Desde la alianza mundial de la sociedad civil, CIVICUS, mostramos nuestra satisfacción por la liberación de las 222 personas presas políticas que habían sido detenidas y declaradas culpables de acusaciones falsas por las autoridades nicaragüenses. Su liberación es un paso en la dirección correcta, y debe ir seguida del cese de todas las restricciones al espacio cívico. Si bien nos alegramos por las personas que han quedado en libertad y por sus familias, nos siguen preocupando los 38 presos políticos que continúan recluidos en condiciones degradantes en el sistema penitenciario del país.
También nos apena que este avance positivo se haya visto contrarrestado por el empeño de las autoridades en denigrar a las personas excarceladas, despojándolas de su nacionalidad. Acogemos con satisfacción los anuncios de los gobiernos de Estados Unidos y España de ofrecer apoyo a las personas excarceladas, pero pedimos a la comunidad internacional que mantenga el escrutinio sobre Nicaragua y defienda el pleno restablecimiento de los derechos civiles y políticos en el país.
"Los últimos años en Nicaragua se han caracterizado por el hostigamiento, la intimidación y la persecución de quienes defienden los derechos humanos, de los periodistas y de la oposición política en Nicaragua. Aunque las autoridades decidieron liberar a 222 presos políticos el 9 de febrero de 2023, las restricciones persisten", ha declarado Isabel Rosales, responsable de incidencia política y campañas para América Latina de CIVICUS. "Es extremadamente preocupante que el gobierno nicaragüense siga silenciando impunemente a activistas, periodistas y defensores de los derechos humanos."
En los últimos años, defensores de los derechos humanos, líderes de la oposición, manifestantes y periodistas de Nicaragua han sido perseguidos. Las autoridades del país han adoptado leyes restrictivas y han subvertido el sistema judicial para ilegalizar a la sociedad civil y a los medios de comunicación independientes, cerrando más de 3.000 organizaciones y 55 medios de comunicación. Este esfuerzo coordinado del gobierno nicaragüense para silenciar las voces de quienes denuncian los abusos ha desembocado en una crisis prolongada que ha obligado a más de 150.000 nicaragüenses a exiliarse.
La devastadora crisis de derechos humanos del país, que comenzó con la represión de las protestas en abril de 2018, continúa. Siguen vigentes las restricciones a la libertad de expresión y de prensa y a la libertad de asociación.
Por todo ello, pedimos al gobierno nicaragüense que restablezca los derechos civiles y políticos de las personas liberadas y exiliadas de su país, y que libere a todos los presos políticos restantes. También instamos al gobierno a que levante las restricciones impuestas al espacio cívico, permitiendo a las personas ejercer sus derechos a la libertad de asociación, reunión pacífica y expresión.
El CIVICUS Monitor, plataforma digital que realiza el seguimiento de las amenazas a la sociedad civil en países de todo el mundo, califica de cerrado el espacio cívico -espacio para la sociedad civil- en Nicaragua.