El llamamiento de la sociedad civil a los estados: estamos juntos en esto, no violemos los derechos humanos mientras hacemos frente al COVID-19

En un momento en que los gobiernos están adoptando medidas extraordinarias para frenar la propagación del COVID-19, reconocemos y aplaudimos los esfuerzos que están realizando los estados para gestionar el bienestar de sus poblaciones y proteger sus derechos humanos, como el derecho a la vida y a la salud. Sin embargo, instamos a los estados a que apliquen estas medidas en el contexto del estado de derecho: las medidas que se adopten en respuesta al COVID-19 deben basarse en hechos, ser legales, ser necesarias para proteger la salud pública, no ser discriminatorias, temporales y ser proporcionadas.

Todas las respuestas al COVID-19 deben estar firmemente fundamentadas en estos principios transversales: el respeto de la dignidad humana, la independencia y la autonomía de la persona, la no discriminación y la igualdad, y el respeto de la diversidad y la inclusión. Las medidas deben cumplir las normas internacionales sobre legislación de emergencia y respetar los derechos humanos y el estado de derecho. Las medidas de carácter extraordinario sólo son legítimas en circunstancias muy concretas, como en una situación de peligro inminente para la salud pública. Esas medidas deben utilizarse de manera adecuada y proporcionada y deben ajustarse a las normas internacionales de derechos humanos.

Actualmente, hay más de 1.400.000 casos confirmados de COVID-19 en todo el mundo. Las próximas semanas son decisivas, ya que las medidas adoptadas por los estados determinarán el desarrollo de la pandemia. Los recursos se verán afectados por una gran demanda y es probable que haya más escasez de personal y de equipos de protección, lo que pondrá a los países bajo una gran presión. Es posible que se registren más casos, lo que dará lugar a la adopción de medidas más estrictas en algunos estados. A pesar de las dificultades a las que se enfrentan los gobiernos de todo el mundo, las respuestas a la pandemia no deben utilizarse como pretexto para limitar el espacio cívico.

Nos preocupan en particular los Estados que hacen un uso abusivo de sus facultades de emergencia para imponer restricciones a los derechos fundamentales, entre ellos la libertad de expresión y el derecho de acceso a la información. En todo el mundo, los periodistas, los defensores de los derechos humanos y otras voces independientes reciben amenazas y castigos por hablar sobre la magnitud de la pandemia en sus países o sobre las medidas adoptadas en respuesta al COVID-19. Entre esos países figuran Tayikistán, Níger, Egipto, Tailandia, Arabia Saudita, El Salvador, Bangladesh y China. Algunos gobiernos están adoptando medidas legislativas para restringir las libertades fundamentales, como en Hungría, Armenia, Azerbaiyán y Filipinas. Otros estados están ejerciendo un uso abusivo de su poder para reprimir las reuniones pacíficas, por ejemplo, en Hong Kong.

Algunos gobiernos como los de la India, Myanmar y Bangladesh han impuesto restricciones y cortes de Internet que han impedido a muchas personas acceder a información vital sobre cómo protegerse contra el virus. Esas limitaciones también ha tenido una repercusión negativa para el número cada vez más elevado de personas que se encuentran trabajando a distancia con el fin de poder llevar a cabo el distanciamiento social.

El acceso a la información es fundamental en los esfuerzos para poner freno a la propagación del COVID-19. Los gobiernos deben intercambiar información clave sobre la pandemia de forma proactiva tan pronto como se disponga de ella, como las decisiones importantes, el número de casos, la disponibilidad de equipos y suministros y un asesoramiento claro. La información debería estar al alcance de todos, no sólo de determinados funcionarios gubernamentales u otros intermediarios, como ocurre en Uzbekistán. De ese modo se garantiza que las personas, las comunidades y los trabajadores de la salud puedan reaccionar con rapidez y responsabilidad ante la nueva información.

Los inmigrantes que se encuentran en los centros de detención, por ejemplo en México y Grecia, viven en condiciones precarias y sin acceso a unas instalaciones higiénicas adecuadas. Además, les resulta imposible practicar el distanciamiento social debido al hacinamiento. A todos los solicitantes de asilo que llegaron a Grecia desde el 1 de marzo de 2020 se les ha negado el acceso al asilo. Felicitamos a estados como Portugal que han levantado temporalmente las restricciones a los solicitantes de asilo con solicitudes pendientes. Así se garantiza su acceso a la asistencia médica y a la seguridad social como el resto de la población.

Las mujeres y los niños que sufren o corren el riesgo de sufrir violencia doméstica podrían verse obligados a permanecer en situaciones peligrosas con una pareja o un pariente maltratador. Al mismo tiempo, el acceso a los lugares de protección y a los servicios de apoyo puede verse reducido a medida que los refugios se vean afectados por las medidas de salud pública y se desvíen los recursos de la justicia penal.

Nos preocupa que los gobiernos confinen a personas con discapacidades en instituciones de varios países, entre ellos Francia. Esta situación contraviene la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y pone a las personas con discapacidad en mayor peligro de contraer el COVID-19.

Nos preocupan los gobiernos que han impuesto restricciones que provocan la violación de los derechos humanos de las personas LGBT+, como Perú, Uganda y Colombia. Es necesario que los gobiernos garanticen que sus políticas son integradoras y que todos los funcionarios públicos reciben capacitación sobre los derechos de las personas LGBT+.

Varios países han puesto en libertad a prisioneros como parte de las medidas para frenar la propagación de la pandemia. Estas acciones son encomiables ya que los centros de detención y las prisiones congestionadas son zonas de alto riesgo. Instamos a países como Egipto, Bahrein, Kuwait, Irán, Israel, Libia, Marruecos, Siria, Turquía, India y los Emiratos Árabes Unidos a que incluyan a defensores de derechos humanos, manifestantes pacíficos y presos de conciencia entre los liberados.

También nos preocupa la práctica cada vez más frecuente de vigilar y controlar de cerca los movimientos de las personas, incluso en detrimento de su privacidad. Los esfuerzos para contener el virus no deben emplearse para extender los sistemas de control digital invasivos. Israel y Taiwán son dos ejemplos destacados del uso de la vigilancia tecnológica en este contexto, y del impacto desproporcionado que pueden tener esas medidas cuando no están estrictamente definidas y limitadas.

Los retos sin precedentes que plantea el COVID-19 representan una oportunidad para que los estados y las organizaciones de la sociedad civil trabajen juntos para vencer al virus.

Instamos a los estados a que sean transparentes y rindan cuentas: de esta forma se garantizará que las medidas que se adopten para evitar la propagación del COVID-19 sean efectivas. Concretamente, instamos a los estados a:

1. Garantizar que todas las medidas adoptadas en relación a la pandemia de COVID-19 se ajusten totalmente a las obligaciones internacionales de los estados en materia de derechos humanos, y que cualquier otra restricción relacionada con los derechos humanos sea necesaria, proporcionada, inclusiva y temporal. Mantener también un contacto frecuente con la sociedad civil para garantizar que las nuevas medidas se ajusten a las normas internacionales.
2. Garantizar que el COVID-19 no se utilice como pretexto para imponer restricciones injustificadas a la sociedad civil; no debe utilizarse para atacar a los defensores de los derechos humanos y a los periodistas, ni para facilitar la toma del poder de forma autoritaria.
3. Garantizar que la pandemia no se utilice como excusa para imponer retornos forzados o devoluciones que violen las normas internacionales de derechos humanos; o como pretexto para suspender o derogar el derecho fundamental a solicitar asilo.
4. Garantizar que sea el poder judicial independiente, y no otros órganos del gobierno, el que decida sobre cualquier medida que limite el acceso y el funcionamiento de los tribunales. Permitir que los tribunales independientes evalúen cualquier imposición ilegal o ampliación injustificada de las medidas de emergencia, o la restricción ilegal del estado de derecho.
5. Garantizar que las autoridades judiciales y otras autoridades estatales pertinentes tengan especialmente en cuenta los casos urgentes, en los que es más probable que la demora cause un daño irreparable, o en los que se requieran medidas de protección.       Esto se aplica a: inmigrantes (incluidos los solicitantes de asilo y los refugiados, así como los migrantes nacionales), mujeres y niños, colectivos de personas LGBT+, ancianos, personas con discapacidad, minorías religiosas y otros grupos vulnerables.
6. Liberar a los detenidos; poner en libertad de forma inmediata e incondicional a todos los defensores de los derechos humanos y a los presos de conciencia. Con ello disminuirá la presión en el sistema penitenciario y se reducirá la probabilidad de que la población carcelaria, y la población en general, contraiga el COVID-19.
7. Prestar una atención particular a los grupos tradicionalmente marginados o vulnerables y garantizar que tengan acceso a apoyo, recursos y a unos mecanismos de protección adecuados. Estar atentos a cualquier cuestión relacionada con la estigmatización, la exclusión, la violencia, el odio, la clasificación y la persecución de las víctimas del COVID-19.
8. Garantizar que no se deje a nadie atrás en las políticas y estrategias nacionales para hacer frente a la pandemia de COVID-19. Garantizar que las políticas sean inclusivas y que protejan eficazmente contra la discriminación por cualquier motivo. Tener en cuenta a las personas con discapacidad y garantizar que toda la información se proporcione en formatos accesibles.
9. Aplicar una perspectiva de género en todas las políticas relacionadas con la pandemia del COVID-19.
10. Mantener un acceso a Internet fiable y sin restricciones para que todos puedan acceder a la información y compartirla. Acabar con todas las intervenciones injustificadas relacionadas con la conectividad a Internet.
11. Proteger el papel de los medios de comunicación independientes y del periodismo de interés público. Garantizar que las medidas para contener el virus, así como la lucha contra la desinformación, no se utilicen como pretexto para amordazar a los medios de comunicación o regular las libertades de los mismos.
12. Garantizar que cualquier utilización de la vigilancia para rastrear la propagación del coronavirus sea limitada en cuanto a su propósito y tiempo y se ajuste a las salvaguardas de los derechos humanos. Los estados deben respetar los derechos de libre expresión, privacidad, no discriminación, confidencialidad y protección de las fuentes periodísticas.

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