Desde CIVICUS expresamos nuestra preocupación por el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad contra las personas que se manifiestan en Perú tras la destitución del ex presidente Pedro Castillo. Hacemos un llamamiento a las autoridades del país para que eliminen las restricciones indebidas al espacio cívico y garanticen que las personas puedan ejercer plenamente sus libertades fundamentales en el contexto de la crisis política.
El miércoles 7 de diciembre, el presidente Castillo fue destituido y arrestado tras intentar disolver inconstitucionalmente el Congreso peruano y declarar un "gobierno de excepción" horas antes de que se le sometiera a una moción de censura. El anuncio desató una oleada de dimisiones entre altos funcionarios que calificaron estas decisiones de golpe de Estado. En pocas horas, el Congreso votó la destitución del presidente Castillo y la ex vicepresidenta Dina Boluarte tomó posesión como presidenta.
Desde entonces, han estallado protestas y movilizaciones sociales en trece departamentos de Perú, en las que numerosas personas han expresado su apoyo a Castillo y han pedido nuevas elecciones presidenciales. Al tiempo que miles de personas salen a las calles, las organizaciones de la sociedad civil han denunciado el uso excesivo de la fuerza por parte de los efectivos de seguridad, como el empleo indiscriminado de gases lacrimógenos y el presunto uso de armas letales contra quienes protestan. Hay decenas de casos de personas detenidas y heridas, algunas con heridas de armas de fuego y objetos contundentes. Según la Coordinadora de Derechos Humanos del Perú (CNDDHH), al menos siete personas han muerto en la acción represiva del Estado contra las protestas, tres de ellas eran adolescentes.
Los periodistas que cubren las protestas también han sufrido acoso y agresiones. Hasta el 11 de diciembre, la Asociación Nacional de Periodistas había registrado 21 casos de este tipo, con agresiones perpetradas tanto por agentes de policía como por partidarios del ex presidente. Las oficinas y los vehículos de los medios de comunicación también han sido objeto de actos de vandalismo y agresiones.
Tras varios días de disturbios, el 11 de diciembre la presidenta en funciones, Dina Boluarte, se comprometió a presentar un proyecto de ley para adelantar dos años las elecciones generales, con lo que las presidenciales se celebrarían en abril de 2024. No obstante, las protestas han continuado y numerosas personas han expresado su frustración ante la falta de consenso en el Congreso y el mal funcionamiento del sistema político.
Castillo asumió el cargo en julio de 2021, y su corta presidencia estuvo marcada por una incesante inestabilidad y parálisis política. En un contexto de extrema polarización, las personas defensoras de los derechos humanos (DDH), los periodistas y las organizaciones de la sociedad civil han quedado expuestos a ataques que se cometen con altos niveles de impunidad. Esta situación afecta especialmente a quienes defienden los derechos territoriales y se oponen a proyectos extractivos. En los últimos años, periodistas y defensores de los derechos humanos han sufrido agresiones verbales y físicas y acoso por parte de actores de todo el espectro político, así como de las fuerzas del orden. El gobierno de Castillo no tomó medidas para garantizar un entorno seguro para la prensa y la sociedad civil.
Instamos a las autoridades peruanas a que restablezcan la confianza en las instituciones democráticas, promuevan espacios para el diálogo y para el ejercicio pacífico de las libertades cívicas. Las autoridades deben tomar medidas para salvaguardar el derecho a la protesta, en particular abordando las políticas que permiten el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas del orden e investigando los abusos policiales.
Contexto
En julio de 2022, CIVICUS y la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) presentaron el Examen Periódico Universal de la ONU de Perú, en el que se subrayaba la violencia generalizada contra las personas defensoras de los derechos humanos, los grupos de la sociedad civil y los manifestantes, que siguen sufriendo ataques, acoso, criminalización e incluso el asesinato. Los actores estatales y no estatales, a pesar de los mecanismos de protección recientemente adoptados, han podido intensificar sus ataques con impunidad. El informe denuncia además casos de acoso judicial contra periodistas y la reducción gradual del espacio para una prensa libre e independiente. Estos hallazgos coinciden con la Relatoría Especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que reportó un contexto político y social polarizado, con la persistencia de normas y prácticas que impactan negativamente en el pleno goce del derecho a la libertad de expresión.
CIVICUS Monitor la plataforma en línea que rastrea las amenazas a la sociedad civil en países de todo el mundo, califica el espacio cívico -el espacio para la sociedad civil- en Perú como obstruido.