Tratado Vinculante: ‘No es una bala de plata, pero será un paso adelante en la regulación del excesivo poder corporativo transnacional’

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Fernanda HopenhaymEn el marco de nuestro informe temático 2018 sobre “Reimaginar la Democracia”, estamos dialogando con líderes, activistas y especialistas de la sociedad civil sobre su labor de promoción de las prácticas y principios democráticos, los desafíos que enfrentan y los logros alcanzados. En esta oportunidad, CIVICUS conversa con Fernanda Hopenhaym, Co-directora Ejecutiva de Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER, por sus siglas en inglés), una organización de la sociedad civil (OSC) regional basada en México y formada con la misión de fomentar la transparencia y la rendición de cuentas de las empresas en América Latina desde una perspectiva de derechos humanos y fortalecer a los actores de la sociedad civil afectados por prácticas empresariales para que actúen como garantes de la rendición de cuentas a largo plazo.

¿Cuáles son las condiciones indispensables para el funcionamiento de una democracia plena? ¿Es el poder corporativo un límite para la democracia?

Una democracia plena debe basarse en un estado de derecho que realmente funcione, donde haya garantías para el ejercicio pleno de los derechos humanos, donde haya transparencia y participación de la ciudadanía en todas las cuestiones de interés público, donde el sistema de justicia sea independiente y el acceso a él esté asegurado, y donde se combatan con seriedad las desigualdades.

Si bien el sector privado podría verse desde algunos espacios como un aliado para la consolidación democrática, América Latina continúa siendo la región más desigual del mundo y las corporaciones, particularmente el gran capital, se caracterizan por operar todavía con opacidad. Esto tiene sus raíces en problemas estructurales que han impedido a nuestros países una verdadera consolidación democrática y sostener su desarrollo. Estas deficiencias político-institucionales, socioeconómicas y financieras tienen su origen en la conquista, pero se profundizaron en la década de 1990, cuando las políticas neoliberales fracasaron en cumplir sus promesas de crecimiento económico y desarrollo. Como lo ha descrito el economista Álvaro Vargas Llosa, ceder las empresas estatales a los amigos de los gobiernos bajo condiciones monopólicas se volvió la norma, lo que exacerbó un sistema ya caracterizado por el control de la toma de decisiones públicas por parte de élites económicas. Este fenómeno fue nombrado por Joel Hellman y Daniel Kaufmann, del Banco Mundial, como captura del Estado. Se trata de los mecanismos mediante los cuales las elites empresariales interfieren o influyen indebidamente sobre leyes, reglas y decretos para su propio beneficio.

Un ejemplo reciente de ello son las llamadas reformas estructurales implementadas en México a partir de 2013, un paquete de reformas – laboral, educativa, energética, etc.- que cambiaron las reglas de juego de los sectores más importantes de la economía para facilitar la inversión y favorecer al capital.

Cuando se habla de rendición de cuentas se suele pensar en el Estado. ¿Por qué sostienen ustedes que es necesario fortalecer la rendición de cuentas de las empresas?

Las empresas juegan un rol clave en la economía mundial, y detentan un poder cada vez mayor. Los vínculos público-privados se han profundizado, la separación entre las esferas de acción de las élites empresariales y el gobierno es muy difusa, y esto ha contribuido a que los mecanismos estatales no logren regular y balancear efectivamente los intereses de las corporaciones vis-a-vis el interés público. Es por ello que resulta clave que la ciudadanía organizada enfoque esfuerzos en exigir rendición de cuentas a las empresas, mayores estándares de transparencia y responsabilidad por los impactos negativos en los derechos humanos y el medio ambiente.

Hay numerosos ejemplos de abusos corporativos que no fueron efectivamente abordados por el Estado. El más notorio en México es el caso del Río Sonora, donde ocurrió el peor derrame en la historia de la minería en el país, que resultó en la contaminación de dos ríos con 40 millones de litros de sulfato de cobre y afectó a casi 25000 personas. La empresa responsable, que detenta un poder enorme, ha logrado hasta el momento evadir el cumplimiento cabal de sus obligaciones de reparación, e incluso ha obtenido nuevos permisos para expandir la mina donde ocurrió el derrame. En Ecuador tenemos el caso de Chevron-Texaco, que ha producido contaminación petrolera en territorios de comunidades indígenas que desde hace décadas buscan resarcimiento y justicia. En Brasil sobresale el caso de la mina de Samarco, que produjo el rompimiento de un dique que causó una enorme contaminación en el Rio Doce y llegó incluso al océano, causando muerte y desolación en las comunidades de Mariana. Y podría seguir con más ejemplos en América Latina y en el mundo en general, donde las empresas causan daño con total impunidad y no están sujetas a rendición de cuentas.

¿Qué herramientas utilizan ustedes, y qué mecanismos promocionan para que utilicen otros actores interesados en mejorar la rendición de cuentas de las empresas?

Desde PODER utilizamos distintas metodologías para empujar por una mayor rendición de cuentas de las empresas. Trabajamos a dos niveles: caso por caso, y a nivel normativo. En los casos que acompañamos, utilizamos investigación empresarial rigurosa, en industrias estratégicas y haciendo seguimiento al financiamiento de los proyectos, con el fin de ampliar el acceso a la información por parte de las comunidades afectadas y de la sociedad civil en general. Así, al reducir la asimetría de información, se pueden afinar las estrategias de presión y negociación y, cuando resulta pertinente, las de carácter legal, para proteger los derechos humanos frente a la actividad empresarial. En este terreno, en suma, PODER hace investigación, acompañamiento a procesos organizativos, incidencia con actores clave y, en algunos casos, litigio estratégico.

En cuanto al cambio normativo, utilizamos diversos mecanismos, que van desde promover mayor transparencia y acceso a la información de interés público usando la tecnología y los datos abiertos, hasta el periodismo de investigación con el fin de exponer casos y aumentar la presión de la opinión pública. Asimismo, participamos de distintos procesos a nivel nacional, regional e internacional para avanzar en instrumentos que garanticen los derechos humanos y se conviertan en herramientas para la rendición de cuentas empresarial. También estamos presentes en espacios multiactor con el fin de incidir directamente en las prácticas del Estado y las industrias en sectores estratégicos.

Nuestra metodología de trabajo es compartida con otros actores mediante talleres, recursos en línea, y sobre todo participando de redes y articulaciones donde todos los grupos aportamos nuestros aprendizajes para avanzar en esta agenda. Este intercambio y esfuerzo colectivo es fundamental para reducir el enorme desbalance de poder entre estados-empresas y sociedad civil.

PODER, y vos personalmente, llevan años involucrados en el proceso de desarrollo de un tratado vinculante sobre transnacionales y derechos humanos. ¿Por qué consideran que debe haber un tratado sobre este tema, y cómo han trabajado para llevarlo adelante?

La sociedad civil que trabaja por los derechos humanos ha identificado de manera creciente al abuso por parte de las empresas como una de las raíces de las problemáticas que aborda. Es por ello que la movilización para la generación de un instrumento jurídicamente vinculante en materia de empresas transnacionales y derechos humanos ha logrado englobar a una diversidad de actores de sociedad civil, que incluye a movimientos tan diversos como ambientalistas, campesinos, feministas, laboralistas e indígenas, entre otros. Un instrumento de esta naturaleza abordaría algunas de las cuestiones mencionadas anteriormente que están debilitando el actuar del Estado como sujeto garante, tales como la naturaleza transnacional del gran capital y los impactos negativos que atraviesan jurisdicciones.

La movilización de organizaciones, redes y movimientos ha sido enorme en los últimos años. No sólo ha incluido la participación en espacios formales, tanto en Naciones Unidas como en los países, sino también la generación de espacios propios, la manifestación pública, incidencia, comunicación y generación de análisis y contenido para abonar al proceso del Tratado. En todas estas instancias, la participación de la sociedad civil latinoamericana ha sido importante.

Las dos coaliciones más grandes son la Alianza para el Tratado, una plataforma global amplísima que promueve el involucramiento de la sociedad civil en los trabajos hacia el tratado y llama a los estados a participar efectivamente, y la Campaña Global para Desmantelar el Poder Corporativo, que trabaja esta agenda además de otros temas vinculados con las violaciones a derechos humanos por parte de empresas. Otro espacio muy interesante es el de las Feministas por el Tratado Vinculante, que incluye grupos, organizaciones y personas que impulsan la inclusión de la perspectiva de género en el proceso del Tratado. Finalmente, en la actualidad desde PODER y con nuestros aliados en la región estamos impulsando una articulación de organizaciones latinoamericanas para expandir la información y sumar más voces a este proceso.

Dos meses atrás se publicó el borrador cero del Tratado Vinculante. ¿Cuáles son tus primeras impresiones de la lectura del documento?

El borrador cero es un documento aún tímido, con mucho énfasis en acceso a la justicia y poco en prevención de daños, aunque sienta algunas bases importantes y permite tener algo concreto sobre lo cual empezar las negociaciones. Para su elaboración, Ecuador, como presidente del Grupo Intergubernamental de composición abierta creado por la resolución 26/9 del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que tiene como mandato la elaboración del instrumento, primero generó en 2017 un documento de elementos, luego sostuvo consultas informales con estados y organizaciones, y recibió numerosos insumos escritos, además de los trabajos realizados en las tres sesiones del mencionado Grupo. Sin embargo, a la sociedad civil en términos generales, este primer borrador nos ha resultado insuficiente.

Una cuestión clave que nos preocupa es que no es suficientemente enfático al establecer la primacía de los derechos humanos por sobre los intereses y acuerdos comerciales y de inversión. Algunos otros temas que habrá que afinar tienen que ver con el tipo de empresas que aborda el instrumento y con cuestiones jurisdiccionales (sobre todo el balance entre reforzar el actuar de los estados dentro de sus jurisdicciones y las obligaciones extraterritoriales). Temas que están incluidos, pero necesitan mayor claridad, son la debida diligencia en materia de derechos humanos, cláusulas sobre conflicto de interés, y el mecanismo (un comité) de monitoreo y rendición de cuentas, entre otros. Y algunas temáticas fundamentales para la sociedad civil que han quedado afuera son las protecciones a personas defensoras de derechos humanos y la perspectiva de género.

En la cuarta sesión del Grupo Intergubernamental, del 15 al 19 de octubre próximo en Ginebra, comenzarán las negociaciones sobre la base del borrador cero. En este proceso ha habido muchas resistencias, particularmente de la Unión Europea y Estados Unidos. Además, los países latinoamericanos no han tenido posturas concertadas, y vemos muy lejano que eso ocurra. Es por ello que muy probablemente el proceso de negociación y la producción de ulteriores versiones del instrumento tomen años, y recién entonces el Tratado verá la luz. A partir de allí comenzará otra etapa para su firma y ratificación. Desde la sociedad civil nos mantendremos activas y vigilantes, dado que creemos que este proceso es una buena oportunidad de sortear obstáculos para garantizar la protección de los derechos humanos a nivel global y para regular mejor el poder corporativo transnacional. No es una bala de plata, pero estamos convencidas que será un paso adelante.

Para mayor información acerca de los esfuerzos de la Sociedad civil para desarrollar un tratado vinculante, véase nuestro Informe 2017 sobre el Estado de la Sociedad Civil, acerca de los vínculos entre la sociedad civil y el sector privado.

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