CIVICUS conversa con Michael Kaiyatsa, Director Ejecutivo interino del Centro de Derechos Humanos y Rehabilitación (Centre for Human Rights and Rehabilitation, CHRR), sobre las recientes elecciones presidenciales de Malaui, celebradas en el contexto de la pandemia del COVID-19 y resultaron en un cambio de gobierno. El CHRR es una organización de la sociedad civil (OSC) que apoya y promueve la democracia y los derechos humanos en Malaui. Su misión es contribuir a la protección, promoción y consolidación de la buena gobernanza mediante el empoderamiento de las comunidades rurales y urbanas para que ejerzan sus derechos. Fundada en 1995 por antiguos estudiantes exiliados que regresaron al país atraídos por la promesa de una nueva democracia, opera a través de dos programas principales: Movilización y Empoderamiento Comunitario y Monitoreo y Capacitación en Derechos Humanos.
En medio de la pandemia del COVID-19 y una crisis política, la elección presidencial se celebró en Malaui en junio de 2020. ¿Qué roles desempeñaron la sociedad civil y el poder judicial para que la elección se llevara a cabo?
Creo que es justo afirmar que los jueces y las protestas lideradas por la sociedad civil allanaron el camino para la celebración de nuevas elecciones presidenciales. La elección que se celebró el 23 de junio de 2020 fue la repetición de la elección anterior, que el Tribunal Constitucional de Malaui ordenó el 3 de febrero de 2020, cuando decidió revocar las elecciones presidenciales del 21 de mayo de 2019 citando irregularidades masivas.
En la competencia de mayo de 2019, el presidente en ejercicio, Peter Mutharika, fue declarado ganador con el 38,57% de los votos, según el sistema electoral de mayoría simple vigente. Sin embargo, la oposición afirmó que la elección había sido fraudulenta. Citó, entre otras cosas, el supuesto uso de líquido corrector Tippex para cambiar los números de las planillas de votación. El Dr. Lazarus Chakwera, del Partido del Congreso de Malaui, y el Dr. Saulos Chilima, del Movimiento Unido de Transformación, presentaron una petición ante el Tribunal Constitucional para que éste anulara los resultados de las elecciones presidenciales. Ambos citaron irregularidades generalizadas, incluido el uso de Tippex y la falta de firmas en algunas planillas de resultados.
El fallo histórico del Tribunal Constitucional, luego validado por la Corte Suprema, es una ilustración notable de la independencia del poder judicial en la madura democracia de Malaui. Sin embargo, la clave para dar cuenta del fallo no fue solamente la existencia de un poder judicial independiente, sino también los meses de manifestaciones masivas lideradas por la sociedad civil. Las protestas fueron tan sostenidas y vigorosas que instituciones democráticas clave como el poder judicial no pudieron ignorarlas. La Coalición de Personas Defensoras de Derechos Humanos (Human Rights Defenders Coalition), una influyente agrupación de la sociedad civil, condujo con valentía a miles de personas a las calles una y otra vez para protestar contra el resultado fallido de las elecciones de mayo de 2019. Esto fue particularmente importante porque aumentó significativamente la presión para que el poder judicial y otras instituciones democráticas clave hicieran lo correcto. Esto no implica subestimar el papel desempeñado por el poder judicial. Los jueces realmente se pusieron de pie para defender la democracia. Antes del fallo del Tribunal Constitucional, hubo quienes intentaron sobornar a los jueces para obtener un fallo a favor del expresidente Mutharika; de hecho, un banquero importante fue arrestado en relación con este caso de soborno. También hubo numerosas amenazas a la independencia del poder judicial antes de la realización de la nueva elección, entre ellas un intento del gobierno de expulsar a los jueces más antiguos de la Corte Suprema a través de la jubilación anticipada pocos días antes de la elección. Los jueces podrían haber sucumbido fácilmente a tal intimidación y fallado a favor de Mutharika, pero no lo hicieron. En cambio, se mantuvieron firmes y emitieron una sentencia que ha cambiado radicalmente la forma en que se gobierna Malaui.
La sociedad civil impugnó con éxito una decisión del gobierno anterior de imponer una cuarentena. ¿Por qué lo hizo, cuando otros países del mundo estaban implementando medidas similares?
La sociedad civil quería que la cuarentena se suspendiera hasta que el gobierno pudiera encontrar alguna forma de proteger a las personas más pobres y vulnerables. Los grupos de la sociedad civil no estaban contentos de que el gobierno no estableciera una red de seguridad social para las personas más vulnerables durante la cuarentena, lo que llevó a la Coalición de Personas Defensoras de Derechos Humanos y a otras OSC a pedir una orden judicial de suspensión. Es un dato de la realidad que en Malaui mucha gente vive en el día a día.
También es importante tener en cuenta que el reclamo de la sociedad civil se produjo después de que miles de comerciantes informales en las ciudades de Blantyre y Mzuzu y en distritos como Thyolo salieran a las calles para protestar contra la cuarentena con pancartas que decían ”preferimos morir de coronavirus a morir de hambre”. Muchos de estos vendedores trabajan por una paga diaria y la cuarentena podría haberlos afectado gravemente. También hubo una creciente sospecha en la sociedad civil y en la ciudadanía de que el gobierno estaba tratando de usar la cuarentena para justificar la cancelación o el aplazamiento de las elecciones.
¿Cómo fue la participación electoral? ¿Preocupó que la gente no fuera a votar por temor al contagio
Existió la preocupación de que la gente no saliera a votar en grandes números a causa del temor al contagio en el marco de la pandemia. Se temía, por ejemplo, que dada la necesidad de no reunirse en grandes grupos y mantener la distancia social, la ciudadanía prefiriera no abandonar sus hogares para votar por efecto de la preocupación por su propia salud y la de sus familiares. También existía un riesgo importante de que las personas que se vieran disuadidas de votar pertenecieran desproporcionadamente a grupos de mayor edad o con enfermedades preexistentes. Por lo tanto, la legitimidad de la elección podía verse afectada por la imposición de restricciones injustas sobre ciertos segmentos de la sociedad y, por lo tanto, por una participación desigual.
Estos temores se hicieron realidad solo en parte. La participación electoral fue menor a la de las elecciones anteriores. De los 6.859.570 malauíes registrados para votar en 2020 lo hizo el 64,8%. La cifra fue inferior a la de mayo de 2019, cuando participó el 74,4% de los votantes registrados. Pero la baja participación también podría atribuirse a que las campañas de educación cívica y electoral fueron inadecuadas. A diferencia de elecciones anteriores, la mayoría de las OSC no pudieron llevar a cabo tareas de educación cívica y electoral debido a las limitaciones de recursos. La incertidumbre sobre la fecha de la elección dificultó la movilización de recursos por parte de las OSC. La anterior Comisión Electoral de Malaui (MEC) no le dio a la gente suficiente confianza de que las elecciones tendrían lugar dentro del plazo estipulado de 150 días. La fecha oficial para la elección se fijó con apenas dos semanas de anticipación, y movilizar recursos para llevar a cabo una educación cívica y electoral con tan poca antelación no fue nada fácil.
Sin embargo, también es posible que algunos malauíes hayan evitado concurrir a las urnas debido a la pandemia de COVID-19. Para el día de las elecciones ya se registraban en Malaui 803 casos documentados y 11 muertes por COVID-19, de modo que es posible que algunas personas - sobre todo de edad avanzada o con problemas de salud preexistentes – se hayan mantenido alejadas de las urnas.
¿Cuáles fueron los desafíos de organizar elecciones durante una pandemia?
La experiencia en Malaui ha demostrado que organizar elecciones durante una pandemia puede ser muy desafiante. Las medidas de prevención emitidas por el gobierno no permiten reuniones de más de 100 personas. Sin embargo, la mayoría de los partidos políticos ignoraron esta restricción y celebraron actos de campaña que superaron este número.
Un desafío clave que enfrentó la MEC ante estas nuevas elecciones fue la necesidad de priorizar la salud y la seguridad de los votantes a la vez que de garantizar la integridad de las elecciones. La MEC generalmente cuenta con un presupuesto para educación electoral que se utiliza antes de cada elección. Sin embargo, dado que esta nueva elección no estaba presupuestada de antemano, la MEC enfrentó desafíos financieros, que se profundizaron como resultado de la pandemia COVID-19, ya que ésta exigió la adquisición de equipamiento de protección personal, sumando restricciones presupuestarias adicionales.
La MEC también experimentó desafíos significativos en lo que se refiere a la producción y distribución de materiales de votación. Malaui importa muchos materiales de uso electoral de otros países. En tanto que Malaui se preparaba para las nuevas elecciones, muchos países estaban en cuarentena total o parcial a causa de la pandemia. Esto afectó los preparativos electorales, ya que a algunos proveedores les resultó difícil transportar los materiales a través de fronteras internacionales. En consecuencia, hubo demoras significativas en la impresión de papeletas, que se realizó en Dubái.
Otro desafío fue que los partidos políticos no pudieron monitorear el proceso de impresión de las boletas, como siempre ha sido el caso, debido a las restricciones de viaje relacionadas con el COVID-19. Otra consecuencia importante de la pandemia fue la ausencia de observadores electorales internacionales. Dadas las restricciones de viajes internacionales impuestas en todo el mundo, la capacidad de los observadores internacionales para observar las elecciones se vio dramáticamente restringida. Y como ya se ha mencionado, la pandemia también afectó la participación electoral.
Ahora que la elección ha resultado en la designación de un nuevo presidente, ¿qué espera la sociedad civil del nuevo gobierno?
La sociedad civil tiene muchas expectativas con el nuevo gobierno. Una de las expectativas clave es que la agenda del nuevo gobierno priorice los derechos humanos y fortalezca las libertades fundamentales de todos los malauíes en línea con los estándares internacionales de derechos humanos. También se espera que el gobierno actúe para proteger el espacio de la sociedad civil. La nueva elección presidencial tuvo lugar en un marco de ataques concertados del gobierno contra la sociedad civil y el poder judicial. Esperamos que el nuevo gobierno cumpla su promesa electoral de proteger el espacio cívico y permitir que las OSC operen libremente.
En su manifiesto electoral de 2019, el MCP, que lidera la Alianza Tonse (palabra que significa “todos nosotros”), una coalición de nueve partidos políticos formada semanas antes de la nueva elección para desbancar a Mutharika, prometió apoyar el funcionamiento de las OSC de derechos humanos locales e internacionales a través de un marco normativo, institucional y legislativo permisivo y habilitante y facilitar el desarrollo progresivo de una sociedad civil que sea plenamente capaz de exigir rendición de cuentas al gobierno y defender los derechos de la ciudadanía. Tenemos la esperanza de que el nuevo gobierno actúe en función de esta promesa y retire el opresivo proyecto de Ley de ONG de 2018, que contiene una serie de disposiciones que podrían representar una amenaza para la capacidad de funcionamiento de las OSC. La legislación propuesta elevaría la multa impuesta a las OSC por infringir la ley de 70 a 20 mil dólares estadounidenses. También impondría una pena de prisión de siete años a los líderes de las OSC que violen la ley. Entonces, por ejemplo, si demoras en enviar un informe a la Autoridad de ONG, podrías temer que pagar una multa de 20 mil dólares. Luego, los directores de la organización pueden ser enviados a prisión por siete años. Esta disposición es ridícula. Es la clase de disposición que solo se puede encontrar en estados autoritarios. También esperamos que el nuevo gobierno elimine el nuevo régimen de tarifas, que es represivo e impone a las OSC una fuerte carga, y reinstale las antiguas tarifas. Las nuevas tarifas que las OSC tienen que pagar a la Junta de ONG se incrementaron en enero de 2018 de 70 a 1.400 dólares estadounidenses.
¿Qué apoyo necesitará la sociedad civil de Malaui de sus contrapartes internacionales para contribuir a sostener la democracia en Malaui?
Una cosa que es urgente ahora que ya pasaron las elecciones es que la sociedad civil se siente y desarrolle una hoja de ruta y planes de acción que incluyan un mecanismo robusto para monitorear las acciones del gobierno. Para ello, y en particular para desarrollar sus capacidades para llamar al nuevo gobierno a rendir cuentas de sus compromisos, las OSC necesitan el apoyo de las OSC internacionales. Las OSC también necesitan apoyo financiero para reforzar su rol como actores locales de gobernanza y rendición de cuentas. La sostenibilidad financiera es crucial para que las OSC locales se conviertan en organizaciones resilientes y efectivas. Las OSC y los donantes internacionales tienen un papel clave que desempeñar para contribuir a la sostenibilidad de las OSC locales. Finalmente, las OSC necesitan el apoyo moral de las OSC internacionales para ser más efectivas. Durante la campaña por la integridad electoral, las OSC locales recibieron un apoyo abrumador de la sociedad civil internacional a través de declaraciones a los medios y cartas a las autoridades. Esperamos que este apoyo continúe mientras nos embarcamos en la ardua tarea de controlar las acciones del nuevo gobierno, especialmente en lo que se refiere a abordar la corrupción y acabar con la antigua cultura de impunidad de las violaciones de derechos humanos.
El espacio cívico en Malaui es calificado de “obstruido” por el CIVICUS Monitor.
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