En el marco de nuestro informe temático 2019, estamos entrevistando a activistas, líderes y expertos de la sociedad civil acerca de sus experiencias y acciones ante el avance de los grupos anti-derechos y sus estrategias para fortalecer las narrativas progresistas y la capacidad de respuesta de la sociedad civil. En esta oportunidad, CIVICUS conversa con Héctor Pujols, vocero de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes de Chile. La Coordinadora es una red que reúne a activistas y organizaciones que trabajan por la defensa de los derechos humanos de la población migrante en Chile, y busca incidir para lograr la aprobación de legislación y la implementación de políticas públicas inclusivas de las comunidades migrantes.
¿Podrías contarnos qué trabajo hace la Coordinadora Nacional de Inmigrantes?
La Coordinadora es una articulación de organizaciones, un colectivo o movimiento de personas migrantes; nuestra perspectiva es que las personas migrantes necesitan de una organización que les sea propia. La Coordinadora existe desde 2014, pero muchas organizaciones que la integran, sobre todo las vinculadas a la migración peruana, llevan trabajando entre 20 y 25 años. Nuestra membresía es diversa e incluye a organizaciones de tipo cultural; temáticas, dedicadas por ejemplo a temas laborales o de vivienda; sectoriales, como por ejemplo la Secretaria de Mujeres Inmigrantes; de carácter territorial, vinculadas a determinadas comunas; y organizadas por nacionalidad, para proporcionar espacios y oportunidades a las colectividades argentina, ecuatoriana o peruana.
En tanto que Coordinadora, una de nuestras tareas principales, aunque no la única, es la incidencia política a nivel nacional para mejorar la inclusión de la población migrante. Es un trabajo que hacemos que hacemos autoorganizándonos, en tanto que migrantes, y articulándonos con otras organizaciones, como sindicatos y otras clases de organizaciones de la sociedad civil.
El Senado chileno discute actualmente un proyecto de Ley de Extranjería, ¿qué opina la Coordinadora al respecto?
Históricamente, al menos en la época contemporánea, Chile no ha tenido una migración de dimensiones comparables a las de otros países de América Latina. El fenómeno aumentó en los años ’90, con flujos de migración boliviana y peruana, pero en los últimos diez años se empezó a hacer más significativo, con el aumento de la cantidad de inmigrantes de otros países de la región, principalmente Colombia, Haití, República Dominicana y más recientemente Venezuela.
En este contexto, hace por lo menos cinco o seis años se empezó a plantear la necesidad de actualizar la Ley de Extranjería de 1975, surgida de un contexto dictatorial y con una visión centrada en la seguridad nacional, que ve al migrante como un agente extranjero, un agitador ideológico, alguien que viene a hacer la revolución. En el contexto de la dictadura, la ley fue hecha pensando en el migrante de la época de la Unidad Popular, el gobierno de izquierda que la precedió - argentinos, cubanos y uruguayos que llegaban en apoyo de ese gobierno de izquierda o que venían a refugiarse de otros gobiernos que los perseguían.
El nuevo contexto migratorio es bien diferente, por lo que ha habido un gran consenso respecto de que la ley de 1975 no se ajusta a la realidad actual. La Coordinadora y otras organizaciones llevamos años reclamando un nuevo marco legal que permita la inclusión de la población migrante.
Sin embargo, el debate ha sido complejo y en el último año, tras la asunción de Sebastián Piñera en la presidencia, el gobierno presentó un proyecto de ley muy similar al que ya había presentado en 2013: un proyecto que se desplaza de la visión del extranjero como un agitador externo hacia la visión del extranjero como un aporte económico, cuyo valor depende de cuánto dinero trae en el bolsillo. Ha sido un debate complejo en el que Chile trató de situarse en el mundo adoptando un sistema de visas similar al de países como Australia o Canadá, sin entender que el contexto migratorio y las características de la migración en Chile no son las mismas que las de esos países. Este proyecto ya tiene la media sanción de la Cámara de Diputados y ahora está en el Senado.
Nosotros planteamos que, si se aprueba, esta ley generaría una gran irregularidad migratoria, que ya es un problema en Chile. La ley incentivaría a las personas a llegar como turistas para quedarse luego de su expiración, sin perspectivas de regularizar su situación aún en caso de conseguir trabajo. La irregularidad migratoria afecta el acceso a todos los derechos, a la salud, la educación e incluso a un trabajo decente. Una persona que no puede firmar un contrato de trabajo va a trabajar de todos modos porque de algo tiene que vivir, pero va a hacerlo en condiciones mucho más precarias. En suma, el proyecto de ley adopta en la superficie el discurso de la sociedad civil sobre la necesidad de renovar el marco legal, pero fundamentalmente es una iniciativa anti-derechos.
En los últimos tiempos se observa un ejercicio más intenso de las libertades cívicas por parte de las personas migrantes. ¿Cómo se ven los inmigrantes en relación con la ciudadanía?
Pienso que el ejercicio de los derechos de organizarnos, movilizarnos y reclamar por nuestros derechos no se plantea en términos de ciudadanía porque la propia Constitución de Chile equipara la ciudadanía con la nacionalidad, de modo que los extranjeros no pueden ser ciudadanos. Sin embargo, la Constitución también establece que tras cinco años de permanencia los extranjeros podemos votar. E independientemente del tiempo de residencia o de los derechos que nos asignen la Constitución y las leyes, ejercemos en la práctica otros derechos relacionados con la ciudadanía, al organizarnos, movilizarnos y hacer incidencia política, pese a que está prohibido por la Ley de Extranjería.
La Ley de Extranjería establece como motivo de expulsión el atentar contra los intereses del Estado o inmiscuirse en situaciones políticas del Estado. Su interpretación y aplicación son muy arbitrarias; siempre redunda en la expulsión de personas progresistas o que tienen una visión crítica, y no en la de personas que hacen política de extrema derecha. Hace no mucho, en 2017, a unos jóvenes peruanos los expulsaron por tener libros sobre marxismo. La Coordinadora planteó un recurso de amparo y lo ganamos, pero la ejecución ya se había hecho y ellos ya estaban expulsados del país.
Este no fue un caso aislado, ha habido muchos otros. Un periodista italiano fue expulsado porque ser el comunicador de visual de un proceso de movilización de un sindicato muy importante. Expulsaron también a un compañero vasco porque estaba en las comunidades indígenas Mapuche; alegaron que tenía vínculos con la organización terrorista vasca ETA y aunque se demostró que era falso lo expulsaron igual. Todo esto ocurrió durante el gobierno de la ex presidenta Michelle Bachelet, o sea que es independiente de la orientación del gobierno de turno.
Estaban ustedes en medio de la discusión del proyecto de ley cuando comenzaron los llamados a la movilización anti-migrante. ¿Quiénes son estos grupos que llamaron a la movilización?
Estos grupos no son nuevos. Ya habían hecho otro llamado antes pero no habían tenido el eco que tuvieron esta vez. Son grupos que están vinculados a una extrema derecha histórica, esa derecha que no muere en ningún país; aunque quizás por momentos decaiga su presencia siempre queda latente esperando una oportunidad para salir de nuevo. Son grupos que defienden a la dictadura, pero saben que si salen a la calle a decir ‘viva Pinochet’ mucha gente los va a rechazar. Pero encuentran diferentes temas que les permiten instalar su discurso. Por ejemplo, se montan en el rechazo a la supuesta ideología de género y se suman a las marchas contra el aborto, y ahora también con el tema de la inmigración.
Los grupos de extrema derecha se caracterizan por su discurso extremadamente simple y excluyente: el otro, el diferente, el que llega de afuera, el extraño que no es chileno es el enemigo, porque es la causa de todos los males del país. Estos grupos vienen de diversos sitios, pero encuentran amparo en un discurso institucional del gobierno actual, que culpa de todo a la inmigración. El presidente Piñera dijo hace unas semanas que el aumento del desempleo en Chile es producto de la llegada de población migrante, aunque el Ministro de Trabajo lo desmintió. El ex Ministro de Salud dijo que el aumento del VIH/SIDA en Chile era culpa de la población migrante. Estos discursos institucionales, basados en falsedades, se van instalando y son aprovechados por los grupos de extrema derecha.
¿Qué es lo que explica que esta vez hayan tenido mayor eco que en el pasado?
Estos grupos se fortalecen cuando su discurso es expresado desde el gobierno. Los planteos de la extrema derecha son los mismos que ha hecho el gobierno: por ejemplo, negar la atención sanitaria a personas con menos de dos años de residencia, eliminar el acceso a la educación. El gobierno dice ‘vamos a quitarles derechos a los inmigrantes’ y sobre esa base estos grupos dan un paso más y dicen ‘vamos a echar a los inmigrantes’. El diagnóstico es en ambos casos el mismo: estamos invadidos, vienen a quitarnos el trabajo, vienen a quitarnos las ayudas, primero Chile.
En este caso, además, las redes sociales jugaron un rol de amplificación. Estos grupos han aprendido a utilizar las redes sociales, aprendieron mucho de la experiencia de Brasil, algunos de hecho habían viajado para apoyar al entonces candidato Bolsonaro. El uso hábil de Facebook, Instagram y Twitter les permite llegar a una audiencia interesante - el chileno que pasa por una situación difícil – al que le ofrecen una explicación y una solución sencillas: usted no encuentra trabajo, la culpa es de los inmigrantes, la solución es echarlos.
Te refieres a un fenómeno curioso: grupos de extrema derecha ultra-nacionalistas que sin embargo se internacionalizan, se organizan en red, colaboran y aprenden de sus pares de otros países…
Sí, hay un proceso internacional donde la extrema derecha chilena aprende de lo que hace la extrema derecha argentina y ésta aprende de la de Brasil y así sucesivamente. Los discursos que hemos escuchado en Chile son un calco de los de la extrema derecha España, con el fenómeno de Vox, el partido de extrema derecha que apareció hace prácticamente un año. Son una copia exacta pese a que la realidad chilena es muy diferente. En España fue muy intenso el discurso de que los migrantes se llevan todas las ayudas sociales, y en Chile se ensayó el mismo discurso, ya que es una táctica internacional, pero lógicamente tuvo menos repercusión porque las ayudas sociales en Chile son muy precarias. O sea que no siempre les funciona, es prueba y error. Pero se trata de una red que se está fortaleciendo internacionalmente y eso es muy preocupante.
Estos grupos convocaron a una marcha contra los inmigrantes para el 12 de agosto de 2019, pero la marcha finalmente no ocurrió. ¿Podrías explicar lo que pasó?
La convocatoria a la marcha se difundió por las redes sociales, y una persona influencer de la extrema derecha, miembro de los grupos convocantes, llamó los manifestantes a portar armas para defenderse de los colectivos anti-fascistas que habían convocado a una contramarcha.
En Chile es necesario pedir autorización para movilizarse en las calles, y en la capital, Santiago, la encargada de dar la autorización es la Intendencia. Después de varias idas y vueltas, ante la presión de las organizaciones sociales y del Colegio de Abogados, que también solicitó que se denegara el permiso, la Intendencia no autorizó la marcha. Hubo algunos incidentes aislados provocados por una veintena de personas que igual asistieron, pero no pasó de allí.
La Coordinación convocó a otro evento para ese mismo día, entendiendo que era complejo para nosotros adherir a la contramarcha que hacían los colectivos antifascistas, dada la limitación de los derechos de participación política de los migrantes. Convocamos a un acto ese mismo domingo a la mañana en el Museo de la Memoria, que es un espacio dedicado a las víctimas de la dictadura. El eje de nuestra convocatoria fue el rechazo del discurso de odio, que hoy es contra los inmigrantes pero en otros momentos fue contra las mujeres o contra los que pensaban diferente, y que lleva a las prácticas que vivimos en dictadura. Cuando deshumanizas a una persona puedes torturarla, tirarla al mar o hacerla desaparecer. Ese fue la respuesta que dimos nosotros. Vinieron unas 150 personas, que no es tanto pero debería dar señal de que también somos parte de este país y que tenemos memoria.
¿Qué estrategia tendría que adoptar la sociedad civil defensora de los derechos humanos de las personas migrantes frente a los grupos anti-derechos?
Estos grupos están para quedarse, ya tienen convocada una nueva movilización para el 7 de septiembre de 2019. El discurso instalado es el de la invasión migrante, de modo que la nuestra es una disputa por el sentido común, una lucha de largo plazo. Trabajamos en una alianza estratégica con los movimientos progresistas y democráticos, pero estos tienen que dejar de lado su mirada paternalista hacia la población migrante. Nosotros no queremos ser tratados como desvalidos necesitados de ayuda; por eso somos una organización de personas migrantes, no una organización que defiende los derechos de las personas migrantes. No queremos ayudas paternalistas, queremos los mismos derechos.
El espacio cívico en Chile es clasificado como ‘estrecho’ por el CIVICUS Monitor.
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