Actualización de la secretaria general: octubre 2021
En 2020, el Comité de Derechos Humanos publicó su interpretación del derecho a la libertad de reunión pacífica en su Observación General nº 37, en la que se exponen detalladamente las responsabilidades de los Estados en la defensa de la libertad de reunión pacífica. Los Estados tienen obligaciones positivas - deben actuar activamente - y obligaciones negativas - deben abstenerse de realizar determinados actos. Estas obligaciones - que se aplican antes, durante y después de las reuniones - incluyen la naturaleza específica de las restricciones justificables al derecho a la libertad de reunión pacífica; así como la obligación de proteger a los participantes mientras y donde se esté celebrando una reunión, y a las actividades que son importantes en su desarrollo, como la comunicación en línea.
Sin embargo, a través del CIVICUS Monitor hemos documentado innumerables casos de violación del derecho de reunión pacífica de las personas, mediante diversas formas: restricciones arbitrarias que impiden la celebración de reuniones, vigilancia policial violenta o desproporcionada de las protestas, y normas burocráticas que obstaculizan la organización. Nuestro último informe sobre las protestas celebradas en todo el mundo desde el inicio de la pandemia registra el uso de fuerza excesiva contra los manifestantes en al menos 79 países, lo que incluye el uso de fuerza letal que ha provocado la muerte de manifestantes en al menos 28 países. En más de 100 países, las fuerzas policiales han detenido a manifestantes, a menudo por no respetar las medidas frente a la COVID-19 u otras leyes relacionadas con las reuniones pacíficas.
Hay al menos cuatro retos clave que la comunidad internacional debe abordar de forma urgente y colectiva para proteger y ampliar el derecho fundamental de reunión pacífica. El primero es el uso de leyes de emergencia para reprimir las protestas. Durante la pandemia de COVID-19, se han impuesto prohibiciones generales de protesta en nombre de la salud pública. Esto incluye la asfixia de las asambleas en el período previo a las elecciones bajo el pretexto de las limitaciones relacionadas con la salud pública. Los Estados han seguido coartando las libertades cívicas sin acordar cláusulas de caducidad que garanticen el fin de esos poderes de emergencia.
El uso de cortes de acceso a Internet y otras medidas para restringir el acceso a las tecnologías es otro desafío a la libertad de reunión pacífica. En el contexto de la pandemia de COVID-19, muchas reuniones se han trasladado en línea. Sin embargo, los cierres de Internet o las restricciones a los flujos de datos de Internet se están utilizando para impedir la organización, la facilitación o la realización de reuniones en línea. Los cierres se han desplegado especialmente para atacar a las poblaciones marginadas y de riesgo, y a menudo se han aplicado junto con otras tácticas represivas contra los manifestantes, facilitando los abusos y las graves violaciones de los derechos humanos cometidas en el contexto de las protestas pacíficas.
Un tercer reto es el uso de la Inteligencia Artificial (IA) y la vigilancia para amenazar a las y los manifestantes. Con el aumento del número y el tipo de tecnologías de vigilancia a disposición de los gobiernos, hemos sido testigos de un aumento en el uso de tácticas habilitadas digitalmente para identificar, acosar e intimidar a los manifestantes. El papel de las empresas tecnológicas a la hora de restringir o permitir el derecho a la protesta también tiene implicaciones para la supervisión que debe ejercerse sobre las empresas y su cumplimiento de los derechos humanos. El uso de restricciones financieras es un cuarto desafío crítico para el derecho a la libertad de reunión pacífica. En todos los países, se han impuesto restricciones a los actores de la sociedad civil para recabar apoyo público, tanto a nivel nacional como internacional, mediante leyes sobre contribuciones financieras, cierres de cuentas bancarias y otras formas de represalia o sanción. Al contrario, los Estados deben desempeñar un papel en el apoyo y la dotación de recursos a los movimientos de base como parte de su función de facilitar la participación pública y las libertades cívicas.
¿Qué medidas podemos tomar para afrontar estos retos? En primer lugar, necesitamos que los gobiernos se aseguren de que todas las leyes y normativas que limitan las reuniones públicas basadas en la salud pública son necesarias y proporcionadas. La emergencia de salud pública causada por el COVID-19 no debe utilizarse como pretexto para suprimir los derechos humanos. Los Estados también deben garantizar el cumplimiento de los marcos internacionales que rigen las libertades en línea, absteniéndose de imponer restricciones en línea y permitiendo a los manifestantes el acceso a la información en todo momento.
Además, los Estados deben retirar los cargos y liberar a todas y todos los manifestantes y personas defensoras de los derechos humanos perseguidas por ejercer su derecho a la libertad de reunión pacífica y revisar sus casos para evitar que sigan siendo objeto de acoso. Se debe proporcionar el recurso a la revisión judicial y la reparación efectiva, incluida la indemnización, en los casos de denegación ilegal del derecho a la libertad de reunión pacífica y de uso excesivo de la fuerza.
Por último, todos los sectores de la comunidad internacional deben colaborar para fomentar una aplicación más coherente de las normas de derechos humanos. Todos los casos de detenciones arbitrarias y de uso excesivo de la fuerza en respuesta a las protestas deben ser condenados públicamente al más alto nivel; deben llevarse a cabo investigaciones inmediatas e imparciales sobre estos casos con la ayuda de expertos internacionales y organizaciones independientes de la sociedad civil.
Ha habido múltiples ejemplos de la sociedad civil y de los movimientos sociales en todo el mundo que han impulsado un cambio positivo, defendiendo los valores democráticos que tanto ha costado conseguir y desarrollando prácticas innovadoras para hacer frente a los problemas de injusticia, como también se indica en nuestros informes anuales sobre el estado de la sociedad civil. Las personas que se unen para alzar la voz han conseguido mejores condiciones de trabajo, han fomentado la igualdad y han acabado con formas de opresión. A la luz de los retos de gobernanza cada vez más complejos que la pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto, necesitamos que los actores estatales y no estatales sean responsables de permitir la libertad de reunión pacífica y de proteger a quienes ejercen su derecho a protestar y organizarse.
Lysa John es secretaria general de CIVICUS
Twitter: @lysajohn
Esta actualización está inspirada en su intervención en la 48ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.