NICARAGUA: ‘Las protestas expresaron un reclamo articulado de democracia genuina, basada en el respeto de la voluntad popular’

En el marco de nuestro informe temático 2018 sobre “Reimaginar la Democracia”, estamos dialogando con líderes, activistas y especialistas de la sociedad civil sobre su labor de promoción de las prácticas y principios democráticos, los desafíos que enfrentan y los logros alcanzados. En esta oportunidad, CIVICUS conversa con Amaru Ruiz sobre las recientes protestas en Nicaragua, que fueron duramente reprimidas y arrojaron un saldo de centenares de muertos. Amaru Ruiz es presidente de la Fundación del Río, una organización ambientalista que trabaja por la conservación de la biodiversidad y el desarrollo sostenible en el sureste de Nicaragua, y Coordinador de la Red Nicaragüense por la Democracia y el Desarrollo Local (Red Local), una coalición de sociedad civil que tiene por misión el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) para la promoción de un desarrollo local inclusivo y equitativo, la incidencia en políticas públicas, la gestión del conocimiento y la promoción de una ciudadanía activa. Ambas organizaciones integran la Articulación de Movimientos Sociales y de Sociedad Civil que acompaña la lucha por la justicia, la libertad y la democracia en Nicaragua.

1. En abril de 2018 tuvieron lugar protestas de una magnitud sin precedentes, a las que el gobierno respondió con una violencia también sin precedentes. ¿Cómo se llegó a esta situación?

Es importante entender que el gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) ha atravesado tres períodos bien diferentes, a lo largo de los cuales su base de apoyo se fue erosionando. El primero (2007-2012) fue de cautela, porque el gobierno tenía inexperiencia para administrar el Estado, ya que el FSLN era oposición y realmente no esperaba ganar las elecciones, a pesar de que el pacto con el expresidente Arnoldo Alemán había reducido el porcentaje de votos válidos requeridos para ganar las elecciones. Ya en el segundo período (2012-2017) se fue profundizando la estrategia del gobierno para perpetuarse en el poder. Los malestares se iniciaron cuando se publicó el fallo de la Corte Suprema de Justicia que permitió al presidente Daniel Ortega reelegirse. Esta reforma fue impulsada sobre la base del mismo argumento que utilizó Oscar Arias en Costa Rica y que pretendió utilizar Álvaro Uribe en Colombia: que todos somos iguales ante la ley y que por lo tanto no puede prohibirse a un solo ciudadano (en este caso el presidente en funciones) aspirar a un cargo – o, como lo dijo la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, no puede imponerse “una discriminación e interdicción electoral para Presidente y Vicepresidente, Alcalde y Vicealcalde". Así falló la Corte Suprema y Daniel Ortega, junto con los alcaldes y vicealcaldes del FSLN, pudo reelegirse para un segundo mandato consecutivo. Así es como se inició en 2017 el tercer período.

La permanencia en el poder supuso la concentración de la toma de decisiones a nivel municipal y la instalación de un modelo corporativista muy vinculado al gran capital - un modelo de consenso y diálogo entre el gobierno, los empresarios y los sindicatos de trabajadores vinculados al FSLN.

En este segundo período, el gobierno comenzó a interesarse más en acumular riqueza. Empezó a hacer inversiones a título familiar, y se profundizó la mezcla no solo entre Estado y partido, sino también entre partido y familia. La esposa del presidente y su mano derecha, Rosario Murillo, ha tenido más poder que cualquier ministro, y desde el inicio del tercer período presidencial, es también la vicepresidenta. La familia Ortega-Murillo ha concentrado durante largo tiempo los cargos de alta dirección del gobierno, y además se ha convertido en un emporio económico.

Estos negocios involucraron la aprobación, por parte del Estado, de concesiones a poderosos inversionistas privados, tanto nacionales como extranjeros: concesiones de minería como la de Rancho Grande; para plantaciones, por ejemplo de palma africana; y para megaproyectos como la represa de Tumarín en el Río Grande de Matagalpa, el puerto de aguas profundas de Bluefields y, finalmente, el Canal Interoceánico.

Ante estos procesos, algunos de los cuales avanzaron sin el consentimiento de las comunidades afectadas, se empezaron a ver manifestaciones de los movimientos sociales, representantes de sectores que habían quedado desprotegidos del Estado nicaragüense. El FSLN había llegado al poder con respaldo de la población más humilde y de sectores sociales vulnerables, no como representante del sector privado. Los sectores urbanos más vulnerables, en particular, veían en Daniel Ortega la posibilidad de dar marcha atrás con los modelos neoliberales que habían establecido los gobiernos anteriores. En cambio, el modelo neoliberal se profundizó, lo cual resultó en una ruptura con parte de la base social que inicialmente respaldaba al gobierno.

Esta ruptura también ha tenido otras expresiones, por ejemplo en torno del saneamiento en territorios indígenas miskitu, que obliga al Estado a garantizar a los indígenas el uso efectivo de sus territorios titulados frente a la ocupación de colonos que alegan haber adquirido legalmente propiedades dentro de territorios indígenas. Se ha producido en cambio una escalada de violaciones de los derechos humanos de los indígenas miskitu, que han incluido saqueos, secuestros y asesinatos en las comunidades. Esto es el resultado de la prevalencia de los mismos intereses económicos que se alimentan del acaparamiento de los recursos naturales.

Un factor importante que influyó en estos procesos fueron los “fondos de solidaridad”, destinados a proyectos sociales, que Nicaragua recibió durante años del gobierno de Venezuela. Estos fondos no ingresaban al presupuesto general de la República, es decir que no se auditaban, y constituyeron la “caja chica” del gobierno de Nicaragua, que se utilizó, por un lado, para financiar programas asistencialistas de contención de los sectores más vulnerables (a las que el gobierno designaba como “de restitución de derechos”), y, por el otro, para comprar empresas, hoteles, canales de televisión e inversiones agroexportadoras, todas puestas en manos de testaferros, elementos del partido y de la familia Ortega-Murillo. Estas últimas, en particular, fueron en detrimento de las comunidades locales que reclamaban por la violación de sus derechos. Ahora tenemos una enorme deuda con Venezuela, que pone presión sobre el presupuesto público y ha redundado en la acumulación de recursos en manos del partido y de la familia del presidente. Todo esto ha generado malestar en una parte creciente de la ciudadanía, así como en los cuadros históricos del FSLN.

2. ¿Cómo llegaron estos conflictos aislados a convertirse en protesta masiva? ¿Cuáles fueron los hechos desencadenantes?

Los conflictos llevaban cierto tiempo ocurriendo en zonas rurales; el punto de inflexión fue cuando las protestas se trasladaron a las zonas urbanas. Los ánimos ya estaban caldeados desde las elecciones municipales de 2012, cuestionadas por fraudulentas y marcadas por una alta abstención, en las cuales el FSLN obtuvo el 76% de los votos y ganó la mayoría de las alcaldías, pero que también generaron descontento dentro de las propias filas oficialistas. En las elecciones primarias del FSLN la gente había elegido a muchos candidatos diferentes de los bendecidos por la estructura del partido; la voluntad popular fue ignorada y el presidente impuso a sus candidatos a dedo. Así, militantes del FSLN protestaron en los municipios. Esto fue una novedad, ya que nunca antes los simpatizantes del partido de gobierno habían protestado en contra del gobierno: siempre eran manifestaciones de apoyo de la militancia dura, obediente, para la cual la palabra del comandante era la verdad absoluta.

Este precedente también repercutió sobre las elecciones nacionales, legislativas y presidenciales, de 2016, en las que hubo una abstención de más del 70% de la ciudadanía. Todo el mundo ya sabía quiénes iban a ganar; nadie creía que votar pudiera servir para generar algún cambio ni en sus municipios ni mucho menos a nivel nacional. Los partidos de oposición que se presentaron jugaban a favor del régimen; los que habían permanecido realmente opositores habían perdido su personería jurídica y por lo tanto no habían podido presentar candidatos. Incluso algunos antiguos aliados del partido de gobierno se habían apartado.

Ante un gobierno que padecía este déficit de legitimidad, el primer desencadenante fue su pésimo manejo, mezcla de indiferencia y negligencia, del incendio de orígenes sospechosos que afectó a 6.788 hectáreas de bosques en la reserva biológica Indio Maíz, a principios de abril de 2018. El tema ambiental es, junto con las redes sociales, el gran tema que el gobierno nicaragüense ha querido, pero no ha podido controlar. El gobierno ha creado estructuras, incluso ha formado un movimiento ambientalista progubernamental, pero no ha podido controlar el tema ni desde lo político ni desde lo técnico. Las organizaciones ambientales somos sólidas en generación de conocimiento e incidencia en un tema en el cual han sido negligentes tanto el gobierno como el sector empresarial, dadas las atrocidades que cometen las industrias extractivas, y que nosotros denunciamos.

A partir de la campaña de información y concientización del movimiento ambientalista en las redes sociales, reproducida por los medios de comunicación independientes, se logró movilizar la solidaridad tanto nacional como internacional en torno del tema. Las primeras expresiones de protesta, en la semana del 9 de abril, fueron por el desmanejo y el ocultamiento de información en torno del incendio y salieron de la Universidad Centroamericana. Los estudiantes fueron agredidos por turbas oficialistas y dispersados por las fuerzas policiales.

Finalmente, la lluvia acabó apagando el incendio un día viernes, casi en el amanecer del sábado. Y dos días más tarde, el lunes 16 de abril, salió el decreto presidencial de reforma del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS). No creo que el gobierno, ni nadie más, se imaginara la reacción que generaría. Por la tarde de ese mismo día el sector privado quebró el modelo de consenso al manifestar su desacuerdo con la reforma, que según ellos había sido inconsulta. Enseguida la gente, sobre todo estudiantes, empezaron a protestar en la capital, Managua, y en la ciudad de León. Los primeros hashtags que se difundieron eran #SOSIndioMaiz, #SOSINSS, #SOSNicaragua: se habían juntado todos los descontentos. Todos los movimientos sociales – campesino, de mujeres, etc. – empezaron a pronunciarse en respaldo de los estudiantes, y las protestas se hicieron masivas. Fue un movimiento autoconvocado, muy diverso, que salió a decir BASTA. Ya no se trataba de un agravio específico, sino de un reclamo más articulado de democracia genuina, basada en el respeto de la voluntad popular, por instituciones transparentes y una justicia independiente.

El gobierno no se esperaba semejante reacción. Las protestas que se habían producido hasta entonces, y que habían sido muchas veces reprimidas, se habían dado en zonas rurales, aisladas y con poca población, donde los medios raramente llegan. Pero que en zonas urbanas, densamente pobladas, con las cámaras adelante, policías, paramilitares y sectores armados de las Juventudes Sandinistas empezaran a disparar contra la gente… eso fue algo nunca visto.

3. Pasados varios meses desde el pico de represión, puede que el mundo esté comenzando a pensar que las cosas están volviendo a la normalidad. ¿Es así?

No, de ninguna manera. Por supuesto que el gobierno quiere transmitir la imagen de que todo está normal, pero en agosto volvió a haber movilizaciones en varias ciudades, y en septiembre hubo algunas más, precedidas de un paro nacional. Claro que ya no han sido masivas, porque después de la feroz represión muchos líderes han salido del país, sobre todo hacia Costa Rica, y en el país la represión es cotidiana. La protesta está criminalizada, hay persecución del activismo, especialmente de estudiantes y campesinos, a quienes han declarado terroristas. Si bien se ha concentrado hasta ahora en los movimientos sociales, la represión ahora nos está llegando a las OSC. Creo que la recientemente aprobada Ley contra el Lavado de Activos, el financiamiento al terrorismo y el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva será utilizada contra las OSC.

En el país diversos sectores estamos luchando por una salida civil y pacífica, pero la posibilidad de que haya un rebrote de violencia es bien real. El presidente ha dicho que ya no habrá más diálogo, y si verdaderamente el diálogo se ha terminado, pueden pasar dos cosas: que aumente la violencia, o que predomine la resignación. Esta última no es la opción más viable: es una salida solamente temporaria, en la medida en que, por acumulación de frustraciones, en algún momento las tensiones irresueltas terminarán regresando a la superficie y la gente volverá a salir a la calle. Es decir, sería tan solo una forma de posponer la violencia. Lo cierto es que ante la disyuntiva de qué hacer ahora, si seguir saliendo a la calle y exponernos a que nos sigan matando, o quedarnos todos en casa, muchos van a preferir quedarse en sus casas, y otros seguirán saliendo, mientras que otros tantos dejarán de protestar y comenzarán a conspirar.

4. ¿Qué opinión te merece el rol que ha desempeñado (o no) la comunidad internacional a lo largo de este proceso?

Muchos actores, no solo internacionales sino también domésticos, como la iglesia, han jugado un papel fundamental. La iglesia en particular ha encauzado a su feligresía hacia la lucha cívica y la denuncia de las atrocidades cometidas, y ha buscado alejarla de la violencia. La solidaridad internacional se ha hecho sentir bajo la forma de los informes enviados a sus países por las embajadas en Managua, que le han dado visibilidad a la situación y que han generado una derrota internacional para el gobierno de Nicaragua. En todos los espacios de la diplomacia internacional nuestro gobierno ha sido derrotado. En el propio Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se discutió la situación de Nicaragua, pese a los esfuerzos del gobierno y sus aliados por impedirlo. El hecho mismo de ponerlo en la agenda ha sido bastante. Lo mismo en la Organización de Estados Americanos y en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: a pesar de los intentos del gobierno por presentar las protestas como un intento de golpe de Estado, y de las resistencias de las izquierdas por admitir el carácter represivo del régimen que nos gobierna, lo que ha ocurrido ha quedado claro para el mundo entero. Hasta entonces las OSC internacionales habían prestado poca atención a Nicaragua, pero ahora han comenzado a interesarse.

5. ¿Qué apoyos necesita la sociedad civil nicaragüense para encontrar una salida pacífica a la situación?

Se necesita solidaridad con la gente que sigue dando la batalla en Nicaragua, con la gente que se ha ido y está haciéndolo desde afuera. Asimismo, las OSC y los movimientos sociales que permanecen activos necesitan apoyo en materia de estrategia, recursos y protección.

Finalmente, se necesita apoyo en la incidencia sobre los tomadores de decisiones en los foros internacionales. Por ejemplo, recientemente nos manifestamos contra la candidatura de Paul Oquist, Secretario de Políticas Públicas de Nicaragua, como co-presidente del Fondo Verde Climático Mundial. Pero son muchos los países que votan, y necesitamos su apoyo para impedir que el gobierno de Nicaragua se legitime ocupando puestos como ese.

El espacio cívico en Nicaragua es clasificado como ‘represivo’ por el CIVICUS Monitor. El país está actualmente en la Watch List del CIVICUS Monitor.

Contáctese con la Fundación del Río a través de su sitio web o su perfil de Facebook, y con la Red Local por medio de su sitio web o su perfil de Facebook.