechos humanos.
El Informe indica que para los nuevos populistas de derechas, la esfera internacional supone una peligrosa fuente de valores progresistas que desafían sus estrechas nociones de soberanía. Las instituciones internacionales, así como los valores de derechos humanos que representan, los consideran intrusivos. El Acuerdo de París sobre el cambio climático, por ejemplo, ha sido definido como un elemento que limita el crecimiento económico y se encuentra en peligro por la actitud del actual gobierno de Estados Unidos. Los líderes de Israel, Filipinas y Estados Unidos también han atacado a la ONU. Los gobiernos de Burundi y Sudáfrica han amenazado este último año con retirarse de la Corte Penal Internacional. En ningún lugar es más evidente el fracaso del multilateralismo como en la crisis siria, que ha costado medio millón de vidas y ha desplazado a la mitad de la población del país, donde se está normalizando la impunidad frente a los crímenes de guerra.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, definió el desprecio actual por los derechos humanos, alimentado por el creciente populismo y extremismo, como una "enfermedad que se está propagando". En Filipinas más de 7000 personas han muerto como consecuencia de la violencia fomentada por el presidente Rodrigo Duterte. En Turquía, tras el intento de golpe de Estado, se han implantado restricciones a las libertades fundamentales y a la sociedad civil: unos 195 medios de comunicación han sido cerrados, 80 periodistas han sido encarcelados junto con miles de académicos y ciudadanos considerados disidentes.
El informe desarrolla en profundidad algunos casos de América Latina, enfatizando tanto los desafíos que enfrenta la sociedad civil por efecto de las restricciones del espacio cívico como la creatividad de sus estrategias para enfrentarlos, así como sus redoblados esfuerzos de movilización a la hora de defender y promover derechos. Así, por ejemplo, el informe trata, entre otros puntos centrales para la región, los desafíos de la construcción de la paz en Colombia, la situación de impunidad por la violación de los derechos humanos en México, los aprendizajes y desafíos de las movilizaciones estudiantiles en Chile y por los derechos de las mujeres en Argentina, así como los factores subyacentes a la criminalización de la opinión y la violencia física ejercida con intensidad creciente contra activistas ambientalistas y defensores de los derechos de los pueblos indígenas y del derecho a la tierra en Honduras, Nicaragua y Brasil, entre otros países.
Cada año, el Informe sobre el estado de la sociedad civil de CIVICUS analiza los principales acontecimientos que afectan a la sociedad civil en todo el mundo. La primera parte de nuestro informe hace un resumen del año pasado, centrándose en los espacios para la sociedad civil y en el impacto del resurgimiento de las políticas populistas de derechas; el derecho a disentir; los movimientos de protesta, y las acciones que realiza la sociedad civil a nivel internacional. La segunda parte de nuestro Informe trata específicamente la relación entre sociedad civil y sector privado.
Nuestro Informe es de la sociedad civil y está hecho por y para la sociedad civil. Se alimenta de una serie de entrevistas con personas involucradas en las principales historias del momento y de los resultados de nuestra encuesta anual a los miembros de las redes nacionales y regionales de la sociedad civil que integran nuestro Grupo de Afinidad de Asociaciones Nacionales (AGNA), así como de 27 artículos encargados a una serie de invitados especiales que tratan diferentes aspectos sobre el tema de la relación entre sociedad civil y sector privado. La mayoría de nuestros aportes proceden de la sociedad civil, aunque también recogemos las opiniones de personas que trabajan en el gobierno y en el sector privado.
Nuestro Informe también se basa en los datos sobre las condiciones de la sociedad civil proporcionados por el CIVICUS Monitor, nuestra nueva plataforma en línea que monitorea el espacio cívico en todos los países del mundo.
También se basa en los hallazgos de las Evaluaciones Nacionales sobre el Ambiente Habilitante (ENAH), que es una herramienta de análisis promovida por la sociedad civil para evaluar el entorno legal, reglamentario y político de la sociedad civil.
Para obtener más información o para solicitar una entrevista con el personal de CIVICUS y/o con sus colaboradores, comuníquese con Abajo encontrará los enlaces al informe.
Aumentan las restricciones pese al predominio de la democracia
En América Latina y el Caribe la sociedad civil está bajo creciente presión a pesar de la prevalencia de la democracia en la región, afirma un nuevo informe publicado hoy por la alianza global de la sociedad civil CIVICUS.
Si bien en la mayor parte de los países las libertades fundamentales que componen el espacio cívico –las de asociación, reunión y expresión- tienen reconocimiento constitucional, las barreras legales, administrativas y de hecho que limitan su ejercicio han aumentado en todo el continente. Estas restricciones han resurgido tras una nueva ola de protestas ciudadanas en torno de problemas profundamente arraigados en la región: la desigualdad, la corrupción y los abusos del poder político.
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