Ghana: “La gente quiere que las OSC sigan trabajando y prosperen, no que cierren”

Omolara WACSIEn los últimos cinco años, el West Africa Civil Society Institute (WACSI) ha promovido incesantemente la sostenibilidad de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) en África Occidental, especialmente en Ghana, luego de ver varias OSC cerrando sus puertas por limitaciones financieras.

CIVICUS conversó con Omolara Balogun, quien lidera la unidad de Influencia en Políticas y Abogacía de WACSI, sobre sus esfuerzos para apoyar la resiliencia de las OSC en esta región, que incluyen realizar estudios y establecer alianzas con actores regionales e internacionales –como el Grupo de Afinidad de Asociaciones Nacionales (AGNA, por sus siglas en inglés) apoyado por CIVICUS– para concientizar, diseminar aprendizaje, crear capacidades y promover mejores condiciones para que la sociedad civil pueda mantenerse a flote y prosperar.  

 

¿Cómo se involucró WACSI en promover la sostenibilidad de las OSC en África Occidental?

Nuestro interés empezó en el 2014, al ver cambios contundentes en el contexto de financiación para el desarrollo, específicamente, una baja en los fondos aportados por los donantes extranjeros “tradicionales” para la sociedad civil. Antes, WACSI tenía suficientes recursos para proveer de forma gratuita sus servicios de capacitación, abogacía, investigación y documentación del trabajo de la sociedad civil; sin embargo, ese esquema de trabajo gratis dejó de ser sostenible cuando empezamos a recibir menos fondos. Entonces decidimos solicitar una pequeña contribución a quienes atendían nuestras capacitaciones, pero para nuestra sorpresa, muchas personas y organizaciones no podían pagarlo. Escuchamos quejas constantes sobre donantes que redujeron sus aportes o imponían requisitos más estrictos para aplicar por financiamiento, una mayor “proyectización” de los fondos y menor disponibilidad de fondos básicos para cubrir gastos administrativos y la formación del personal de las organizaciones. Nuestro interés en el tema creció mientras esta tendencia continuaba, así que decidimos facilitar un debate sectorial sobre la sostenibilidad de las OSC en África Occidental.

Uno de los primeros pasos que tomaron fue investigar la situación financiera de las OSC en Ghana. ¿Cuáles fueron los hallazgos principales?

Ese mismo año recibimos fondos iniciales de STAR-Ghana y comisionamos el estudio piloto llamado “El estado de la sostenibilidad de las organizaciones de la sociedad civil en Ghana”, publicado en el 2015. El estudio involucró a OSC de distintas categorías para identificar y entender quiénes estaban ‘luchando’, ‘sobreviviendo’ o ‘prosperando’ en cuanto a su sostenibilidad financiera, operativa, de intervención y de identidad. Los resultados indicaron que la minoría de las OSC estaban prosperando en todas las áreas y eran aquellas con acceso estable a fondos de donantes internacionales tradicionales. La mayoría estaba apenas sobreviviendo con fondos para cubrir sus gastos administrativos y realizar actividades en el presente, pero no sabían si lograrían obtener recursos para mantenerse trabajando y relevantes el día de mañana. Por último, una cantidad significativa estaban luchando hasta para terminar de implementar proyectos, pagar alquileres y salarios. De hecho, vimos aliados con una misión valiosa y con intervenciones reconocidas en el tema de paz y conflicto, quienes tuvieron que cerrar sus puertas.

También se encontró que las OSC sufren retos de sostenibilidad en diversas áreas. Algunas pasan por crisis de identidad al tener que abandonar su misión, visión, estrategia y alianzas originales para buscar dinero otras áreas donde hay más financiamiento. A nivel del sector, aumentó la competencia entre OSC por fondos pequeños, reduciendo las oportunidades de colaboración y de lograr impacto colectivo. Si estas dinámicas no se corrigen, representan una amenaza de extinción para más organizaciones.

La conversación sobre la sostenibilidad de la sociedad civil ha ganado terreno. ¿Cómo logró WACSI comprometer a distintos actores en una agenda positiva y proactiva?

Desarrollamos un programa integral de sostenibilidad para integrar a diversas OSC en diálogos sistemáticos entre nuestro sector, donantes locales e internacionales, y el gobierno sobre las amenazas, retos y oportunidades para la sostenibilidad de la sociedad civil. Asimismo, promovimos el diseño de un programa de fortalecimiento para todas las OSC, en especial para las que están sobreviviendo y luchando. Esta fase piloto en Ghana ha sido positiva. Las principales reacciones que recibimos indican que la gente quiere que las OSC sigan trabajando y prosperen, no que cierren. Los donantes, las comunidades representadas, el sector privado y hasta el gobierno reconocen el trabajo y el valor que traemos al sector de desarrollo. Todos están interesados en la sostenibilidad de las OSC.

WACSI recibió apoyo de la red AGNA para establecer diálogos nacionales sobre movilización de recursos locales. ¿Cómo les ayudó a avanzar sus esfuerzos?

La ayuda de AGNA fue instrumental para involucrar a las OSC, donantes, el sector privado y, pronto, a representantes del gobierno en explorar qué condiciones se deben crear o mejorar para que las OSC movilicen recursos domésticos como una alternativa de ingresos que apoye su sostenibilidad financiera.

Los diálogos con las OCS nos permitieron mapear sus principales fuentes de ingresos en la actualidad, ver qué opciones podrían explorar para diversificar sus recursos y qué habilidades, conocimientos y herramientas necesitan. Así identificamos dos alternativas fuertes: promover más filantropía local y los emprendimientos sociales (algunas OSC ya están haciéndolo). Sin embargo, encontramos varios retos: la mayoría de OSC están frustradas con estos cambios luego de trabajar siempre bajo modelos caritativos, otras resaltan que hacen falta capacidades en el sector para explorar dichas alternativas y algunas organizaciones dedicadas a la abogacía, los derechos humanos y temas políticos dicen que generar ingresos va contra su misión, enfoque e identidad.

Hablamos con actores del sector privado para entender cómo las OSC podrían acceder a recursos de sus programas de Responsabilidad Social Corporativa y de sus fundaciones privadas. Aprendimos que este sector está enfocado en hacer inversiones, por lo que las CSO debemos adaptarnos y desarrollar habilidades de negocios, una mentalidad de lucro y formas de proveer visibilidad a las alianzas con entidades privadas. Pero también vemos la necesidad de educar al sector privado sobre el rol de la sociedad civil en asegurar un ambiente de estabilidad social, justicia y paz y otras condiciones que les permiten hacer negocios sin barreras, lo cual es una buena razón para invertir en las OSC.

Adicionalmente, tuvimos conversaciones honestas con donantes tradicionales (bilaterales, multilaterales, embajadas) sobre sus recortes en el financiamiento, prioridades cambiantes y requisitos más estrictos de las subvenciones, y expresamos preocupación sobre el creciente uso de intermediarios (como firmas consultoras del Norte) que representan una pérdida de dinero para el sector y relega a las OSC al rol secundario de sub-beneficiarios. Los donantes representados señalaron que esto obedece a decisiones de sus gobiernos, alineadas con las agendas de política exterior, y llamaron la atención sobre la falta de capacidades en las OSC para absorber el financiamiento existente y presentar ideas innovadoras en las propuestas. Es claro que, para mejorar las probabilidades de acceder fondos tradicionales y alternativos, la sociedad civil debe invertir en fortalecer sus capacidades y en mejores sistemas de rendición de cuentas.

¿Cuál será el enfoque de los diálogos con el Gobierno?

Principalmente la necesidad de marcos legislativos que les permitan a las OSC diversificar sus ingresos sin trabas o contradicciones legales, que habiliten las condiciones aptas para la movilización de recursos domésticos y que remuevan leyes represivas o en contra de su sostenibilidad operativa y financiera. En este sentido, se debe crear una legislación para emprendimientos sociales adaptada a las OSC porque, con las leyes actuales, las organizaciones pueden perder su estatus de entidad sin fines de lucro al generar ingresos o movilizar cierto tipo de recursos, o pueden pedirles registrar sus emprendimientos sociales como empresas lucrativas que deben pagar impuestos sobre el dinero generado para causas caritativas, lo que no tiene sentido. También abogaremos por incentivos fiscales para promover la filantropía local dirigida a OSC. Finalmente, debemos discutir cómo el Gobierno puede proveer directamente más recursos para las OSC y dejar de competir con nuestro sector por fondos tradicionales, ya que los donantes tienden a privilegiar a los gobiernos debido a que esas alianzas les brindan más visibilidad que trabajar con OSC.

Los emprendimientos sociales son una tendencia muy fuerte, ¿pero son en realidad una alternativa de ingresos que sirve a la mayoría de OSC?

Es una posibilidad más apta para organizaciones ya dedicadas a proveer servicios. A las OSC que trabajan influenciando políticas, en abogacía o derechos humanos se les dificulta más vender algún servicio y, además, son las más preocupadas sobre comprometer su misión y valores al generar ingresos. Este es un reto que debemos atender de forma colectiva porque estas organizaciones son las que promueven cambios sociales críticos y deben tener apoyo para sostenerse.

¿Cuáles son las siguientes acciones clave para avanzar esta agenda de sostenibilidad del sector?

Es primordial arreglar la legislación conflictiva sobre empresas sociales, crear incentivos fiscales y recursos como capital inicial para que las OSC inicien emprendimientos sociales. Para las OSC, la prioridad es adquirir conocimiento y capacidades en emprendimiento social, innovación, inversiones de impacto y alianzas corporativas, así como cambiar la mentalidad caritativa y crear planes viables de diversificación de ingresos. Adicionalmente, para movilizar recursos y apoyo local, muchas OSC deben construir o fortalecer relaciones con las poblaciones que representan, que se han descuidado al priorizar la agenda de los donantes por años. Será más difícil para la gente apoyar a la sociedad civil si no están conectados con nuestra misión, visión, trabajo y el valor que aportamos para mejorar sus condiciones de vida.

WACSI también está practicando lo que predica. Cuéntenos sobre sus esfuerzos para generar ingresos alternativos para la organización.

WACSI adoptó un enfoque basado en los activos para recortar costos y generar ingresos. Por ejemplo, estamos rentando nuestras salas de conferencias y el equipo de interpretación a otras organizaciones, a precio subsidiado. Además, hemos ahorrado miles de dólares en traducciones en los últimos tres años mediante una alianza con el Ghana Institute of Languages (Instituto de Lenguas de Ghana), permitiendo a sus estudiantes hacer una pasantía de un mes en WACSI para adquirir experiencia laboral mientras nos ayudan con traducciones e interpretaciones. Aunque estas iniciativas no son suficientes para dejar de requerir financiamiento externo, son un paso firme en la dirección correcta.

Contacte a WACSI mediante su sitio web, página de Facebook o siguiendo a @WACSI en Twitter.

 

BRASIL: ‘Estamos en un momento frágil de la sociedad civil’

Pedro StrozenbergCIVICUS conversa con Pedro Strozenberg, Ombudsman de la Defensoría de Río de Janeiro, sobre la situación de derechos humanos y la regresión del espacio para la sociedad civil en Brasil. La Defensoría es un órgano público que funciona como enlace entre Estado y sociedad civil. Pedro Strozenberg es abogado especializado en mediación de conflictos que se autodefine como un activista en materia de seguridad pública, ámbito en que su oficina trabaja para defender los derechos de la ciudadanía frente al abuso y la brutalidad policiales.

 

G20: ‘El activismo global debe reconectarse con las experiencias reales de la gente en los territorios’

Corina Rodriguez EnriquezEn diciembre de 2018 miles de personas marcharon contra las políticas neoliberales en Buenos Aires, Argentina, mientras se celebraba la Cumbre de Jefes de Estado del G20. Tanto durante la cumbre como en el proceso que la antecedió, la sociedad civil argentina, latinoamericana y global hizo uso tanto de los espacios institucionales de participación como de acciones autónomas y protestas callejeras para hacer oír su descontento. CIVICUS conversa sobre las acciones en torno del G20 con Corina Rodríguez Enríquez, economista e investigadora argentina e integrante del Comité Ejecutivo de Development Alternatives with Women for a New Era (DAWN), una red de feministas del sur global que trabaja por la justicia económica, ecológica y de género, así como por el desarrollo democrático y sostenible.

¿Quiénes salieron a protestar contra la cumbre del G20 en Argentina, y qué tácticas utilizaron?

Las acciones de protesta callejera durante el G20 no fueron un evento aislado, sino que estuvieron en continuidad con las reacciones que generó la reunión de la Organización Mundial de Comercio (OMC) que también se realizó en Argentina el año anterior. No se organizaron específicamente ante el G20 sino que son parte de un proceso de resistencia más amplio protagonizado por una articulación de organizaciones sociales que lleva la voz contra el proceso de globalización financiera. Yo formo parte de una organización feminista del sur global, DAWN, y por lo tanto estuve involucrada sobre todo en el trabajo desde lo que llamamos el Foro Feminista, un subgrupo dentro de esta articulación de organizaciones. Lo que se organizó en ocasión del G20 fue muy similar a lo que se había hecho ante la OMC, una semana de acciones que inicialmente se pensaron como acciones ante al G20 pero terminaron siendo acciones contra el G20. Hubo distintas clases de acciones e intervenciones. Desde el Foro Feminista aprovechamos el contexto para tener una jornada específica de formación en economía feminista, así que entre otras cosas DAWN lideró la Escuela de Economía Feminista. Hubo un par de días en que se organizaron jornadas de debate más académico, las cuales funcionaron en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Hubo mesas sobre los diversos temas que se discuten en estos espacios multilaterales, desde extractivismo hasta economía digital. Y luego hubo un par de jornadas de acciones más callejeras: la primera fue un día completo de debates y paneles en carpas montadas en la calle, una de las cuales fue la del Foro Feminista. Allí hicimos un conversatorio, un tribunal donde se presentaron casos de violaciones de derechos humanos por parte de empresas trasnacionales, y una asamblea del Foro Feminista para discutir estrategias y perspectivas. El tribunal es una forma de manifestación pública similar a la que realiza la Alianza Global por el tratado vinculante sobre empresas transnacionales y derechos humanos: un espacio donde se expone la denuncia y se deja claramente en evidencia lo que la justicia debería hacer al respecto.

El último día de la semana, cuando ya estaba en curso la cumbre del G20, se hizo la marcha de protesta, en un contexto bastante restrictivo, ya que el gobierno argentino, que presidía la reunión, había militarizado la ciudad de Buenos Aires y establecido una zona de exclusión, con lo cual la marcha transcurrió bastante lejos de donde se estaba haciendo la cumbre.

En términos muy generales, las consignas de la semana de acción se centraron en la denuncia de las implicancias para los derechos humanos del tipo de políticas que promueven los gobiernos de los países que integran el G20, y fundamentalmente los efectos de las decisiones del capital concentrado y las acciones de las empresas multinacionales en los territorios. Denunciamos que la actual dinámica global conduce a un aumento escandaloso de las desigualdades y a la permanente violación de los derechos humanos, con evidencias de casos concretos, muchos de ellos vinculados a las acciones de empresas extractivas. El otro gran mensaje es el de la resistencia: tenemos que resistir colectivamente las políticas que están impulsando los países que forman el G20 y construir colectivamente otra economía y otra sociedad.

¿Fueron protestas de organizaciones y movimientos sociales locales, o se trató de una protesta auténticamente global?

La resistencia es global. Si bien en el caso de Argentina la participación de organizaciones y activistas del exterior fue mayor durante la reunión de la OMC que cuando se hizo la del G20, yo lo atribuyo más bien al hecho de que el G20 involucra a menos cantidad de países. Además, el G20 no está en el radar, y por lo tanto en la agenda, de tantas organizaciones, no solo en Argentina sino también en la región y en el mundo. Pero la coalición global que se movilizó en esta oportunidad fue la misma que también sale a la calle cuando se hacen las reuniones del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, entre otros organismos rectores de las finanzas globales.

Tanto en la reunión de la OMC como en la del G20, en las que yo pude participar porque tuvieron lugar en Argentina, hubo una presencia sobre todo argentina y latinoamericana. Entiendo que esto se explica tanto por la distancia física que nos separa del resto del mundo como por la potencia que tiene el activismo sobre estos temas en América Latina.

Más allá de los participantes que por diversas razones hayan querido o podido estar, lo que hace global a la protesta contra el G20 es precisamente la naturaleza del blanco al que apunta. El G20 es la unión de las economías más grandes y concentradas del mundo. Contando a los países de la Unión Europea, que conjuntamente integran el G20, éste da cuenta del 85% del producto bruto mundial. Las decisiones que toman y los acuerdos a los que llegan los gobiernos de los países que lo integran afectan a todo el mundo. Es natural entonces que las resistencias al G20 tengan carácter global, aunque mantengan color local y modifiquen su composición en función del lugar donde se realicen las cumbres anuales.

En ese sentido, evidentemente no todos estamos siempre en todas partes, pero pasamos a integrar la resistencia cuando el G20 se reúne en nuestros países, y esperamos que las organizaciones y movimientos sociales de otros países lo hagan a su vez. DAWN es una organización del sur global y tiene integrantes en Argentina, de modo que era natural que nos involucráramos ante la reunión del G20 en Argentina. Pero no estamos contemplando en lo más mínimo movilizarnos el año que viene cuando el G20 se reúna en Japón. Para nosotros esta vez era fácil participar y no hacerlo hubiera sido desperdiciar la oportunidad de ser parte activa de esta coalición de resistencia de la que ya participábamos de otras maneras y en otras instancias. Nos pareció que teníamos que aprovechar que esto ocurría en Buenos Aires para que nuestra resistencia pública sirviera para informar a la ciudadanía sobre qué es el G20 y que implicancias e impactos tiene, además de contrarrestar la narrativa exitista que diseminó el gobierno argentino. Pero la acción frente al G20 no está entre nuestras prioridades estratégicas: no andamos siguiendo al G20 por el mundo. De hecho, lo de este año fue una relativa anomalía, porque hay pocos países del sur en el G20. Esperamos que el año que viene la sociedad civil japonesa tome la posta; sería natural que la resistencia contra el G20 pase a ser protagonizada por organizaciones y activistas de Asia. Si bien algunas organizaciones más grandes que están basadas en el norte tienen la posibilidad de ir a todos lados, la lógica indica que en cada caso la movilización sea sobre todo local y regional.

Además de recurrir a la acción callejera, ¿cómo utilizaron los espacios institucionales para la participación de la sociedad civil dentro del G20?

No todo el movimiento de resistencia contra el G20 tiene la misma posición frente a estos espacios. La postura de DAWN es aprovecharlos, y como representante de DAWN yo participé en el Observatorio de Defensoras de Derechos Humanos de las Mujeres, coordinado por Mabel Bianco, presidenta de la organización feminista argentina FEIM (Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer). El objetivo del Observatorio era hacer, durante el año de la presidencia argentina del G20, el seguimiento del cumplimiento de los puntos del plan de implementación de acuerdos básicos aprobado por el grupo W20 (Mujeres20) en Berlín, Alemania, el año anterior. Hicimos algunas actividades locales y nacionales, produjimos policy briefs y otros materiales escritos para incidir sobre quienes iban a participar de las reuniones y negociar las declaraciones en el marco del G20. Trabajamos sobre todo con los grupos de afinidad de G20, y en particular desplegamos mucha actividad alrededor de las reuniones de los grupos de trabajo y las cumbres del C20 (el foro de sociedad civil) y el W20. También hubo participación feminista en otro grupo de afinidad, el T20 (el foro de think tanks), que tenía una task force de género.

La participación en el W20, en particular, fue muy controvertida y trabajosa dentro del movimiento feminista, y nosotras de hecho no fuimos delegadas, aunque sí participamos desde adentro para sentar posiciones en el W20. Esto supuso muchas discusiones con compañeras que consideran que estar adentro es legitimar y convalidar. Son argumentos atendibles, pero mi conclusión después de haber estado tanto adentro como afuera es que fue un acierto que nosotras nos mantuviéramos adentro y algunas compañeras de otras organizaciones aceptaran ser delegadas, porque caso contrario la declaración del W20 hubiera sido mucho peor de lo que fue. Fue muy importante que hubiera voces feministas adentro, y esas voces fueron las nuestras, porque la persona nombrada por el gobierno argentino para liderar el W20 era una mujer de negocios con una mirada no solamente nada feminista, sino también bastante paternalista y completamente divorciada de la realidad en que vive la mayoría de las personas.

En suma, el resultado del trabajo de estos grupos de afinidad depende en gran medida de quién los lidera, y no sorprende que haya sido mucho más productivo el trabajo en el C20, que acabó emitiendo una declaración mucho más positiva que el propio W20 en relación con los derechos de las mujeres.

En una época de creciente nacionalismo económico y populismo de derecha, ¿cómo puede la sociedad civil ofrecer una crítica progresista del neoliberalismo globalizado que tenga eco en la ciudadanía enojada que actualmente abraza el populismo?

Ojalá tuviera una respuesta. Creo que el activismo global, y en particular el que se despliega en estos espacios multilaterales, está fuertemente desconectado de la experiencia en los territorios. El progresismo en general tiene grandes dificultades para entender las experiencias y las opciones de las personas – por ejemplo, porqué en Brasil la gente votó por Jair Bolsonaro, o porqué en Filipinas siguen apoyando a Rodrigo Duterte. Las personas que vivimos en una posición de relativo privilegio somos generalmente incapaces de imaginar cómo vive la gente en las barriadas pobres de nuestras grandes ciudades. Deberíamos hacer un esfuerzo para entender la racionalidad de una mujer con un hijo quemado por la droga que quiere que vengan los militares a sacar a los narcotraficantes a los tiros de la villa. En suma, el activismo global debe reconectarse con las experiencias reales de la gente en los territorios.

En términos generales, el contexto actual es hostil y la prioridad es la resistencia. No creo que estemos en una etapa proactiva de construcción de alternativas, sino que el imperativo número uno es resistir y proteger los pequeños avances que se fueron consiguiendo con tanto esfuerzo a lo largo de décadas en materia de fortalecimiento de derechos e institucionalización de políticas de igualdad. Si bien en última instancia la preservación de esos avances dependerá de la construcción de una narrativa alternativa que permita poner freno a las fuerzas regresivas, lamentablemente aún no hemos llegado a ese punto. Así como estamos, el esfuerzo de construcción de una narrativa alternativa sería extremadamente superficial. El progresismo, al menos en América Latina y posiblemente también en otras latitudes donde la extrema derecha está en ascenso, necesita con urgencia hacer una autocrítica, sin la cual difícilmente pueda avanzar en ninguna dirección. Si experiencias como la del PT en Brasil, que en sus orígenes fueron tan esperanzadoras, acabaron dejando un terreno fértil para que la gente optara por alguien como Bolsonaro, el progresismo tendría mínimamente que preguntarse qué es lo que se hizo mal, como prerrequisito para poder construir una nueva narrativa progresista.

Como feminista y latinoamericana tengo mis esperanzas cifradas en el hecho de que en la región el feminismo lleva años trabajando en el territorio y está más que nunca antes nutrido por las diversas experiencias de vida de las mujeres reales y de las personas en general. Es por eso mucho más plural y menos clasista que nunca antes. Si acaso queda un movimiento social que, en este contexto desolador, tiene un nivel de vitalidad prácticamente incomprensible, es el feminismo. Eso lo está convirtiendo en uno de los actores sociales más relevantes tanto para sostener la resistencia como para construir la alternativa.

 

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ECUADOR: ‘Hoy existen mejores condiciones para el ejercicio de las libertades democráticas’

Daniel BarraganCIVICUS conversa sobre la evolución aparentemente positiva del espacio para la sociedad civil en Ecuador con Daniel Barragán, Director Ejecutivo del Centro Internacional de Investigaciones sobre Ambiente y Territorio (CIIAT) de la Universidad de Los Hemisferios. Conformado en 2015 como órgano de vinculación de la universidad con la comunidad, el CIIAT persigue el objetivo de promover la investigación científica y la formación continua en temas de gestión y derecho ambiental, cambio climático, conservación y gestión del territorio.

¿En qué medida están garantizadas las libertades de asociación, de protesta pacífica y de expresión en Ecuador?

En los últimos dos años se percibe en Ecuador un ambiente de mayor libertad y respeto a estos derechos. El cambio se ha expresado en una política gubernamental de apertura al diálogo y en reformas tanto de las regulaciones que se aplican a las organizaciones de sociedad civil (OSC) como de la Ley Orgánica de Comunicación.

Los decretos 16 y 739, que regulaban a las OSC, fueron derogados a fines de 2017. El decreto 193, con el cual fueron reemplazados, no ha sido utilizado como una herramienta política para coartar derechos o limitar la capacidad de acción de las OSC. El riesgo, sin embargo, sigue latente en la medida que las causales de disolución de OSC se siguen prestando a interpretación discrecional y podrían en el futuro ser aplicadas arbitrariamente por el gobierno de turno.

La Ley Orgánica de Comunicación, por su parte, fue reformada en diciembre de 2018. Tras el veto presidencial parcial de la reforma, permanecen algunos cambios que se orientan a garantizar derechos y que cambian la lógica anterior: ya no se considera a la comunicación como un servicio público sino como un derecho, se amplía la conceptualización del derecho a la libertad de expresión, se elimina el control a los medios y se promueve su autorregulación, se deroga la figura del linchamiento mediático, que penalizaba la difusión reiterada de información para desprestigiar o destruir la credibilidad de alguien, y se eliminan las sanciones administrativas, entre otras cosas. Estos puntos son analizados en un informe técnico mediante el cual la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos trasmitió sus observaciones al proyecto de reforma.

Otro hecho relevante fue la reciente firma de la Declaración de Chapultepec. Esta declaración fue adoptada por la Conferencia Hemisférica sobre Libertad de Expresión en 1994, y firmada por el gobierno de Ecuador en febrero de 2019, en coincidencia con la promulgación en el Registro Oficial de las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación.

Sobre estos temas en particular, es importante rescatar la voluntad política para generar cambios en el ambiente habilitante para las organizaciones sociales y los medios de comunicación. Si bien no necesariamente se ha logrado llegar a las regulaciones ideales y el margen de discrecionalidad en la regulación es aún un tema pendiente, los cambios apuntan en la dirección correcta.

¿Cuál es la situación de los activistas y organizaciones indígenas y ambientalistas en Ecuador?

Si bien se registran casos de criminalización por la defensa del territorio, la situación en Ecuador es diferente de la de otros países de la región en cuanto al nivel de riesgo al que están expuestos los defensores de la tierra y la naturaleza. En el período 2007-2017 la criminalización de la protesta social fue el principal medio para neutralizar y censurar a activistas y ambientalistas, y aún quedan secuelas que no permiten su accionar en un marco de libertad y de garantía del ejercicio de sus derechos. A fines de 2018 la Defensoría del Pueblo se pronunció ante los ataques sufridos por varias defensoras de derechos humanos y de la naturaleza en la provincia de Pastaza, consistentes en el uso indebido del derecho penal, hostigamientos, amenazas, y un incendio provocado en la vivienda de una de ellas. Ante estos hechos, la Defensoría urgió al Estado a adoptar una “política integral de promoción y protección de los derechos humanos y de la naturaleza de manera independiente al actual sistema de protección a víctimas y testigos”.

Por otro lado, a nivel regional ahora tenemos el Acuerdo de Escazú, el primer tratado de derechos humanos ambientales y el primer tratado vinculante a nivel internacional que regula la protección de los defensores ambientales. El acuerdo reconoce explícitamente esta problemática que crece en América Latina, donde ocurre alrededor del 60% de los asesinatos de las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente, según datos de Global Witness para 2017. Y también reconoce el rol de los Estados para garantizar un entorno seguro y la obligación de proteger, prevenir y sancionar ataques y amenazas a los derechos de los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales.

El reto es ahora avanzar en la firma y ratificación de este instrumento. A la fecha el acuerdo tiene las firmas de 16 países: Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Guayana, Haití, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Santa Lucía y Uruguay.

¿Qué significación tuvo el referendo constitucional de febrero de 2018?

El referéndum de febrero de 2018 abordó temas tan diversos como la lucha contra la corrupción, la reestructuración del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), la eliminación de la reelección indefinida, la protección a la niñez y la no prescripción de los delitos sexuales, y la prohibición de la minería en centros urbanos y zonas intangibles. También incluyó dos preguntas de consulta popular sobre la derogatoria de la Ley Orgánica para Evitar la Especulación sobre el Valor de las Tierras y Fijación de Tributos, también conocida como Ley de Plusvalía, y la re-delimitación del Parque Nacional Yasuní para incrementar la zona intangible y reducir el área donde está autorizada la explotación petrolera.

El referéndum produjo un cambio institucional importante, en particular a raíz de la reforma del CPCCS, por las implicaciones que han tenido hasta la fecha en términos de la evaluación y cesación de alrededor de 27 autoridades de control, y los nuevos nombramientos – algunos temporales y otros definitivos - para esos cargos, como ha sido el caso de la Corte Constitucional. El CPCCS fue establecido por la Asamblea Constituyente de 2008 y concebido como un "quinto poder" encargado de auditar a los mecanismos de control, alentar la participación ciudadana y luchar contra la corrupción. También desempeña un papel en el nombramiento de funcionarios, lo que lo convirtió en blanco de fuertes críticas.

Sobre la legalidad de lo actuado en este punto hay diversas visiones; lo que sí es cierto es que la gestión del CPCCS transitorio cuenta, desde mi percepción, con respaldo social y ciudadano.

¿Qué progresos se han realizado en materia de vigencia de las libertades democráticas?

Desde mi punto de vista hoy existen mejores condiciones para el ejercicio de las libertades democráticas. Prueba de ello es la existencia de un ambiente de diálogo, de tolerancia a la opinión contraria y de respeto al Estado de Derecho.

Un ejemplo claro del progreso realizado es la decisión de sumar al Ecuador a la Alianza por el Gobierno Abierto, como una de las medidas no sólo de inclusión ciudadana sino también de lucha contra la corrupción. Para Ecuador es fundamental avanzar en la generación de un clima de confianza sobre la base de la transparencia del accionar de las autoridades y funcionarios, a la vez que de una lógica de corresponsabilidad del ciudadano para con lo público. En este momento estamos avanzando en la construcción del primer Plan Nacional de Acción de Gobierno Abierto. Por otra parte, la semana pasada el Consejo Consultivo de Gobierno Abierto de Quito entregó al alcalde el Plan de Acción de la ciudad para su implementación en 2019. Estoy participando en ambos procesos y puedo dar fe de que cuando hay voluntad política el trabajo articulado entre distintos sectores y actores es posible.

El espacio cívico en Ecuador es clasificado como ‘estrecho’ por el CIVICUS Monitor.

Contáctese con el CIIAT a través de su página web y con la Universidad de Los Hemisferios a través de su perfil de Facebook, o siga a @uhemisferios en Twitter.

 

República Dominicana: grandes oportunidades pero mayores retos para la movilización de recursos domésticos

AddysEl término sostenibilidad se utiliza cada día más por las organizaciones de la sociedad civil (OSC) en América Latina y el Caribe, las cuales se sienten crecientemente desafiadas por los constantes cambios en la arquitectura de financiación que da soporte a la región. Primero, la crisis financiera global que sumergió al mundo hace una década redujo significativamente la cooperación internacional que era la fuente principal de fondos para la mayoría del sector. Luego, las nuevas realidades producto de las economías en desarrollo también han afectado la cantidad y el tipo de fondos accesibles para las OSC. Y no se puede dejar de mencionar la presión en el financiamiento impuesta por el auge del populismo en muchos países. Bajo estas circunstancias, un número creciente de OSC se preguntan si podrán asegurarse un futuro.

 

ESCAZÚ: ‘El trabajo de la sociedad civil hizo una enorme diferencia’

Tras varios años de negociaciones, en marzo de 2018 se aprobó el primer tratado en materia ambiental de América Latina y el Caribe, el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales, mejor conocido como Acuerdo de Escazú. CIVICUS conversa sobre la significación de este acuerdo para la sociedad civil con Aída Gamboa, especialista de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR). Fundada en 2004, DAR es una organización de la sociedad civil que está comprometida en construir y fortalecer la gobernanza ambiental y promover el ejercicio de los derechos humanos en la Cuenca Amazónica. DAR se concentra en temas de política y legislación ambiental, derechos de los pueblos indígenas, cambio climático e inversiones y buena gobernanza en las áreas de infraestructura e industrias extractivas. Participó en el proceso conducente al Acuerdo de Escazú, y actualmente trabaja por su ratificación por parte del Congreso de la República peruano.

¿Qué es el Acuerdo de Escazú? ¿Cuál es su importancia para los defensores de derechos ambientales y para la sociedad civil en América Latina y el Caribe?

El Acuerdo de Escazú es el primer tratado de derechos humanos en materia ambiental para América Latina y el Caribe. Se aprobó en marzo de 2018 después de una negociación que duró alrededor de seis años. Desarrolla el Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992, que busca asegurar el acceso a la información, la participación ciudadana y el acceso a la justicia en asuntos ambientales. El Acuerdo de Escazú desarrolla esos tres derechos y apunta a promover una mejor gobernanza de los recursos naturales en la región. Veinticuatro países lo aprobaron su texto final en marzo de 2018, en la localidad costarricense de Escazú, donde se realizó la última de las nueve reuniones del Comité de Negociación.

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El Acuerdo de Escazú incorpora varios elementos innovadores. Primero, tiene una disposición específica sobre los defensores y defensoras de derechos humanos en materia ambiental, sin precedentes en la región. Segundo, incorpora un enfoque de derechos para pueblos indígenas y poblaciones en situación de vulnerabilidad, con disposiciones para favorecer el acceso de estos grupos al acceso a la información, la participación y el acceso a la justicia. Tercero, también integra el espíritu de los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre obligaciones específicas para las empresas en cuanto al respeto de los derechos humanos en las actividades que realizan.

Para la sociedad civil que ha estado involucrada en el proceso, es el resultado de un trabajo de muchos años promoviendo el acceso a la información y la transparencia ambiental, en un contexto donde la falta de participación y de información sobre los impactos ambientales de los proyectos extractivos y de infraestructura están en el centro de gran parte de los numerosos conflictos socioambientales de la región. Uno de los grandes focos de estos conflictos se encuentra en la Amazonía, donde las poblaciones afectadas exigen una mayor participación en la toma de decisiones desde la etapa de planificación de cualquier actividad de explotación de los recursos naturales, elemento que el acuerdo contempla. Además, un elemento importante del acuerdo es el uso de traductores a otras lenguas y la garantía de gratuidad para asegurar el acceso a la justicia, lo que será fundamental en estos conflictos.

Como lo han denunciado repetidamente los informes de Amnistía Internacional, CIVICUS, Front Line Defenders y Global Witness, todos los años son asesinados en América Latina decenas e incluso centenares de defensores ambientalistas e indígenas. Según el más reciente informe de Global Witness, en 2017 fueron asesinados 207 defensores en todo el mundo, el 60% de ellos en América Latina. Se trató del año más mortífero para defensores socioambientales latinoamericanos desde que se tiene registro. El Acuerdo de Escazú busca reforzar la vigencia de los derechos que están en el centro de los conflictos, la represión y las amenazas – procedentes tanto de los gobiernos como de las empresas y otros actores externos – que enfrentan los defensores en la región.

En muchos países de la región la legislación, que debería proteger derechos, es en cambio usada para criminalizar a los pueblos y activistas que se movilizan ante la violación de su derecho a ser consultados cuando se implementan proyectos que los afectan. En Perú, por ejemplo, aún hoy continúan abiertos los procesos contra líderes tras el Baguazo, una movilización indígena reprimida con decenas de víctimas fatales en junio de 2009. Otro caso trágico fue el asesinato de Edwin Chota, un líder indígena que durante 10 años había denunciado las amenazas que recibía por enfrentarse a actividades ilegales como la tala ilegal. El Acuerdo de Escazú busca dar una respuesta a este contexto. En ese sentido es revelador el hecho de que en la última jornada de las negociaciones se hiciera un homenaje a Berta Cáceres en el segundo aniversario de su asesinato, así como a todos los defensores y defensoras fallecidos en la defensa de sus derechos al territorio y al medio ambiente.

¿Cómo participó la sociedad civil en el desarrollo del acuerdo?

En noviembre de 2014, los 10 países que en 2012 habían firmado la Declaración sobre la aplicación del Principio 10 decidieron iniciar la negociación de un acuerdo regional. Para ello se creó un Comité de Negociación, que eventualmente terminó siendo conformado por 24 países signatarios del acuerdo. En 2014, la decisión que estableció el Comité de Negociación indicó que el proceso incluiría la participación del Público. Para hacer posible esa participación, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), que funcionó como Secretaría Técnica del proceso de negociación, estableció y coordinó el Mecanismo Público Regional, donde más de 2000 personas naturales y jurídicas se registraron para recibir periódicamente información sobre el proceso y participar en las reuniones presenciales y virtuales del Comité de Negociación.

DAR participó a través del Mecanismo Público desde 2015, primero en forma virtual y luego desde 2016 más intensamente, tomando parte también de las reuniones presenciales. En marzo de 2015, todos los que estábamos inscritos votamos en la elección de los representantes para el Mecanismo Público de manera electrónica, dos principales y cuatro suplentes. Fueron electos por un período de dos años, con derecho a participar en las reuniones del Comité de Negociación y de los grupos de trabajo u otros espacios que pudieran establecerse. Esta modalidad de participación ha sido reconocida internacionalmente como un estándar elevado de participación en negociaciones internacionales.

El Mecanismo Público dio a la sociedad civil voz pero no voto: los representantes de sociedad civil podían participar de las reuniones a la par de los delegados de los países, pero no tenían voto en las decisiones. Sin embargo, en la práctica el nivel de incidencia de la sociedad civil fue muy bueno, ya que logró llevar a la mesa las propuestas consensuadas previamente entre un gran número de organizaciones, repartiéndolas a los delegados y exponiéndolas en las reuniones. La sociedad civil pudo influir sobre las posiciones de muchos de los delegados gubernamentales y muchas de sus propuestas, aunque no todas, fueron incorporadas.

Con el apoyo financiero de fundaciones internacionales, se logró institucionalizar una red de más de 30 organizaciones de la sociedad civil (OSC), la red LACP10. En 2016, hubo un primer encuentro en Panamá para aportar estratégicamente al texto inicial del acuerdo propuesto por CEPAL. En ese año se empezó a discutir con más profundidad los artículos sobre acceso a la información, participación y acceso a la justicia, por lo que las discusiones fueron más intensas. Todos los que participábamos en las reuniones presenciales tuvimos derecho a voz en representación del público y a participar de todos los espacios. Esto se logró gracias al estrecho trabajo de articulación entre sociedad civil y representantes electos.

La red de sociedad civil hizo comentarios y observaciones a todos los artículos del texto propuesto por la CEPAL, así como a las versiones subsiguientes. El texto también fue distribuido a todos los contactos y aliados de las organizaciones integrantes de la red, y se recogieron sus aportes. Así, cuando participaban de las reuniones de negociación, los representantes de sociedad civil llevaban comentarios de todas las organizaciones involucradas de la región. También tuvimos una estrategia de comunicación y de alianza con organizaciones internacionales de la sociedad civil para que el acuerdo tuviera mayor difusión y fuera objeto de debate.

El trabajo de la sociedad civil con los gobiernos que participaban del proceso tuvo continuidad y fue más allá de las interacciones con los delegados gubernamentales en el curso de las negociaciones. En cada país, los puntos focales de sociedad civil se reunían periódicamente con funcionarios de sus respectivos gobiernos. En Perú, DAR y la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental trabajamos estrechamente con el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Relaciones Exteriores para llevarles las propuestas de la sociedad civil nacional y regional y lograr que los delegados peruanos las integraran dentro de la propuesta nacional. Con ello se lograron posiciones más consistentes en las reuniones de negociación. En general hubo bastante articulación entre la sociedad civil y los diferentes gobiernos, aunque en algunos países los funcionarios fueron más reticentes a recibir las propuestas de sociedad civil.

¿El trabajo de la sociedad civil hizo una diferencia significativa en el texto final del acuerdo? ¿Qué cosas no hubieran entrado de no ser por la incidencia de la sociedad civil?

El trabajo de la sociedad civil hizo una enorme diferencia. El tema de los defensores fue una propuesta de la sociedad civil que no estaba en la primera versión del acuerdo. Este sin duda ha sido el gran logro y un hito histórico para la democracia ambiental, pues ningún otro tratado internacional cuenta con disposiciones para la protección de los defensores y defensoras. Lo mismo ocurrió con la inclusión de las personas en situación de vulnerabilidad: se trabajó arduamente en una definición y se impulsó su inclusión en los artículos del acuerdo.

También fue la sociedad civil la que impulsó que los parámetros de la información socioambiental que debe difundirse públicamente fuera más amplia. Nosotros luchamos mucho porque había muchos puntos que los Estados no querían incorporar, como el registro de contaminantes o la difusión de información sobre riesgos y evaluación de impactos ambientales, pero que finalmente se incluyeron. También fue la sociedad civil la que impulsó la incorporación de los principios preventivo, precautorio y de no discriminación. Además, se trabajó mucho para que la definición del público fuera lo más amplia posible. Otra apuesta de la sociedad civil fue que el acuerdo no contara con reservas. Si bien no conseguimos todo lo que queríamos, estamos satisfechos con el resultado.

Hay que reconocer, sin embargo, que el proceso de negociación tendió a caracterizarse por la presencia de organizaciones más o menos grandes de cada país, en tanto que la participación de las comunidades y los defensores cuyos derechos se busca resguardar fue muy escasa. Hubiéramos querido que más líderes indígenas tuvieran voz en las negociaciones, pero hubo grandes limitaciones de financiamiento para la participación en el proceso regional, que en parte pudimos suplantar buscando una mayor participación en los procesos nacionales y a través de las redes virtuales.

En la quinta ronda de negociaciones, realizada en Chile en 2016, participó la lideresa indígena peruana, Ruth Buendía, ganadora del Premio Medioambiental Goldman; y en el evento celebratorio del acuerdo, realizado en Nueva York en septiembre de 2018, estuvo presente el líder indígena Lizardo Cauper, presidente de Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana. Sus participaciones también fueron el resultado de esfuerzos de articulación de la sociedad civil. En el proceso de ratificación queremos avanzar en esa dirección y seguir involucrando no solamente a mayor cantidad de organizaciones y activistas, sino en particular a más organizaciones de base, movimientos sociales locales y dirigentes indígenas.

Escazu 2

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¿Qué trabajo está haciendo la sociedad civil para que los estados ratifiquen el acuerdo?

Todas las organizaciones participantes se comprometieron a promover la firma del acuerdo por los gobiernos de sus países y la ratificación por sus legislaturas. En septiembre de 2018, la sociedad civil participó en un evento con CEPAL mara celebrar el acuerdo y marcar el inicio del período de firma. Quince países firmaron el acuerdo en septiembre de 2018 y en noviembre se sumó Bolivia.

Pronto armaremos una estrategia de incidencia para que los países inicien más rápidamente el proceso de firma y ratificación del acuerdo, que estará abierto durante los dos próximos años. Hasta ahora las organizaciones de cada país lo están haciendo internamente según sus posibilidades, en conexión con la estrategia coordinada que ya estamos empezando a preparar en intercambios virtuales. En Perú ya hemos tenido reuniones con funcionarios de Medio Ambiente y Relaciones Exteriores, así como con congresistas involucrados en el proceso. Nuestro país firmó el acuerdo en septiembre pasado y esperamos que la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República lo examine pronto para que el pleno pueda discutirlo y ratificarlo. Lo mismo está sucediendo en otros países, con campañas comunicacionales para la difusión del acuerdo y acciones de incidencia con los poderes ejecutivo y legislativo. Los avances realizados varían de país en país: en Argentina, por ejemplo, se ha avanzado un poco más y ya hay un proyecto de ley de ratificación; el gobierno de Costa Rica ya indicó públicamente que va a ratificar el acuerdo.

¿Qué más se necesita para garantizar los derechos de los defensores de derechos ambientales?

Este acuerdo va a ayudar a garantizar los derechos de los defensores ambientales y esperamos que en el curso de los próximos dos años por lo menos 11 países lo ratifiquen para que pueda ser implementando integralmente en cada país. No obstante, se necesitará más que un acuerdo internacional para garantizar efectivamente los derechos de los defensores del medio ambiente.

En Perú se aprobó en 2018 un Plan Nacional de Derechos Humanos que se engarza con el Acuerdo de Escazú, ya que dispone varios procedimientos para la protección de defensores, tales como un registro nacional de denuncias y un sistema de alerta temprana; hay también un plan nacional específico sobre empresas y derechos humanos. Muchos de estos puntos están contemplados no solo en el Acuerdo de Escazú sino también en planteamientos que han realizado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y diversas instancias de las Naciones Unidas.

Un elemento importante va a ser el trabajo del Poder Judicial en cada país. En Perú, con el apoyo de DAR y otras organizaciones, el Poder Judicial viene realizando diversas iniciativas para fortalecer la justicia ambiental, tales como programas de capacitación en temas ambientales, congresos internacionales en justicia ambiental, la creación de un Observatorio de Justicia Ambiental (sobre delitos ambientales) y el establecimiento de juzgados especializados en materia ambiental. El proceso ha comenzado en las regiones amazónicas, donde hay mayor prevalencia de conflictos ambientales, e integrará elementos de interculturalidad.

En suma, hay muchos mecanismos que los países pueden ir implementando independientemente del Acuerdo de Escazú para identificar quiénes son las personas y pueblos que padecen violaciones de derechos humanos, hacer un seguimiento, tomar medidas preventivas y sancionadoras ante las amenazas que enfrentan, y difundir la perspectiva de derechos humanos en el sector empresarial.

¿Qué apoyo necesitan los defensores de derechos ambientales en América Latina y el Caribe de parte de la comunidad internacional?

En este momento DAR está apoyando el Programa de Defensores y Defensoras Indígenas de la Cuenca Amazónica de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica. Este programa combina documentación, capacitación de líderes, incidencia en organismos regionales e internacionales de derechos humanos y defensa jurídica de defensores criminalizados.

La comunidad internacional puede apoyar este trabajo desde diversos ángulos: amplificando las denuncias, llevándolas a foros como la CIDH y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y hacer seguimiento de la implementación de las recomendaciones de las instancias internacionales a los Estados. Es importante involucrar a los órganos internacionales de derechos humanos en estos procesos y lograr su presencia en el lugar de los hechos.

Por ejemplo, en marzo de 2017, DAR y otras cinco OSC solicitamos una audiencia sobre transparencia en el sector extractivo en Guatemala, Nicaragua y República Dominicana. La audiencia documentó las restricciones del acceso a la información en casos específicos de proyectos de inversión, incluyó testimonios de afectados por vulneraciones del acceso a la información, y recalcó que esta restricción a su vez afectó el ejercicio de los derechos a la consulta, la participación, la salud y un medio ambiente sano, entre otros. A raíz de esta audiencia existe ahora un trabajo colaborativo entre la sociedad civil y la CIDH, y esta se ha comprometido a producir un documento con recomendaciones sobre el acceso a la información en contextos extractivos. Alertada por las denuncias efectuadas en la audiencia, cuando visitó Guatemala la CIDH viajó a la zona donde se estaban produciendo las vulneraciones de derechos denunciadas.

La articulación de esfuerzos para lograr mayor impacto es clave. Un buen ejemplo de ello ha sido precisamente el proceso de Escazú, donde el apoyo internacional y la articulación entre lo regional y lo nacional consolidaron el trabajo de la sociedad civil. Asimismo, varios relatores de las Naciones Unidas hicieron un llamado a todos los países de la región para la pronta firma y ratificación del acuerdo, lo cual pudo haber influido sobre varios estados que lo firmaron.

En el marco del proceso de ratificación, será fundamental que la sociedad civil internacional contribuya a diseminar los esfuerzos de la sociedad civil de cada país y a nivel local, en los territorios. En Perú estamos trabajando para que la ciudadanía conozca los contenidos del acuerdo. Creemos en la necesidad de ampliar la participación y estamos haciendo esfuerzos para poder llevar los contenidos y el proceso de ratificación del acuerdo al nivel subnacional.

Contáctese con DAR a través de su página web o su perfil de Facebook, o siga a @ONGDAR en Twitter.

Fotos
1. Aída Gamboa
2: Comisión Económica para América Latina y el Caribe
3&4: DAR

 

VENEZUELA: La crisis demanda una respuesta combinada de acción humanitaria y derechos humanos

Beatriz BorgesVenezuela lleva largo tiempo inmersa en una crisis política. En mayo de 2018, mientras cientos de miles de venezolanos abandonaban el país huyendo del hambre y la persecución política, el presidente Nicolás Maduro era relecto en un proceso electoral cuya limpieza fue cuestionada por numerosos actores de la sociedad civil y la comunidad internacional. CIVICUS conversa sobre la situación actual con Beatriz Borges, Directora Ejecutiva del Centro de Justicia y Paz (Cepaz), una organización de la sociedad civil enfocada en la promoción y la defensa de los valores democráticos, los derechos humanos y la cultura de paz en Venezuela.

 

CHILE: Las protestas revelaron la falta de accountability de la Iglesia Católica

Cristian Leon GonzalezEn 2018 se produjo en Chile una serie de protestas, que luego se extendieron a otros países, en reacción a las revelaciones de abusos sexuales perpetrados por sacerdotes católicos. CIVICUS conversa sobre la respuesta que ellas suscitaron con Cristián León González, vocero de la Fundación Voces Católicas, una organización de la sociedad civil chilena dedicada a presentar la posición de la Iglesia Católica en la prensa y otros espacios públicos. Si bien no es representación oficial de la Iglesia, Voces Católicas cuenta con el respaldo de sus autoridades, y busca representar los puntos de vista de la institución en toda su amplitud y diversidad. Inspirada en la organización del mismo nombre del Reino Unido, fue establecida en Chile en 2012. 

 

ARGENTINA: ‘El cambio es inevitable, es solo una cuestión de tiempo’

Twitter: Edurne Cárdenas

En 2018, tras años de esfuerzos de la sociedad civil, el Congreso argentino por primera vez debatió un proyecto de legalización del aborto. Aunque la prohibición, excepto en algunas circunstancias específicas, sigue en pie, los actores pro-legalización consideran que el debate ha progresado. CIVICUS conversa sobre la campaña con Edurne Cárdenas, abogada del equipo internacional del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), una organización de derechos humanos de Argentina. El CELS fue fundado en 1979, durante la dictadura militar, para promover los derechos humanos, la justicia y la inclusión social. En sus primeros años, el CELS luchó por la verdad y la justicia ante los crímenes del terrorismo de estado, para luego ampliar su agenda para incluir las violaciones de derechos humanos cometidas bajo la democracia, sus causas estructurales y su relación con la desigualdad social. CELS promueve su agenda a través de investigaciones, campañas, alianzas con otros actores de la sociedad civil, incidencia y políticas públicas y litigio estratégico en foros nacionales e internacionales.

¿Cuándo comenzó el CELS, una organización clásica de derechos humanos, a trabajar sobre derechos sexuales y reproductivos, y por qué?

El CELS ha tenido una gran capacidad para trabajar en la época que le ha tocado y, en consecuencia, para enriquecer su agenda, siempre actúa en alianza con movimientos sociales y otras organizaciones. En la Conferencia de Viena sobre Derechos Humanos, en 1993, se articuló explícitamente la idea los derechos de las mujeres como derechos humanos. A mediados de los ’90, creo que más precisamente en 1996, el informe anual del CELS incluyó contribuciones de activistas del movimiento de mujeres acerca de los derechos reproductivos. En los años siguientes, muchas veces en alianza con otras organizaciones, el CELS participó en presentaciones ante órganos internacionales de protección: por ejemplo, en 2004 contribuyó a un informe sombra ante el Comité de las Naciones Unidas para la eliminación de la discriminación contra la mujer (CEDAW). La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito se formó en 2005 y el CELS pasó a integrarla en 2012. Poco después de esos primeros artículos en el informe anual, se incorporó de forma paulatina a nuestras preocupaciones sobre las violaciones de derechos humanos el acceso a los abortos no punibles, como los denomina el Código Penal, es decir, abortos que son legales si peligra la vida o la salud de la mujer o si el embarazo es producto de una violación. La temática también se instaló a partir del gran trabajo militante de activistas feministas al interior de la organización.

En suma, si el CELS trabaja sobre este tema es porque entiende que la penalización del aborto impacta de forma negativa en el goce de las mujeres de sus derechos humanos. El aporte central del CELS fue inscribir el debate del aborto dentro del paradigma de los derechos humanos y poner en circulación argumentos de derechos humanos para alimentar el cuerpo argumental de la cuestión. El CELS no se especializa en salud, pero trabaja en alianza con otras que examinan el problema desde ese ángulo. Desde nuestro punto de vista, se trata de un tema en el que está en juego la libertad y la igualdad, cruzado por otras cuestiones que históricamente han sido centrales en nuestro trabajo: la violencia institucional.

 

El debate por la legalización del aborto avanzó más que nunca en Argentina durante 2018, pero no alcanzó para que la ley se aprobara. ¿Qué lecciones extraes de esta experiencia?

En 2018 por primera vez se trató en el Congreso una iniciativa para legalizar el aborto. Fue la séptima vez que se presentó una iniciativa de estas características y se trató de un proyecto promovido y redactado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que nuclea a más de 500 organizaciones del movimiento de mujeres, articulada, horizontal y con 13 años en esta lucha. Antes de 2018, los proyectos no habían avanzado ni siquiera en las comisiones que deben dar dictamen para que se trate en el recinto. La Argentina tiene ya una tradición de feminismo muy movilizado y, desde 2015, con mucha presencia en las calles y una demanda clara de aborto legal. Este año empezó con una novedad: en su discurso de apertura de las sesiones legislativas, el presidente de la Nación hizo mención al tema, con lo cual, gracias a la presión de la agenda feminista, habilitó el debate parlamentario. Fue algo absolutamente inédito. Lamentablemente, luego de recibir media sanción en Diputados en junio de 2018, la iniciativa fue rechazada por el Senado en agosto.

El proceso estuvo liderado por el movimiento de mujeres. Todos los otros movimientos y organizaciones nos integramos detrás de ese liderazgo. En Diputados la estrategia fue exitosa porque fue multipartidaria y diversa, la participación de los movimientos fue fuerte y la influencia de la calle se hizo sentir. En el Senado, la cámara más conservadora, hizo falta más trabajo. Allí nos fallaron las alianzas, que no lograron replicar la transversalidad que hubo en Diputados. Una pregunta que quedó planteada, entonces, fue cómo llegar a la cámara más conservadora con un reclamo que necesariamente debe pasar por allí.

Además, lo que la derrota en el Senado dejó en evidencia fue que tenemos que trabajar más para entender y contrarrestar el discurso de posverdad nuestros adversarios. Estamos viendo una avanzada conservadora que pone en riesgo la calidad institucional y, en última instancia, la institucionalidad democrática. Lo que fue interesante es que toda la ciudadanía pudo enterarse y tomar nota de qué piensan y cómo votan sus representantes.

Podría decirse que los resultados de esta batalla han sido agridulces. ¿Cuánto hubo en ellos de derrota y cuánto de victoria, y por qué?

La postal de desilusión del 9 de agosto, cuando el Senado votó en contra, es una imagen muy parcial del proceso. En nuestro balance, la lista de lo que ganamos es mucho más larga que la lista de lo que perdimos. Entre lo perdido está por supuesto esta oportunidad -pero solo esta, la de 2018, porque realmente creo que el cambio es inevitable y es solo una cuestión de tiempo. No sé si el año en 2019, pero en algún momento va a ocurrir. Y lo que sí creo que tiene que pasar en 2019 es que, tratándose de un año electoral, todos los temas que se pusieron sobre la mesa durante este proceso deben ser parte de la agenda de la campaña presidencial.

Lo que ganamos, sin duda, fue masividad y presencia en el espacio público –tanto en la calle como en la opinión. Este año se discutió sobre el aborto como nunca antes, se quebraron silencios y tabúes. Pero el proceso tuvo un subproducto negativo: al poner en la agenda un tema divisivo, al volverse la movilización tan masiva y adquirir tal centralidad en la escena política, generó una fuerte reacción de los sectores más conservadores. Estos sectores se organizaron y también ganaron una visibilidad que antes no tenían.

Con la emergencia de estos actores, el debate por el derecho al aborto puso en discusión algunas cosas que creíamos que eran consensos básicos intocables. Pero algunos sectores comenzaron a decir en voz alta cosas que hace pocos años no estaban bien vistas. Así, por ejemplo, la campaña “Con mis hijos no te metas”, contra la ley de educación sexual integral, puso en cuestión el rol del Estado en la educación.

¿Qué rol desempeñó el CELS en la campaña por la legalización del aborto?

El liderazgo indiscutido en todo el proceso fue del movimiento de mujeres, y específicamente de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. El CELS es parte de la Campaña, pero junto a otras organizaciones de derechos humanos hicimos específicamente un aporte importante de organización, articulación y argumentación.

Por su trayectoria, el CELS es una organización con mucha legitimidad. Que el CELS hable de aborto puede marcar la diferencia a la hora de llegar a audiencias más amplias. Ya desde 2014, cuando pareció que el proyecto de legalización podía tratarse en comisión, el CELS comenzó a elaborar insumos para el debate legislativo, con una revisión de la jurisprudencia y los estándares vigentes y, en suma, la justificación de por qué el debate sobre el aborto tenía que darse en clave de derechos humanos.

Al mismo tiempo, el CELS ha participado en distintas causas judiciales en calidad de amigo del tribunal. Aunque consideramos que el objetivo último, y el único compatible con el reconocimiento de la autonomía de las mujeres como sujetos plenos de derecho, es la legalización del aborto, hemos considerado necesario entretanto asegurar que puedan realizarse los abortos que ya son legales, según las causales para abortos no punibles. En 2012, en su fallo en el caso F.A.L., la Corte Suprema clarificó sin lugar a dudas las causas permitidas para acceder a un aborto de forma legal y las obligaciones del Estado en consecuencia. Este hecho reflejó el gran trabajo realizado por los movimientos de mujeres y de derechos humanos en las calles, en los hospitales, en la academia, en los tribunales. Pero el acceso es muy desigual, y aún en provincias “de avanzada” sigue habiendo barreras para el acceso a abortos legales. En gran medida eso refleja la limitación estructural del sistema de causales, que fracasa porque depende de que alguien certifique esas causales. Además de que el sistema de causales descarta de entre las posibles causales a la más importante: la voluntad de la persona embarazada. Esto es lo que puso en primer plano el proyecto de ley que aprobó la Cámara de Diputados.

Durante el debate de 2018, el CELS hizo varias presentaciones en las audiencias públicas en ambas cámaras del Congreso, en apoyo del proyecto. El director ejecutivo y yo expusimos en Diputados – significativamente, tanto en la apertura como en el cierre del debate – y nuestro director de litigio expuso en el Senado. Editamos al momento del comienzo del debate una publicación que suscribió gran parte del arco del movimiento de mujeres, feminista y organizaciones con argumentos, legislación y jurisprudencia, para acercar información clara a los y las representantes de ambas cámaras.

También estuvimos presentes en las calles, no solamente en las vigilias durante las sesiones de votación, sino también en la organización, dando apoyo y coordinando con el movimiento de mujeres, las otras organizaciones de la Campaña por el Aborto Legal, las estudiantes secundarias, profesionales de la salud y otros actores movilizados. Esta articulación y la presencia sostenida del movimiento en las calles fueron lo que marcó la diferencia durante 2018. Finalmente, nos manifestamos enérgicamente por la libertad de expresión y el derecho de manifestación, ya que a lo largo de este proceso se produjeron diversos actos de violencia contra activistas por la legalización por parte de grupos movilizados en contra.

 

Has mencionado varias veces la oposición de los grupos anti-derechos ¿Crees que estos grupos están en ascenso? De ser así, ¿qué debería hacer la sociedad civil progresista para proteger los derechos ganados y seguir avanzando?

Los grupos anti-derechos efectivamente han crecido y se organizan bajo un paraguas en común contra lo que llaman “ideología de género”. Este debate fue para ellos una oportunidad para organizarse como nunca antes. Ahora son más: antes eran solamente grupos vinculados con la Iglesia católica, y ahora hay también numerosos grupos de iglesias evangélicas, bien organizados y bien financiados, así como otros grupos no necesariamente religiosos. Su presencia nos demanda atención porque sus objetivos van contra los derechos de buena parte de la población, ya que buscan limitar el acceso a derechos de la infancia, de mujeres, lesbianas, gays, travestis, personas trans. Están aterrizando en toda América Latina y su presencia nos plantea interrogantes sobre sus alianzas y fines. ¿Cómo y cuándo llegaron a la Argentina? ¿Cuáles son sus demandas, hasta dónde están dispuestos a llegar? Hemos visto que detrás del “no al aborto” traen una agenda más amplia, relacionada con el rechazo de lo que llaman “ideología de género”, de la educación sexual en las escuelas, hasta de las vacunas, y quién sabe de qué más.

El movimiento progresista necesita pensar una estrategia para enfrentarlos. La fortaleza del movimiento de derechos humanos es el uso de la creatividad y de la estrategia de la razón. En cambio, lo que hacen los movimientos anti-derechos es copiar en espejo las estrategias del movimiento de derechos humanos. Ahora bien, aunque corremos con la ventaja de la creatividad y la innovación, el movimiento anti-derechos nos está haciendo perder el tiempo discutiendo cosas que creíamos que estaban saldadas. Para colmo no es ni siquiera una discusión honesta, ya que las afirmaciones que hacen e incluso los datos que utilizan no resisten el menor chequeo. Lo que resulta de esto no es un debate, es decir, un auténtico intercambio de argumentos y razones. Pero así y todo no tenemos otra alternativa que responder. De modo que cuando “debatimos”, en realidad no debatimos con ellos ni para tratar de convencerlos a ellos, sino que lo hacemos ante una audiencia, para convencer a esa audiencia. Usamos ese simulacro de debate para levantar nuestros principios ante la opinión pública. En esto, las redes sociales han sido clave, aunque también han sido un arma de doble filo. De hecho, fue en este debate donde pudimos ver de primera mano el funcionamiento de las “fake news” (noticias falsas), sobre todo cuando las recogen actores de peso fuera de las redes y las llevan a otros terrenos. Pasó, por ejemplo, que datos totalmente falsos tomados de las redes fueron citados por legisladores en el debate parlamentario. En ese terreno tenemos mucho por hacer.

Un desafío para nuestros movimientos es liderar la agenda de los debates. Esto nos plantea la necesidad de estar un paso adelante en la discusión. Nosotros no debemos “debatir” con los grupos anti-derechos, sino hablar para las grandes audiencias y debatir con los representantes elegidos por el pueblo, que son quienes tienen la obligación de sancionar leyes en nuestro beneficio y de cumplir con la obligación del Estado de garantizar al goce de los derechos humanos. El debate por la legalización del aborto fue una punta de lanza para pensar otras cuestiones. El sistema de causales para el aborto legal, similar al que se acaba de aprobar en Chile, existe en Argentina desde 1921. El paso de un sistema de causales a un sistema de plazos requiere de una simple decisión legislativa de modificación del Código Penal. ¿Por qué tanto revuelo entonces? Porque este debate pone en primer plano otras discusiones: cuál creemos que deba ser el rol de las mujeres y las personas gestantes, cuál debe ser el rol del Estado, hasta dónde y en qué cosas se mete… y ahí es donde saltan las contradicciones de los sectores conservadores, que quieren que el Estado se meta hasta en tu cama para penalizar, pero que a la hora de educar o de vacunar mejor no se meta.

No podemos quedarnos a la defensiva, tenemos que ir a la ofensiva e instalar la cuestión de la laicidad y plantear el rol del Estado. Y debemos hacerlo en un contexto subregional regresivo. Brasil, nuestro gran vecino y principal socio, acaba de elegir un presidente que está alineado con la agenda de su poderosa bancada evangélica y que acaba de designar como Ministra de Derechos Humanos a una pastora evangélica que dice que la mujer nace para ser madre.

El espacio cívico en Argentina es clasificado como ‘estrecho’ por el CIVICUS Monitor.

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BOLIVIA: Limitación de los espacios a salvo de la cooptación o la represión estatal

CEDLA: Javier Gómez

Bolivia fue testigo de varias protestas en 2018. CIVICUS conversa sobre ellas con Javier Gómez Aguilar, Director Ejecutivo del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA). Fundado en 1985, el CEDLA es un centro de investigaciones sin fines de lucro dedicado a producir y difundir conocimiento crítico sobre la problemática laboral, a incidir en el debate público y a trabajar directamente con los y las trabajadores/as y sus organizaciones; así como con instituciones de desarrollo, contrapartes financieras y otras organizaciones sociales y redes regionales e internacionales.

¿Cómo describiría el ambiente para la sociedad civil en Bolivia durante el último año?

Nuestro marco normativo es el de una democracia liberal multipartidista con elecciones periódicas y división de poderes; sin embargo, se observa la tendencia, y no solo en Bolivia, hacia un régimen de partido dominante y concentración personalista del poder. El Movimiento al Socialismo (MAS) liderado por Evo Morales es un partido fuertemente arraigado en los sectores populares, que a lo largo de 12 años en el poder ha ido copando el espacio de la sociedad civil. Lo ha hecho a través de mecanismos muy diversos: criminalización de la protesta, persecución de opositores, división de organizaciones sociales, presión sobre organizaciones de la sociedad civil (OSC), acoso impositivo o relativo al cumplimiento de normas laborales, compra de medios de comunicación, retaceo de publicidad oficial a medios independientes, e incluso vigilancia en las redes sociales.

El uso de estos mecanismos se ha acentuado a medida que el partido de gobierno, pese a continuar siendo el más importante, ha perdido apoyo. Como el gobierno controla los cuatro poderes del Estado, contrarresta con estos mecanismos su progresiva pérdida de legitimidad. El descontento ha aumentado y también lo han hecho las protestas, pero no en igual proporción. El gobierno sigue controlando la calle y conserva la capacidad de movilizar a sus partidarios, y en particular a funcionarios públicos y poblaciones que reciben transferencias o subsidios del Estado.

Si alguna OSC denuncia violaciones de derechos o de normas ambientales, el gobierno responde muy agresivamente y denuncia al vocero, acusándolo de estar vinculado a intereses políticos inconfesables, sobre todo del imperialismo estadounidense. El CEDLA recientemente publicó un informe sobre la situación de las empresas públicas, y el gobierno nos descalificó agresivamente. Ellos no discuten el contenido – nosotros usamos información que es pública, y lo único que hacemos es analizarla - y en cambio buscan desprestigiar a la fuente. Pueden vincularnos tanto con la izquierda radicalizada, como – si recibimos financiamiento europeo – decir que representamos a la derecha que ha ido llegando al poder en Europa. Lo que sea para construir una narrativa en la cual nosotros aparezcamos como conspirando activamente contra un gobierno progresista.

Además, en noviembre de 2018 se filtró un audio en el que el comandante de policía informaba a las autoridades del gobierno sobre acciones de “monitoreo” a periodistas y opositores en las redes sociales, y decía algo muy revelador: que se estaban realizando acciones para “informar y desinformar”.

En consecuencia, muchos se autocensuran o se autolimitan, y la agenda pública se debilita. Ante el activismo que persiste, el gobierno apela a la estigmatización y lo trata de mentiroso, a la persecución fiscal y a la criminalización, llegando incluso a la persecución judicial. Esto ha pasado con todos los movimientos sociales que se han movilizado en los últimos años. El caso más extremo, a lo largo de todo 2018, ha sido el de los productores de coca de Yungas, que desde hace tiempo reclaman ampliar la producción ante la negativa del gobierno, que en cambio lo permitió  a los productores del Chapare, la otra región cocalera de donde proviene Evo Morales. Este sector de cocaleros se moviliza desde hace años, pero a mediados de 2018 el gobierno comenzó a denunciar que estaban vinculados a sectores armados, y en agosto una movilización terminó con un hecho muy extraño que resultó en la muerte de un policía, y el principal dirigente del movimiento quedó detenido.

Esta situación se repite invariablemente con cada sector que se moviliza y que de algún modo representa una amenaza para el gobierno: las protestas terminan con dirigentes denunciados por violencia, procesados sin garantías del debido proceso, y detenidos preventivamente por períodos prolongados. Es bastante común que, cuando logran salir con medidas sustitutivas, opten por irse del país. El resultado es la desmovilización.

¿Cuáles fueron las causas de las protestas estudiantiles que tuvieron lugar en 2018? ¿Cómo reaccionó el gobierno ante ellas?

Las movilizaciones estudiantiles se iniciaron por un reclamo presupuestario en la Universidad Pública de El Alto (UPEA), una universidad nueva, nacida de la efervescencia popular del 2000, pobre y con mucha matrícula. La UPEA estuvo movilizada desde principios de 2018, y en marzo en una protesta murió un estudiante, Jonathan Quispe Vila. El gobierno enseguida afirmó que el muchacho había muerto por el impacto de una canica que los mismos estudiantes estaban utilizando, aunque los videos caseros disponibles parecen mostrar que recibió el impacto de un proyectil usado por la policía. En todo caso, no hubo una clara investigación de lo ocurrido, y si bien inicialmente hubo nuevas movilizaciones en protesta por esta muerte, el efecto último fue de desmovilización, en este caso por efecto del temor al enfrentamiento con la policía.

Otra movilización relevante de 2018, en rigor iniciada a fines de 2017, fue la de los médicos. Los médicos hicieron una larga huelga y numerosas protestas contra un nuevo artículo del Código Penal que, mediante procesos casi administrativos, imponía penas de entre 5 y 9 años de cárcel por negligencia y mala praxis. Los trabajadores de la salud estuvieron movilizados durante todas las fiestas de fin de año de 2017 y hasta el 21 de febrero de 2018, fecha en que la ciudadanía se moviliza para mantener en la agenda el hecho de que en 2016 el presidente Evo Morales perdió el referéndum con el cual pretendía obtener la prerrogativa de postularse a una nueva reelección. En el curso de las protestas de los médicos hubo episodios de enfrentamiento, violencia y persecución. En enero de 2018 la policía irrumpió violentamente en el Convento de San Francisco de La Paz, para arrestar a médicos y estudiantes de Medicina que se habían refugiado allí ante la represión que enfrentaron cuando intentaron bloquear el paso del Rally Dakar, que atraviesa Bolivia. Esto fue extraordinario: históricamente, la iglesia en Bolivia cobijó diversas protestas, incluso huelgas de hambre contra la dictadura, y hasta ahora nunca había habido ninguna intervención semejante. Actualmente ya casi no quedan espacios a salvo de la represión estatal. En el caso de los médicos, la movilización cedió cuando el Código Penal fue abrogado.

Ante todas las movilizaciones se observa el mismo comportamiento del aparato estatal, que incluso ante demandas sectoriales que de por sí no necesariamente cuestionan al gobierno, deja crecer conflicto, alimenta la polarización, espera a que inevitablemente se produzcan desórdenes y enfrentamientos con la policía, y después acusa de la violencia, detiene y procesa a los dirigentes de los sectores movilizados. Actores de la oposición se colocan del lado de estos movimientos con el argumento de que el gobierno no los está escuchando, y entonces conflictos que son inicialmente sectoriales o territoriales terminan siendo tratados como intentos de desestabilización orquestados por la oposición.

¿Cuándo y por qué se reavivaron las protestas contra la reelección presidencial? ¿Por qué este problema no se cerró de una vez con el referéndum de 2016?

El referéndum de febrero de 2016 fue convocado por el propio presidente con la intención de conseguir luz verde para reformar la Constitución – una Constitución que había sido aprobada bajo su gestión - de modo de habilitar una nueva reelección. El mecanismo del referéndum entrega a la ciudadanía la última palabra, de modo que el tema de la reelección debería haber quedado cerrado con triunfo del NO y el presidente no debería poder repostularse.

La Constitución actual permite una sola reelección, pero el presidente va ya por su tercera gestión de gobierno, ya que la primera no fue tomada en cuenta porque tuvo lugar bajo la Constitución anterior. Tras 12 años en el poder, la disputa por la reelección refleja una gran fragilidad institucional del partido gobernante. La prohibición de la reelección no equivale a una proscripción del partido: el MAS podría presentar a otro candidato. Pero Evo Morales hoy no tiene reemplazo porque, en vez de asumir tempranamente que no habría reelección y producir liderazgos alternativos, el gobierno se dedicó a buscar vías alternativas para superar la prohibición.

Como el NO ganó por muy escaso margen, se ha llegado a afirmar que “casi” fue un empate, y que por lo tanto el resultado no fue concluyente. En el terreno judicial, dos diputados oficialistas presentaron un reclamo de inconstitucionalidad invocando el Pacto de San José de Costa Rica, que tiene un estatus superior a la Constitución Nacional. Afirman que, según la Convención Americana de Derechos Humanos, que garantiza el pleno derecho de los ciudadanos a elegir y ser elegidos, la prohibición de la reelección estaría violando los derechos políticos del presidente.

Apenas días antes de terminar su mandato, en diciembre de 2017, el Tribunal Constitucional hizo lugar a la demanda de los diputados, autorizando a Evo Morales a buscar la reelección. Hay que recalcar que los jueces del Tribunal Constitucional son electos y cumplen mandatos de cinco años, y todos ellos son hoy funcionarios públicos, o sea que no se trata de un poder independiente. En estos días estamos esperando que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronuncie sobre el tema.

El gobierno conserva cerca de 30% de apoyo electoral y moviliza mucha fuerza en las calles. De modo que mientras peleaba esa batalla judicial ha intentado otro camino, mediante la aprobación de una nueva ley de partidos políticos que establece la celebración de elecciones primarias para enero de 2019. Acto seguido, el Tribunal Electoral habilitó al presidente y al vice a participar en las elecciones primarias. La participación en estas elecciones es obligatoria para los partidos que quieran presentar candidatos a las elecciones generales, pero es voluntaria para los votantes, y está restringida a los afiliados a los partidos. Y los registros son un desastre: cuando se publicaron los listados de electores habilitados, muchos descubrimos que éramos miembros de partidos a los que nunca nos habíamos afiliado. La oposición ha insistido en que es una elección innecesaria, ya que todos los partidos – incluido el gobernante – han inscripto candidaturas únicas; sin embargo, el Tribunal Electoral la ratificó para el 27 de enero. Ahora que Evo Morales es precandidato, cada vez es más difícil la vuelta atrás, porque esta jugada cambió el eje de la discusión: de discutir sobre los derechos políticos de Evo Morales y sobre si estos serían o no violados si se prohíbe la reelección, pasamos a discutir el derecho de los militantes del MAS a votar por su candidato.

 ¿Está dividida la sociedad civil ante el tema de la reelección? ¿Diría que la ciudadanía boliviana está polarizada en torno del tema?

Hay manifestaciones y contramanifestaciones, expresiones a favor y en contra. Evo Morales conserva un piso electoral muy importante, en particular en la capa de funcionarios públicos. Hay sectores organizados, con muchos recursos estatales, que se movilizan sistemáticamente contra toda movilización en contra de la reelección. Por su parte, las llamadas plataformas ciudadanas – grupos de mujeres, de jóvenes, de estudiantes, sectores de clase media – se han movilizado con el slogan “Bolivia dijo no”, en defensa del resultado del referéndum. Recientemente una de las marchas de universitarios terminó con el incendio del frontis del Tribunal Electoral en Santa Cruz, que según los estudiantes fue provocado por infiltrados que también provocaron otros destrozos. El gobierno enseguida detuvo a los dirigentes y uno de ellos fue procesado en un solo día: le dieron proceso abreviado, se declaró culpable y lo sentenciaron a tres años de prisión en suspenso – algo extraordinario en un sistema judicial muy lento, que tiene un 80% de presos sin sentencia. El muchacho quedó libre, con medidas sustitutivas, pero el objetivo de generar temor en los sectores movilizados se ha cumplido. La idea es mostrar que, si te movilizas, puedes terminar en la cárcel.

¿Qué cambios de largo plazo se han producido en Bolivia?

Gane quien gane las elecciones de octubre de 2019, el próximo será un gobierno de transición. Las transformaciones sociales de los últimos 12 años han sido profundas y pienso que serán irreversibles. Puede que la inclusión se haya dado por la vía del mercado, pero el cambio en las políticas ha sido enorme, y se ha producido sin enfrentamientos sociales dramáticos. Podríamos haber tenido una revolución sangrienta, y tuvimos en cambio un proceso muy institucional de cambio social. El que haya diputados, senadores, alcaldes y gobernadores de origen indígena es hoy algo natural. De los ocho candidatos a presidente en estas primarias, cuatro son de origen indígena aymara o quechua, y expresan corrientes políticas e ideológicas muy diferentes – incluso uno de extrema derecha. La inclusión y la reivindicación de los derechos de la población indígena fue una causa de izquierda y se concretó desde la izquierda, pero hoy el ser indígena ya no representa lo alternativo ni lo renovador. Ser indígena es compatible con una diversidad de opciones ideológicas y ya no representa nada parecido a una posición de superioridad moral: se ha vuelto parte del mainstream, abarca todas las complejidades y contradicciones de la sociedad, y eso en sí mismo revela lo mucho que ha cambiado este país.

 El espacio cívico en Bolivia es clasificado como ‘obstruido’ por el CIVICUS Monitor.

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VENEZUELA: ‘El venezolano no emigra en busca de mejores oportunidades, sino para salvar su vida’

Venezuela 3CIVICUS conversa con Alicia Pantoja, cofundadora de Manos Veneguayas. Basada en Montevideo, Uruguay, Manos Veneguayas es una organización de la sociedad civil (OSC) liderada por venezolanos para dar contención a sus compatriotas que llegan a Uruguay. Trabaja en alianza con otras organizaciones y con los aportes de ciudadanos uruguayos y venezolanos residentes en Uruguay. Desde 2014, 2,3 millones de venezolanos han abandonado su país escapando de la represión política, la escasez de alimentos y medicamentos, la violencia en las calles y la falta de oportunidades. Mientras que algunos gobiernos latinoamericanos los han rechazado en las fronteras, otros - como el de Uruguay, y otros países miembros del Mercosur - han apostado a una política de brazos abiertos. En Uruguay son actualmente más de 8000 los venezolanos que han tramitado la residencia legal.

¿Cómo ves la situación de Venezuela, y cómo piensas que está alimentando la emigración?

Pienso que la situación en mi país es crítica: literalmente, la gente se está muriendo de hambre. Ha aumentado la desnutrición; se ven cada vez más casos de niños que no son más que piel y huesos. Mueren adultos mayores; mueren niños en los hospitales, por simples infecciones completamente evitables, porque están contaminados. Veo un futuro muy duro, ya que es difícil que esa generación que se está criando ahora en Venezuela tenga fuerzas para sacar el país adelante.

No es un secreto para nadie que el venezolano no está emigrando en busca de mejores oportunidades; está emigrando para salvar su vida. Desde 2014 para acá, la calidad de vida en Venezuela ha desmejorado hasta niveles inimaginables. Para quienes tenemos a nuestra familia allá, esto es muy duro. Cuando estás en la noche en tu casa y suena el teléfono se te para el corazón. Siempre temes recibir una llamada en la que te digan que fulano se murió o que a fulano lo mataron.

Más que lograr que otros países se abran para que siga llegando una migración venezolana masiva, habría que hacer algo para cambiar la situación que hace que semejante cantidad de gente abandone Venezuela. Pero entretanto, desde Manos Veneguayas buscamos ayudar a los venezolanos que llegan a Uruguay.

¿Qué hace tu organización para ayudar?

Manos Veneguayas funciona como organización de apoyo para los migrantes venezolanos en Uruguay desde noviembre de 2016. Somos un equipo de nueve fundadores y unos 40 voluntarios. Tenemos autonomía en nuestras decisiones, pero contamos con el apoyo de otras organizaciones. El Instituto de Estudios Cívicos (IEC) e Idas y Vueltas, dos OSC constituidas desde hace mucho tiempo, son algo así como nuestros padrinos. El IEC nos presta la sede y nos apoya en cada evento. Con Idas y Vueltas hemos aprendido a trabajar en conjunto. Ellos siguen trabajando en la contención de los migrantes en general y nosotros nos volcamos específicamente hacia los venezolanos. Claro que si bien somos una organización de venezolanos y para venezolanos, atendemos a todos los migrantes que llegan a nuestra puerta pidiendo una mano; no le negamos ayuda a nadie.

Inicialmente nuestra idea era dar contención emocional: estaba llegando gente que no sabía cosas tales como que este país es frío en invierno y caluroso en verano, no tenía idea de lo que es vivir en un país de cuatro estaciones. Los recién llegados no sabían siquiera cómo vestirse para las bajas temperaturas o cómo protegerse del sol, y muchas veces tampoco tenían las vestimentas adecuadas. Muchos llegaban sin nada, así que hemos hecho colectas, por ejemplo de ropa de abrigo.

Entonces, la idea inicial era acompañar a los recién llegados en la adaptación al país, para que sintieran que no estaban solos en el proceso migratorio. Como la principal urgencia para los que llegan es conseguir un empleo, primero creamos un banco de trabajo, Clasificados Veneguayos.

Al principio nos desgastábamos las pestañas cazando ofertas en internet, pero tuvimos la enorme suerte de que en una de nuestras primeras jornadas un diario nos hizo una tremenda entrevista que tuvo mucha difusión, e hizo que Manos Veneguayas quedase en el radar de muchos empresarios. Desde entonces las ofertas comenzaron a llegarnos directamente, y tenemos una base de centenares de currículums que facilitamos a posibles empleadores. Y si bien mucha gente solicita empleadas de servicio doméstico, nosotros tratamos de que las personas se inserten dentro de sus profesiones. Aunque lo más importante es que al menos uno de los integrantes de la familia tenga ingresos. Todos los trabajos dignifican. Nosotros damos charlas para que los recién llegados conozcan sus derechos respecto a la salud y el trabajo, y los ayudamos a preparar un currículum o una entrevista de trabajo. Los apoyamos para que puedan obtener su documentación.

Hemos hecho una especie de censo, básicamente a través de Facebook, para relevar las necesidades de los venezolanos que están llegando a Uruguay. Para los que están llegando ahora, a la búsqueda de trabajo se suma el problema de la vivienda. La desesperación en aumento está haciendo que migren grupos familiares completos, lo que vuelve más difícil el proceso. Antes venía primero el jefe de familia, generalmente un hombre solo que llegaba a una residencia, trabajaba y al cabo de tres o cuatro meses podía conseguir una garantía para alquilar un monoambiente, traer a la esposa y después trabajar los dos y conseguir algo más grande. Pero ahora están llegando familias de cuatro o cinco personas, y lo que les cobran las residencias y pensiones las dejan fuera de su alcance. Legalmente, la garantía para alquilar solo se consigue luego de estar empleado un mínimo de tres meses. Caso contrario, se necesita traer mucho dinero, y en el caso de los venezolanos que están emigrando, si digo que el 1% trae algún respaldo económico, ya estoy exagerando. Los refugios están a reventar porque además, no solo están llegando venezolanos, sino también dominicanos y cubanos.

El éxodo venezolano ha suscitado algunos casos de discriminación y xenofobia en la región. ¿Han experimentado esto en Uruguay?

Un sociólogo con quien hablaba recientemente me comentó sobre algunos casos. Pero pienso que son casos puntuales. En los cuatro años que tengo viviendo en el Uruguay yo personalmente no he visto ningún tipo de discriminación ni por el color de la piel ni por la nacionalidad.

Por supuesto que hay gente que piensa que el venezolano le viene a quitar oportunidades al uruguayo. Y obviamente no es cierto: simplemente hay un abanico de ofertas y hay quien encaja y quien no. Si bien hay muchos profesionales venezolanos trabajando como conductores de Uber, meseros, vendedores y cadetes, también hay profesionales empleados dentro de su área: enfermeros, fisioterapeutas, ingenieros, incluso algunos arquitectos que han podido revalidar sus títulos. De hecho, la migración de profesionales venezolanos ha sido muy importante para Uruguay, ya que el país está accediendo a un personal muy bien preparado en cuya formación no ha tenido que invertir nada.

Sabemos que con los inmigrantes es común que la reputación de todos quede en entredicho por las acciones de unos pocos. Cuando un venezolano mete la pata, luego resulta que todos los venezolanos son incumplidos o no tienen palabra. Así que para ayudar a la gente a ubicarse en un empleo somos muy cuidadosos. Cuando llegan y nos dicen ‘estoy desesperado, quiero trabajar en lo que sea’, les pedimos que piensen cuál es su límite, porque se necesita un compromiso, no pueden estar en un empleo dos semanas y luego irse. Lo mismo ocurre con los tiempos: en Venezuela si te quedas parado te pasan por encima, pero aquí todo sucede más lentamente, y el venezolano no está acostumbrado a eso. Nuestra tarea es calmar a esa juventud que llega con ansias de comerse el mundo porque en Venezuela estaban comiendo aire. Hay que calmarlos y enseñarles que este país es maravilloso y nos está abriendo sus puertas, pero que tenemos que ir a su ritmo.

¿Cuál es la perspectiva para los venezolanos que emigran: hacer su vida afuera o retornar a Venezuela?

Esa es una de las cosas que siempre hablamos acá. Hay algunos que consideran que su vida ahora está aquí y han venido para quedarse, pero un alto porcentaje tiene la visión de que está aquí para aprender porque el plan es volver para reconstruir nuestro país. Yo misma tengo ganas de volver, y creo que la mayoría de la gente piensa que esto es algo temporario, que nuestro país va a salir adelante y nos va a necesitar. Entretanto, lo mejor que podemos hacer es tratar de dejar una honda huella en este país que nos está recibiendo para que el día mañana puedan decir que Venezuela hizo su aporte.

El espacio cívico en Venezuela es clasificado como ‘represivo’ por el CIVICUS Monitor.

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NICARAGUA: ‘Las protestas expresaron un reclamo articulado de democracia genuina, basada en el respeto de la voluntad popular’

En el marco de nuestro informe temático 2018 sobre “Reimaginar la Democracia”, estamos dialogando con líderes, activistas y especialistas de la sociedad civil sobre su labor de promoción de las prácticas y principios democráticos, los desafíos que enfrentan y los logros alcanzados. En esta oportunidad, CIVICUS conversa con Amaru Ruiz sobre las recientes protestas en Nicaragua, que fueron duramente reprimidas y arrojaron un saldo de centenares de muertos. Amaru Ruiz es presidente de la Fundación del Río, una organización ambientalista que trabaja por la conservación de la biodiversidad y el desarrollo sostenible en el sureste de Nicaragua, y Coordinador de la Red Nicaragüense por la Democracia y el Desarrollo Local (Red Local), una coalición de sociedad civil que tiene por misión el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) para la promoción de un desarrollo local inclusivo y equitativo, la incidencia en políticas públicas, la gestión del conocimiento y la promoción de una ciudadanía activa. Ambas organizaciones integran la Articulación de Movimientos Sociales y de Sociedad Civil que acompaña la lucha por la justicia, la libertad y la democracia en Nicaragua.

 

RENDICIÓN DE CUENTAS: ‘Con el espacio cívico bajo ataque, construir confianza en la sociedad civil es más urgente que nunca’

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Analia Bettoni

En el marco de nuestro informe temático 2018 sobre “Reimaginar la Democracia”, estamos dialogando con líderes, activistas y especialistas de la sociedad civil sobre su labor de promoción de las prácticas y principios democráticos, los desafíos que enfrentan y los logros alcanzados. En esta oportunidad, CIVICUS conversa con Analía Bettoni, coordinadora de proyectos del Instituto de Comunicación y Desarrollo (ICD), una organización de la sociedad civil uruguaya que desde 1986 se ha dedicado a generar y diseminar conocimientos y gestionar redes para fortalecer la participación ciudadana y la incidencia y el impacto de la sociedad civil en Uruguay y en América Latina.

Cuando se habla de rendición de cuentas se suele pensar de inmediato en los gobiernos. ¿Por qué es importante la rendición de cuentas de la sociedad civil?

La rendición de cuentas de la sociedad civil es hoy en día tanto una necesidad como un deber. Las razones de ello son varias. La sociedad civil ha crecido, ha ganado visibilidad, tiene un papel más destacado que nunca en el desarrollo a nivel local, nacional e internacional, y por ende tiene una mayor responsabilidad de dar cuenta de lo que hace y de cómo lo hace. Así como las organizaciones de la sociedad civil (OSC) son con frecuencia puestas como ejemplos por sus acciones, también se las examina, se las observa y se las cuestiona. Al igual que en otros ámbitos del quehacer humano, se han identificado algunos casos de corrupción, mal uso de fondos o malas prácticas en algunas OSC. Se trata de un fenómeno acotado, pero que si no es tratado adecuadamente puede acabar poniendo en tela de juicio la legitimidad de todo el sector, y ya no solamente de las organizaciones cuestionadas. En ese sentido la transparencia y la rendición de cuentas son un factor de legitimidad y por consiguiente un elemento necesario para la sostenibilidad de las OSC individuales y de todo el sector. Pero son también un deber ético, en tanto que las organizaciones utilizan recursos que son en última instancia públicos, en el sentido de que provienen del público, ya sea que les sean entregados por el Estado, agencias de cooperación internacional, empresas o donantes individuales.

A diferencia de lo que pasa con los gobiernos democráticos, la legitimidad de la sociedad civil no resulta de ninguna elección. En cambio, la legitimidad debe producirse y reproducirse todos los días a través del trabajo que la sociedad civil hace en defensa de los derechos, en la protección del medio ambiente, en el fortalecimiento de la democracia, en la atención a los sectores más vulnerables.

La sociedad civil trabaja sin descanso para ejercer presión política y social en nombre de las comunidades marginalizadas, denunciar la corrupción a nivel de los gobiernos o las prácticas empresariales que perjudican a los seres humanos y el medio ambiente, y protestar en defensa de los derechos de mujeres, jóvenes, pueblos indígenas, entre muchas otras acciones. Además, ha tenido que ocuparse de defender su propio espacio de acción, que es también el que dichos sectores excluidos necesitan para organizarse y movilizarse por sus derechos. El espacio cívico está siendo objeto de crecientes restricciones en todo el mundo, como lo muestra el CIVICUS Monitor, según el cual apenas un 4% de la población mundial vive en países con espacio cívico abierto, es decir donde las personas pueden ejercer su derecho a protesta, expresión y asociación sin temor o restricciones arbitrarias.

En ese sentido, una lectura rápida de las noticias en América Latina pone en evidencia fenómenos difundidos y preocupantes, entre los que se destacan la criminalización y los asesinatos de defensores de derechos humanos, el uso excesivo de la fuerza para la represión de la protesta, y la censura, amenazas y ataques contra periodistas. La sociedad civil está en la primera línea de la lucha contra estas amenazas.

Así y todo, por las razones que mencioné, ya no alcanza con invocar el trabajo por causas nobles para obtener legitimidad: es preciso demostrar proactivamente de dónde salen los recursos con los cuales se hace ese trabajo, cómo se los utiliza, qué actividades se realizan y qué impactos tienen.

¿De qué y a quién tienen que rendir cuentas las organizaciones de la sociedad civil?

¿De qué rendir cuentas? Básicamente de todo lo que hacen: sus objetivos, su gobernanza, sus recursos, sus proyectos, sus resultados. Una buena rendición de cuentas exige que cada organización tenga identificados a sus interesados directos, sus necesidades y expectativas. Estos interesados directos pueden ser externos a la organización, como lo son los donantes, los gobiernos, los destinatarios o beneficiarios de sus acciones, y el público en general, o internos a la organización, tales como los miembros, asociados o voluntarios.

No hay un modelo de rendición de cuentas que sirva por igual para todas las organizaciones: varían las misiones y las estrategias de las organizaciones, y con ellas los tipos de audiencias a las cuales rendir cuentas. Una organización que se dedica a la provisión de servicios sociales puede tener que demostrar la calidad de sus servicios y su desempeño frente a los donantes, los organismos estatales encargados de regular dichos servicios y las personas que reciben esos servicios. Una organización que hace incidencia en política pública, por su parte, puede necesitar construir su legitimidad tanto con las comunidades o grupos cuyas aspiraciones, intereses o derechos representa como entre los actores sobre los cuales busca ejercer influencia, tales como la clase política, los gobernantes o la opinión pública.

Pero una de las cuestiones centrales a resaltar es que la rendición de cuentas no puede limitarse a poner información a disposición de esos públicos. En rigor, eso es la transparencia activa. La rendición de cuentas es más que eso: requiere la generación de canales o mecanismos para que los interlocutores directos puedan interrogar, cuestionar, exigir y dar retroalimentación, y a través de los cuales pueda brindárseles una respuesta.

La experiencia muestra que las OSC suelen estar mucho más atentas a las exigencias de sus donantes que a las opiniones de las personas o grupos a los que dirigen sus acciones o a las cuales representan. Estos son los públicos más relegados de la rendición de cuentas, lo cual es un problema. En este sentido me gustaría mencionar la iniciativa Resilient Roots, que está desarrollando CIVICUS junto con Accountable Now y Keystone Accountability, y que busca evaluar en qué medida reconectar a las organizaciones con sus públicos principales a través de la rendición de cuentas puede hacerlas más resilientes en contextos en que el espacio cívico presenta crecientes retos y amenazas. Me parece que es un paso importante en la dirección correcta.

Tu organización, y vos misma, llevan casi una década trabajando en la iniciativa regional Rendir Cuentas. ¿Podrías contarnos más sobre esta iniciativa?

La iniciativa Rendir Cuentas fue creada en 2009 y agrupa a numerosas organizaciones de América Latina y el Caribe. Además de difundir numerosos recursos informativos, tales como guías prácticas para la autoevaluación en transparencia y rendición de cuentas o el desarrollo de alianzas colaborativas, durante todos estos años hemos impulsado la rendición de cuentas individual y colectiva de la sociedad civil en varios países de América Latina. Estas rendiciones tienen el doble objetivo de generar más transparencia y de dar mayor visibilidad a los aportes que la sociedad civil organizada realiza en cada país. Por esta razón, cada ejercicio de rendición de cuentas implica que las organizaciones hagan pública toda su información, pero también conlleva la realización de campañas o actos públicos para presentar datos sobre los recursos humanos y financieros que moviliza el sector en su conjunto y los cambios o impactos que genera con sus acciones. En el último ciclo se presentaron rendiciones colectivas de organizaciones de Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, República Dominicana y Uruguay. Estas rendiciones contienen información agregada para el conjunto de las organizaciones participantes, lo cual no exime a cada una de ellas de perseguir individualmente los estándares más altos de transparencia y rendición de cuentas, cosa que nosotros también alentamos.

Finalmente, desde abril de 2015 Rendir Cuentas también participa en el proceso del Estándar Global para la Rendición de Cuentas de las OSC, un proyecto internacional liderado por nueve iniciativas de rendición de cuentas de OSC de todo el mundo, con el propósito de generar una herramienta de autorregulación que pueda ser aplicada en todos los contextos, con el propósito de reconectar a las organizaciones con la ciudadanía, sus socios, adherentes, simpatizantes, beneficiarios y donantes en una rendición de cuentas dinámica (dynamic accountability) que permita generar confianza y multiplicar el impacto de las acciones de la sociedad civil en estos tiempos en que éstas son más necesarias que nunca, en tanto que el espacio cívico no deja de sufrir ataques.

Contáctese con el ICD a través de su sitio web o su perfil de Facebook, o siga a @ICD_Uruguay y a @AnaliaBettoni en Twitter.

 

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Tratado Vinculante: ‘No es una bala de plata, pero será un paso adelante en la regulación del excesivo poder corporativo transnacional’

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Fernanda HopenhaymEn el marco de nuestro informe temático 2018 sobre “Reimaginar la Democracia”, estamos dialogando con líderes, activistas y especialistas de la sociedad civil sobre su labor de promoción de las prácticas y principios democráticos, los desafíos que enfrentan y los logros alcanzados. En esta oportunidad, CIVICUS conversa con Fernanda Hopenhaym, Co-directora Ejecutiva de Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER, por sus siglas en inglés), una organización de la sociedad civil (OSC) regional basada en México y formada con la misión de fomentar la transparencia y la rendición de cuentas de las empresas en América Latina desde una perspectiva de derechos humanos y fortalecer a los actores de la sociedad civil afectados por prácticas empresariales para que actúen como garantes de la rendición de cuentas a largo plazo.

¿Cuáles son las condiciones indispensables para el funcionamiento de una democracia plena? ¿Es el poder corporativo un límite para la democracia?

Una democracia plena debe basarse en un estado de derecho que realmente funcione, donde haya garantías para el ejercicio pleno de los derechos humanos, donde haya transparencia y participación de la ciudadanía en todas las cuestiones de interés público, donde el sistema de justicia sea independiente y el acceso a él esté asegurado, y donde se combatan con seriedad las desigualdades.

Si bien el sector privado podría verse desde algunos espacios como un aliado para la consolidación democrática, América Latina continúa siendo la región más desigual del mundo y las corporaciones, particularmente el gran capital, se caracterizan por operar todavía con opacidad. Esto tiene sus raíces en problemas estructurales que han impedido a nuestros países una verdadera consolidación democrática y sostener su desarrollo. Estas deficiencias político-institucionales, socioeconómicas y financieras tienen su origen en la conquista, pero se profundizaron en la década de 1990, cuando las políticas neoliberales fracasaron en cumplir sus promesas de crecimiento económico y desarrollo. Como lo ha descrito el economista Álvaro Vargas Llosa, ceder las empresas estatales a los amigos de los gobiernos bajo condiciones monopólicas se volvió la norma, lo que exacerbó un sistema ya caracterizado por el control de la toma de decisiones públicas por parte de élites económicas. Este fenómeno fue nombrado por Joel Hellman y Daniel Kaufmann, del Banco Mundial, como captura del Estado. Se trata de los mecanismos mediante los cuales las elites empresariales interfieren o influyen indebidamente sobre leyes, reglas y decretos para su propio beneficio.

 

‘Invocamos el principio de extraterritorialidad para llamar al Estado chino a rendir cuentas del impacto de sus inversiones en América Latina’

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CIVICUS conversa con las cuatro responsables de la iniciativa regional “Explorando nuevos caminos para la defensa de los derechos humanos frente a las inversiones chinas en América del Sur: El Examen Periódico Universal de las Naciones Unidas y el Principio de Extraterritorialidad”: Paulina Garzón, de la Iniciativa para las Inversiones Sostenibles China América-Latina (IISCAL), María Marta Di Paola, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) de Argentina; Sofía Jarrín, del Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES) de Ecuador; y Julia Cuadros, de CooperAcción, una organización de Perú.

  1. ¿Qué impacto están teniendo las inversiones chinas en América Latina, y por qué es preocupante?

A pesar de la desaceleración de la economía china en los últimos años, las inversiones chinas continúan creciendo en América Latina. En 2016 los préstamos soberanos de los bancos chinos alcanzaron 21.000 millones de dólares (más que el monto prestado por todos los bancos multilaterales) y la inversión directa llegó a los 10.358 millones (un crecimiento de 29,4% con respecto a 2015). La República Popular de China es el primer o el segundo socio comercial para todos los países sudamericanos, y resalta el hecho de que la gran mayoría de las exportaciones hacia China se concentra en petróleo, minerales y soja. En otras palabras, las inversiones chinas o motorizadas por la demanda china han dado un nuevo impulso al sector primario y, dentro de éste, a las industrias extractivas, de modo tal que la relación económica entre China y América Latina impone grandes desafíos tanto ambientales como en relación con los derechos de las comunidades donde se asientan estas inversiones.

El crecimiento y la escala del financiamiento chino en América Latina ha tomado a las organizaciones sociales y a las comunidades por sorpresa. Hasta ahora, es poco lo que la sociedad civil ha podido hacer para demandar rendición de cuentas directamente a los bancos, compañías y agencias reguladoras chinas, en parte por falta de conocimiento y acceso a los procedimientos de estas instituciones, pero sobre todo por el hermetismo que las caracteriza. Ello se ve agudizado por el hecho de que la mayoría de los capitales chinos que llegan a la región aterrizan en Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Perú y Venezuela, países que tienen una o varias de las siguientes características: dificultades para acceder a los mercados financieros; gobernanza ambiental debilitada; y disminución de espacios de participación ciudadana. En estos países, vemos que las empresas transnacionales han contribuido a la violación de los derechos humanos, entre las que se cuenta la práctica sistemática de criminalización de los defensores ambientales.

Sobre esta misma línea, cabe agregar que China ha seguido el principio de “no interferencia” en la construcción de su relación con América Latina, lo cual ha dado como resultado una interacción casi exclusiva con los gobiernos de turno, sin inclusión de actores no gubernamentales. En este contexto, las organizaciones sociales latinoamericanas no hemos logrado establecer canales de diálogo sustanciales con las instituciones chinas, y tanto menos en lo que se refiere a la demanda de rendición de cuentas acerca de los impactos negativos de su intervención.

  1. ¿Qué está haciendo la sociedad civil de América Latina para llamar a China a rendir cuentas de los efectos ambientales y sociales de sus inversiones en la región?

Un grupo de organizaciones de varios países que han visto su situación de derechos humanos deteriorarse por efecto de la penetración de estas inversiones, hemos decidido hacer uso de las herramientas que ofrece el sistema internacional de derechos humanos para establecer una conversación sobre la necesidad de llamar a los gobiernos a rendir cuentas de los efectos de sus inversiones y de las acciones de sus empresas en el extranjero. Para ello aprovecharemos el hecho de que la República Popular de China realizará en noviembre de 2018 su Examen Periódico Universal (EPU) en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), la evaluación de derechos humanos a la que deben someterse cada cuatro años todos los estados miembros de la ONU, sin excepción.

Pese a que no cuenta con una autoridad y mecanismos de aplicación, el sistema universal de derechos humanos, dentro del cual se encuentra el mecanismo EPU, ofrece valiosas oportunidades de incidencia para la sociedad civil en todo el mundo. El EPU ofrece un espacio para que las comunidades afectadas en sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales o culturales hagan oír sus reclamos. Por lo general, la responsabilidad por los derechos vulnerados es adjudicada al Estado dentro de cuyo territorio ocurren dichas violaciones de derechos. Así, en el marco del EPU de China, el grueso de las recomendaciones que recibe el Estado chino se vinculan con el trato que reciben sus ciudadanos dentro de su territorio. Sin embargo, nada impide a las comunidades afectadas en sus derechos en diversos países de América Latina presentar reclamos por las acciones de un país extranjero miembro de las Naciones Unidas. En otras palabras, nada impide a los grupos vulnerados invocar el principio de extraterritorialidad para demandar a un Estado extranjero el cumplimiento de las obligaciones de derechos humanos contraídas por la aceptación de los instrumentos de las Naciones Unidas, así como a través de todo compromiso voluntario que dicho Estado haya ratificado y asumido.

Eso es precisamente lo que pensamos hacer durante la EPU de China. En vistas de este proceso, el Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES) de Ecuador, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) de Argentina, CooperAcción de Perú y la Iniciativa para las Inversiones Sostenibles China América-Latina (IISCAL), hemos creado una alianza regional con el objeto de investigar colaborativamente y elaborar un informe sombra nacional para cada uno de los países sudamericanos incluidos en el proyecto, así como un informe sombra regional. En marzo de 2018 estos informes serán presentados a la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas como aportes para el EPU de China.

Esta iniciativa cobró vida en 2017, con la búsqueda de una alianza regional para fortalecer nuestro trabajo de incidencia frente al Estado chino. La participación en el mecanismo del EPU es para nosotras una ventana de oportunidad para canalizar las preocupaciones y visibilizar las múltiples violaciones a los derechos humanos de las comunidades afectadas por proyectos cuyo financiamiento y operación se vinculan con inversiones del Estado chino.

Las organizaciones involucradas tenemos una extensa y probada trayectoria de trabajo sobre financiamiento internacional y derechos humanos y ambientales, y nos contamos entre las pocas organizaciones de la sociedad civil de la región que han realizado un trabajo sistemático de investigación e incidencia sobre inversiones chinas en sus respectivos países. Además, gozamos de la confianza, credibilidad y reconocimiento de las organizaciones de base y otros actores relevantes. De hecho, en varios casos, hemos abogado frente a las entidades chinas para que mejoren sustancialmente su comportamiento ambiental y social y para que actúen como buenos ciudadanos globales. La falta de respuestas por parte de tales entidades nos ha llevado a buscar nuevos espacios de interlocución con la República Popular de China en los foros internacionales. Tenemos la esperanza de que el EPU de China y demás mecanismos de las Naciones Unidas ofrezcan el tan necesario espacio para lograr un compromiso serio de parte de los bancos y empresas chinas en materia de internalización de los principios de derechos humanos en sus operaciones en el extranjero.

  1. ¿Cuál es el sustento legal de la iniciativa? ¿A qué instrumentos, convenciones y legislación apelarán para apoyar sus reclamos?

La República Popular de China ha ratificado varios instrumentos internacionales de derechos humanos. Entre ellos, los más importantes a la hora de constituir el marco de referencia y argumentación para el trabajo que pretendemos llevar adelante son el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Protocolo de San Salvador (Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales) y los Principios de Maastricht sobre las Obligaciones Extraterritoriales de los Estados en el Área de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Estos últimos, en particular, establecen que los Estados tienen la obligación de respetar, proteger y cumplir los derechos económicos, sociales y culturales tanto dentro de su territorio como fuera de él, y estipulan que la responsabilidad del Estado se extiende a los actos y las omisiones de los agentes no estatales que actúan por instrucciones o bajo la dirección o el control del Estado en cuestión.

Cabe señalar que si bien nuestra argumentación se basa en el principio de responsabilidades extraterritoriales, ello no excluye la posibilidad de apelar en los informes sombra a otros instrumentos internacionales que integran el sistema universal de las Naciones Unidas, aún si no han sido ratificados por el Estado chino. En ese sentido, deba presumirse que, al aceptar ser miembro de las Naciones Unidas, China se compromete a promover sus principios y apoyar la implementación de los tratados, pactos y convenios internacionales elaborados en el seno de la organización.

También es importante destacar que según el artículo 16 de la Constitución China, las empresas estatales tienen poder de decisión con respecto al funcionamiento y la gestión dentro de los límites prescritos por la ley, a condición de que se sometan al liderazgo unificado del Estado, en cuyo caso deben cumplir con todas las obligaciones del plan estatal. En otras palabras, las empresas estatales chinas son actores cuasi-estatales. Funcionan como una extensión de la estructura del Estado chino, ya que le pertenecen, son patrocinadas por él o actúan en pos de sus intereses. Ello convierte a las responsabilidades de derechos humanos de las empresas estatales de la República Popular de China en responsabilidades del Estado chino.

El hecho de que China ocupe un puesto en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y de que, durante una visita del Secretario General de las Naciones Unidas a China el Ministro de Relaciones Exteriores de ese país haya declarado que “la ONU es una plataforma efectiva para los desafíos globales y la institución central para los esfuerzos internacionales en tratar los asuntos globales” constituye para nosotros una ventana de oportunidad. El EPU de la República Popular de China que se realizará en noviembre del 2018 es la oportunidad más concreta y cercana que tenemos.

  • Visite las páginas web del CDES, CooperAcción, FARN e IISCAL, o siga en Twitter a @CDESecuador, @CooperAccionPER, @farnargentina y @PaulinaGarzón

 

Honduras: ‘El conflicto generado por la reacción ciudadana contra el fraude puede hacernos perder un año ahora, pero nos hará ganar diez en el futuro’

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A fines de 2017, tras lo que muchos en la sociedad civil percibieron como una elección fraudulenta, estalló la protesta en Honduras. CIVICUS conversa con Wilfredo Méndez, Director Ejecutivo del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH), una organización de la sociedad civil hondureña que aboga por cambios orientados a la construcción de un Estado de derecho democrático, justo, inclusivo, participativo y respetuoso de los derechos humanos y las libertades ciudadanas. El CIPRODEH realiza labores de investigación e incidencia política y promueve los derechos humanos de los sectores más vulnerables en alianza con una variedad de actores cívicos y sociales hondureños, latinoamericanos e internacionales.

  1. La oposición política y numerosos actores de la sociedad civil hondureña denunciaron fraude en las elecciones del pasado 26 de noviembre. ¿Podría describir cómo fue el proceso electoral, de qué manera se produjo el fraude, y cuáles fueron las consecuencias?

El 26 de noviembre de 2017 enfrentamos un proceso electoral sobre el cual teníamos muchas preocupaciones. Sabíamos que la situación iba a ser compleja no solo en materia electoral sino también en términos de posibles violaciones de los derechos humanos, dados los antecedentes de persecución, criminalización y represión que hemos presenciado desde el golpe de estado de 2009 contra el entonces presidente Manuel Zelaya.

Los grupos que están hoy en el poder son los mismos que protagonizaron el golpe de estado. El actual presidente, Juan Orlando Hernández, viene acumulando poder desde 2010, cuando asumió la presidencia del Congreso. Luego fue electo presidente para el período 2014-2018, y en noviembre de 2017 se presentó a la reelección, para lo cual antes debió manipular a la Corte Suprema de Justicia para que revirtiera la prohibición constitucional de la reelección consecutiva. El mecanismo de revisión constitucional previsto en la Constitución suponía el llamado a una asamblea constituyente, de modo que el procedimiento empleado fue completamente irregular.

Desde 2009 el gobierno se ha militarizado, se ha apartado cada vez más de sus obligaciones de derechos humanos y ha intensificado la represión, con números crecientes de asesinatos y desapariciones forzadas.

Es por eso que el 26 de noviembre la atención de las organizaciones de derechos humanos estuvo enfocada en el monitoreo de los conflictos sociales y la persecución política. Lo que no imaginamos fue que el fraude electoral que muchos habían anunciado se pudiese enfrentar con relativo éxito, pues la Alianza contra la Dictadura, la coalición opositora, implementó una estrategia que complicó la imposición. Ellos crearon mecanismos para combatir el fraude, el cual normalmente se produce no solo en la mesa electoral receptora sino también en el manejo del Tribunal Supremo Electoral (TSE), y esto fue una sorpresa para el partido de gobierno.

En la noche del domingo de elecciones, el TSE no anunció los resultados, pese a que en Honduras es costumbre que a las 7 u 8 de la noche ya se sepa quién es el presidente electo. Horas más tarde, a las 2:45 de la mañana del día lunes y con el 57% de votos escrutados, el TSE anunció una clara ventaja, de unos cinco puntos, para el candidato de la oposición, Salvador Nasralla. Ese día el país entero no habló de otra cosa que de cómo se había logrado enfrentar el tan anunciado fraude. Y luego, el martes, el sistema de cómputos se detuvo y permanecimos durante todo el día a la espera de datos que no llegaban. Finalmente, alrededor del mediodía del miércoles nos encontramos con la sorpresa de que los resultados se habían modificado a favor del candidato oficialista, quien después de varias semanas (el 17 de diciembre) fue declarado ganador con casi 43% de los votos, contra 41,5% para Nasralla.

La Alianza contra la Dictadura denunció el fraude y la población se manifestó pacíficamente en las calles en demanda de transparencia electoral y respeto de los procedimientos democráticos, por lo cual fue duramente reprimida.

  1. ¿Cómo reaccionó la comunidad internacional frente a las denuncias de fraude, y cuál fue la respuesta del gobierno?

Los observadores internacionales fueron contundentes, con la sola excepción de un funcionario de la Unión Europea, que dijo que había que tener confianza en los resultados y pronto fue desmentido por la propia Jefa de Misión de Observación. La Organización de los Estados Americanos (OEA), en particular, desempeñó un rol fundamental. El Jefe de la Misión de Observadores de la OEA declaró que no había certeza sobre los resultados de las elecciones. Según el informe preliminar difundido por la OEA, las numerosas irregularidades, errores y problemas sistémicos restaban confianza a los resultados, y ésta solo podría restablecerse mediante un acuerdo entre los dos candidatos para revisar las actas, volver a contar los votos y resolver las discrepancias. El segundo informe ratificó estos hallazgos, aunque para entonces el propio Secretario General de la OEA, Luis Almagro, decía que ya no bastaría con un recuento de votos y que era recomendable volver a celebrar las elecciones con las garantías necesarias de rectitud y transparencia. El 4 de enero de 2018 Almagro instó al Consejo Permanente de la OEA a aprobar el informe de observación electoral. Puesto que el informe concluye que las numerosas irregularidades no permiten reconocer un ganador, su aprobación sustentaría el pedido de repetición de las elecciones.

Entretanto, la oposición exigió la anulación de los resultados electorales, pero el recurso de nulidad fue rechazado. Esto era previsible, ya que la Corte Suprema, el Ministerio Público y el Tribunal Electoral están, todos ellos, subordinados al presidente.

Por su parte, la reacción del gobierno fue declarar de inmediato y por diez días el estado de excepción, que restringió la libertad de movilización. Impuso también la suspensión de otras garantías constitucionales, no solo para el ejercicio de la libertad de reunión sino también para la libertad de expresión, entre otras. Los medios fueron advertidos de no difundir las acusaciones de fraude de la oposición, y las protestas fueron duramente reprimidas. Esto resultó en más de 30 muertos, decenas de heridos y centenares dedetenciones arbitrarias, además de allanamientos ilegales. Diversos videos filmados por los propios manifestantes mostraron a agentes de seguridad persiguiendo e incluso disparando contra manifestantes. Tres relatores especiales de las Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenaron la represión, y el Secretario General de la OEA pidió al gobierno de Honduras que recibiera a un delegado especial de la OEA para relevar la situación de las protestas y la respuesta del Estado.

  1. ¿Cuáles son las chances de que el gobierno responda a la presión callejera y a los reclamos internacionales?

Las presiones internacionales motivaron al gobierno a empezar a hablar de un “gran diálogo nacional” para buscar una solución a la situación. Sin embargo, en el discurso gubernamental el foco de atención no estuvo colocado en las irregularidades electorales ni en las violaciones de derechos humanos que se estaban produciendo sino en el hecho de que las manifestaciones inicialmente pacíficas supuestamente se habían vuelto violentas por la acción de maras, pandillas y grupos del crimen organizado. En mi experiencia, estos llamados del gobierno al diálogo están dirigidos a aplacar las aguas, reorientar los esfuerzos y mantener el control. Si no se tocan los temas de fondo, el diálogo no tendrá sentido y, peor aún, solo servirá para legitimar el fraude.

Por otra parte, es importante resaltar que el pueblo hondureño ha cambiado, y tiene hoy una experiencia de movilización que no tenía en el pasado. No mucho tiempo atrás era un pueblo más bien apático e indiferente, pero desde 2009 ha forjado una nueva conciencia al calor de la resistencia contra el golpe de estado. Así, en el 2015, cuando se reveló el desfalco del Instituto Hondureño del Seguro Social – se supo entonces que cantidades millonarias se habían desviado de sus fines, incluso para financiar la campaña del actual presidente, tal como él mismo lo reconoció – el pueblo se movilizó masivamente durante meses, en lo que se llamó la Marcha de las Antorchas. Fue una movilización sin precedentes, y logró que finalmente se instalara la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) de la OEA.

Cientos de miles de personas se han movilizado en el país contra el fraude electoral, y ni la más cruda represión las ha detenido. Tampoco se desmovilizaron cuando el candidato cuya elección estaban defendiendo los decepcionó, al menos temporariamente, cuando anunció (para luego dar marcha atrás) que se desvinculaba de la Alianza contra la Dictadura para conformar un frente más amplio. Esto por supuesto desmotivó a la ciudadanía movilizada, pero no la llevó a abandonar las calles, porque mucho más que por una candidatura, la gente se había movilizado contra la corrupción. Justamente, si algo representaba para ellos Nasralla era la honestidad.

A principios de enero de 2018, sin embargo, Nasralla anunció que el sábado 6 de reactivarían las movilizaciones y que a partir del 27 de enero, fecha prevista para la asunción presidencial, actuaría como legítimo presidente de Honduras. También se convocó a un paro general del 20 al 27 de enero, para exigir la renuncia del presidente Hernández. De modo que la población ha regresado a las calles: el 6 de enero se realizó una movilización en San Pedro Sula en la que hubo más de 80 mil personas. En suma, pienso que hay buenas posibilidades de ejercer presión a nivel nacional para que se alcance un acuerdo en torno de la revisión del fraude electoral. En conjunción con las presiones de la OEA para que se repitan las elecciones, es posible que la presión de la ciudadanía movilizada tenga un efecto.

  1. ¿Piensa que es posible que la represión se intensifique?

Sí, pienso que la situación se está volviendo más complicada cada día, porque la gente está saliendo a las calles, los líderes políticos opositores se mantienen firmes en sus planteos y los líderes sociales no se están echando atrás. Desde las organizaciones de derechos humanos hemos sostenido que la ciudadanía tiene un legítimo derecho a protestar – hemos dicho incluso que la gente tiene que salir a protestar para evitar esta violación de los derechos políticos que sin duda repercutirá sobre la vigencia efectiva de los demás derechos humanos.

Ante esto, la respuesta del gobierno ha sido más militarización. A principios de diciembre la Policía Nacional se rebeló contra el actual presidente con el argumento de que no iba a obedecer órdenes ilegales de reprimir al pueblo movilizado a causa de un problema político que el propio gobierno había creado. Después de un día de huelga y habiendo alcanzado un acuerdo salarial favorable con el gobierno, la Policía Nacional regresó a las calles, supuestamente a cuidar y no a reprimir las manifestaciones. Pero la conducta policial ha sido atroz; además de la cantidad de muertos, hemos visto una estrategia de generar un clima de mucho miedo en las calles, con levantamiento de perfiles, persecución de líderes políticos y sociales y campañas de desprestigio contra defensores y defensoras de derechos humanos.

Sin embargo, el miedo no ha detenido a la gente, y estamos muy preocupados por lo que podría pasar si no se alcanza una salida concertada a esta crisis. En estos días estamos teniendo reuniones a nivel de nuestra organización, con la red de movimientos sociales y con la Mesa Nacional de Derechos Humanos para decidir cómo vamos a enfrentar la amenaza de derechos humanos que se nos viene, porque la reacción represiva que hemos visto hasta ahora no augura nada bueno.

Esperamos también que la CIDH pueda agilizar su visita al país. La presencia de observadores internacionales y de la prensa internacional ha sido hasta ahora muy importante para sacar a relucir la verdad atravesando el cerco mediático interno, y es ahora más necesaria que nunca.

En las próximas semanas será fundamental el rol de la OEA. Si el informe que ha emitido, que desconoce los resultados electorales, no es ratificado por el Consejo Permanente, ya no tendría sentido que la OEA volviera a hacer nunca más una observación electoral. La Carta Democrática Interamericana ya no tendría sentido si la OEA terminara reconociendo a un gobierno cuya elección denunció como fraudulenta. Por su parte, los países miembros de la OEA, incluido Estados Unidos, deberían actuar en la misma dirección. Es inconcebible que un país que se invoca principios y valores democráticos otorgue su reconocimiento a un gobierno surgido del fraude, la violencia y la violación de derechos humanos, y Estados Unidos (junto con otros países de la región) no ha manifestado hasta ahora grandes reparos en reconocer la reelección fraudulenta de Hernández.

Antes del 26 de noviembre, el tiempo parecía dividirse en un antes y un después de la elección; nunca imaginamos que tendríamos un durante tan prolongado sin un presidente electo. Nuestro horizonte luego se desplazó al 27 de enero, fecha de inauguración de un gobierno ilegítimo, y las reacciones populares no se hicieron esperar. El presidente no tomó posesión en un lugar abierto porque se esperaban protestas importantes. Lo hizo en el Estado Nacional, con seguridad militarizada y con la población protestando afuera. Con ello se abrió un período de conflicto político y social que difícilmente permita que el país avance en otros temas importantes.

Con todo, tenemos claro que lo más importante es el hecho de que la población esté consciente y no permita un fraude electoral y de corrupción como este. Podremos perder un año ahora, pero ganaremos diez en el futuro en razón de la lucha contra la corrupción y la impunidad. El pueblo hondureño merece nuestro aplauso, porque ha demostrado que ya no está dispuesto a permitir que políticos de esta naturaleza sigan gobernando a nuestro país.

 

  • El espacio cívico en Honduras es calificado por el CIVICUS Monitor como ‘obstruido’, una categoría indicativa de la existencia de restricciones considerables sobre las libertades de expresión, asociación y reunión pacífica.
  • Contáctese con el CIPRODEH a través de su página web o su perfil de Facebook, o siga a @ciprodeh1 en Twitter

 

 

Huracán María: ‘La sociedad civil, dentro y fuera de Puerto Rico, vino a llenar el vacío dejado por la insuficiente respuesta estatal y desempeñó un rol sin precedentes’

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El 20 de septiembre de 2017 el huracán María devastó Puerto Rico. Su paso puso en evidencia no solo las fallas de la respuesta estatal sino también la resiliencia, capacidad e integridad de la sociedad civil. CIVICUS conversa con José Iván Vega, profesor de la Universidad de Puerto Rico – Mayagüez (UPR-M) y Director del Centro de Negocios y Desarrollo Económico (CNDE) de la misma universidad.

  1. ¿A qué se debió el terrible impacto que tuvieron los recientes huracanes que asolaron el Caribe? En el caso de Puerto Rico, ¿cuál fue el saldo del huracán María, y cuáles son las perspectivas de la reconstrucción?

Es evidente que en el Caribe estamos teniendo huracanes más fuertes y frecuentes, y muchos científicos lo atribuyen al cambio climático. Si bien yo no soy científico y no puedo probar categóricamente que la fortaleza de los huracanes se deba al cambio climático, lo cierto es que ambas cosas están ocurriendo. En el caso de Puerto Rico, tuvimos con apenas una semana de diferencia al huracán Irma, que felizmente a último momento pegó un giro hacia el norte y apenas nos rozó en la parte noreste, donde dejó sin electricidad a una cantidad importante de población; y al huracán María, que nos partió por el medio como decimos los boricuas. María entró por Yabucoa, un pueblo del sureste, atravesó toda la parte central de la isla y salió por el norte, por algún sitio entre Barceloneta e Isabela.

El huracán llegó con categoría 5 y vientos de 155 millas por hora. Poco después de que tocó tierra, los instrumentos oficiales de medición de la velocidad del viento quedaron destruidos, de modo que no tenemos un estimado oficial del servicio meteorológico; los datos que manejamos provienen de particulares que contaban con instrumentos de medición y de mediciones hechas desde aviones y otros métodos. Estimamos que los vientos se mantuvieron en 150-160 millas por hora, con ráfagas que en las montañas pudieron llegar a las 200 millas por hora y que provocaron una destrucción espantosa.

Realmente tuvimos mucho miedo. Yo había pasado otros huracanes, entre ellos el Georges de 1998, que también cruzó la isla de lado a lado y trajo vientos de 115 millas por hora, pero María no se compara con nada que yo haya visto, ni en fortaleza ni en duración. María impactó sobre la isla durante 12 horas ininterrumpidas.

Estábamos avisados y preparados para la llegada de un huracán, y el saldo de pérdida de vidas atribuida directamente al huracán fue de algunas decenas. Sin embargo, no se había previsto que podía llegar a interrumpirse casi totalmente el suministro eléctrico y que colapsarían las comunicaciones en toda la isla. Las telecomunicaciones están en manos de grandes compañías privadas con grandes recursos económicos y técnicos – AT&T, Claro, Sprint, Verizon – y nadie pensó que el sistema entero podía colapsar. Sin embargo, a causa del huracán perdimos el 95% del suministro de energía eléctrica, las inundaciones dejaron muchas zonas incomunicadas y fallaron las telecomunicaciones, de modo que también dejaron de funcionar las instituciones financieras. El suministro de agua potable se tornó problemático. En las zonas montañosas hubo poblaciones que quedaron incomunicadas durante cerca de un mes, y hay sitios que aún hoy, más de tres meses después del huracán, siguen sin electricidad.

En este punto las estadísticas oficiales de víctimas discrepan con las obtenidas de otras fuentes. En las semanas posteriores al huracán, el colapso de los hospitales, y del sistema de salud en general, resultó en centenares de muertos adicionales. Hubo hospitales que no tuvieron energía durante varios días y se vieron imposibilitados de atender pacientes, falló el suministro del que dependían muchas personas que recibían oxígeno en sus casas y en residencias de ancianos, y muchos murieron por falta de atención o de insumos. Mucha gente, en el rango de los miles, fue luego evacuada a los Estados Unidos para recibir cuidados intensivos o especializados.

El huracán María fue el peor desastre natural que afectó a Puerto Rico en el último siglo. La devastación fue enorme: según la estimación del gobierno, los daños materiales ascendieron a 95 billones de dólares. La reconstrucción de la infraestructura – hospitales, escuelas, puentes y carreteras - llevará años. Antes del huracán enfrentábamos una crisis económica que ya duraba una década, con alto desempleo y tasas de emigración que no se veían desde los años ’50. Tras el huracán sobrevino un éxodo masivo a los Estados Unidos (y especialmente a la Florida, donde hemos sido bienvenidos): se estima que desde entonces Puerto Rico ha perdido cerca de 200 mil habitantes, y serán muchos más. Aquí mismo en la universidad, pese a que estamos en una zona que ha sido comparativamente poco afectada, he tenido varios estudiantes que debieron marcharse porque sus padres perdieron sus empleos o sus negocios. La salud mental de la población también quedó afectada; nos llevará cierto tiempo recuperarnos. Hoy, una alerta de huracán provocaría una histeria colectiva.

  1. ¿Fue adecuada y suficiente la respuesta gubernamental ante la emergencia?

Claramente, el gobierno estatal de Puerto Rico falló en sus planes de contingencia. Como no previó que podían colapsar las comunicaciones, no estableció un sistema alterno de comunicación, y se vio imposibilitado de coordinar eficazmente la respuesta inmediata.

Pasada la primera semana, sin embargo, el gobierno estatal se recompuso poco a poco mediante la activación de la Guardia Nacional y la coordinación con los gobiernos municipales, que también comenzaron a asumir su rol.

Entretanto, el protagonismo de la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, ayudó a poner en evidencia ante la opinión pública mundial que, contra lo que decía el discurso oficial, la situación no estaba en lo más mínimo bajo control. En ese momento estábamos apenas tratando de sobrevivir con lo básico, sin electricidad ni comunicaciones, dedicados a conseguir agua, alimentos y gasolina. Carmen Yulín tuvo mucha exposición en los medios porque fue atacada por el presidente Trump y se defendió. Ella es una líder de la oposición que domina perfectamente el inglés, se expresa muy bien y no se queda callada ante nadie, de modo que fue una excelente vocera en un momento de gran necesidad.

  1. ¿Qué rol desempeñó la sociedad civil?

La sociedad civil vino a llenar el vacío dejado por la insuficiente respuesta estatal y desempeñó un rol de una prominencia que yo nunca antes había visto. Demostró una gran resiliencia y una enorme habilidad para hacer mucho con bastante poco.

Cuando todo dejó de funcionar, la comunicación quedó en manos de un par de emisoras de radio AM cuyas antenas seguían en pie y que funcionaron con generadores eléctricos, y de los radioaficionados de kp4, con equipos de onda corta y entrenados para brindar servicios a la comunidad en situaciones de emergencia. Durante dos o tres semanas la población recurrió casi exclusivamente a estos métodos para localizar familiares y enviar mensajes y ofrecimientos y pedidos de auxilio.

Cuando hablamos de la sociedad civil de Puerto Rico, debemos referirnos no solamente a la sociedad civil en la propia isla sino también a la sociedad civil de la diáspora. En Puerto Rico viven 3,5 millones de personas, pero hay entre 5 y 6 millones de portorriqueños que viven fuera de la isla, en su mayoría en los Estados Unidos, muchos de los cuales tienen familia aquí. Es mi impresión que los portorriqueños de la diáspora prefirieron canalizar su ayuda a través de la sociedad civil más que a través del gobierno, porque en ese momento el gobierno transmitía una imagen de inoperancia, mientras que había mayor confianza en que la sociedad civil sería capaz de brindar una asistencia que llegara a tiempo a quienes más la necesitaban. Hubo entonces varias iniciativas para canalizar la ayuda de la diáspora a través de la sociedad civil, o a través de alianzas que integraban a actores gubernamentales y no gubernamentales. Y, como se puede observar en los portales web de todas estas iniciativas, la sociedad civil fue muy cuidadosa en reportar la recaudación y los usos de lo recaudado.

Tal fue el caso de Puerto Rico se levanta, una iniciativa de la sociedad civil que incluyó a algunas entidades gubernamentales así como a empresas privadas, para ayudar a los negocios a recuperarse. Yo participé de esta iniciativa, y una de las primeras cosas que hicimos fue desplegarnos en la isla para relevar y atender las necesidades inmediatas, tales como la distribución de generadores para que los negocios pudieran volver a funcionar. También cabe mencionar el trabajo de recaudación y distribución de fondos para la reconstrucción de ConPRmetidos y la iniciativa Shop_HirePR, un directorio de tiendas online de empresarios puertorriqueños donde es posible comprar desde el exterior. Adicionalmente, el sitio web permite a los usuarios conectarse con profesionales freelance puertorriqueños con capacidad para trabajar de manera remota. El objetivo de esta iniciativa, dirigida sobre todo a la diáspora, es impulsar la economía y el empleo locales para contribuir a la recuperación económica en el largo plazo.

Adicionalmente, desde la Universidad de Puerto Rico, donde dirijo un centro de apoyo a emprendedores sociales e innovadores, organizamos un programa para capacitar a entidades comunitarias para que puedan mejorar su gestión contable y financiera de modo de obtener el status de organización 501(c)(3) que les permite recibir ayuda y donaciones de fundaciones y entidades de la sociedad civil de los Estados Unidos.

La sociedad civil también tuvo un rol prominente a nivel comunitario. De hecho, el tejido social salió de la emergencia fortalecido. Ante la lentitud e insuficiencia de la atención de emergencia en las zonas más aisladas, hubo mucha auto-organización local. Vecinos que no se conocían se organizaron para coordinar la asistencia inmediata, la distribución de ayuda y el suministro de agua. Las iglesias fueron muy activas en la promoción de la respuesta de la comunidad.

  1. ¿Recibió la sociedad civil portorriqueña suficiente solidaridad y apoyo desde el exterior?

El llamado de Carmen Yulín, junto con las intervenciones de celebridades boricuas y el liderazgo político, tuvo un efecto movilizador. Los puertorriqueños de la diáspora, muchos de ellos desesperados por comunicarse con sus seres queridos, movilizaron contactos y recursos para que el gobierno federal de los Estados Unidos diera una respuesta rápida y contundente. De hecho, lograron por ejemplo que se movilizara el Cuerpo de Ingenieros del Ejército y que se enviara un barco hospital que estuvo brindando atención durante dos meses. En estados con mucha población puertorriqueña apelaron a sus representantes en el Congreso, algunos de los cuales viajaron a la isla. Y por último lograron que se hiciera presente el presidente de los Estados Unidos, con los resultados un poco lamentables que todos vimos por televisión.

También desde Estados Unidos, algunos de nuestros artistas más conocidos, como Jennifer Lopez, Marc Anthony y Ricky Martin, se involucraron en esfuerzos para recaudar fondos, la mayoría de los cuales se canalizaron no a través del gobierno sino de entidades de la sociedad civil. En la ciudad de Washington y con la adhesión de muchas celebridades puertorriqueñas, se hizo una “Marcha de Unidad por Puerto Rico”, para exigir la cancelación de la deuda de Puerto Rico y asistencia de los Estados Unidos para la reconstrucción.

Si bien la conexión más natural de los puertorriqueños es con los Estados Unidos, por el hecho de que somos un Estado Libre Asociado y tenemos la ciudadanía estadounidense, también hubo actividades de recaudación de fondos en otras partes del mundo, por ejemplo en Londres, pero generalmente motorizadas por miembros de la diáspora. Aparte de ello, creo que no ha habido mucho apoyo de organizaciones de la sociedad civil internacional o extranjeras, posiblemente a causa de nuestra relación política con los Estados Unidos, que ya sea lo dificulta, ya lo desincentiva, en la medida en que la comunidad internacional supone que Estados Unidos se está encargando del asunto.

  • Contáctese con el CNDE a través de su página web, o con José Iván escribiendo un correo a

 

 

 

Puerto Rico: ‘Si no incorpora a la sociedad civil, el gobierno no puede enfrentar la emergencia de manera inmediata y contundente’

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El 20 de septiembre de 2017 el huracán María devastó Puerto Rico. Su paso puso en evidencia no solo las fallas de la respuesta estatal sino también la resiliencia, capacidad e integridad de la sociedad civil. CIVICUS conversa con Mary Ann Gabino, vicepresidenta senior de la Fundación Comunitaria de Puerto Rico (FCPR), una organización que lleva 32 años sirviendo a la comunidad de Puerto Rico. La FCPR es la única fundación comunitaria de Puerto Rico, y la primera en su tipo en Latinoamérica y el Caribe. Con $60 millones donados, opera de puente entre la comunidad filantrópica global y la isla de Puerto Rico.

  1. 1. ¿A qué se debió el terrible impacto que tuvieron los recientes huracanes que asolaron al Caribe, y a Puerto Rico en particular?

Puerto Rico ya tenía una infraestructura de energía, agua y caminos debilitada por muchos años de deterioro. También tenía, desde antes del paso de los huracanes, un sistema de telecomunicaciones que, aunque relativamente nuevo, era bastante frágil, posiblemente a causa de que en los últimos años se había producido una entrada desmesurada de diversas empresas que, en su afán por acaparar un mercado con gran demanda, no previeron la fragilidad geográfica que presentaba Puerto Rico frente a eventos atmosféricos.

Además, a mi entender hemos prestado muy poca atención a los efectos del cambio climático. Las grandes sequías que hemos tenido en el pasado han dejado muchos de los embalses con gran sedimentación y material vegetal, lo cual ha hecho que ríos y quebradas crezcan y busquen un cauce fuera de su ruta natural. La erosión de nuestras costas es cada vez más evidente, y en consecuencia el mar está cada vez más cerca de muchas comunidades, que en muchos casos ya eran de por sí vulnerables. En ese contexto, el desastre natural que vivimos recientemente, cuya furia azotó nuestra isla de manera insospechada, se agravó por la inacción del hombre ante el deterioro de una infraestructura que no solamente no soportó el embate, sino que además aún no se restablece totalmente.

  1. ¿Cuál fue el saldo del huracán María en Puerto Rico, y cuáles son las perspectivas de la reconstrucción?

Hay que recordar que antes de los huracanes Irma y María - que fueron dos, con una semana de diferencia el uno del otro – Puerto Rico ya estaba pasando por una crisis fiscal, que se traducía en una deuda de más de 72.000 millones de dólares y una recesión económica que rondaba su decimoprimer año. Los efectos de esta crisis se evidenciaban en una tasa de desempleo de 10%, una participación laboral de 40% y la migración de cerca de 400.000 personas hacia los Estados Unidos de Norte América, tan solo entre los años 2010 y 2016.

Esta situación se agravó por el paso de los huracanes, que dejaron a la isla sin energía, agua ni comunicaciones, y a sus residentes haciendo fila para conseguir gasolina y víveres de consumo. Hoy día, en enero de 2018, cerca del 40% de la ciudadanía aún no tiene energía. Más de 200.000 puertorriqueños han abandonado la isla desde el huracán María, y unas 31.000 personas han perdido sus trabajos. Se estima que unas 250.000 casas fueron afectadas. De más está decir que la renovación de la isla tomará tiempo, ciertamente más de un año, y que se requerirá mucha voluntad para levantar y renovar la infraestructura.

  1. ¿Fue adecuada y suficiente la respuesta gubernamental ante la emergencia?

No quiero emitir juicio sobre la acción del gobierno, ya que hacerlo en estos momentos divide más de lo que construye. Prefiero hablar en cambio acerca del rol de la sociedad civil. Porque sin duda el paso del huracán puso en evidencia el hecho de que en circunstancias de emergencia como las que vivimos el gobierno por sí solo no tiene la capacidad de actuar de manera inmediata y contundente. Es por eso que debe incorporar a la sociedad civil en un plan amplio para atender situaciones de desastre.

  1. ¿Qué rol desempeñó la sociedad civil frente a la emergencia?

La sociedad portorriqueña se activó de inmediato. De hecho, desde el primer día en que abrimos las puertas de la Fundación luego del paso del huracán, llegaron a nuestras oficinas aproximadamente entre 8 y 15 organizaciones cada día. En un primer momento, venían solicitando apoyo para abrir accesos en caminos vecinales y carreteras estatales incomunicadas por derrumbes, los cuales habían dejado a muchas áreas totalmente aisladas por la falta de comunicación. Es decir, ante todo intentaban comunicar a la gente. También necesitaban surtir a las comunidades de comida caliente. Los víveres así distribuidos serían para mucha gente el único plato caliente del día; de ahí que surgieran muchas cocinas comunitarias, así como centros de acopios y distribución de víveres y otros artículos de primera necesidad.

Algunas de las organizaciones que solicitaron nuestra ayuda habían comenzado de inmediato a pensar en el largo plazo. Tal fue el caso de una organización en Yauco - la primera en llegar a nuestra oficina - que además de para abrir un camino pidió ayuda para cavar un pozo de agua para abastecer a la comunidad. Muy pronto la apertura de pozos comunitarios y el fortalecimiento de acueductos comunitarios se convertiría en un área de enfoque estratégico de la Fundación. Esta decisión no fue tomada al azar, sino atendiendo al potencial de la sociedad civil para organizarse en torno de la provisión de agua en las comunidades. De igual manera, hubo una organización en Salinas que nos habló de la creación de una micro-red solar. En otras palabras, las organizaciones de base comunitaria, impulsadas por representantes de las comunidades, nos estaban diciendo que era posible levantar infraestructura alterna desde la base comunitaria.

En suma, luego de los huracanes Irma y María la FCPR logró recaudar 9,3 millones de dólares. En la emergencia inmediata, 1,3 millones fueron entregados a alrededor de 80 organizaciones sin fines de lucro que de un modo u otro sirven a alguno de los 78 municipios que componen la isla de Puerto Rico. Además, a través de 28 organizaciones que se convirtieron en centros de acopio y distribución logramos repartir alimentos y víveres a unas 73.000 personas. También se distribuyeron unos 210 purificadores de agua y 54 generadores de energía.

Durante los próximos dos años la FCPR se enfocará en unas cinco áreas de renovación medular para la isla. En primer lugar, apoyará el fortalecimiento de infraestructuras de agua comunitarias. Segundo, impulsará estrategias para promover la agricultura para lograr cierto grado de seguridad alimentaria. Tercero, impulsará el establecimiento de infraestructuras de energía renovable para suministrar energía a las comunidades. Cuarto, brindará apoyo a organizaciones comunitarias de desarrollo de vivienda para que aporten a la construcción y rehabilitación de viviendas dañadas o destruidas. Finalmente, impulsará y fortalecerá incubadoras comunitarias para impulsar el desarrollo económico.

  1. ¿Recibió la sociedad civil portorriqueña suficiente solidaridad y apoyo desde el exterior?

El mundo en general, y la diáspora boricua en particular, respondió de inmediato ante la situación de emergencia en nuestra isla. El mismo lunes después del huracán María nuestra fundación había recibido cientos de correos electrónicos y unos 15.000 dólares a través de nuestra página electrónica, sin que hubiéramos siquiera puesto un pedido o instrucciones para donar. Llegó dinero de Estados Unidos, Bélgica, España, Canadá y diversos países de Sudámerica, junto con otras demostraciones de apoyo. La sociedad civil internacional – individuos y familias - ha aportado más de 100.000 dólares para la renovación.

Antes de la emergencia recibíamos tan solo unos 500 dólares al año a través de nuestra página electrónica. Esto cambió completamente a raíz del huracán María. La desgracia sacó lo mejor de las personas. Además de enviar dinero, muchas personas se ofrecieron como voluntarias o expresaron su solidaridad enviando víveres. Recuerdo especialmente a una señora que llamó desde Texas el lunes después del huracán porque quería enviar fórmula para bebés. Ante la incertidumbre de cómo manejar un cargamento de esta naturaleza, le pregunté cuántas cajas quería enviar y me dijo que eran ocho potes: ella acababa de tener gemelos y quería compartir algo de lo que tenía. Todavía recibo mensajes de personas que desean venir a donar tiempo voluntario, y estamos tratando de canalizar esa ayuda a pesar de que las circunstancias siguen cambiando diariamente.

  • Contáctese con la Fundación Comunitaria de Puerto Rico a través de su página web y su perfil de Facebook, o siga a @FComunitaria en Twitter

 

 

 

Brasil: ‘Na esquerda, as estruturas tradicionais se enfraqueceram ao mesmo tempo que novas formas de organização locais e autônomas surgiram em todo o país’

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Após os muitos protestos vistos no Brasil em 2017, CIVICUS fala com José Henrique Bortoluci, professor do Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil (CPDOC) na Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo, Brasil. José Henrique é PhD em Sociologia na Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, e é especialista em movimentos sociais, estudos urbanos e teoria social, com foco no Brasil.

 

  1. 2017 foi um ano de grande mobilização no Brasil? Quais foram os principais grupos mobilizados e quais foram as principais causas para seu descontentamento?

2017 foi um ano bastante contraditório e desigual em termos da atuação da sociedade civil no Brasil. De um lado, movimentos sociais não foram capazes de sustentar um movimento nacional de oposição ao governo de Michel Temer, por muitos considerado ilegítimo. O presidente continua governando, a despeito de ter assumido o poder a partir de um processo de impeachment altamente contestável (um golpe parlamentar, de acordo com parte da opinião pública) e de avançar reformas em quase tudo contrastantes com o programa de governo escolhido pelas urnas em 2014.

Apesar disso, em 2017 continuou avançando um processo de dinamização da sociedade civil no Brasil, com o surgimento de movimentos sociais pela renovação da política, sobretudo entre parcelas mais jovens da população – que se sentem em geral bastante barrados do sistema político como ele se organiza hoje. Trata-se de uma dinâmica que começou a ficar mais clara e se aprofundou a partir dos grandes protestos de 2013 e se dinamizou com os movimentos de ocupação de escolas em 2015, com a mobilização contra a Copa do Mundo e as Olimpíadas, que se realizaram no Brasil em junho-julho de 2014 e agosto de 2016, respectivamente, com a atuação de movimentos de ativismo urbano e com o substancial crescimento em tamanho e importância do movimento feminista e LGBTI nos últimos três anos.

Em suma, eu diria que o cenário é ao mesmo tempo de profunda politização entre vários setores da sociedade, mas de falta de articulação (seja por falta de força, seja por discordância política ou estratégica) entre esses movimentos em nível nacional.

  1. Como o governo reagiu aos protestos? Como a sociedade civil respondeu às restrições ao espaço de atuação cívica?

O governo tem reagido de forma bastante violenta, nos casos em que houve enfrentamento com manifestantes (como na greve de abril de 2017), como é de costume no país, sobretudo desde 2013. O que muitos ativistas apontam é que as forças policiais, sobretudo nas cidades onde houve um grande número de movimentações de impacto nacional nos últimos anos (principalmente Rio de Janeiro e São Paulo) se tornaram mais “eficientes” desde 2013 – e também como “legado” da Copa do Mundo e das Olimpíadas – em dissuadir protestos e em usar força máxima em muitos casos, dificultando estrategicamente que grandes protestos se concretizem.

Além disso, a outra forma de reação do governo tem sido, com frequência, desprezar deliberadamente a opinião pública, fechando-se ainda mais em suas alianças com o congresso e alguns setores da economia e da imprensa. Temer teve ao longo do 2017 a menor aprovação de qualquer presidente da história brasileira, e certamente uma das menores do mundo, o que não o impediu de manter-se, mesmo que sem legitimidade, no poder.

Por seu lado, a sociedade civil ainda busca novas formas de atuação frente a esse cenário de fechamento dos canais institucionais. As novas redes sociais têm desempenhado um papel crucial para a disseminação de novas gramáticas políticas entre a população - tanto à esquerda como à direita, como atestam exemplarmente o movimento feminista e as redes de apoio a um candidato de extrema-direita como Jair Bolsonaro.

Na esquerda, o enfraquecimento do Partido dos Trabalhadores (PT), da Central Única dos Trabalhadores (CUT), a principal central sindical do país, do Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra (MST) e da União Nacional dos Estudantes (UNE), que exerceram papel quase hegemônico nas últimas décadas, se deu em paralelo à emergência de novas formas de organização mais locais e autônomas em todo o país, como movimentos de bairro, coletivos de jovens de periferia e movimentos de estudantes não-alinhados a partidos políticos.

  1. Em abril de 2017, o Brasil teve uma das greves gerais mais massivas de sua história. O que levou a esse protesto? Por que ele teve uma dimensão tão massiva? E o que mudou como resultado?

A grande greve de abril 2017, com uma quase paralisação geral de um dia, deveu-se à conjunção de dois fatores: a crise do governo Temer, com a divulgação de evidências de seu envolvimento – e do envolvimento de ministros e outros políticos muito próximos a ele – em escândalos de corrupção de grandes proporções, e às tentativas do governo em avançar duas reformas que impactarão profundamente os trabalhadores: a nova lei trabalhista (sancionada pelo presidente em julho) e a reforma da previdência (ainda em tramitação no Congresso). Outros movimentos sociais de oposição ao governo, assim como movimentos de esquerda (estudantes, feministas, LGBTI, ativismo urbano) se juntaram aos protestos. De qualquer forma, apesar de sua enorme importância, essa grande movimentação não ganhou momento ao longo do ano – ao menos não como um movimento nacional unificado antigoverno e antirreformas neoliberais.

  1. O que podemos esperar para 2018 com a aproximação das eleições e a liderança do ex-presidente Lula da Silva nas pesquisas?

O cenário ainda é bastante aberto, e qualquer previsão é marcada por muita incerteza. A primeira questão importante é se Lula poderá concorrer às eleições de outubro – caso ele não seja condenado em segunda instância. Em julho de 2017, Lula foi condenado a quase 10 anos de prisão depois de ter sido declarado culpado por acusações de corrupção e lavagem de dinheiro, mas seu recurso ainda está pendente. Mesmo que seu recurso fosse resolvido contra ele, alguns juristas ainda defendem que ele poderia ser candidato, até que o Supremo Tribunal Federal, a suprema corte constitucional do país, confirmasse o julgamento.

Outras iniciativas à esquerda ainda são bastante tímidas, como um início de movimentação em torno do nome de Guilherme Boulos (líder do mais significativo movimento de moradia do país, o MTST) e Ciro Gomes, um político com posições nacionalistas mas associado a práticas políticas bastante tradicionais.

A mesma incerteza também marca a direita e o centro – é bastante provável que o governador de São Paulo, o pouco carismático Geraldo Alckmin, concorrerá, provavelmente com uma plataforma liberal na economia e conservadora em termos de costumes e segurança pública. Jair Bolsonaro deverá ser o primeiro candidato abertamente de extrema direita com alguma chance de ir ao segundo turno.

De qualquer forma, a disputa tende a ser ferrenha e não há candidato com chances claras de vitória em primeiro turno. Além disso, a despeito do surgimento de novos movimentos que pregam uma renovação na política, a legislação eleitoral brasileira dificulta imensamente uma renovação no legislativo, um dos maiores responsáveis pela atual crise política e pelo avanço de uma agenda conservadora.

  • O espaço cívico no Brasil é classificado como ‘obstruído’ no CIVICUS Monitor, indicando restrições graves nos direitos da sociedade civil.

Entre em contato com Jose Henrique através de seus perfis Facebook ou Academia, ou pelo email

 

Tratado Vinculante sobre Trasnacionales y Derechos Humanos: ‘Tenemos perspectivas de éxito porque por primera vez se han abierto las ventanas de las Naciones Unidas y ha entrado la gente’

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El Informe 2017 sobre el Estado de la Sociedad Civil describió el rol central que desempeña la sociedad civil en la campaña para establecer un tratado global vinculante para que las empresas transnacionales cumplan con los estándares de derechos humanos.

 

‘El gobierno argentino envió un mensaje intimidatorio en relación con la participación de la sociedad civil; esta reducción del espacio cívico en las discusiones globales debe ser monitoreada’

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CIVICUS conversa con Gastón Chillier, Director Ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), una organización de derechos humanos de Argentina. El CELS fue fundado en 1979, durante la dictadura militar, para promover los derechos humanos, la justicia y la inclusión social. En sus primeros años, el CELS luchó por la verdad y la justicia ante los crímenes del terrorismo de estado. A fines de la década de 1980 amplió su agenda para incluir las violaciones de derechos humanos cometidas bajo la democracia, sus causas estructurales y su relación con la desigualdad social. CELS promueve su agenda a través de investigaciones, campañas, alianzas con otros actores de la sociedad civil, incidencia y políticas públicas y litigio estratégico en foros nacionales e internacionales.

1. Cuéntenos acerca de la decisión del gobierno argentino de revocar la acreditación de varias organizaciones de la sociedad civil para la Conferencia Ministerial de la Organización Mundial de Comercio (OMC) en Buenos Aires.

Sesenta y cinco personas de todo el mundo cuyas organizaciones habían sido acreditadas para participar en la Conferencia Ministerial de la OMC, que se celebró en Buenos Aires del 10 al 13 de diciembre de 2017, recibieron correos electrónicos de la OMC que indicaban que las autoridades de seguridad de Argentina, el país anfitrión, había rechazado sus acreditaciones “por razones sin especificar”. Algunas de estas personas decidieron de todos modos viajar a Argentina para participar en otras actividades. Muchas de ellas fueron retenidas durante horas en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza antes de que se les permitiera ingresar al país. A dos personas - Petter Titland, un activista noruego de ATTAC (Asociación por la Tasación de las Transacciones Financieras y de Ayuda a los Ciudadanos), y la periodista británico-ecuatoriana Sally Burch, quien participaría en la Conferencia Ministerial en calidad de experta en regulación de internet – les fue denegado el ingreso y fueron posteriormente deportadas.

El Ministerio de Relaciones Exteriores inicialmente emitió un comunicado de prensa explicando que las acreditaciones habían sido rechazadas porque estas personas o sus organizaciones “habían hecho explícitos llamamientos a manifestaciones de violencia a través de las redes sociales, expresando su vocación de generar esquemas de intimidación y caos”. Resultó evidente que el gobierno había estado recopilando información de inteligencia, muy posiblemente sobre la base de la afiliación organizativa o la opinión política de las personas, lo cual está expresamente prohibido por la legislación argentina.

2. ¿Qué hizo la sociedad civil para que el gobierno de Argentina revocara su decisión?
Las organizaciones de la sociedad civil (OSC) de Argentina, y el CELS en particular, trabajaron para defender el derecho de los activistas puestos en la lista negra a la participación y la libertad de circulación, de modo de garantizar su ingreso a Argentina. Recopilamos y compartimos información tanto a nivel local como con sus organizaciones en sus países de origen. También alertamos a los funcionarios de las embajadas y en la justicia cuando las personas estaban siendo retenidas en el aeropuerto. Por último, tomamos medidas legales y administrativas.
Más específicamente, el CELS presentó peticiones de hábeas data, una solicitud de información pública y un habeas corpus colectivo, a la vez que se ocupó de los casos individuales de Titland y Burch, y brindó asesoramiento y apoyo a algunas de las otras personas directamente afectadas. Además, ayudamos a hacer correr la voz entre los periodistas, a través de las redes sociales y mediante entrevistas de prensa y comunicados en los medios.
Mediante estas peticiones legales y administrativas, solicitamos que el gobierno especificara las restricciones de seguridad establecidas para participar en el evento de la OMC y explicara los vínculos existentes entre esa evaluación y la prohibición o restricción del ingreso de activistas individuales al país.
En una audiencia judicial sobre el habeas corpus colectivo que presentamos en nombre de los activistas de la sociedad civil que habían sido retenidos al llegar al país, el gobierno presentó una lista con los nombres de las 65 personas cuyas acreditaciones habían sido rechazadas, pero insistió en que esto no les impedía la entrada en Argentina y que no tenía ninguna relación con las deportaciones de Titland y Burch. Reconocieron, sin embargo, que el Ministerio de Relaciones Exteriores había enviado esta lista a la Dirección Nacional de Migraciones, en calidad de “alerta”. Tanto Titland como Burch figuraban en esa lista.
En respuesta a nuestras otras peticiones, el Ministerio de Relaciones Exteriores afirmó que no podía proporcionar detalles sobre qué información se había recabado sobre esas 65 personas o cómo había sido obtenida, y remitió nuestras consultas al Ministerio de Seguridad y la Agencia Federal de Inteligencia. Todavía seguimos esperando sus respuestas.
Gracias a la presión legal, diplomática y mediática de la sociedad civil, el gobierno argentino se vio obligado a retroceder en algunos casos. Después de que Titland y Burch fueron deportados, a nadie más se le prohibió ingresar al país. Además, el 10 de diciembre el gobierno argentino anunció que un puñado de personas que figuraban en la lista estaban siendo acreditadas nuevamente. Entre ellas se encontraba Titland, quien finalmente regresó a Argentina y participó en la conferencia.
Sin embargo, muchas otras personas y OSC siguieron sin ser acreditadas, incluidas la organización chilena Derechos Digitales, la fundación argentina Grupo Efecto Positivo y la organización británica Global Justice Now. Algunos activistas cuyos nombres figuraban en la lista nos dijeron que se habían abstenido de viajar a la Argentina por miedo, y a otros les habían rechazado las solicitudes de visa. Algunos han manifestado temor de que estos rechazos y alertas queden registrados en su historial migratorio.

3. ¿Qué impacto tendrá la decisión del gobierno argentino sobre la legitimidad de las conversaciones de la OMC y, en términos más generales, sobre las perspectivas de participación de la sociedad civil en futuros debates globales?

La decisión del gobierno argentino de rechazar la acreditación de activistas sobre la base de información de inteligencia que puede que haya sido recabada ilegalmente, retenerlos en el aeropuerto y, en los dos casos más notorios, deportarlos a terceros países, causó tensión con la propia OMC y con otros países, en particular Noruega. Daría la impresión de que el gobierno argentino intentó reducir la participación de la sociedad civil en esta conferencia ministerial. Independientemente de los resultados de la reunión, esto sin duda tendrá impacto sobre la legitimidad de las conversaciones.

Esta fue la primera vez en que hubo un rechazo de activistas en semejante escala, y sienta un precedente muy negativo para la participación de la sociedad civil. Las acciones del gobierno argentino han enviado un mensaje intimidatorio que pone en cuestión el compromiso del país con la participación de la sociedad civil. Esta reducción del espacio cívico en las discusiones globales es una nueva dimensión que debe ser monitoreada. Y debería hacer sonar la alarma para que la sociedad civil global se asegure de que otros gobiernos no conviertan este precedente en una práctica de rutina.

 

4. ¿Cómo describiría el ambiente para la sociedad civil en Argentina? ¿Qué debería cambiar para que el espacio cívico mejore en el país?

Aunque Argentina está lejos de presentar el peor escenario en la región, el ambiente para la sociedad civil se está deteriorando. El gobierno actual ordenó la represión de protestas sociales y promovió o toleró la criminalización de los manifestantes y de algunos prominentes líderes sociales. También ha mostrado desdén por la participación de la sociedad civil, por ejemplo al nombrar por decreto a jueces de la Corte Suprema -y por lo tanto pasar por alto todas las instancias de participación pública en el proceso- y llevar adelante un intento de designación relámpago de un candidato a ocupar la vacante Defensoría del Pueblo, ignorando nuevamente a la sociedad civil en el proceso. En ambos casos, los reclamos públicos forzaron al gobierno a retroceder.

Además, el CELS y otras organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales que desempeñaron un rol en el caso de Santiago Maldonado, un joven que desapareció durante la represión ilegal de una protesta de una comunidad indígena y fue encontrado ahogado casi tres meses después, fueron demonizados por algunos funcionarios nacionales.

Para que el espacio cívico en Argentina mejore, el gobierno debe proporcionar garantías para el ejercicio efectivo del derecho a la protesta, asegurando que las fuerzas de seguridad utilicen la fuerza responsablemente y dentro de la ley. También debe dar prioridad a los canales políticos para alcanzar soluciones concertadas a los conflictos y demandas sociales, y debe respetar y promover una variedad de mecanismos para la participación de la sociedad civil en procesos políticos clave.

  • El espacio cívico en Argentina es clasificado como ‘estrecho’ por el CIVICUS Monitor.
  • Contáctese con el CELS a través de su página web o su perfil de Facebook, o siga @CELS_Argentina y a @gchillier en Twitter

 

 

 

‘Tenemos que reconstruir con un enfoque de derechos humanos, es decir reactivando comunidades, y no solamente edificando casas’

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Los dos terremotos que afectaron a México en septiembre de 2017 dejaron cientos de muertos y miles de heridos, y la sociedad civil respondió rápidamente. Además de tener impactos inmediatos, los terremotos expusieron graves deficiencias de gobernanza. CIVICUS habla con dos personas de Fundar: Centro de Análisis e Investigación - Eduardo Alcalá, Coordinador de Planeación, Seguimiento y Evaluación, y Sarahí Salvatierra, investigadora del Programa de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción. Fundar es una organización de la sociedad civil mexicana, plural e independiente, que promueve una democracia sustantiva y la transformación de las relaciones de poder entre gobierno y sociedad. Realiza labores de incidencia a través de la producción y diseminación de conocimiento especializado, la reflexión crítica y propositiva y la experimentación y vinculación con actores civiles, sociales y gubernamentales.

1. ¿Piensan que la respuesta del gobierno mexicano ante los sismos de septiembre de 2017 fue adecuada y suficiente?

El 7 de septiembre de 2017 un sismo de 8.2 grados afectó gravemente a la población de Chiapas y Oaxaca. Poco después, el 19 de septiembre, otro sismo de 7.1 grados causó graves daños, principalmente en la Ciudad de México y en los estados de Guerrero, México, Morelos, Puebla, Tlaxcala y Veracruz. Los sismos pusieron en evidencia la existencia de diversas falencias que el gobierno mexicano debe atender de manera urgente en materia de prevención y respuesta a los efectos de desastres naturales.

Desde nuestra perspectiva, la respuesta oficial ante estos hechos debe contemplar los siguientes elementos. En primer lugar, debe incluir la provisión de información accesible, clara, precisa y de calidad. Esto es determinante para la atención inmediata, es decir para el adecuado rescate de sobrevivientes, su cuidado y la recuperación de su patrimonio; para la reconstrucción de sus viviendas y de la infraestructura de sus localidades; para la provisión de condiciones de vida adecuadas a sus necesidades tras el desastre, y eventualmente para reparar daños y garantizar otros derechos. En este sentido, está claro que las plataformas y los sistemas oficiales de información y de comunicación deben ser actualizados con urgencia para ofrecer datos completos que permitan conocer de manera inmediata la magnitud de los daños, el tipo de asistencia de emergencia enviada a las poblaciones afectadas y, sobre todo, las estrategias planificadas y el origen y el destino de los recursos públicos con que el gobierno responderá a la catástrofe en el corto, el mediano y el largo plazo. En el caso de los sismos recientes, las respuestas del gobierno a las necesidades de información no cumplieron con estos estándares mínimos de transparencia ante desastres naturales.

Segundo, la respuesta oficial debe asimilar el hecho de que, en la fase de emergencia, la participación ciudadana encarada desde la solidaridad y la voluntad de las personas se organiza y coordina de manera natural y virtuosa. En ese sentido, las acciones para atender la fase de emergencia que desarrollaron las comunidades en México evidentemente superaron en tiempo y forma a las estrategias oficiales. Las redes sociales habilitaron una respuesta social mucho más ágil y efectiva que los procesos burocráticos. El involucramiento del gobierno a través de la marina, el ejército y los operadores públicos, si bien contribuyó a ordenar algunos aspectos durante esta fase, en ciertos momentos generó confusión e impuso medidas no necesariamente acordes a los protocolos internacionales en materia de rescate y salvaguarda de las vidas de las personas.

Tercero, la respuesta gubernamental debe incluir la participación ciudadana en la toma de decisiones para la reconstrucción. Las estrategias e intervenciones deben ser diseñadas e implementadas de acuerdo con los más altos estándares de derechos humanos. La participación no solo empodera a las comunidades sino que también garantiza una mayor congruencia entre las políticas resultantes y las prioridades de las comunidades. En este sentido, apremia que el gobierno mexicano habilite, promueva e implemente mecanismos efectivos de participación ciudadana para la formulación de planes de reconstrucción y, más en general, que fortalezca en forma permanente el diálogo con la ciudadanía.

Cuarto, la respuesta del gobierno debe ir acompañada de mecanismos adecuados de rendición de cuentas, basados en plataformas y sistemas eficaces de información, para que sea posible hacer un monitoreo en tiempo real tanto del avance físico como del aspecto financiero de los planes de reconstrucción. Asimismo, el gobierno debe estar dispuesto a reorientar sus acciones y ajustar la inversión en función de las necesidades más apremiantes desde una visión estratégica a corto, mediano y largo plazo. En este punto, el gobierno mexicano debería introducir mejoras sustantivas en el diseño, la implementación y la operación de mecanismos de rendición de cuentas y control ciudadano. La ciudadanía debería poder monitorear los procesos de reconstrucción en todas sus dimensiones, tanto físicas como financieras y en lo que respecta al desembolso tanto de recursos públicos como de recursos procedentes de donaciones privadas. Actualmente el marco normativo es poco robusto en este sentido y tiene lagunas procedimentales que complican la adecuada fiscalización.

2. ¿Qué rol desempeñó en este contexto la sociedad civil?

La sociedad civil ha estado desde hace años activa en todos estos temas. En primer lugar, diversas organizaciones han puesto en el centro del debate público la necesidad de una mejor planeación urbana y de vivienda, así como de un diseño integral en materia de protección civil y prevención y atención a riesgos. En segundo lugar, ante la ocurrencia de desastres - sismos, sequías, huracanes, inundaciones - la sociedad civil ha contribuido mediante la provisión de información y la puesta en marcha de mecanismos participativos para atender necesidades puntuales de las comunidades afectadas. Tercero, a través de diversas plataformas cívicas e iniciativas ciudadanas, desde la sociedad civil nos hemos involucrado en distintos frentes para, sobre la base de nuestra experticia, mejorar los procesos en las fases posteriores a una catástrofe.

De modo que, aunque el voluntariado fuera una de las caras más visibles de la sociedad civil en los momentos inmediatamente posteriores al desastre, nuestra presencia lo excede con creces. La sociedad civil ha impulsado el análisis y la discusión de enfoques que reconceptualizan la noción de bienestar de las personas afectadas por un desastre natural. Tenemos claro que “reconstruir por reconstruir” no sirve; tenemos que reconstruir con un enfoque de derechos humanos. Esto implica no solamente edificar casas sino también reactivar comunidades, impulsar un desarrollo acorde a las necesidades de cada población, priorizar los requerimientos de los grupos en situación de mayor vulnerabilidad y, en suma, asegurar mejores condiciones de vida para prepararnos para futuros eventos similares.

Es resumen, tenemos conocimientos especializados y experiencia de sobra, y el gobierno debería reconocerlo mediante la promoción de un diálogo fluido y la adopción de compromisos concretos con la sociedad civil. Sin embargo, todo esto requiere de una gran voluntad política y administrativa, y difícilmente ocurra a menos que nosotros elevemos nuestras exigencias. En sentido estricto, lograr que el gobierno adecue sus mecanismos a las oportunidades de mejora y a nuestras observaciones y recomendaciones es el principal reto que tenemos enfrente. Como todo proceso de incidencia en pos de transformaciones estructurales, no será fácil. Será un esfuerzo permanente y de largo plazo, y en ningún momento podrá perder de vista los principios y las prácticas de información, participación y rendición de cuentas. Pero solo en la medida en que hagamos nuestra labor de vigilancia lograremos mejorar los procesos democráticos y asegurar mayores niveles de bienestar humano para la ciudadanía.

3. ¿Acaso los sismos pusieron en evidencia otros problemas subyacentes de larga data? ¿Ha abierto la emergencia alguna ventana de oportunidad para la resolución de esos problemas?

Los sismos confirmaron la existencia de fallas estructurales e instruccionales, así como la necesidad de fortalecer los controles y la rendición de cuentas en materia de ejecución de recursos y procesos de contratación por adjudicación y licitación. El mapa de las comunidades más afectadas dejó en evidencia que ellas enfrentaban fuertes precariedades y desigualdades desde mucho antes de los sismos. De igual modo, se observa que las mujeres son las principales víctimas de los desastres, al mismo tiempo que las tareas de asistencia inmediata tras el sismo otorgaron a las mujeres un protagonismo sin precedentes. De modo que esta es una oportunidad ideal para atacar esos problemas, vulnerabilidades y desigualdades desde la raíz. El gobierno mexicano no debe perder la oportunidad que tiene enfrente. Por un lado, debe mejorar la conceptualización y el diseño del marco normativo y procedimental, a partir de principios y estándares de derechos humanos. Por otro lado, debe transformar las prácticas institucionales mediante las cuales implementa sus acciones y gasta los recursos públicos. En ese sentido, los sismos también abrieron una ventana de oportunidad (que todavía debe ser aprovechada por el gobierno) para poner en marcha una estrategia de colaboración con la sociedad civil.

La toma de decisiones en esa dirección contribuiría a resolver no solamente el tema inmediato de la respuesta a emergencias sino también otras problemáticas que cruzan profundamente a la agenda pública: la falta de transparencia y rendición de cuentas, la desigualdad, la corrupción, las violaciones de derechos humanos y la impunidad.

4. ¿Han surgido iniciativas novedosas de la sociedad civil en el contexto del desastre?

Han surgido varias iniciativas novedosas. Una de ellas es la plataforma #Epicentro, integrada por organizaciones de la sociedad civil, de la academia y del sector empresarial, así como por voluntarios. Con el lema “Reconstrucción social con integridad”, #Epicentro surgió a partir de un núcleo de diez organizaciones, que en pocos días se convirtieron en 30 y en las últimas semanas se multiplicaron hasta superar las 100. Fundar forma parte de esta iniciativa, que busca promover la participación ciudadana en las distintas fases de la reconstrucción, exigiendo del gobierno mexicano los más altos estándares de transparencia y rendición de cuentas. La atención a la reconstrucción es clave porque ésta insumirá mucho más tiempo y recursos que la propia situación de emergencia: actualmente se calcula que llevará tres años y costará unos 30 mil millones de pesos, buena parte procedente del sector privado. Y por supuesto que en un período tan largo la atención mediática declina, y dados los montos involucrados, el descuido puede tener enormes costos. En este caso, además, el período de reconstrucción se superpondrá con el próximo proceso electoral que se desarrollará en 2018, y es preciso minimizar el riesgo de que se haga un uso político y clientelar de los recursos destinados a la reconstrucción.

La coalición #Epicentro se articula en tres nodos temáticos. El primero está a cargo de hacer un seguimiento minucioso para vigilar que los recursos para la reconstrucción se gasten correctamente y lleguen a quienes realmente los necesitan. El segundo se ocupa de monitorear que la reconstrucción se lleve a cabo siguiendo las mejores prácticas, los aprendizajes de otras experiencias y los estándares de derechos humanos. El tercero se centra en el tema de las reparaciones del daño causado a las víctimas de casos de corrupción y la sanción de los responsables. En ese sentido, es necesario investigar porqué murieron personas cuando se derrumbaron construcciones que tenían permisos que probablemente nunca deberían haber sido otorgados.

En suma, #Epicentro representa un compromiso y una apuesta ciudadana de largo aliento. El formato de la plataforma, diseñada por jóvenes especialistas en tecnologías cívicas, es novedoso en el marco de la experiencia mexicana de construcción de redes, alianzas a iniciativas para el monitoreo ciudadano, no solamente por la cantidad de organizaciones y voluntarios involucrados o por su diversidad y complementariedad temática y técnica, sino también por el grado de coordinación logrado en torno de un fin común.

5. ¿Ha recibido México suficientes expresiones de solidaridad y apoyo financiero de la comunidad internacional? ¿De qué modo adicional podrían los actores externos apoyar la reconstrucción?

Tras los sismos la solidaridad de la comunidad internacional se hizo sentir. El apoyo abarcó desde ayuda humanitaria en especie y asistencia técnica para el rescate hasta un gran caudal de aporte financiero procedente de donativos de diversos actores de la comunidad internacional, tanto públicos como privados.

El portal “Transparencia Presupuestaria” ofrece información oficial acerca de los donativos que el gobierno mexicano ha recibido de distintos países y organizaciones internacionales, entre las cuales se cuenta el Equipo de las Naciones Unidas para la Coordinación y la Evaluación en Casos de Desastre (UNDAC). Sin embargo, la publicación de la información no alcanza para asegurar que los recursos atiendan las necesidades de las poblaciones afectadas por los desastres naturales.

La multiplicidad de fuentes de recursos internacionales incrementa la necesidad de instrumentos eficientes para su administración, garantías de transparencia en su ejecución y mecanismos de participación ciudadana en la toma de decisiones y en la vigilancia sobre el destino de los recursos. Expresados como mera cantidad, los montos de los recursos financieros no dicen demasiado: en lo inmediato, claro que es importante que esos fondos no acaben en el bolsillo equivocado. Pero en el largo plazo, lo que realmente importa es que esos recursos se materialicen en estrategias y acciones concretas que aseguren una reconstrucción encarada con un enfoque de derechos. En ese sentido, sería importante que los donantes de los recursos expresaran interés en el destino de los fondos y en el impacto que ellos van teniendo en el logro de los fines para los cuales fueron dispuestos.

  • El espacio cívico en México es clasificado por el CIVICUS Monitor en la categoría ‘represivo’, indicativa de la existencia de serias restricciones sobre las libertades de asociación, reunión pacífica y expresión.
  • Visite la página web o el perfil de Facebook de FUNDAR, o siga en Twitter a @FundarMexico.

 

 

 

Venezuela: ‘Ante la profundización de la crisis económica y social, el descontento solo puede ser acallado mediante maniobras político-electorales y represión’

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Al final de un año en que Venezuela ha pasado por crisis económica, desorden político y protestas masivas, CIVICUS conversa con Nizar El Fakih, abogado de derechos humanos y director de Proiuris. Proiuris es una organización de la sociedad civil venezolana centrada en el estudio y la defensa del estado de derecho y en la denuncia de sus violaciones.

  1. ¿Qué fue lo que condujo a la fundación de Proiuris en 2015, y qué objetivos persigue la organización?

Proiuris se constituyó formalmente en 2015, luego de la oleada de detenciones arbitrarias masivas de manifestantes que tuvo lugar durante el año 2014. El objetivo original de su constitución fue sumar voluntades para ayudar legalmente a personas detenidas arbitrariamente por ejercer legítimamente sus derechos, entre ellos el derecho a la protesta. Posteriormente Proiuris fue ampliando su ámbito de trabajo para abarcar la investigación, la documentación y la divulgación tanto de violaciones de derechos civiles y políticos como de violaciones de derechos económicos y sociales, obligado por las circunstancias de un país donde la problemática de derechos humanos es seria, sistemática y transversal.

  1. ¿Cuáles han sido las causas principales del descontento y las protestas de abril-junio de 2017 en Venezuela?

Las protestas han tenido su causa principal en una enorme crisis económica y social, que tiene su expresión más dramática en la escasez de alimentos y medicinas que afecta con mayor fuerza a los sectores más empobrecidos de la población venezolana. Hombres, mujeres, ancianos, niños, niñas y adolescentes hurgan en la basura en busca de comida, y el desabastecimiento de medicinas alcanza el 85% (y 95% para los tratamientos de enfermedades crónicas) según cálculos de los representantes de la industria farmacéutica en el país. Los pacientes de enfermedades crónicas mueren de mengua, pues los fármacos que requieren son de muy alto costo y el Estado no se los suministra oportunamente. La escasez de antirretrovirales para personas que viven con VIH/Sida, por ejemplo, es la peor en 20 años. Esta es una crisis que no tiene precedentes en el país y ante la cual el gobierno presenta como excusa una supuesta “guerra económica” promovida desde el exterior.

La tragedia social y económica se ha profundizado por la ineficiencia del gobierno para dar respuestas a las contingencias. Pero más allá de la coyuntura, la crisis humanitaria compleja que atraviesa el país tiene causas estructurales, pues es el resultado de la progresiva destrucción del aparato productivo del país y la creciente dependencia de las importaciones, las cuales a su vez han disminuido sustancialmente a causa la caída de los precios internacionales del petróleo.

En definitiva, el Estado venezolano actualmente no es capaz de garantizar el derecho a la alimentación. En materia de salud, asimismo, la situación es sumamente grave. Por ejemplo, epidemias como el paludismo y la difteria, que habían sido erradicadas en el país hace 50 años, han regresado y causado muertes que solo se conocen de manera extraoficial, porque las autoridades, de manera ilegal, insisten en ocultar los informes epidemiológicos que demuestran la gravedad de la situación.

El progresivo deterioro en la prestación de servicios básicos alimentó el deseo de un cambio en la conducción política del país. Entre marzo y junio de 2017 miles de personas tomaron las calles de ciudades y pueblos de Venezuela para expresar su descontento.

  1. ¿Cómo ha reaccionado el gobierno ante las protestas? ¿Ha seguido movilizándose la ciudadanía venezolana?

Lejos de atender las legítimas demandas de la población, el gobierno venezolano reaccionó con violencia extrema, una violencia mucho mayor que la empleada durante las protestas de 2014. El reporte oficial del Ministerio Público indica que hubo 121 muertos, muchos de ellos a manos de funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado y de grupos violentos y en algunos casos armados autodenominados “colectivos”, los cuales operan con el apoyo o la aquiescencia estatal. Extraoficialmente se registraron más de 7000 detenidos, muchos de los cuales fueron sometidos a la jurisdicción militar a pesar de ser civiles.

Las manifestaciones de marzo-junio de 2017 fueron claramente protestas contra el gobierno. De más está decir que el gobierno ha hecho todo lo posible por desvirtuarlas, por ejemplo calificándolas de actos terroristas y tipificando lo ocurrido en ellas como delitos militares. En un auténtico sistema democrático habría contrapesos institucionales que evitarían que esta clase de excesos presidenciales, pero en Venezuela la cooptación oficialista de todas las instituciones y el empeño en censurar cualquier forma de disidencia ha sido un componente determinante de la crisis.

El derecho a la manifestación pacífica y sin armas está consagrado en el artículo 68 de la Constitución de Venezuela, que establece la obligación del Estado en garantizar que las manifestaciones se desarrollen sin desbordar los límites establecidos. Sin embargo, el Tribunal Supremo de Justicia, a través de su Sala Constitucional, ha desdibujado las garantías de este derecho a través de una interpretación regresiva de la referida norma, al extremo de condicionar el derecho a manifestar a una previa autorización de la primera autoridad civil de la jurisdicción correspondiente. Ello, en la práctica, ha hecho del centro de Caracas, donde se encuentran las sedes de los principales organismos públicos, territorio vedado para manifestaciones antigubernamentales, ya que está ubicado en el municipio Libertador, cuyo alcalde es oficialista.

La represión brutal del gobierno, junto con la falta de un liderazgo que canalice el malestar ciudadano, acabaron debilitando las protestas. Sin embargo, la crisis económica y social se ha profundizado y las razones del descontento y la disidencia no han podido ser acalladas sino mediante maniobras políticas y electorales. Entre esas maniobras, una especial referencia merece la instalación de una autodenominada “Asamblea Nacional Constituyente” plenipotenciaria, convocada, elegida e instalada al margen de la Constitución, que ha vaciado de competencias a la Asamblea Nacional, el único órgano del poder público controlado por la oposición.

  1. ¿Experimentaron los medios independientes y las organizaciones de la sociedad civil restricciones a la hora de documentar lo ocurrido en las protestas?

Periodistas y medios, nacionales e internacionales, han sido víctimas de la censura y de las represalias gubernamentales por informar sobre la conflictividad social en Venezuela. El 25 de junio de 2017, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa reportó que desde el 31 de marzo hasta el 24 de junio, 376 trabajadores de los medios de comunicación fueron agredidos, y que en el 60% de los casos los responsables fueron funcionarios militares adscritos a la Guardia Nacional Bolivariana.

El asedio a la prensa durante las protestas de 2017 constituye una evidencia adicional de la política sistemática de represión ejecutada por el gobierno, mediante el uso desproporcionado de la fuerza en el control de las manifestaciones.

Pero la libertad de expresión es un derecho humano y, por lo tanto, todos los ciudadanos deben tener garantías para ejercerla. En el contexto de las protestas, muchos ciudadanos fueron brutalmente reprimidos por el hecho de registrar y difundir lo que ocurría en las calles de Venezuela. Y no solamente fueron detenidos, sino que también padecieron agresiones físicas y el robo de sus cámaras y teléfonos celulares.

  1. ¿Cómo ha respondido la sociedad civil antes estas violaciones de derechos?

La sociedad civil organizada y con visión de incidencia reaccionó de diversas formas: desde formalizar las denuncias, a pesar de ser conscientes de los mecanismos de impunidad que operan en un sistema de administración de justicia genuflexo ante el gobierno, hasta el desarrollo de formas de expresión creativas, entre ellas el “Muro de la Vergüenza”, en el cual se identificó públicamente a los personeros del gobierno responsables de la represión y la violación de derechos humanos. Diversas formas de expresión artística - canto, danza, teatro - también se incorporaron a las protestas y se desplegaron en lugares públicos tales como plazas y centros comerciales.

Otras reacciones importantes fueron la formación de alianzas con los medios de comunicación para divulgar los atropellos y la organización de protestas de grupos de vecinos focalizadas cerca de sus sitios de residencia.

  1. ¿Considera que las respuestas de la comunidad internacional ante la situación de Venezuela han sido adecuadas? ¿Qué apoyo necesita hoy la sociedad civil venezolana de sus contrapartes extranjeras, regionales y globales?

Ante la indiferencia del gobierno, los sectores de oposición que promueven un cambio político han dedicado esfuerzos a llamar la atención de la comunidad internacional sobre lo que sucede en Venezuela. Por su parte, el movimiento de derechos humanos venezolano ha desarrollado una labor valiosísima a efectos de documentar las violaciones y denunciarlas ante los organismos internacionales. Sin embargo, no ha sido fácil competir con el aparato de propaganda oficialista que se esfuerza por mostrar que en Venezuela hay una democracia vigorosa y que el caos que resuena en la prensa internacional es parte de la supuesta “guerra” contra Venezuela orquestada desde centros imperiales.

Lo prioritario, en este momento, es lograr que los organismos internacionales admitan que en Venezuela hay en curso una crisis humanitaria compleja que el Estado no puede o no quiere resolver. En ese sentido es auspicioso, por ejemplo, que la Organización Mundial de la Salud haya reconocido, por primera vez y con todas las letras, que en el país hay una crisis humanitaria, a propósito de su Informe Mundial sobre el Paludismo 2017. Y más allá del reconocimiento de la crisis humanitaria, es vital que allí donde sea necesario los organismos internacionales flexibilicen sus protocolos para hacerle frente, de modo de brindar a los venezolanos la ayuda que necesitan, sobre todo en lo que se refiere a alimentos y medicamentos.

Venezuela no es el primer país del mundo que padece un gobierno autoritario que pretende perpetuarse en el poder. La sociedad civil venezolana agradecería que sus pares en América Latina y en el mundo compartan su experiencia organizativa acumulada para luchar contra el sistema que nos oprime y que contribuyan a denunciar y visibilizar los atropellos sistemáticos que se cometen en Venezuela. Los venezolanos sabríamos agradecer que desde el exterior se examine la crisis humanitaria compleja que nos afecta con un enfoque de derechos humanos, es decir, a partir de la reivindicación de la dignidad humana mediante un efectivo ejercicio de solidaridad. Estamos seguros de que los auténticos promotores y defensores de derechos humanos en cualquier parte del mundo no serán indiferentes ante el hecho incontrovertible de que en Venezuela hay niños que están muriendo de hambre.

  • El espacio cívico en Venezuela es clasificado como ‘represivo’ en el CIVICUS Monitor, lo cual indica la presencia de restricciones serias de las libertades de asociación, reunión pacífica y expresión.
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Paraguay: Gobierno aplica ley inconstitucional anti-protesta en forma discriminatoria contra movimientos sociales que desafían su poder

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CIVICUS conversa con Oscar Ayala Amarilla, Secretario Ejecutivo de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY). La Coordinadora de Derechos Humanos es una red, registrada como asociación civil sin fines de lucro, que nuclea a 35 organizaciones de la sociedad civil (OSC) en torno de la defensa de los derechos humanos. Fundada en 1999, es desde 2002 el capítulo paraguayo de la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo.

  1. ¿Por qué se moviliza la gente en Paraguay? ¿Cuáles son las causas de las protestas; cuáles son los principales actores movilizados?

En tiempos recientes ha habido por lo menos tres grupos que han tenido mucho protagonismo. En primer lugar el movimiento campesino, un sector históricamente movilizado en torno de demandas relacionadas con la propiedad y el uso de la tierra y con organizaciones y coaliciones muy fuertes, como la Federación Nacional Campesina y la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Nacionales Campesinas. En segundo lugar, el movimiento estudiantil, tanto universitario como secundario, que este año se movilizó con bastante intensidad y protagonizó numerosas acciones, tales como tomas de colegios y facultades. Sus reivindicaciones fueron mayormente sobre temas educativos, sobre el gobierno democrático de la universidad y la creación de nuevas instituciones universitarias. En tercer lugar, se ha expresado con bastante fuerza el movimiento de mujeres, particularmente en los últimos meses. El actual gobierno ha sido muy receptivo a las demandas de sectores religiosos fundamentalistas de diversas denominaciones, y ha tomado medidas muy regresivas en el ámbito de la educación, tales como la prohibición del uso de materiales sobre educación sexual y reproductiva, no discriminación e igualdad de género. Ello ha generado una importante reacción ciudadana liderada por organizaciones feministas y de mujeres, que justamente acaban de movilizarse nuevamente el 25 de noviembre en torno de una campaña por la erradicación de la violencia de género, en el marco del Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

En el caso del movimiento campesino, este año hemos tenido un poco de todo: movilizaciones tanto en el interior del país, incluyendo cortes de rutas, como en Asunción, la capital. En septiembre de 2017, por ejemplo, cientos de campesinos de la Coordinadora Nacional Intersectorial entraron a la capital y montaron un campamento permanente en la plaza frente al Congreso Nacional, en el marco de una campaña por la condonación de deudas de los productores de la economía familiar. Los pequeños productores han padecido condiciones climáticas muy adversas que aniquilaron cultivos enteros, a lo que se sumó una tendencia de precios desfavorables para sus principales productos, de modo que la demanda de condonación de sus deudas, así como de medidas de fortalecimiento de la economía familiar campesina, ha sido uno de los temas centrales de la protesta social. Y por supuesto, también ha habido protestas en torno de la propiedad de la tierra, ya que es una demanda de larga data, pero estas no han tenido la misma masividad ni la misma fuerza.

Los movimientos estudiantil y de mujeres, por su parte, son básicamente fenómenos urbanos con presencia muy fuerte en Asunción y en su área metropolitana, aunque en el caso de las organizaciones feministas hubo también expresiones de movilización en el interior, y en particular en zonas de frontera paraguayo-argentina como Encarnación-Posadas, donde hubo un interesante proceso de articulación entre organizaciones de ambos países. Algo similar sucedió en la frontera con Brasil.

  1. ¿Cómo ha reaccionado el Estado paraguayo frente a la movilización social?

La actuación represiva del Estado es tanto más violenta allí donde las manifestaciones interpelan políticamente al gobierno y son vistas por el Ejecutivo como una amenaza a su poder. Este año hubo varios sectores que se movilizaron, pero la reacción no fue la misma hacia todos ellos. En un determinado momento, los campesinos que acampaban en el centro de Asunción en reclamo de la condonación de sus deudas quedaron encerrados en la plaza frente al Congreso, sin que la policía los dejara movilizarse por las calles de la ciudad, como lo habían estado haciendo en las semanas precedentes mientras duraba la negociación con el Congreso. Para ello la policía apeló a la ley 1.066/1997, coloquialmente conocida como “Ley del Marchódromo”, que tiene muchos años pero nunca se había aplicado. Esta ley, que nosotros consideramos que es inconstitucional e incompatible con los estándares internacionales de regulación del derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica, establece fuertes restricciones de horarios y de lugares para la movilización. Su aplicación logró reducir en gran medida el impacto de una importante protesta social en curso.

En contraste, esta legislación no fue utilizada contra otras manifestaciones – por ejemplo de docentes y de estudiantes - que tuvieron lugar en torno de las mismas fechas. De modo que estamos ante la aplicación discriminatoria de una legislación que además es inconstitucional, en el marco de una relación con la movilización basada en una estrategia de premios y castigos.

  1. Además de las expresiones ya mencionadas de la protesta social, hubo en marzo-abril de 2017 una serie de protestas contra la reelección presidencial que terminaron en una fuerte represión. ¿A qué se debió la inusual violencia de estas manifestaciones?

Las protestas que culminaron en los hechos del 30 de marzo y el 1 de abril tuvieron un origen más político que las mencionadas anteriormente, en el sentido prácticamente partidista del término, ya que estuvieron vinculadas a un intento de reforma de la Constitución Nacional para permitir la reelección presidencial. Esta pretensión fue rechazada por amplios sectores de la sociedad civil, incluida la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY). La propuesta de reformar la Constitución había sido planteada por el partido en el gobierno junto con sectores de la oposición, ya que habilitaría a presentarse no solamente al actual presidente Horacio Cartes, del Partido Colorado, sino también al ex presidente Fernando Lugo, hoy senador por el Frente Guasú y presidente del Congreso. Amplios sectores de la ciudadanía vieron el intento de reforma de la Constitución como un ejercicio abusivo del poder por parte de una alianza circunstancial que destruiría la poca institucionalidad que aún tenemos.

El debate sobre la reforma constitucional se estaba dando en espacios institucionales y en los medios de comunicación, pero la reacción ciudadana, espontánea y masiva, ante aprobación de la enmienda constitucional en el Congreso lo sacó a las calles. En el marco de estas protestas hubo una serie de incidentes que fueron mundialmente conocidos porque incluyeron la quema del edificio del Congreso. En opinión de la CODEHUPY, estos actos de vandalismo fueron en gran medida el resultado de la inacción de la Policía Nacional, que dejó deliberadamente vacante la protección de la institución parlamentaria.

Esa noche yo participaba como observador de la movilización con un equipo de trabajo de la CODEHUPY y junto a una comitiva del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP). Todos nosotros fuimos testigos directos del momento en que un grupo de manifestantes logró entrar al edificio del Congreso, y observamos algo completamente inusual. Mientras que lo habitual es que las instituciones oficiales, y en particular el Congreso y las oficinas del Ejecutivo, tengan altos niveles de custodia, vimos que la policía había abandonado el lugar, y recién se hizo presente mucho más tarde, con toda su fuerza y con el objeto de reprimir indiscriminadamente a los manifestantes y acabar con la violencia que ella misma había instigado. Esto dio como resultado numerosos heridos y centenares de detenciones arbitrarias. Al final del día se habían registrado por lo menos 211 personas detenidas, muchas de ellas víctimas de torturas, malos tratos y otros abusos por parte de la policía.

En el marco de este estallido de violencia, que duró toda la noche entre el 30 de marzo y el 1 de abril, el hecho más grave fue la muerte de un dirigente juvenil del Partido Liberal en el interior de la sede central de su partido, que había sido allanada sin orden judicial por la policía.

  1. ¿Qué está haciendo la sociedad civil frente a estas restricciones, tanto legales como de hecho, de las libertades cívicas y en particular del derecho de protesta?

La CODEHUPY ha tenido reuniones con varias organizaciones campesinas, y estamos conversando sobre la necesidad de proponer al Congreso una ley derogatoria de la ley 1.066/1997, que es inconstitucional. Por otro lado, la sociedad civil lleva años llamando la atención sobre el rol que debería tener el Ministerio Público. Desde el punto de vista constitucional, el Ministerio Público debería ejercer la representación de la sociedad ante el Poder Judicial; sin embargo, raramente los fiscales asumen un rol de salvaguarda del derecho de los sectores movilizados a estar en las calles y hacer valer sus reclamos. De modo que insistimos en la necesidad de que esta institución desempeñe el rol que le corresponde. La denuncia en torno de estas cuestiones está generando fuertes articulaciones entre los movimientos sociales y en el seno de la sociedad civil. En ese sentido, en Noviembre de 2017 presentamos un informe de investigación sobre la actuación (o la inacción) de la Fiscalía de Derechos Humanos en la persecución y sanción de la tortura, realizado por la CODEHUPY con el apoyo del MNP.

Otra práctica que tenemos desde hace tiempo, pero que hemos intensificado en el último año, es la de documentar casos que se han dado en diversos lugares de Paraguay y que no han tenido mucha visibilidad y aportarlos como insumos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a algunas relatorías de derechos humanos de los organismos regionales e internacionales, y en particular de la Organización de Estados Americanos y las Naciones Unidas. Durante las sesiones de la CIDH que tuvieron lugar en Montevideo, Uruguay, en octubre de 2017, la CODEHUPY participó de una audiencia sobre la falta de independencia judicial y de garantías del debido proceso en Paraguay. En ella denunciamos que en nuestro país existe una jerarquía de derechos, en cuya cúspide se ubica la protección de la propiedad privada, de modo tal que ante conflictos de tierras siempre se impone el interés del empresario o ganadero por sobre el de las poblaciones indígenas o campesinas, lo cual viola sistemáticamente el principio de no discriminación por parte del Estado.

  1. ¿Recibe la sociedad civil paraguaya la solidaridad y el apoyo de sus contrapartes en el resto del mundo? ¿Qué clase de apoyo internacional necesitaría para poder responder mejor a estos desafíos?

La CODEHUPY está trabajando mucho en el marco de redes regionales de derechos humanos. Con eje en el tema del derecho a la protesta, por ejemplo, hemos trabajado en una articulación con organizaciones de otros países de la región, tales como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) de Argentina, Artículo 19 de Brasil, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) de México y el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), entre otras. En ese marco hemos producido un informe sobre la criminalización de la protesta social en América Latina, y estamos preparándonos para producir un informe sobre la protesta social en Paraguay, que concretaremos en 2018 como parte de una campaña más amplia de difusión y sensibilización sobre el derecho a la protesta y en el marco de una estrategia para poner el tema de lleno en la agenda regional.

Otro espacio de referencia para nosotros es la Red Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Red-DESC), que conecta a más de 280 organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales y activistas de 75 países. Esta red ha generado interacciones muy importantes para nosotros y ha realizado un activismo muy solidario para con el Paraguay.

Dentro de nuestro esquema de alianzas internacionales, también tenemos un vínculo cercano con Amnistía Internacional, y especialmente con su sección temática sobre protección de defensores y defensoras de derechos humanos, que pone el foco sobre los defensores locales del derecho a la tierra. Esto nos ha permitido afianzar vínculos más allá de las organizaciones de nuestro país y nuestra región. Los vínculos, el apoyo y la solidaridad  internacionales siempre han sido y siguen siendo fundamentales para el activismo de derechos humanos en Paraguay.

  • El espacio cívico en Paraguay es clasificado como ‘obstruido’ en el CIVICUS Monitor, lo cual indica la presencia de restricciones severas sobre las libertades de la sociedad civil.
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Entramado de complicidades entre empresas y Estado resulta en creciente criminalización de defensores de derechos humanos en Panamá

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CIVICUS conversa con Ileana Molo, Presidenta Ejecutiva de la organización Afropanameñ@ Soy e integrante de la Red de Derechos Humanos de Panamá, en cuya representación participó de la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación de personas defensoras de derechos humanos en Panamá en octubre de 2017.

  1. ¿Cuáles son los principales obstáculos que enfrentan los y las activistas de la sociedad civil en Panamá? ¿Hay grupos que estén siendo particularmente atacados?

Uno de los temas más preocupantes que hemos denunciado es el hostigamiento y la intimidación de los líderes comunitarios y activistas de la sociedad civil por la vía jurídica y mediante agresiones económicas y psicológicas. Esta tendencia afecta desproporcionadamente a grupos movilizados por temas ambientales y en relación con el uso del suelo, cuyo activismo los pone en conflicto con grandes empresas en el área del desarrollo de infraestructura.

Estamos viendo una fuerte tendencia a la criminalización y la intimidación. Hay un entramado de normas discriminatorias, y las empresas, que tienen muchos recursos económicos y mucho poder, las están usando para demandar a los activistas de modo de intimidarlos legalmente y desalentar su labor. Entonces, si tú denuncias una mala práctica de una empresa, la empresa enseguida te demanda a ti. Muchos activistas están siendo afectados económica y psicológicamente, de manera que estamos viendo cómo podemos apoyarlos.

Tenemos un mapeo de las diferentes agresiones físicas, económicas y políticas y de las demandas que han enfrentado los defensores. Entre los casos más recientes está el de Basilio Pérez, un activista ambiental y experto forestal que fue demandado por daños y perjuicios por una empresa a la que había denunciado por violaciones a la ley general de ambiente y la contaminación de comunidades aledañas a la mina del Cerro Quema. La empresa le exige una indemnización de 40 mil dólares.

Otro caso resonado es el de Max Crowe, presidente y representante legal de la Asociación de Propietarios de Jardín Albrook, una asociación de vecinos que inició un proceso para defender la zonificación residencial ante violaciones de las normas de uso del suelo y normas urbanísticas. En este caso, el abuso judicial incluyó una demanda por 65 mil dólares contra Crowe, el secuestro arbitrario de sus bienes personales y el congelamiento de la cuenta bancaria de la organización. Su caso es similar al de María Chávez, presidenta de la Red Ciudadana Urbana de Panamá, que reúne a más de 40 comunidades. En el marco de un conflicto por violación de normas urbanísticas y de uso del suelo, Chávez fue demandada judicialmente por un diputado aparentemente vinculado con concesiones mineras con interés en la creación de un nuevo distrito en esa zona.

Otro caso muy sonado en los medios es el de la asociación de residentes de Coco del Mar, que por presentar una querella ambiental contra una empresa constructora han sido objeto de una demanda civil de daños y perjuicios por alrededor de 5 millones de dólares. Primero tuvieron una querella penal con sobreseimiento provisional en primera instancia dictado en noviembre de 2016 y ratificado por segunda instancia este año. En octubre de 2016 presentaron la demanda civil, y ahora enfrentan esta millonaria demanda.

Cabe subrayar también el caso de la compañera Larissa Duarte, joven activista ambientalista de las áreas indígenas comarcales, fundadora del Movimiento Campesino en Defensa del Río Cobre, que fue demandada por 10 millones de dólares por la empresa Hidroeléctricas Los Estrechos S.A., en el marco de un conflicto por usurpación de tierras y en defensa del agua. Si bien el reclamo de la empresa, por costos incurridos cuando el proyecto hidroeléctrico fue cancelado supuestamente como consecuencia del activismo, ha sido recientemente desestimado por la justicia, la campaña de difamación contra Larissa Duarte y su organización continúa.

Otro caso muy importante es el de la Isla Pedro González, que ha afectado a muchas familias. La empresa Pearl Island Living llegó a la isla un día diciendo que ellos eran los dueños de la tierra y que iban a desarrollar un proyecto turístico y habitacional de modo que las personas que vivía ahí se tenían que ir. En este caso, se han dado muchas situaciones de enfrentamiento entre los pobladores y la empresa. Se mantiene latente el conflicto por la legalidad de la titulaciones.

Por el momento, sin embargo, los activistas han enfrentado más acoso judicial que ataques violentos. Pero es importante mencionar el caso de Ligia Arreaga, que debió abandonar el país tras recibir amenazas de muerte. Arreaga, defensora del Humedal Laguna de Mtusagaratí y enfrentada a los proyectos de una empresa de sembrar palma aceitera en gran escala en la provincia de Darién, denunció en tres ocasiones, en 2009, 2015 y 2016, que había recibido advertencias de que la empresa AGSE Panamá S.A. la mandaría matar por sus denuncias sobre titulación de tierras. Finalmente dejó el país porque no recibió ningún respaldo policial ante las amenazas.

  1. Por lo que relatas, daría la impresión de que la principal fuente de agresiones son las empresas. ¿Qué rol le cabe al Estado?

Efectivamente, las empresas son la principal fuente de agresiones, y de hecho tienen suficiente poder como para obstaculizar nuestro trabajo. Cuando trabajábamos en el informe sobre Barro Blanco, nos resultó bien difícil llegar hasta las comunidades afectadas para entrevistarlas, porque teníamos a la empresa todo el tiempo pisándonos los talones y nos resultaba intimidante que una persona supervisara todo lo que hacíamos. Además nos costó muchísimo llegar hasta la zona, porque había que ir en lancha, ya que todo el ensamble de la hidroeléctrica está rodeado por agua – que es precisamente lo que las comunidades alegan: que están perdiendo sus tierras, que se están inundando y ya no resultan cultivables.

El rol del Estado es, como mínimo, ambiguo. Por un lado, el Estado tiene la potestad de mediar, y nosotros le exigimos que lo haga. En el caso de la isla Pedro González, le solicitamos que se reuniera con la empresa y la comunidad, para llegar a acuerdos y que se levantaran las órdenes de detención que había contra 37 personas desde el año pasado. Esto se logró finalmente gracias al trabajo que hizo la Alianza Ciudadana Pro Justicia en conjunto con la Red de Derechos Humanos y organizaciones de afrodescendientes. Llegamos a un acuerdo con el fiscal para que permitiera que estas personas se presentaran voluntariamente y las órdenes de detención fueran reemplazadas por medidas cautelares; esta dinámica requirió del trabajo de numerosos abogados que de forma desinteresada brindaron sus servicios legales ya que los pobladores de la Isla son, en su mayoría, de escasos recursos.

Por el otro lado, claramente muchas instituciones estatales son utilizadas por las empresas para alcanzar sus fines. De hecho, las instancias jurídicas suelen acoger las demandas que las empresas entablan contra sus críticos, decretan la confiscación de los bienes de los acusados, y en general aunque eventualmente los absuelvan, los someten a largos procesos que son muy desgastantes. Hace pocos días, por ejemplo, acompañamos al juzgado a los residentes de Coco del Mar, que fueron voluntariamente a declarar por la demanda civil contra ellos, y una señora de la junta directiva comentaba que el caso le generaba tal incertidumbre que la estaba perjudicando física y psicológicamente y perturbando su vida personal y familiar.

En última instancia, el Estado toma partido a favor de las empresas. Recientemente hemos tenido informes de pobladores de Pedro González muy preocupados porque en las próximas semanas se iniciará la construcción del proyecto hotelero. Y francamente nuestra organización aún no ha podido ocuparse del tema de la titulación de las tierras, porque nuestro trabajo es voluntario, no tenemos capacidad suficiente, y por lo tanto hemos tenido que dividir las luchas: primero atender el tema de las personas con medidas de detención, y dejar para luego el tema de las tierras y las titulaciones. Pero el gobierno sí puede, y debería ocuparse de estos temas. El tema es que falta voluntad política; en el caso específico de Pedro González, uno de los grandes accionistas del proyecto en cuestión es Guillermo Saint Malo Eleta, pariente de la vicepresidenta de la nación. Así es que las soluciones al conflicto no avanzan porque hay fuertes intereses de por medio.

En ciertos casos, como el de Barro Blanco, la toma de partido otorga al Estado un rol más represivo. El caso de Barro Blanco es un conflicto de larga data que empezó con concesiones a empresas hidroeléctricas varios gobiernos atrás. El proyecto se impuso contra la voluntad de la población indígena de la zona, que se vio desplazada y sufrió daños irreparables en poblados, zonas de cultivos y sitios religiosos, históricos, arqueológicos y culturales. En este caso, el Estado se ve involucrado de lleno toda vez que se dan enfrentamientos. Los pobladores exigen que las empresas paren los trabajos, y en cambio el gobierno suelta a la policía antimotines y los agrede. Hay un entramado de complicidades entre las empresas y el Estado, y el tiempo que pasa corre en contra de estas poblaciones, porque los proyectos de infraestructura acaban convirtiéndose en hechos consumados.

  1. ¿De qué manera se organiza y trabaja la sociedad civil panameña para superar estos obstáculos?

Nosotros trabajamos en red. La organización que presido, Afropanameñ@ Soy, es parte de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Negras en Panamá (CONEGPA). Trabajamos todo lo relacionado con los derechos humanos de las personas afrodescendientes. También formamos parte de la Alianza Ciudadana Pro Justicia y de la Red de Derechos Humanos de Panamá.

La Red de Derechos Humanos tiene unos tres años de mucha actividad, y trabaja mediante una asamblea de acción ciudadana formada por unas 30 organizaciones, entre ellas sindicatos y grupos de mujeres, juventud, indígenas, grupos LGTBI y afrodescendientes. La asamblea generalmente se reúne dos veces al mes y aborda temas de actualidad nacional; la red se activa cuando se da alguna presentación de un caso específico de violación de derechos. Tenemos un grupo técnico que se encarga de hacer el relevamiento en el terreno. Nosotros asumimos todos los gastos: hacemos colectas para poder mandar a este grupo a hacer el trabajo de campo y redactamos y difundimos el informe. Tenemos ya dos informes técnicos elaborados, uno sobre Pedro González y otro sobre Barro Blanco, este último disponible en la web. Personalmente he tenido la oportunidad de participar en los dos, y en este último más intensamente porque incluyó la variable étnica, ya que las comunidades afectadas tienen una alta proporción de afrodescendientes.

Como la Red se sostiene exclusivamente en los esfuerzos de sus miembros, sin ningún otro financiamiento, es clave para nosotros recibir la colaboración de otros actores. Así, por ejemplo, cuando tenemos alguna consulta legal más técnica recibimos apoyo del Colegio de Abogados. En este momento estamos trabajando en un pequeño proyecto con la Defensoría del Pueblo, la Universidad de Panamá y otras instituciones académicas, para desarrollar un diplomado para formar expertos en levantamiento de informes en situaciones de crisis. Todavía está un poco verde, pero para nosotros esto es fundamental porque no cualquiera puede hacer una investigación y producir informes de este tipo, y necesitamos más técnicos que puedan dedicarse a estos procesos.

Nos vinculamos también con grupos de prensa alternativos que nos apoyan dando divulgación a nuestros casos. El sistema de medios de comunicación es muy poco accesible para nosotros, ya que en general está compuesto de grandes empresas muy poderosas que suelen tomar partido por las empresas que criminalizan al activismo. Nuestro trabajo de difusión recientemente resultó en una cobertura más equilibrada de la movilización que se produjo cuando los residentes de Coco del Mar se presentaron a declarar.

Y también, por supuesto, llevamos nuestros reclamos a organismos de derechos humanos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

  1. ¿Qué le reclama la Red de Derechos Humanos al gobierno de Panamá en la CIDH?

Como Red de Derechos Humanos hemos tenido la oportunidad de participar en audiencias temáticas de la CIDH en 2014, 2015 y 2017. A ellas hemos llevado casos de violaciones de derechos humanos que están teniendo lugar en Panamá, y en particular en la última, hemos expuesto el reiterado incumplimiento del Estado a las recomendaciones de la CIDH así como a algunos fallos vinculantes de la Corte Interamericana.

En efecto, el seguimiento por parte del gobierno es totalmente inconsistente. El gobierno asume compromisos pero luego no cumple con lo acordado. Uno de los compromisos tomados en la audiencia de la CIDH en Washington, en marzo de 2017, fue el de establecer una mesa temática con reuniones periódicas en las que se irían viendo los casos. Sin embargo, dicha mesa nunca se estableció. Tras regresar a Panamá, fuimos convocados a una sola reunión en Cancillería en abril. Fue muy incómoda, porque no fue más que un monólogo y no se pudo ni siquiera definir una agenda, por no hablar de llegar a algún acuerdo. Estaban presentes todas las partes, había altos funcionarios – estuvo incluso el viceministro de la Presidencia Salvador Sánchez González, a quien siempre mandan a dar la cara a las audiencias porque antes de entrar al gobierno trabajó en temas de derechos humanos -, pero fue una pérdida de tiempo. Lo único que quedó de allí fue la idea de hacer una gira a la isla de Pedro González, que eventualmente se hizo, pero eso era parte de un compromiso ya asumido. En la reunión solo se habló de Pedro González; el caso de Barro Blanco se abordó apenas de un modo muy general.

En la última audiencia de la CIDH, realizada en Montevideo en octubre de 2017, aprovechamos para recalcarle al Estado que estamos totalmente disconformes con la forma en que están abordando, o más bien no están abordando, el tema. Nuevamente reclamamos el establecimiento de la mesa temática, desde la cual esperamos poder desarrollar un Sistema Nacional de Protección de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, que queremos que se convierta en ley. Queremos un sistema de protección con protocolos para aplicar en determinadas situaciones y con mecanismos de alerta, prevención, monitoreo, evaluación y rendición de cuentas desarrollados e implementados con la participación de expertos de la sociedad civil. Queremos una dinámica de respuesta competente, especializada, ordenada, moderada, oportuna, e integrada no solamente por personas la sociedad civil expertas en temas de derechos humanos sino también por contrapartes estatales con capacidad de decisión, ya que queremos la seguridad de que podrá resolver las situaciones de conflicto que estamos observando.

Luego de que regresamos de Montevideo fuimos citados para una reunión en Cancillería el 23 de noviembre; esperamos antes de esa fecha poder fijar una agenda para que sea una reunión productiva. Ojalá haya voluntad del gobierno para establecer el sistema de protección que estamos reclamando.

  1. ¿Cuán conectada está la sociedad civil de Panamá con sus contrapartes en otras partes del mundo? ¿De qué modo podrían los actores externos apoyar a los activistas y a las organizaciones de la sociedad civil panameña?

En la Red trabajamos con las uñas, en forma voluntaria y sin más apoyo que el que nos dan las organizaciones y personas que integran la Red. El tiempo que yo le destino a la Red es no remunerado y se suma a mis actividades profesionales, de modo que me es muy difícil estar 100% en eso. La Red todavía no tiene siquiera una página web, y cuando viajamos a instancias como la CIDH lo hacemos generalmente por esfuerzo que proporcionamos los integrantes de las diversas organizaciones. Para la audiencia de Montevideo solo pude ir yo en representación de la Red.

De ahí que para nosotros sea clave fortalecer las redes de las que formamos parte. Por ejemplo, en calidad de organización afrodescendiente, Afropanameñ@ Soy es parte de redes internacionales de organizaciones afrodescendientes. Trabajamos con la Red de Mujeres Afrocostarricences, a la cual hemos puesto sobre aviso respecto de los temas que nos ocupan, sobre todo en la Isla Pedro González, y ellos a su vez nos pusieron en contacto con otras organizaciones similares en otros países. Se trata todavía de vínculos muy leves y todavía no muy concretos, pero estamos tratando por todos los medios de informar a nuestros amigos y contactos.

La labor de visibilizar los casos es titánica, y para eso necesitamos de mayores contactos con organizaciones internacionales. Se nos ha hecho muy difícil, pero estamos intentando conectarnos con organizaciones que se ocupan de temas de tierras y que puedan orientarnos y asesorarnos sobre cómo llevar los casos.

Pero para conseguir apoyos, tenemos que trabajar primero en disipar esa imagen que nuestro país emite hacia afuera de que acá no pasa nada, que somos cosmopolitas y modernos y está todo bien. De hecho muchos primero se asombran cuando leen nuestros informes y se enteran de los atropellos contra las comunidades y los casos de criminalización e intimidación de activistas. Pero esta es la realidad que estamos viviendo, y estamos tratando de hacerla visible. El hecho de que CIVICUS muestre interés en escucharnos y dar a conocer lo que aquí está pasando es sumamente valioso para nosotros.


 

 

‘No abandonaremos nuestra lucha; las empresas y gobiernos que invierten en proyectos extractivos deben saber que se están comprando un problema’

 

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Medardo Mairena Sequeira HRC

CIVICUS conversa con Medardo Mairena Sequeira, Coordinador del Consejo Nacional para la Defensa de la Tierra, Lago y Soberanía, un movimiento social organizado en oposición al proyecto de construcción del Canal Interoceánico en Nicaragua. En septiembre de 2017 Medardo Mairena integró la delegación de CIVICUS en el 36ª período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y participó como orador en un evento paralelo sobre las restricciones del espacio cívico que enfrentan los movimientos indígenas y ambientalistas en todo el mundo.

1. ¿Cuáles son las razones de la movilización contra el proyecto del Canal Interoceánico? ¿Qué consecuencias tendría la construcción del canal?

La concesión para construir y operar el canal por 50 años, prorrogables por 50 más, fue entregada en junio de 2013 a la empresa china HKND (Hong Kong Nicaragua Canal Development Investment Company). Fue otorgada mediante la Ley 840, conocida como “ley canalera”.

El canal tendría unos 500 metros de ancho y 30 metros de profundidad, un área restringida de 10 kilómetros a ambos lados y 278 kilómetros de largo. Además incluiría un lago artificial de 400 kilómetros cuadrados y otro lago para una central hidroeléctrica, más aeropuerto y cantidades de comercios que ocuparían enormes extensiones de territorio.

Se estima que los desplazados, es decir los afectados directos, serían más de 350 mil personas. Muchas más serían afectadas de manera indirecta, ya que los desplazados tendríamos un impacto allí donde nos moviéramos: tendríamos que ocupar otras propiedades, dado que ya no existen en Nicaragua tierras libres adonde pudiéramos ser reubicados, pese a lo que ha dicho el gobierno en algunas ocasiones.

Las tierras que atravesaría el canal son las mejores tierras de Nicaragua: tienen agua, se pueden cultivar, y es donde vivimos los campesinos. El canal también atravesaría y arruinaría el Lago Cocibolca, que es el único reservorio de agua dulce que tenemos no solo en Nicaragua sino en toda Centroamérica. La contaminación de estas aguas es la muerte, porque miles de hermanos toman agua de ese lago.

Yo vivo en una zona que está en el camino proyectado para el canal. Estoy en Punta Gorda, cerca de un territorio indígena y de la Reserva Indio Maíz, la Reserva Natural Punta Gorda, los humedales de San Miguelito y el Refugio de Vida Silvestre Río San Juan. Somos vecinos y tenemos muy buena relación con los hermanos indígenas, y al igual que a ellos nadie nos ha consultado. No nos han preguntado si estamos de acuerdo en vender, arrendar o entregar nuestras tierras. En los cuatro años desde que se vendió la concesión, el gobierno aun nunca ha pedido la opinión de los afectados directos. Todo lo que ha hecho es militarizar la zona, poner cantidades de militares y policías que reprimen al pueblo. Así, en la franja canalera encuentras campesinos humildes que han sido intimidados e incluso sufrido torturas.

MedardoSequeira2Pero tenemos una posición muy firme: no entregaremos nuestras propiedades ni aceptaremos la destrucción que el canal causaría en el medio ambiente, y en cambio exigimos la derogación de la Ley 840. El artículo 12 de la ley dice que “es de interés público del pueblo de la República de Nicaragua la expropiación de cualquier bien inmueble o derecho sobre un bien inmueble que sea razonablemente necesario para efectuar todo o una parte de El Proyecto”. Pero obviamente no es en nuestro interés que nos quiten nuestras propiedades para que el gobierno pueda hacer sus negocios con los chinos.

2. ¿Qué acciones realiza el movimiento anti-canal para exigir la derogación de la ley?

Hemos hecho más de 90 marchas en diversos lugares del país, y seis marchas nacionales. Las marchas locales han tenido siempre entre 3000 y 7000 personas, mientras que las nacionales han juntado desde 18 mil hasta 30 mil.

Además de marchar, trabajamos continuamente para dar a conocer la ley canalera. Hacemos foros en municipios, comarcas y distritos para explicarle a la gente la situación y nuestra lucha. Sucede que esta ley se hizo a espaldas del pueblo, y por eso la mayoría de los nicaragüenses no sabe lo que significa ni cómo los amenaza. A partir de los foros ellos han sentido la necesidad de organizarse, y así es como ha avanzado el movimiento.

También hemos seguido todo el procedimiento legal que establece nuestra Constitución política para las iniciativas ciudadanas. La Constitución de Nicaragua dice que con las firmas de por lo menos 5000 ciudadanos se puede presentar una iniciativa ya sea para derogar una ley o para proponer una nueva. En abril de 2016 llevamos a la Asamblea Nacional un petitorio para derogar la ley canalera que tenía más de 28 mil firmas, pero la Asamblea se declaró incompetente diciendo que no tenía atribuciones porque la ley canalera tenía rango constitucional, y que por lo tanto no podía derogarla. Pero nosotros tenemos claro que los diputados están autorizados para hacer y deshacer, así que presentamos un recurso de revisión, pero este fue enseguida rechazado. Así que siguiendo los pasos que indica la Constitución presentamos un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia. Al cabo de ocho meses La Corte Suprema también falló en contra de nosotros los campesinos, violando así nuestros derechos constitucionales. Una vez que agotamos todas las vías legales en Nicaragua, demandamos al Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington por violación de nuestros derechos humanos.

El gobierno dice que el proyecto del canal es apoyado por la mayoría de los nicaragüenses, pero esto no es cierto. Esto se evidencia en la cantidad de gente que se ha unido a nosotros pese a que no contamos con recursos económicos para movilizarnos. Con los pocos recursos que tenemos hemos hecho enormes movilizaciones, y si tuviéramos más recursos quedaría claramente en evidencia que la realidad es exactamente la contraria de lo que el gobierno está diciendo.

El gobierno no nos escucha, al punto que después de cuatro años de lucha todavía no nos reconoce como organización, pese a que hemos liderado grandes movilizaciones. Y de remate, acaba de reestructurar la ley para poder explotar los recursos naturales sin siquiera hacer estudios de impacto ambiental. Para la construcción del canal nunca pudo presentar ningún estudio de impacto ambiental ni socioeconómico, porque ha manejado todo a escondidas: hizo la ley, vendió nuestras tierras a un empresario y luego quiso justificarlo con supuestos estudios. Pero como no tiene los estudios que necesita, porque todos los estudios dicen exactamente lo contrario, finalmente modificó la ley y ahora puede construir sin hacer un estudio de impacto ambiental, lo cual es una violación más de nuestros derechos constitucionales.

3. ¿Han tenido libertad para movilizarse contra el canal?

Hemos encontrado muchos obstáculos para movilizarnos y hemos sido muchas veces reprimidos; por ejemplo el 29 de noviembre de 2016 intentamos hacer una marcha nacional y tuvimos que suspenderla ante la represión de la policía y el Ejército. Desde el día anterior el gobierno puso obstáculos en los caminos, organizó retenes y requisó vehículos en todas las entradas y salidas a la capital. Los manifestantes que intentaban llegar a Managua fueron atacados por la policía antimotines. Hubo infiltraciones, provocaciones y violencia; varios campesinos fueron heridos; uno de ellos, que tuvo heridas graves, sigue mal, ya ha tenido dos operaciones.

La persecución y la criminalización son permanentes. La represión es cada día más fuerte y nuestras familias sufren. Cuando salimos de la casa los hijos piensan que algo nos puede pasar, porque el gobierno es capaz de cualquier cosa con tal de mantenerse en el poder, desde intimidar hasta asesinar. Algunos líderes que han luchado contra el régimen hoy están muertos, y nunca se ha sabido porqué, cómo ni por quién. La impunidad es total.

4. Usted no solía dedicarse a la política. ¿Cómo llegó a liderar esta lucha?

Nosotros nos organizamos por necesidad, porque los campesinos nos dedicamos a trabajar la tierra y no estamos acostumbrados a andar en estas cosas. Los que hemos emprendido esta lucha somos campesinos: es decir, somos autónomos, no dependemos de nadie más que de nosotros mismos. Nos organizamos por nuestros propios medios, aunque las organizaciones de derechos humanos nos han apoyado y ahora que hemos presentado nuestra demanda esperamos también el respaldo de la CIDH.

5. ¿El movimiento anti-canal mantiene vínculos con otros movimientos sociales que también están siendo atacados y reprimidos?

Hemos estado en contacto con otros movimientos y hemos tratado de hacer alianzas para fortalecernos. De hecho, el proyecto del canal se coloca en el marco de un modelo extractivista más amplio, que requiere de la entrega de grandes cantidades de tierras y trae mucha destrucción. Los movimientos que oponen resistencia contra la minería o la siembra de monocultivos y las comunidades indígenas que defienden sus territorios están en la misma situación que nosotros, ya que son amenazados por las mismas leyes que los exponen a la expropiación, y son reprimidos por el mismo gobierno.

El gobierno hace negocios con proyectos extractivistas entregando concesiones sin consultar ni con las comunidades indígenas – no se han hecho las consultas previas, libres e informadas que exige la ley – ni con nosotros los campesinos. El gobierno solo quiere seguir enriqueciéndose para mantenerse en el poder. El proyecto del canal es tan innecesario que cabe pensar en las peores motivaciones: por ejemplo, que se busca dar movilidad sin controles a negocios oscuros, incluso ilícitos. Nosotros no estamos en contra del progreso, pero el progreso puede y debe ser amigable con el medio ambiente y respetuoso de los derechos humanos.

6. Usted sufrió recientemente una instancia de criminalización. ¿Nos puede contar qué pasó?

Yo había viajado a Costa Rica porque tenía a mi hijo enfermo allá; estuve cinco días hospitalizado con él. Cuando venía de regreso para Nicaragua, visé mi pasaporte en Costa Rica, pagué los impuestos, pasé la frontera, y luego del lado nicaragüense me sellaron el pasaporte, me requisaron la mochila como de costumbre – todo normal. Y cuando ya estaba por volver a abordar el bus me alcanzó alguien de Migraciones de Nicaragua para decirme que querían hablar conmigo. Llegaron dos antimotines, me pusieron las esposas y me llevaron a empujones. Yo pregunté porqué me detenían, si tenían orden de captura, qué delitos se me imputaban, y pedí que me dejaran hacer una llamada telefónica a mi familia para que supieran que estaba siendo detenido, pero nunca me explicaron nada: solo me decían que querían hablar conmigo. Primero me tuvieron unas dos horas ahí en la frontera, y después llegó una patrulla de policía y me llevaron a la estación policial. Cuando les preguntaba cuál era mi delito me respondían que era una investigación y que la ley les daba facultades para detener a una persona por 48 horas para hacer averiguaciones. Yo les decía que yo no soy una persona desconocida ni ando escondido, y que si me hubieran dado una cita yo hubiera ido a la estación de policía para una entrevista si querían hablar conmigo; no era necesario que me pusieran las esposas o me encerraran.

Me llevaron a una cárcel de Managua que es una cárcel de tortura. Gracias a Dios a mí no me torturaron físicamente, pero torturaron psicológicamente a mi familia, porque desde el momento en que me desaparecieron sin dejarme hacer una llamada, considero que fue un secuestro. Mientras tanto me estuvieron interrogando; me hicieron preguntas ilógicas, me tuvieron dos días detenido y al final cuando ya me iban a liberar me dijeron que los disculpara, que no tenía ningún delito, que tenía razón, que lo que les había dicho era cierto…

Yo creo que intentan intimidarnos para que dejemos esta lucha. Pero estamos seguros de que es una lucha muy justa, de modo que vamos a seguir. En mi caso hubo mucha presión de organizaciones de derechos humanos que estuvieron preguntando por mi desaparición, de campesinos que ya se estaban movilizando en toda Nicaragua para protestar, algunos medios de comunicación, las redes sociales… esta presión ayudó mucho para que el caso saliera a la luz.

7. ¿Qué clase de apoyo necesita el movimiento de parte de la comunidad internacional?

Necesitamos espacio en los medios para divulgar nuestra lucha. Queremos que el mundo entero sepa lo que está ocurriendo en Nicaragua.

Queremos mandar un mensaje a las empresas y gobiernos que pudieran estar interesados en invertir en el proyecto del canal interoceánico. Ellos deben saber que las tierras sobre las que se piensa construir el canal no son de Daniel Ortega sino de los nicaragüenses, y que los nicaragüenses, y sobre todo los campesinos, estamos organizados y tenemos una posición muy firme en defensa de nuestra tierra. Nosotros vivimos en el campo y esta es la única forma en que sabemos sobrevivir. No podemos ir a la ciudad; allí nadie nos espera. Antes que morir de hambre, preferimos morir defendiendo nuestras tierras.

Las empresas y gobiernos interesados no deben malinvertir su dinero y el de sus pueblos. Tienen que saber que estamos firmes en esta lucha y que vamos a llevarla hasta el final, de modo que si tratan de invertir aquí se estarán comprando un problema.

El espacio cívico en Nicaragua es clasificado en el CIVICUS Monitor en la categoría “obstruido”.

Visite el perfil de Facebook del Consejo Nacional para la Defensa de la Tierra, Lago y Soberanía.

 

La sociedad civil de América Latina y el Caribe presiona por un acuerdo vinculante sobre acceso a la información y derechos ambientales

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CIVICUS conversa con Andrés Nápoli, abogado especializado en derecho ambiental y Director Ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN). Fundada en 1985, FARN es una organización de la sociedad civil dedicada a impulsar el desarrollo sustentable. Con énfasis en la participación ciudadana, FARN promueve una ciudadanía ambiental inclusiva, el desarrollo y la implementación de herramientas para mejorar la transparencia de las políticas públicas y el acceso a la información en materia ambiental. Además construye y lidera redes y alianzas en espacios colaborativos y estratégicos de conocimiento.

Hace unos días se desarrolló en Buenos Aires una nueva ronda de negociaciones en pos de la adopción de un tratado sobre desarrollo sostenible para América Latina y el Caribe. ¿Cuáles serían los contenidos de este tratado, y qué rol está desempeñando la sociedad civil en el proceso?

Este es un acuerdo de negociación que se conoce como “acuerdo por el principio 10”, en referencia al principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (1992), que garantiza el acceso a la información, a la participación en la toma de decisiones en materia ambiental y a la justicia de todos los actores afectados.

A partir de esa declaración y de un proceso similar que se dio en Europa y que ya a fines de los ‘90 resultó en la Convención de Aarhus, diez países de América Latina y el Caribe iniciaron negociaciones en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, conocida como Río+20, que tuvo lugar en Río de Janeiro en junio de 2012. Lo que buscaban era un acuerdo, un instrumento regional, para garantizar el acceso a la información sobre medio ambiente y que los ciudadanos tengan la posibilidad de participar en procesos de toma de decisiones que puedan afectar su calidad de vida o el ambiente y tener acceso efectivo a procedimientos judiciales y administrativos, por ejemplo para reparar daños.

Durante varios años el proceso fue avanzando mediante una serie de reuniones de puntos focales, hasta que finalmente en el año 2015 se dio inicio al proceso de negociación. Los países involucrados actualmente son 24. El proceso es apoyado, en calidad de Secretaría Técnica, por la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe), un organismo que integra el sistema de las Naciones Unidas y que ha tenido un rol muy activo.

El proceso tiene una característica muy peculiar: sigue el modelo establecido en la Convención de Aarhus, que tenía el objetivo de consolidar los procesos democráticos en Europa del Este y que para ello contempló la incorporación activa de la sociedad civil. Así, el proceso actualmente en curso en nuestra región también establece mecanismos para la participación activa de la sociedad civil, la que cuenta con representantes en el Comité de Negociación que integran los representantes de los países. La sociedad civil cuenta con dos representantes electos por sus pares que debaten e intercambian ideas en la mesa de negociación del Convenio. Pueden incluso proponer texto para incorporar en el instrumento, el cual es incorporado si obtiene el apoyo de al menos uno de los países.

¿Cómo fueron seleccionados los representantes de la sociedad civil? ¿Ha trabajado la sociedad civil en alianzas o redes?

Los representantes de la sociedad civil (a la que en este proceso se denomina “público”) fueron electos en una votación realizada por medios electrónicos y en la que participaron los miembros del público que se encontraban inscriptos en el proceso al inicio de la negociación. Resultaron electos como titulares las representantes de la sociedad civil de Chile y Jamaica. En mi caso resulté electo como miembro alterno, junto con otros cuatro representantes de diversos países de la región.

Los representantes de la sociedad civil establecimos una red por medio de la cual desarrollamos nuestra tarea de manera articulada y conjunta. Contamos además con diferentes voceros en el proceso de negociación, como así también con el asesoramiento de expertos de países de la región y de Aarhus.

¿Ha habido desacuerdos importantes entre sociedad civil y estados en el curso de las negociaciones?

El proceso de negociación debería terminar a fines de este año, y si eso no se consigue habría alguna reunión más el año que viene. Se está negociando un texto propuesto por la Secretaría Técnica y sobre la base del cual se ha ido avanzando. Las negociaciones están entrando en su fase final.

Pero ha habido muchas idas y vueltas, y hay cosas importantes que aún no están definidas. Un tema en que la sociedad civil ha venido insistiendo, y sobre el cual hay una decisión cada vez más firme, es que el acuerdo debe tener carácter vinculante, vale decir que debe obligar a los países que formen parte del mismo. En tal sentido, entendemos que un acuerdo basado en derechos no puede admitir otro carácter. No queremos que este proceso sea una nueva declaración de principios, o una suerte de Ley Modelo: queremos un acuerdo que obligue a los países a establecer e implementar ciertos mecanismos efectivos de participación y acceso a la información en materia ambiental, como así también un amplio acceso a la justicia para reclamar la protección y tutela del derecho a gozar del ambiente.

Varios países se han pronunciado a favor de esta posición: entre ellos se cuentan Chile, Costa Rica, Panamá y Paraguay; también Argentina se expresó en ese sentido en la última reunión. Otros países sin embargo todavía no se han pronunciado en ese sentido, pero negocian el acuerdo como si fuera a adoptarse un mecanismo de carácter vinculante.

Sin embargo, nosotros creemos que hay ciertos países que no están negociando de buena fe el acuerdo. Ante todo, aún no se han pronunciado sobre si van a firmar el documento, ni sobre si aceptan que se trate de un acuerdo vinculante. Además, varios de esos mismos países negocian el acuerdo buscando bajar sistemáticamente los estándares de protección de derechos a establecer en el acuerdo, en algunos casos incluso fijando estándares más bajos que los que establecen sus propias legislaciones nacionales.

Estos intentos de bajar los estándares y garantías llevaron a que se generaran muchas discusiones que han prolongado por demás los plazos de las negociaciones y al mismo tiempo han generado un creciente malestar en los representantes de la sociedad civil.  Esto se ha visto muy claramente en temas de acceso a información pública, donde se han establecido numerosas barreras que tornarán mas dificultoso al ciudadano acceder a la información en poder del estado.

De hecho, en la última reunión en Buenos Aires se planteó la posibilidad de que la sociedad civil abandonara el proceso si esta actitud persistía. Pero esto fue más que nada un llamado de atención para los negociadores: como sociedad civil trazamos un límite a la discusión, por debajo del cual ya no estaremos dispuestos a permanecer.

Esperamos que en la próxima reunión, que se va a hacer en Chile cerca de fin de año y en la cual se van a abordar las cuestiones referidas al acceso a la justicia, los estándares de los países se mantengan elevados. Caso contrario, va a ser muy difícil que aquellos países que ya tienen buenos estándares en sus legislaciones mejoren su cumplimiento.

¿Por qué es importante la participación de las sociedad civil? ¿Qué diferencia hace su presencia en estos foros?

La participación de la sociedad civil es muy importante no solo porque legitima los procesos de negociación; también permite que haya mayores niveles de apertura y transparencia. Lo que es más importante, la sociedad civil trae a la mesa de negociaciones muchos de los temas que los estados no están dispuestos a tratar, aporta una perspectiva que va más allá de los intereses estrechos de los estados y al mismo tiempo busca que se eleven los estándares exigidos de protección de derechos. Cuando hay transparencia y la atención pública está puesta en estos procesos, es mucho más difícil para los estados negarse a abordar estas discusiones.

Un ejemplo de los temas que se han impuesto por la impronta de la sociedad civil es el de la situación por la que atraviesan los defensores ambientales y de derechos humanos en la región y la necesidad de establecer garantías para que puedan llevar a cabo su labor sin sufrir amenazas y atentados, que a muchos les han costado la vida.

América Latina es la región del mundo con mayor cantidad de asesinatos de activistas ambientalistas. Nosotros creemos que el Acuerdo por el Principio 10 debe contener mecanismos que posibiliten la prevención y la protección efectiva de los defensores ambientales.

Hay incontables conflictos ambientales abiertos en toda América Latina y el Caribe, asociados a muchísimas violaciones de los derechos humanos, y por el momento no hay mecanismos institucionalizados de negociación entre los estados y las comunidades afectadas. El acuerdo por el Principio 10 puede ser una muy buena herramienta para canalizarlos.

Como lo muestran numerosos informes publicados recientemente por CIVICUS, PWYP, Global Witness y Front Line Defenders, la sociedad civil que se ocupa del medio ambiente y los recursos naturales enfrenta amenazas crecientes. ¿Qué se puede hacer frente a estas amenazas?

Efectivamente, América Latina es la región más problemática en materia de garantía de los derechos de los defensores ambientales. Un caso emblemático ha sido el de Berta Cáceres, pero lamentablemente no se trata de un caso único sino que ha habido centenares de defensores asesinados en Brasil, Colombia, Honduras, Perú, Paraguay, México, Nicaragua y Guatemala, entre otros países. En la mayoría de estos procesos están involucradas grandes inversiones, tanto en la lucha contra las mega represas hidroeléctricas como en el avance de la frontera agropecuaria o de la explotación minera. En esos contextos, los defensores ambientales, que son los que trabajan codo a codo con las comunidades afectadas, ven peligrar sus derechos e incluso su integridad física y su propia vida.

Frente a esto se requieren garantías y salvaguardas fuertemente expresadas por los estados, pero no solamente cuando suceden los ataques sino a manera de prevención, para garantizar el ejercicio legítimo del derecho a defender derechos que están expresando estos defensores ambientales. Muchos de nosotros tenemos la suerte y el privilegio de trabajar desde las capitales, pero los defensores ambientales están junto con los grupos de poblaciones afectadas cuando suceden, por ejemplo, las ocupaciones de tierras por parte de las empresas extractivas o cuando ocurren los desplazamientos del territorio de las poblaciones que lo habitan, que es cuando ocurren las peores violaciones de derechos humanos. De ahí la necesidad de que haya instrumentos internacionales y políticas activas de prevención y protección para estos defensores.

¿Qué tendencias, positivas o negativas, observa en materia de participación de la sociedad civil en procesos de toma de decisiones?

Hay una tendencia que yo creo que es irreversible: la discusión entre estados, con exclusión de la sociedad civil, no ha dado muchos resultados ni tiene mucho futuro. Sin embargo, estos procesos no son lineales; muchas veces se avanza en algunos espacios mientras que se retrocede en otros. Este proceso es un buen ejemplo de que la participación activa de la sociedad civil dentro del proceso puede ser virtuosa y que los acuerdos son posibles; también muestra que se requiere de tiempo, conocimientos y, sobre todo, se requiere ganar confianza.

Al mismo tiempo, estos procesos ponen en evidencia que muchos países “hacen como que” participan, “hacen como que” informan, pero esto es ficticio. Muchos países garantizan los derechos en sus legislaciones pero fracasan en su implementación. De ahí que nuestras luchas se centren en garantizar el efectivo cumplimiento de los derechos.

¿Qué recursos necesita la sociedad civil para fortalecerse y responder mejor a los desafíos que enfrenta?

Sobre este punto volvería a referir otra vez al tema con que iniciamos esta conversación: las negociaciones por el Principio 10. Este es un proceso abierto para toda la sociedad civil de América Latina y el Caribe, de modo que quiero hacer un pedido directo a toda la sociedad civil, no solamente a organizaciones sino también a personas individuales, profesionales en diversas áreas, para que se informen y tengan una participación activa en este proceso. Eso se puede hacer de manera muy sencilla, para lo cual hay primero que registrase en el proceso en www.cepal.org/es/register/p10. La idea es que el proceso pueda crecer cada vez más a través de una buena comunidad de participantes que contribuya a consolidarlo.

En términos de fortalecimiento de la sociedad civil, es muy importante que cada uno atienda a los temas que son de su interés y especialidad, pero que también podamos entre todos elegir temas para trabajar en conjunto. El trabajo colectivo fortalece cada uno de los reclamos y cada una de las luchas. En este sentido la sociedad civil siempre tiene elementos para aportar y para construir agenda. Esta agenda no se realiza en el corto plazo: hay que sostenerla en el tiempo. Por eso es bueno trabajarla en forma colectiva, de modo que el día en que uno no puede sostenerla, otro pueda hacerlo en su lugar y que el proceso no se detenga.

En relación con los derechos que defienden organizaciones como la nuestra, ningún resultado de interés público y de interés colectivo se obtiene en el corto plazo. Se requiere continuidad en el tiempo y, por lo tanto, trabajo colectivo. Apostamos a que estas luchas por los derechos humanos, el desarrollo sostenible y un medio ambiente sano se consoliden en instrumentos internacionales y formen un círculo virtuoso, en la medida en que cada vez más ciudadanos se movilicen, se informen y participen en el proceso de toma de decisiones, y que en ese proceso se generen más y mejores mecanismos institucionales y legales que garanticen esos mismos derechos de movilización, acceso a la información y participación a nivel tanto nacional como internacional mayores serán los resultados que se obtendrán en estos procesos.

El espacio cívico en Argentina es clasificado en el CIVICUS Monitor en la categoría “estrecho”.

Visite el sitio web o el perfil de Facebook de FARN, o siga en Twitter a @farnargentina o a @andresnapoli.

 

Pese al acoso, el movimiento estudiantil hondureño se niega a retroceder

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CIVICUS conversa con Héctor Ulloa, estudiante de doble licenciatura en Derecho y Economía, vicepresidente de la Asociación de Estudiantes de Derecho de la Universidad Nacional de Honduras y fundador del Movimiento Progresista Universitario (PRO).

 

Escándalo de corrupción impulsa movilización de dimensiones históricas en la República Dominicana

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CIVICUS conversa con Manuel Robles, integrante del Movimiento Marcha Verde de la República Dominicana. Surgida en enero de 2017 al calor de la indignación popular por el escándalo Odebrecht, que involucró a altos funcionarios de tres sucesivos gobiernos dominicanos, Marcha Verde incluye a un amplio conglomerado de organizaciones de la sociedad civil y centra su estrategia en la movilización callejera. Sus principales objetivos son el establecimiento de una comisión independiente de investigación, la identificación y apertura de causas judiciales contra todos los implicados en casos de corrupción, y la recuperación de los activos de la corrupción.

 

El Salvador es uno de los pocos países que aún no han decidido que la vida de las mujeres importa

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CIVICUS conversa con Sara García Gross, Coordinadora Ejecutiva de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico de El Salvador e integrante de la Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos. Fundada en 2009, Agrupación Ciudadana es una organización de la sociedad civil multidisciplinaria que busca generar conciencia para cambiar la legislación sobre la interrupción del embarazo en el país; defender legalmente a las mujeres que han sido acusadas o condenadas o por abortos o delitos relacionados; y promover la educación en materia de salud sexual y reproductiva.

 

Victoria de la sociedad civil de El Salvador: Entra en vigor la ley que prohíbe la minería metálica

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CIVICUS conversa con Saúl Baños, abogado de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica de El Salvador y Director Ejecutivo de una de las organizaciones que la integran, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho. El entrevistado relata una historia de éxito de la sociedad civil en su lucha por la prohibición de la minería metálica en el país, y da cuenta de los desafíos pendientes.

1. A fines de marzo se aprobó en El Salvador una ley pionera que prohíbe la minería metálica en el país. ¿Cómo fue el proceso que condujo a su aprobación, y qué rol desempeñó en él la sociedad civil organizada?
La ley de prohibición de la minería metálica fue aprobada por la Asamblea Legislativa el 29 de marzo de 2017. Que un país tan pequeño y empobrecido como El Salvador tomara esta decisión soberana contra los intereses de una poderosa empresa transnacional fue un hecho sin precedentes que nosotros consideramos como una victoria aunque los contenidos de la ley no fueran exactamente los que impulsábamos en un principio.

 

La disolución de la Unión Nacional de Educadores del Ecuador, parte de una estrategia coordinada para silenciar el disenso

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CIVICUS conversa con Rosana Palacios Barriga (foto), presidenta de la Unión Nacional de Educadores (UNE) del Ecuador. La UNE, la organización de maestros más grande del país, fue disuelta por resolución del Ministerio de Educación en agosto de 2016 por presuntos incumplimientos de sus propios estatutos y de la normativa vigente para el funcionamiento de las organizaciones sociales.

1. ¿Cuáles fueron las circunstancias que condujeron a la disolución de la Unión Nacional de Educadores, el sindicato más grande del país?
La Unión Nacional de Educadores (UNE) del Ecuador tiene dos líneas de acción. Por un lado, es una organización defensora de derechos humanos, de la educación y de la profesión docente en sus aspectos laborales, de salud y de mejoramiento profesional, económico y social. Por el otro lado, investiga la situación del país y del magisterio; presenta propuestas para que sean trasformadas en políticas públicas; y trabaja en propuestas pedagógicas tales como la de “Educación para la Emancipación” y en estrategias para implantar tecnologías de la información y la comunicación en el aula. En ese sentido, enfrenta la corrupción, la prepotencia y el autoritarismo.

Cuando inició su gestión en 2006, el Presidente Rafael Correa contaba con el respaldo de los sectores de izquierda, los movimientos sociales, sindicales y populares. Ese mismo año, el pueblo ecuatoriano aprobó mediante consulta popular el Plan Decenal, que incluía ocho políticas para la educación. La propuesta que se sometió a consulta popular había sido presentada por la UNE a Rafael Correa, por entonces candidato a presidente, para que fuera elevada a política de Estado. La UNE apoyó su candidatura porqué él dio su apoyo a nuestra propuesta.

El conflicto entre el gobierno y la UNE se inició cuando, una vez comenzada la gestión, la UNE exigió el cumplimiento del Plan Decenal. Ya en el año 2008, la UNE se enfrentó con el Ministro de Educación, Raúl Vallejo, porque éste buscaba implantar una evaluación punitiva destinada a destituir a docentes sin brindarles ninguna opción para que pudieran volver a ejercer su profesión, al tiempo que liberaba al Estado de sus obligaciones laborales para casos de despido. En ese contexto, la UNE exigió el respeto de los derechos laborales y defendió la educación bilingüe, en riesgo ante el cierre de 6000 instituciones escolares.

En el marco de la construcción de la nueva Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), la UNE exigió el reconocimiento de los derechos laborales alcanzados por el magisterio y la incorporación de sectores de profesores a la carrera docente de tal manera sean protegidos por la seguridad social y la LOEI. Denunció la precarización y la flexibilización laboral –actualmente son 40 mil los profesores bajo régimen de contrato-, la inestabilidad laboral, el congelamiento de salarios, los chantajes y los despidos. Cabe señalar que al trabajo docente se ha sumado el requisito de cumplimiento de trabajo administrativo, lo cual modifica el rol docente y genera temor, ya que se crea un ambiente de total indefensión.

2. ¿Cuáles cree Ud. que fueron las motivaciones del gobierno para tomar la decisión de disolver la UNE?
El Presidente Correa tiene una política de desintegración de las organizaciones sociales como estrategia de concentración de poder. Cuando la UNE mantuvo sus exigencias, Correa tomó la decisión de destruir esta organización sindical, gremial y popular.

El proceso se inició con una exhibición de poder por parte del presidente, por dos vías: por un lado, el debilitamiento del sindicato ante la opinión pública, mediante campañas persecutorias para las que hizo uso de cadenas nacionales de radio, prensa y TV, en las que condenó sus acciones gremiales; por el otro, la implementación, en 2009, de la evaluación punitiva del magisterio nacional.

En aras del cumplimiento de los objetivos del Plan Decenal, la UNE entregó al gobierno una contrapropuesta de evaluación elaborada sobre bases científicas y pedagógicas. Ante la negativa del régimen de dialogar, la organización declaró un paro nacional que se extendió desde el 15 de septiembre hasta el 7 de octubre de 2009. El paro terminó con un acuerdo entre UNE y el Ejecutivo, cuyos artículos luego fueron incorporados a la nueva Ley de Educación. En suma: lo que el correísmo nunca le perdonó a la UNE fue que desafiara su poder y le ganara.

En su afán por eliminar a nuestra organización, y más en general a todas aquellas que no siguieran sus mandatos, así como de dominar a las restantes, el gobierno emitió el Decreto Ejecutivo No. 16 del 4 de junio de 2013 (Reglamento para el funcionamiento del Sistema Unificado de Información de las Organizaciones Sociales y Ciudadanas). Este decreto recibió el rechazo unánime de la sociedad civil independiente, ya que era violatorio de la libertad de asociación. El decreto estableció nuevos procedimientos y requisitos para el reconocimiento legal de organizaciones de la sociedad civil e introdujo un proceso de evaluación para autorizar a ONGs internacionales para operara en el país. También exigió que las ONGs ecuatorianas se volvieran a registrar, impuso requisitos excesivos de información que podrían ser utilizados contra las propias organizaciones, y otorgó al gobierno amplia discrecionalidad para rechazar peticiones de reconocimiento jurídico o disolver organizaciones con argumentos vagos vinculados con el desvío de sus objetivos declarados, el involucramiento en actividad político-partidaria, la interferencia con las políticas públicas o la afectación de la seguridad del Estado o la paz pública.

Gracias al apoyo de la sociedad civil, organizaciones sindicales, organizaciones de servidores públicos y organismos internacionales como la Federación Sindical Mundial y la Internacional de la Educación, logramos llegar hasta la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y las Naciones Unidas para denunciar el Decreto Ejecutivo No. 16. En Ecuador, además, se interpuso una demanda de inconstitucionalidad del decreto ante la Corte de Justicia. La primera víctima de disolución a partir de la aplicación del Decreto No. 16, a fines de 2013, fue la Fundación Pachamama, una organización ambientalista.

Entretanto, el gobierno utilizó una táctica de desgaste mediante criminalización contra los dirigentes de la UNE. Mery Zamora, presidenta de la UNE entre 2007 y 2010, fue acusada de sabotaje y terrorismo por supuestamente haber incitado a los alumnos de un colegio a salir a las calles durante la revuelta policial de 2010. Se le siguió un juicio, fue hallada culpable gracias a la presentación de pruebas falsas y finalmente condenada a 8 años de prisión. Si bien en instancia de apelación fue eventualmente declarada inocente y no debió cumplir pena, la Fiscalía de la Nación enseguida volvió a presentar nuevas acusaciones contra ella, por supuestamente haber atentado contra los derechos del Estado.

Otros dirigentes nacionales, como Xaver Cajilema, Paúl Jácome y Edwin Lasluisa, fueron encarcelados durante un año. Decenas de dirigentes provinciales y cantonales – entre ellos Francisco Rojas, Juan Cervantes, Luis Chancay, Sisa Bacacela y Pilar Paredes – fueron destituidos. Hubo cantidades de sumarios administrativos contra maestros que declararan pertenecer a UNE, y muchos fueron removidos de sus funciones o de sus sitios de trabajo.

Los nuevos dirigentes de la UNE, elegidos para el período 2013-2016, incluida yo misma, no fuimos reconocidos. El Ministerio de Educación esgrimió varios pretextos para ello, por ejemplo el incumplimiento del Decreto No. 16, que sin embargo había sido dictado meses después de las elecciones de la UNE, celebradas con voto universal y secreto y con la veeduría del Consejo Nacional Electoral. El Comité Electoral de UNE argumentó la ilegalidad de esta actuación, pero durante casi un año enfrentó el silencio administrativo, y por último recibió la respuesta de que la documentación requerida no había sido entregada. Presumimos que los documentos entregados fueron deliberadamente extraviados.

Por último, en 2015 el Ministerio de Educación creó una organización paralela, llamada “Red de Maestros por la Revolución Educativa” que, dicho sea de paso, no cumplía con ninguno de los parámetros que le eran exigidos a la UNE. De más está decir que esta iniciativa viola los estándares internacionales, empezando por el Convenio 98 de la OIT sobre el derecho de sindicación y negociación colectiva.

La Red de Maestros no es más que un instrumento para la ejecución de la política autoritaria del gobierno en cada institución educativa del país. Dentro de cada escuela, es el brazo político del gobierno y el instrumento persecutorio de los docentes. Así, por ejemplo, la Red de Maestros tiene coordinadores zonales a los que se concede el tiempo para realizar visitas institucionales y se les otorga el respaldo de las autoridades educativas para que cumplan con el rol asignado.

Las autoridades educativas intervinieron para obligar a los maestros, mediante mecanismos ilegales, a afiliarse a la nueva organización. Al mismo tiempo impedían el acceso de la dirigencia de la UNE a los planteles educativos con el objetivo de acelerar el desgaste de nuestra organización. De hecho se emitieron oficios circulares bajo pena de sanción para las autoridades que dejaran ingresar a los establecimientos a dirigentes de UNE, permitieran a los maestros reunirse en asambleas, asistieran a las instalaciones de su gremio o permitieran la diseminación de información sobre la situación del magisterio. Por último, la autoridades se apropiaron del Fondo de Cesantía del Magisterio ecuatoriano, la entidad financiera de la UNE, con una caja de 405 millones de dólares. Para esto último se debió reformar la Ley de Seguridad Social.

3. ¿Qué impacto tuvo la disolución de la UNE? ¿Cómo caracterizaría Ud. la situación resultante?
La disolución de la organización fue el punto culminante de un proceso de acoso que se extendió durante diez años. En el curso de ese período la dirigencia de UNE se dividió en tres sectores: los que decidieron resistir, los que se replegaron, y los (muy pocos) que abandonaron la organización. Este mismo fenómeno se replicó en las bases, con el predominio de los que siguieron la resolución de la dirigencia nacional, plasmada en la consigna “La UNE vive, la lucha continúa”, más tarde reformulada como “La UNE vive, Correa se va” y “La UNE es una organización, no un edificio”.

La dirigencia de UNE resistió y se dedicó a desenmascarar la política correísta que profundizaba la violación de los derechos laborales del docente y de los trabajadores en general. Se unió para ello a las centrales sindicales y a otras organizaciones sociales.

La disolución de la UNE era necesaria para que el gobierno pudiera continuar con el desmantelamiento de la educación pública y el irrespeto a los docentes. A pesar de lo que afirma la propaganda gubernamental, la educación ha sufrido un retroceso. Se han implantado evaluaciones de ingreso a las universidades y puntajes para la elección de carreras fijados desde la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, lo cual trajo aparejada la privatización de la educación superior.

4. ¿Es la disolución de la UNE parte de un patrón más amplio de restricciones sobre la sociedad civil en Ecuador? En caso afirmativo, ¿cuáles han sido las principales restricciones del espacio cívico?
La disolución de la UNE es parte de una fórmula que responde al objetivo central del régimen de eliminar toda forma de organización y participación de la sociedad civil en la formulación de las políticas públicas, la defensa de derechos humanos y la promoción de las libertades públicas. O sea, es parte de una estrategia para mantenerse en el poder.

De hecho, en todos los sectores el gobierno ha creado organizaciones paralelas como el FUE (Frente de Estudiantes Universitarios del Ecuador), el FESE (Frente de Estudiantes Secundarios del Ecuador) y Seguro Campesino. Para enfrentar a las centrales sindicales tradicionales se creó en 2014 la CUT (Central Unitaria de Trabajadores), afín al gobierno, y lo mismo en el terreno de los movimientos de mujeres, los movimientos ecologistas y las organizaciones defensoras de la tierra. Al mismo tiempo que estas nuevas organizaciones eran movilizadas, se instituyeron leyes anti obreras para criminalizar la lucha social y se utilizaron los aparatos represivos del Estado contra las organizaciones genuinamente representativas.

Las violaciones de las libertades fundamentales han aumentado bajo la forma de persecución judicial, insultos, linchamiento mediático y agresiones físicas. Sin embargo, el 65% de la población rechaza actualmente estos atropellos, aunque por temor no se ha movilizado en defensa de las organizaciones que enfrentaron procesos de disolución. Pese a ello, hemos podido generar un debate sobre la defensa de los derechos. Y, en el caso específico de los maestros, está presente en la sociedad la necesidad de la existencia de nuestra organización como elemento de defensa, orientación y organización.

5. ¿Ha recibido la UNE solidaridad y apoyo desde el exterior? ¿De qué modo podría la comunidad internacional apoyar a la sociedad civil en Ecuador?
Pienso que tenemos una relación mejorada con nuestros pares en otras partes del mundo. Frente al proceso de disolución y el asalto que hemos sufrido, hemos recibido toda clase de muestras de solidaridad nacional e internacional. Los sindicatos de docentes en Canadá y en España, en particular, han sido claves en esta lucha de resistencia, de defensa de nuestra personería jurídica y recuperación del patrimonio. Sin embargo, en el terreno de la acción de masas no tenemos respuesta. Ello se debe a que existe un debate ideológico y una polarización muy fuerte, ya que fuera del Ecuador el discurso de izquierda de Rafael Correa, unido a la propaganda que despliega el gobierno, sigue sosteniendo la creencia errónea de que el Ecuador aún vive una revolución. Para disipar ese malentendido seguimos necesitando apoyo.

El espacio cívico en Ecuador es clasificado en el CIVICUS Monitor en la categoría “obstrui-do”.
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