En 2018, tras años de esfuerzos de la sociedad civil, el Congreso argentino por primera vez debatió un proyecto de legalización del aborto. Aunque la prohibición, excepto en algunas circunstancias específicas, sigue en pie, los actores pro-legalización consideran que el debate ha progresado. CIVICUS conversa sobre la campaña con Edurne Cárdenas, abogada del equipo internacional del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), una organización de derechos humanos de Argentina. El CELS fue fundado en 1979, durante la dictadura militar, para promover los derechos humanos, la justicia y la inclusión social. En sus primeros años, el CELS luchó por la verdad y la justicia ante los crímenes del terrorismo de estado, para luego ampliar su agenda para incluir las violaciones de derechos humanos cometidas bajo la democracia, sus causas estructurales y su relación con la desigualdad social. CELS promueve su agenda a través de investigaciones, campañas, alianzas con otros actores de la sociedad civil, incidencia y políticas públicas y litigio estratégico en foros nacionales e internacionales.
¿Cuándo comenzó el CELS, una organización clásica de derechos humanos, a trabajar sobre derechos sexuales y reproductivos, y por qué?
El CELS ha tenido una gran capacidad para trabajar en la época que le ha tocado y, en consecuencia, para enriquecer su agenda, siempre actúa en alianza con movimientos sociales y otras organizaciones. En la Conferencia de Viena sobre Derechos Humanos, en 1993, se articuló explícitamente la idea los derechos de las mujeres como derechos humanos. A mediados de los ’90, creo que más precisamente en 1996, el informe anual del CELS incluyó contribuciones de activistas del movimiento de mujeres acerca de los derechos reproductivos. En los años siguientes, muchas veces en alianza con otras organizaciones, el CELS participó en presentaciones ante órganos internacionales de protección: por ejemplo, en 2004 contribuyó a un informe sombra ante el Comité de las Naciones Unidas para la eliminación de la discriminación contra la mujer (CEDAW). La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito se formó en 2005 y el CELS pasó a integrarla en 2012. Poco después de esos primeros artículos en el informe anual, se incorporó de forma paulatina a nuestras preocupaciones sobre las violaciones de derechos humanos el acceso a los abortos no punibles, como los denomina el Código Penal, es decir, abortos que son legales si peligra la vida o la salud de la mujer o si el embarazo es producto de una violación. La temática también se instaló a partir del gran trabajo militante de activistas feministas al interior de la organización.
En suma, si el CELS trabaja sobre este tema es porque entiende que la penalización del aborto impacta de forma negativa en el goce de las mujeres de sus derechos humanos. El aporte central del CELS fue inscribir el debate del aborto dentro del paradigma de los derechos humanos y poner en circulación argumentos de derechos humanos para alimentar el cuerpo argumental de la cuestión. El CELS no se especializa en salud, pero trabaja en alianza con otras que examinan el problema desde ese ángulo. Desde nuestro punto de vista, se trata de un tema en el que está en juego la libertad y la igualdad, cruzado por otras cuestiones que históricamente han sido centrales en nuestro trabajo: la violencia institucional.
El debate por la legalización del aborto avanzó más que nunca en Argentina durante 2018, pero no alcanzó para que la ley se aprobara. ¿Qué lecciones extraes de esta experiencia?
En 2018 por primera vez se trató en el Congreso una iniciativa para legalizar el aborto. Fue la séptima vez que se presentó una iniciativa de estas características y se trató de un proyecto promovido y redactado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que nuclea a más de 500 organizaciones del movimiento de mujeres, articulada, horizontal y con 13 años en esta lucha. Antes de 2018, los proyectos no habían avanzado ni siquiera en las comisiones que deben dar dictamen para que se trate en el recinto. La Argentina tiene ya una tradición de feminismo muy movilizado y, desde 2015, con mucha presencia en las calles y una demanda clara de aborto legal. Este año empezó con una novedad: en su discurso de apertura de las sesiones legislativas, el presidente de la Nación hizo mención al tema, con lo cual, gracias a la presión de la agenda feminista, habilitó el debate parlamentario. Fue algo absolutamente inédito. Lamentablemente, luego de recibir media sanción en Diputados en junio de 2018, la iniciativa fue rechazada por el Senado en agosto.
El proceso estuvo liderado por el movimiento de mujeres. Todos los otros movimientos y organizaciones nos integramos detrás de ese liderazgo. En Diputados la estrategia fue exitosa porque fue multipartidaria y diversa, la participación de los movimientos fue fuerte y la influencia de la calle se hizo sentir. En el Senado, la cámara más conservadora, hizo falta más trabajo. Allí nos fallaron las alianzas, que no lograron replicar la transversalidad que hubo en Diputados. Una pregunta que quedó planteada, entonces, fue cómo llegar a la cámara más conservadora con un reclamo que necesariamente debe pasar por allí.
Además, lo que la derrota en el Senado dejó en evidencia fue que tenemos que trabajar más para entender y contrarrestar el discurso de posverdad nuestros adversarios. Estamos viendo una avanzada conservadora que pone en riesgo la calidad institucional y, en última instancia, la institucionalidad democrática. Lo que fue interesante es que toda la ciudadanía pudo enterarse y tomar nota de qué piensan y cómo votan sus representantes.
Podría decirse que los resultados de esta batalla han sido agridulces. ¿Cuánto hubo en ellos de derrota y cuánto de victoria, y por qué?
La postal de desilusión del 9 de agosto, cuando el Senado votó en contra, es una imagen muy parcial del proceso. En nuestro balance, la lista de lo que ganamos es mucho más larga que la lista de lo que perdimos. Entre lo perdido está por supuesto esta oportunidad -pero solo esta, la de 2018, porque realmente creo que el cambio es inevitable y es solo una cuestión de tiempo. No sé si el año en 2019, pero en algún momento va a ocurrir. Y lo que sí creo que tiene que pasar en 2019 es que, tratándose de un año electoral, todos los temas que se pusieron sobre la mesa durante este proceso deben ser parte de la agenda de la campaña presidencial.
Lo que ganamos, sin duda, fue masividad y presencia en el espacio público –tanto en la calle como en la opinión. Este año se discutió sobre el aborto como nunca antes, se quebraron silencios y tabúes. Pero el proceso tuvo un subproducto negativo: al poner en la agenda un tema divisivo, al volverse la movilización tan masiva y adquirir tal centralidad en la escena política, generó una fuerte reacción de los sectores más conservadores. Estos sectores se organizaron y también ganaron una visibilidad que antes no tenían.
Con la emergencia de estos actores, el debate por el derecho al aborto puso en discusión algunas cosas que creíamos que eran consensos básicos intocables. Pero algunos sectores comenzaron a decir en voz alta cosas que hace pocos años no estaban bien vistas. Así, por ejemplo, la campaña “Con mis hijos no te metas”, contra la ley de educación sexual integral, puso en cuestión el rol del Estado en la educación.
¿Qué rol desempeñó el CELS en la campaña por la legalización del aborto?
El liderazgo indiscutido en todo el proceso fue del movimiento de mujeres, y específicamente de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. El CELS es parte de la Campaña, pero junto a otras organizaciones de derechos humanos hicimos específicamente un aporte importante de organización, articulación y argumentación.
Por su trayectoria, el CELS es una organización con mucha legitimidad. Que el CELS hable de aborto puede marcar la diferencia a la hora de llegar a audiencias más amplias. Ya desde 2014, cuando pareció que el proyecto de legalización podía tratarse en comisión, el CELS comenzó a elaborar insumos para el debate legislativo, con una revisión de la jurisprudencia y los estándares vigentes y, en suma, la justificación de por qué el debate sobre el aborto tenía que darse en clave de derechos humanos.
Al mismo tiempo, el CELS ha participado en distintas causas judiciales en calidad de amigo del tribunal. Aunque consideramos que el objetivo último, y el único compatible con el reconocimiento de la autonomía de las mujeres como sujetos plenos de derecho, es la legalización del aborto, hemos considerado necesario entretanto asegurar que puedan realizarse los abortos que ya son legales, según las causales para abortos no punibles. En 2012, en su fallo en el caso F.A.L., la Corte Suprema clarificó sin lugar a dudas las causas permitidas para acceder a un aborto de forma legal y las obligaciones del Estado en consecuencia. Este hecho reflejó el gran trabajo realizado por los movimientos de mujeres y de derechos humanos en las calles, en los hospitales, en la academia, en los tribunales. Pero el acceso es muy desigual, y aún en provincias “de avanzada” sigue habiendo barreras para el acceso a abortos legales. En gran medida eso refleja la limitación estructural del sistema de causales, que fracasa porque depende de que alguien certifique esas causales. Además de que el sistema de causales descarta de entre las posibles causales a la más importante: la voluntad de la persona embarazada. Esto es lo que puso en primer plano el proyecto de ley que aprobó la Cámara de Diputados.
Durante el debate de 2018, el CELS hizo varias presentaciones en las audiencias públicas en ambas cámaras del Congreso, en apoyo del proyecto. El director ejecutivo y yo expusimos en Diputados – significativamente, tanto en la apertura como en el cierre del debate – y nuestro director de litigio expuso en el Senado. Editamos al momento del comienzo del debate una publicación que suscribió gran parte del arco del movimiento de mujeres, feminista y organizaciones con argumentos, legislación y jurisprudencia, para acercar información clara a los y las representantes de ambas cámaras.
También estuvimos presentes en las calles, no solamente en las vigilias durante las sesiones de votación, sino también en la organización, dando apoyo y coordinando con el movimiento de mujeres, las otras organizaciones de la Campaña por el Aborto Legal, las estudiantes secundarias, profesionales de la salud y otros actores movilizados. Esta articulación y la presencia sostenida del movimiento en las calles fueron lo que marcó la diferencia durante 2018. Finalmente, nos manifestamos enérgicamente por la libertad de expresión y el derecho de manifestación, ya que a lo largo de este proceso se produjeron diversos actos de violencia contra activistas por la legalización por parte de grupos movilizados en contra.
Has mencionado varias veces la oposición de los grupos anti-derechos ¿Crees que estos grupos están en ascenso? De ser así, ¿qué debería hacer la sociedad civil progresista para proteger los derechos ganados y seguir avanzando?
Los grupos anti-derechos efectivamente han crecido y se organizan bajo un paraguas en común contra lo que llaman “ideología de género”. Este debate fue para ellos una oportunidad para organizarse como nunca antes. Ahora son más: antes eran solamente grupos vinculados con la Iglesia católica, y ahora hay también numerosos grupos de iglesias evangélicas, bien organizados y bien financiados, así como otros grupos no necesariamente religiosos. Su presencia nos demanda atención porque sus objetivos van contra los derechos de buena parte de la población, ya que buscan limitar el acceso a derechos de la infancia, de mujeres, lesbianas, gays, travestis, personas trans. Están aterrizando en toda América Latina y su presencia nos plantea interrogantes sobre sus alianzas y fines. ¿Cómo y cuándo llegaron a la Argentina? ¿Cuáles son sus demandas, hasta dónde están dispuestos a llegar? Hemos visto que detrás del “no al aborto” traen una agenda más amplia, relacionada con el rechazo de lo que llaman “ideología de género”, de la educación sexual en las escuelas, hasta de las vacunas, y quién sabe de qué más.
El movimiento progresista necesita pensar una estrategia para enfrentarlos. La fortaleza del movimiento de derechos humanos es el uso de la creatividad y de la estrategia de la razón. En cambio, lo que hacen los movimientos anti-derechos es copiar en espejo las estrategias del movimiento de derechos humanos. Ahora bien, aunque corremos con la ventaja de la creatividad y la innovación, el movimiento anti-derechos nos está haciendo perder el tiempo discutiendo cosas que creíamos que estaban saldadas. Para colmo no es ni siquiera una discusión honesta, ya que las afirmaciones que hacen e incluso los datos que utilizan no resisten el menor chequeo. Lo que resulta de esto no es un debate, es decir, un auténtico intercambio de argumentos y razones. Pero así y todo no tenemos otra alternativa que responder. De modo que cuando “debatimos”, en realidad no debatimos con ellos ni para tratar de convencerlos a ellos, sino que lo hacemos ante una audiencia, para convencer a esa audiencia. Usamos ese simulacro de debate para levantar nuestros principios ante la opinión pública. En esto, las redes sociales han sido clave, aunque también han sido un arma de doble filo. De hecho, fue en este debate donde pudimos ver de primera mano el funcionamiento de las “fake news” (noticias falsas), sobre todo cuando las recogen actores de peso fuera de las redes y las llevan a otros terrenos. Pasó, por ejemplo, que datos totalmente falsos tomados de las redes fueron citados por legisladores en el debate parlamentario. En ese terreno tenemos mucho por hacer.
Un desafío para nuestros movimientos es liderar la agenda de los debates. Esto nos plantea la necesidad de estar un paso adelante en la discusión. Nosotros no debemos “debatir” con los grupos anti-derechos, sino hablar para las grandes audiencias y debatir con los representantes elegidos por el pueblo, que son quienes tienen la obligación de sancionar leyes en nuestro beneficio y de cumplir con la obligación del Estado de garantizar al goce de los derechos humanos. El debate por la legalización del aborto fue una punta de lanza para pensar otras cuestiones. El sistema de causales para el aborto legal, similar al que se acaba de aprobar en Chile, existe en Argentina desde 1921. El paso de un sistema de causales a un sistema de plazos requiere de una simple decisión legislativa de modificación del Código Penal. ¿Por qué tanto revuelo entonces? Porque este debate pone en primer plano otras discusiones: cuál creemos que deba ser el rol de las mujeres y las personas gestantes, cuál debe ser el rol del Estado, hasta dónde y en qué cosas se mete… y ahí es donde saltan las contradicciones de los sectores conservadores, que quieren que el Estado se meta hasta en tu cama para penalizar, pero que a la hora de educar o de vacunar mejor no se meta.
No podemos quedarnos a la defensiva, tenemos que ir a la ofensiva e instalar la cuestión de la laicidad y plantear el rol del Estado. Y debemos hacerlo en un contexto subregional regresivo. Brasil, nuestro gran vecino y principal socio, acaba de elegir un presidente que está alineado con la agenda de su poderosa bancada evangélica y que acaba de designar como Ministra de Derechos Humanos a una pastora evangélica que dice que la mujer nace para ser madre.
El espacio cívico en Argentina es clasificado como ‘estrecho’ por el CIVICUS Monitor.
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