🚨#SOSColombiaDDHH
— CIVICUS Español (@CIVICUSespanol) May 5, 2021
Hacemos un llamamiento al gobierno de @IvanDuque para que detenga inmediatamente los brutales ataques y asesinatos de manifestantes.
Aquí nuestra declaración: https://t.co/8hjek6eaRS pic.twitter.com/0UEHxFqkhG
Las autoridades colombianas deben dejar de reprimir brutalmente a las personas que protestan e investigar los asesinatos, ataques y uso excesivo de la fuerza por parte de policías y militares contra los manifestantes, dijo la alianza global de la sociedad civilCIVICUS.
Desde el 28 de abril, los colombianos han salido a las calles para exigir justicia social y oponerse a una reforma tributaria. Las protestas tienen lugar en un contexto de creciente desigualdad y violencia, provocadas por el fracaso en la implementación de los acuerdos de paz de 2016 y exacerbadas por la pandemia. Los manifestantes han sido fuertemente reprimidos por la policía en varias ciudades del país. Los militares han sido desplegados para vigilar las protestas, lo cual solo está permitido en casos excepcionales y de forma temporal de acuerdo con el derecho internacional.
El domingo 2 de mayo, el presidente de la República Iván Duque Márquez retiró el polémico proyecto de ley de reforma tributaria, pero las protestas han continuado. La semana pasada el DANE (el organismo de estadísticas de Colombia) anunció que la pobreza aumentó en 2020, afectando a casi la mitad de la población. La creciente desigualdad ha intensificado los disturbios y la violencia en el país.
Las organizaciones de la sociedad civil en Colombia han condenado graves violaciones a los derechos humanos, incluido el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía, la represión violenta de las protestas, el asesinato y desaparición de manifestantes, los abusos sexuales, la detención arbitraria y el uso de armas de fuego.
El uso de la violencia contra los manifestantes se produce en un contexto de fuerte estigmatización contra los manifestantes. La sociedad civil en Colombia ha condenado los pronunciamientos del gobierno nacional y local contra la movilización, que comparó a los manifestantes con "vándalos" y sugirió que están vinculados a grupos armados ilegales.
La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) dijo que mientras estaban en una misión de verificación la noche del 3 de mayo, la policía abrió fuego contra los manifestantes, al parecer matando e hiriendo a varias personas en la ciudad de Cali. Grupos de derechos humanos que acompañaban al ACNUDH fueron atacados, amenazados y recibieron disparos por parte de la policía. Así lo confirmó la representante del ACNUDH en Colombia, Juliette de Rivero, quien agregó que ninguno de los miembros de la misión resultó herido.
En una semana de protestas, las organizaciones que hacen monitoreo han documentado cientos de violaciones de los derechos humanos. Hasta el 3 de mayo, el Defensor del Pueblo de Colombia había registrado al menos 19 muertos desde el inicio de las protestas, y la sociedad civil informó de más casos que aún no han sido confirmados. El grupo de derechos humanos Defender la Libertad dice que unas 300 personas resultaron heridas y casi un millar de manifestantes fueron detenidos. El grupo de la sociedad civil Temblores también documentó nueve casos de violencia sexual por parte de la fuerza pública y 56 denuncias de desapariciones durante las protestas. La Fundación por la Libertad de Prensa (FLIP) también documentó 70 ataques contra los medios de comunicación.
"Lo que estamos viendo ahora es una escalada de violencia del gobierno Duque contra la movilización social, que cada vez es más letal. La introducción de acciones de "ayuda militar" ha legalizado el uso de la fuerza militar para reprimir el legítimo derecho a protestar y manifestarse pacíficamente", dijo Gina Romero, de la Red para la Democracia-Redlad de América Latina y el Caribe.
"CIVICUS recuerda al gobierno de Colombia que la libertad de reunión pacífica es un derecho humano fundamental articulado en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR) de las Naciones Unidas. El derecho a reunirse para expresar puntos de vista colectivos es una piedra angular de una sociedad libre y abierta", dijo Natalia Gómez Peña, Oficial de Promoción y Campañas de CIVICUS para América Latina.
"Incluso si una asamblea incluye participantes violentos, los estándares internacionales de derechos humanos no permite a las autoridades usar fuerza excesiva contra los manifestantes. Al usar la fuerza, los organismos encargados de hacer cumplir la ley y sus oficiales no deben usar armas de fuego para dispersar a las multitudes y no pueden usar indiscriminadamente armas no letales como gases lacrimógenos", continuó Gómez Peña.
CIVICUS hace un llamado al gobierno colombiano para que garantice el derecho a la manifestación pacífica, la libertad de expresión, la seguridad, la vida y la integridad de todas las personas que participan en la huelga nacional.
Colombia es calificada como REPRIMIDA por el CIVICUS Monitor, una plataforma en línea que mide el estado de las libertades cívicas, incluyendo las libertades de expresión, reunión y asociación, en todos los países.
Entrevistas
Las entrevistas están disponibles con:
- Natalia Gómez Peña, Oficial de Promoción y Campañas de CIVICUS para AméricaLatina;
- Gina Romero, de la Red para la Democracia de América Latina y el Caribe-Redlad.
ACERCA DE CIVICUS
CIVICUS es una alianza global de organizaciones y activistas de la sociedad civil, dedicada a fortalecer la acción ciudadana y la sociedad civil en todo el mundo. CIVICUS cuenta con más de 10.000 miembros en todo el mundo.