Reconstruyendo con carácter duradero

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Es necesario que los gobiernos adopten medidas para apoyar y defender a la sociedad civil

Las repercusiones económicas, sociales y políticas de la pandemia COVID-19 han sido de una magnitud extraordinaria. Necesitamos elaborar planes de recuperación para ampliar los derechos, lograr economías más justas, nivelar las desigualdades, reducir la crisis climática y crear instituciones internacionales viables. La sociedad civil -que incluye un amplio espectro de grupos cívicos, como ONG, organizaciones benéficas, grupos de voluntarios, consorcios, fundaciones y asociaciones, sindicatos, empresas sociales, proveedores de cuidados y agencias de asistencia social- debe considerarse una fuerza decisiva para que el mundo supere la crisis de una manera que suponga un punto de inflexión con respecto a las políticas económicas, políticas y sociales que ya venían siendo un fracaso para muchos. Ha llegado el momento de que los gobiernos actúen de acuerdo con sus obligaciones internacionales e inviertan en un esfuerzo cívico constante en favor de la reconstrucción.

Este documento sirve de guía práctica acerca de las medidas que los gobiernos pueden y deben adoptar para apoyar y fortalecer la sociedad civil, en el marco de las actividades de recuperación y reconstrucción de la COVID-19. El documento recoge información sobre iniciativas que se han puesto en marcha en todo el mundo y ofrece otras propuestas para apoyar esos esfuerzos basándose en los conocimientos de las redes de la sociedad civil en más de 80 países, incluidas las evaluaciones realizadas por el Grupo de Afinidad de Asociaciones Nacionales (AGNA), la Charities Aid Foundation (Fundación de Ayuda Caritativa) y CIVICUS.

Confiamos en que este material sirva como una invitación para que los responsables de la formulación de políticas y los organismos gubernamentales revisen y mejoren las medidas en favor de la sociedad civil. En cuanto a los grupos de la sociedad civil, prevemos que se intensificarán los trabajos para asegurar las medidas de apoyo que necesitamos en todos los países.

Recomendamos las siguientes medidas para apoyar y fortalecer la sociedad civil como parte de los planes de respuesta y recuperación en el marco de la COVID-19:

• Eliminar las restricciones; potenciar el valor y las contribuciones de la sociedad civil

• Ayudar a la sociedad civil a cumplir y reducir los gastos de funcionamiento

• Flexibilizar los requisitos reglamentarios

• Incluir a la sociedad civil en los fondos de estímulo y en las subvenciones destinadas a la COVID-19

• Crear la infraestructura necesaria para impulsar la labor de la sociedad civil

• Promover la capacidad de la sociedad civil para desarrollar alternativas sostenibles

 La sociedad civil ha estado al frente de la respuesta mundial a la pandemia, prestando  servicios para salvar vidas, compartiendo información y coordinando las acciones necesarias para reforzar la rendición de cuentas y lograr respuestas en materia de políticas que respondan a las necesidades. Sin embargo, varios países han utilizado la pandemia para legitimar numerosas restricciones injustificadas a las libertades civiles y/o para excluir deliberadamente a la sociedad civil de los esfuerzos de planificación y actuación. Entre ellas figuran unos índices de censura sin precedentes, ataques a periodistas y defensores de los derechos humanos, el uso de la violencia auspiciada por el Estado para frenar las críticas y las violaciones generalizadas del derecho a la intimidad.

Ahora más que nunca es preciso que los gobiernos reconozcan que se necesita una sociedad civil diversa, dinámica y con capacidad de adaptación para que las medidas de emergencia superen la prueba de proporcionalidad y necesidad. Aunque se haya proclamado oficialmente el estado de emergencia, deben respetarse derechos fundamentales como el derecho a la vida y a no ser sometido a torturas ni a tratos degradantes, así como el derecho a expresar la disidencia democrática. Por ello, los gobiernos pueden y deben esforzarse más en destacar el papel de la sociedad civil en las actividades de respuesta y recuperación. Trabajar con la sociedad civil ayuda a los gobiernos y a las empresas a comprender mejor las realidades del terreno y a desarrollar intervenciones que respondan de manera significativa a los factores de desigualdad y malestar social.

En Ecuador, por ejemplo, una página web oficial informa sobre las actividades que está realizando la sociedad civil en todo el país. También se han creado plataformas similares en Italia, Francia y Ucrania. En Etiopía también se han registrado iniciativas para difundir la labor de la sociedad civil a través de la televisión.

Las autoridades locales son particularmente efectivas a la hora de invitar a la sociedad civil a compartir su trabajo a través de las plataformas disponibles y de facilitar a otros sectores de la sociedad formas de apoyar y ampliar estos esfuerzos. Esto supone eliminar las restricciones impuestas a los medios de comunicación locales y permitirles trabajar con otros grupos de la sociedad civil para reforzar la confianza y el compromiso del público. La escasa información sobre las organizaciones de la sociedad civil afecta directamente a la apropiación de la población local de las causas y limita el carácter estratégico y sostenible del sector.

El apoyo a los gastos de funcionamiento es una forma directa de fortalecer la sociedad civil, en particular los grupos que trabajan en la primera línea. Mediante un apoyo flexible y sin restricciones a los gastos de funcionamiento, las organizaciones pueden invertir en infraestructura y funciones que les permitan mejorar su impacto y sostenibilidad. Asimismo, disponer de apoyo operacional les permite adaptarse y responder rápidamente durante las situaciones de crisis.

En Lituania, por ejemplo, las asociaciones y fundaciones que alquilan sus propiedades al municipio o a entidades controladas por éste se han beneficiado de una exención o reducción en los pagos de alquiler y de las sanciones impuestas por el retraso en los pagos. En Letonia y el Líbano se han anunciado medidas similares. En Zimbabwe, las regulaciones estatales dictaron que  los propietarios y los bancos concedieran un período de gracia durante el confinamiento para el pago de alquileres e hipotecas, así como una exención para las importaciones de productos relacionados con la COVID-19, como los EPIS y equipos de prueba. Asimismo, se ha observado la entrega de suministros y activos físicos esenciales en Malaui y Namibia. No obstante, la existencia de esas medidas debe complementarse con una comunicación oportuna y transparente. La adopción de medidas de ayuda sin una comunicación eficaz impide que los grupos más necesitados conozcan y accedan a esas ayudas.

Es también un momento clave e para que los gobiernos avancen y desarrollen mecanismos financieros nuevos e innovadores para apoyar a la sociedad civil en este periodo. 

La revisión del régimen del IVA, la exención de impuestos y la mejora de los incentivos fiscales para las donaciones -no sólo para intervenciones relacionadas con la crisis, sino también para todas las demás causas- son iniciativas que deben recibir un mayor respaldo en este momento. Otra posibilidad es la de destinar el reajuste de impuestos, fondos e instrumentos de inversión para apoyar las intervenciones de la sociedad civil. Un ejemplo de ello es la asignación de impuestos indirectos: el IVA recaudado en la compra de equipos de protección personal se utiliza para apoyar a los trabajadores sanitarios de primera línea en el Reino Unido. Se ha sabido que en el Oriente Medio algunos gobiernos han ofrecido préstamos en lugar de asistencia directa a la sociedad civil.

Resulta imprescindible que todos los lugares cuenten con una cartera de instrumentos, tanto financieros como no financieros, que responda a la demanda y ayude a la sociedad civil a aumentar su capacidad de recuperación financiera.

En diversos países se han registrado medidas para que las asociaciones y fundaciones registradas gocen de una mayor flexibilidad en los procedimientos administrativos, incluyendo cambios en materia de adquisiciones, gastos, presentación de informes, concesión de subvenciones y contratación. Por ejemplo, adaptar los requisitos de presentación de informes administrativos y de proyectos puede ser un método rápido y eficaz de dar tregua a los grupos de la sociedad civil. Algunos ejemplos son las medidas para actualizar la financiación de proyectos, la cooperación y los acuerdos de representación en Malaui y México.

En algunos países también se han adoptado disposiciones para flexibilizar los requisitos contables y fiscales. En Alemania, por ejemplo, se ha flexibilizado la gestión de las donaciones, así como la contabilidad de las pérdidas y las disminuciones de capital. En otros países se han aplicado exenciones parciales a los impuestos que deben pagar las ONG.

Lamentablemente, la sociedad civil está ausente de las medidas destinadas a apoyar sistemáticamente la recuperación social y económica de la pandemia. En la mayoría de los contextos, esas medidas parecen haber sido elaboradas únicamente teniendo en cuenta las empresas, pese a que la sociedad civil de todos los países necesita urgentemente un apoyo fiscal adaptado, que incluya medidas de apoyo a los ingresos y subvenciones.

Es preciso ampliar las medidas existentes destinadas a la recuperación de empresas para incluir a la sociedad civil, y acompañarlas de intervenciones que respondan a las necesidades específicas de los colectivos pequeños y grandes, formales e informales, que existen en el amplio espectro de la sociedad civil.

Entre los ejemplos existentes de medidas de recuperación para la sociedad civil se encuentran el paquete de estímulo de 750 millones de libras esterlinas del Gobierno del Reino Unido y el paquete de apoyo de 700 millones de euros para la sociedad civil, las artes y el sector cultural de Austria. A menor escala, en Irlanda se ha introducido un Fondo de Estabilidad de 35 millones de euros para apoyar las necesidades urgentes de financiación y, en Rusia se ha creado un Fondo de Subvenciones Presidenciales que incluye 3.000 millones de rublos (unos 39 millones de euros) para las ONG.

Además, se han creado planes de ayudas salariales y de acceso al crédito en Argentina, Australia, Francia y los Países Bajos. Canadá ha asignado fondos especiales para servicios destinados a grupos vulnerables como las mujeres y los ancianos, mientras que Irlanda ha establecido un fondo para la innovación social en los proyectos de recuperación.

Los datos de Sudáfrica indican diversas medidas de apoyo a la sociedad civil adoptadas por el Gobierno, las fundaciones privadas y las empresas. Diversos organismos como la CAF Southern Africa (CAF de África meridional), el Grupo Mergon y el Departamento de Desarrollo Social de Western Cape Province (la Provincia del Cabo Occidental) han puesto en marcha fondos dirigidos a ONG que ofrecen la posibilidad de que el público apoye los objetivos de financiación. La Comisión Nacional de Loterías ha destinado 150 millones de rands sudafricanos (más de 7 millones y medio de euros) como medida de ayuda para las ONG, mientras que se espera que el Fondo de Solidaridad del Presidente asista a las ONG que estén prestando servicios relacionados con los objetivos del fondo ( prevención, detección, atención y apoyo).

En términos generales, es posible y necesario adoptar una mayor variedad de medidas para incitar a las empresas, las instituciones filantrópicas y el público en general a que apoyen la labor de la sociedad civil.

Este es el momento propicio para que los gobiernos creen mecanismos de mayor alcance para apoyar y reforzar la sociedad civil, como la financiación a medio y largo plazo de  redes u organizaciones de coordinación y el desarrollo de plataformas para compartir conocimientos, estrategias y recursos que promuevan la cohesión y la colaboración, en lugar de la competencia. Las empresas transnacionales pueden contribuir a los esfuerzos de la sociedad civil mediante plataformas de donación y contribuciones a los salarios, del mismo modo que las instituciones filantrópicas pueden (y están) aprovechando los activos y las donaciones para crear nuevas fuentes de recursos básicos y flexibles para la sociedad civil.

En este sentido, Portugal e Italia han recurrido a los servicios nacionales de voluntarios y jóvenes para movilizar el apoyo a los esfuerzos de la sociedad civil. En Bélgica, un Fondo de Solidaridad COVID-19 permite a los empleados de la UE contribuir a las organizaciones de la sociedad civil. Algunos países, entre ellos Letonia y los Países Bajos, han establecido exenciones fiscales para las donaciones hechas a la sociedad civil. En Sierra Leona, una plataforma gubernamental permitió a la sociedad civil interactuar con el Presidente y los ministros implicados en las actividades relacionadas con la COVID-19, ofreciendo a sus representantes acceso directo y coordinación con los Ministerios de Salud, Finanzas y con el Equipo de Respuesta a las Emergencias sobre la COVID-19. En Malawi, el grupo de trabajo nacional sobre COVID-19 incluyó, entre otros, a representantes de ONG, instituciones académicas, gubernamentales y religiosas, aprovechando así la experiencia y las redes de los diferentes sectores de la sociedad civil para este fin.

Necesitamos que los gobiernos de más países desarrollen mayores incentivos para que las sociedades inviertan en la sociedad civil. Los gobiernos deben ser un socio activo a la hora de fomentar el compromiso público con la sociedad civil, defendiendo el impacto que está logrando e intercambiando información sobre la forma en que se asignan y utilizan los fondos públicos. En términos más generales, necesitamos que éste sea un momento catalizador para las asociaciones y campañas intersectoriales destinadas a desarrollar movimientos locales de solidaridad dentro de los países y entre ellos.

La sociedad civil es indispensable en los enfoques de reconstrucción centrados en las personas que respondan a las exigencias de un cambio positivo. Las alianzas efectivas entre el gobierno y la sociedad civil propician respuestas mejor coordinadas en momentos críticos, gracias a las cuales ambos actores pueden colaborar para evaluar y mitigar los riesgos de una crisis en diferentes poblaciones. Para ello, necesitamos que la sociedad civil participe plenamente en las consultas y los espacios de toma de decisiones de las múltiples partes interesadas que diseñan alternativas sociales y económicas para un mundo post-COVID. Se debe reconocer una sociedad civil capacitada, conectada y con los recursos adecuados como una fuerza con carácter duradero.

Redistribuir el poder y fomentar la solidaridad será fundamental para las reformas estructurales que debemos lograr en la economía mundial. Esto incluye un impulso sistemático que reste  importancia al crecimiento del PIB como indicador clave del rendimiento y, que dé prioridad, en su lugar, al bienestar como medida esencial.

Los tan esperados cambios transformadores, como el fin de las salidas netas de fondos y de otros recursos de los países del Sur a los del Norte, para que los primeros puedan disponer de más recursos acumulados que les permitan alcanzar el derecho al desarrollo sostenible de sus pueblos, exigen una gran dosis de apoyo público y político. El fortalecimiento de la sociedad civil y la ampliación de las libertades cívicas deben formar parte de la completa recuperación mundial que necesitamos para salir de la pandemia.

Para más información:

AGNA: https://www.civicus.org/index.php/what-we-do/strengthen/agna
Charities Aid Foundation: https://www.cafonline.org
CIVICUS: https://www.civicus.org