CIVICUS conversa con Małgorzata Szuleka sobre las recientes elecciones presidenciales de Polonia, celebradas durante la pandemia de COVID-19, y sobre el uso que hizo el partido gobernante de la retórica anti-LGBTQI+ para movilizar a su electorado. Małgorzata es abogada de la Fundación Helsinki para los Derechos Humanos (HFHR) de Polonia, una de las organizaciones de derechos humanos más grandes y antiguas tanto de Polonia como de la región. HFHR Polonia representa a víctimas de abusos de derechos humanos en procesos judiciales, realiza investigaciones y monitorea las violaciones de los derechos humanos. Desde 2015 ha hecho un activo seguimiento de las crecientes violaciones del estado de derecho en Polonia. Trabaja con organizaciones aliadas en Europa del Este, Asia Central, la Unión Europea (UE) y Estados Unidos.
Tras su reprogramación, las elecciones polacas se realizaron en junio y julio de 2020. ¿Cuál fue la posición de la sociedad civil respecto de la celebración de elecciones durante la pandemia de COVID-19?
Originalmente las elecciones estaban programadas para mayo de 2020 y organizarlas planteaba un gran problema legal porque no existía un mecanismo legal para posponerlas. La única forma de reprogramarlas era declarar el estado de emergencia, según lo dispone la Constitución. No se pueden organizar elecciones durante un estado de emergencia o dentro de los 90 días siguientes a su finalización. Desde una perspectiva constitucional, una declaración oficial de que el país estaba experimentando una epidemia le hubiera dado al gobierno la prerrogativa de imponer el estado de emergencia. Esto hubiera extendido automáticamente el mandato del presidente hasta que se pudieran programar elecciones regulares, una vez superada la epidemia. Sin embargo, el gobierno no siguió este procedimiento. Las elecciones se reprogramaron y la segunda vuelta entre los dos principales candidatos se reailzó el 12 de julio de 2020 sobre la base de argumentos legales muy dudosos. Sin embargo, esto no fue cuestionado ni por la mayoría gubernamental ni por la oposición.
Las organizaciones de la sociedad civil (OSC) primero presionaron al gobierno para que hiciera correctamente el llamado a las elecciones, instándolo a declarar un estado de emergencia. Cuando esto no ocurrió, las OSC intentaron plantear el tema del monitoreo internacional, principalmente en términos de equidad y financiamiento de la campaña. El problema era que se esperaba que las elecciones fueran libres pero no justas. Los medios públicos se inclinaron por el presidente Andrzej Duda, el candidato apoyado por el gobernante partido Ley y Justicia (PiS), y fueron extremadamente críticos y bastante poco profesionales en relación con todo candidato de oposición. Aunque no se había declarado el estado de emergencia, muchos derechos fundamentales, como la libertad de reunión y el acceso a la información, estaban limitados. Estas eran las principales preocupaciones.
También se presentó el problema de que la Corte Suprema confirmó la validez de las elecciones. El 12 de julio, el presidente Duda fue reelegido para un segundo mandato por un margen estrecho. Recibió el 51% de los votos, mientras que su contendiente de la opositora Coalición Cívica recibió el 49%. El presentismo apenas superó 68% y se presentaron más de 5.800 denuncias de irregularidades en el proceso. La Corte Suprema dictaminó que 92 de esas denuncias estaban justificadas pero no habían influido en el resultado final, por lo que declaró válidos los resultados. Lamentablemente, esta decisión pasó completamente por alto el problema de los fundamentos constitucionales y legales sobre la base de los cuales se habían convocado estas elecciones.
¿Se adoptaron medidas para proteger a la gente durante la campaña y el proceso de votación? ¿Tuvo la pandemia algún impacto sobre la participación?
La organización de la campaña implicó medidas sanitarias en materia de distanciamiento social y uso de mascarillas. Pero estas disposiciones no fueron completamente respetadas por ambas partes. Con fines de campaña, el gobierno relajó algunas restricciones; por ejemplo, aunque el uso de mascarillas faciales era obligatorio, se publicaron fotografías en las que el primer ministro no la llevaba puesta en público. También fue preocupante el hecho de que muchas autoridades participaran en la campaña electoral junto con el presidente Duda. Las instituciones públicas fueron instrumentalizadas por políticos del partido gobernante. El centro de seguridad gubernamental, responsable de la coordinación y la información en caso de emergencias o catástrofes naturales, envió mensajes de texto masivos el día de las elecciones. Cada votante recibió un mensaje que decía que las personas mayores de 60 años, las mujeres embarazadas y las personas con discapacidad podrían votar sin hacer cola. Esto pudo haber sido utilizado para movilizar al electorado del partido gobernante. Este es solo un ejemplo, pero podría ser indicativo del rol desempeñado por las instituciones estatales para inclinar el campo de juego a favor del partido PiS.
¿Fue equitativa la cobertura de los medios durante las elecciones?
La cobertura de los medios públicos fue absolutamente injusta. El resto de la cobertura, mayormente por parte de medios privados, fue bastante buena; definitivamente no fue tan mala como la de los medios públicos, que fue utilizada para hacer propaganda y realzó la campaña del presidente Duda.
Uno de los reclamos electorales presentados ante la Corte Suprema se refería específicamente a la cobertura mediática. Manifestó que la televisión pública apoyaba al presidente al tiempo que desacreditaba sistemáticamente a su rival, y que las instituciones y funcionarios públicos violaron reiteradamente el código de conducta al apoyar a uno solo de los candidatos. Pero el problema en relación con el mecanismo de los reclamos electorales es que requiere que se demuestre no solo que la supuesta irregularidad ocurrió, sino también que ella tuvo un impacto sobre los resultados electorales. En elecciones presidenciales como esta, esto es algo muy difícil de probar. Además, el código electoral no regula la labor de los medios de comunicación, por lo que es difícil sostener legalmente que los medios de comunicación deben operar de manera diferente. Y en caso de hacerlo, también es difícil probar que la cobertura (o la falta de cobertura) recibida de un medio por un candidato en particular haya resultado en un determinado resultado electoral. Esto es algo que intuitivamente podemos suponer, particularmente ante resultados tan ajustados, pero es muy difícil crear un argumento legal sólido.
¿Qué implicancias tiene la reelección del presidente Duda para la democracia y los derechos humanos en Polonia?
Representa la continuidad de una tendencia muy preocupante. De todos los posibles temas de campaña, el presidente Duda escogió avivar la homofobia. La campaña tuvo lugar en el marco de un proceso de larga data de retroceso del estado de derecho, en medio de una crisis de las relaciones entre Polonia y la UE, durante un enorme desafío sanitario y al borde de una crisis económica que nos afectará a todas y todos los polacos. Pero ninguno de estos temas se convirtió en el foco de la campaña electoral y la discusión pública. El presidente Duda habló sobre todo de que las personas LGBTQI+ representan una amenaza para nuestra herencia tradicional cristiana, equiparando la homosexualidad con la pedofilia. El tema destiló en la narrativa divisiva, indignante y deshumanizante del partido PiS. Fue una movida muy pragmática de los astutos propagandistas del PiS porque movilizó al núcleo mismo del electorado. De repente, los grupos y comunidades LGBTQI+ se convirtieron en el chivo expiatorio de todo lo que está mal en Polonia. Es indignante lo que se politizó este tema y la forma en que se lo utilizó para deshumanizar a esta minoría. Fue un espectáculo doloroso y desgarrador.
Y esto no se terminó con la campaña. El presidente Duda es apenas un representante del partido PiS, por lo que dirá lo que sea necesario para mantenerlo alineado. No es más que una cuestión de cálculo y lucha interna de poder. En junio, el partido PiS apuntó contra la población LGBTQI+. En julio, apuntó contra las víctimas de violencia doméstica al iniciar un debate sobre la retirada del Convenio de Estambul. En agosto, propuso un sistema de registro de las OSC que reciben financiamiento del exterior. Ahora no sé quién será su próximo enemigo. No se trata solamente de que la actual mayoría gobernante sea homofóbica, sino también de que todo el tiempo necesita tener un enemigo con el que confrontar o a quien culpar.
Acabamos de entrar en una fase en la que no habrá elecciones por tres años, por lo que cabe esperar una gran consolidación del poder que permita al gobierno hacer todo lo que quiera: crear presión sobre las OSC, polarizar aún más a los medios de comunicación, atacar a grupos minoritarios y escalar el conflicto con la UE, entre otras cosas. Cabe esperar que todo esto ocurra durante los próximos tres años. Lo único que podría detenerlos es la evaluación pragmática de si se trata de algo que responde a la necesidad del momento o si acaso podría haber alguna otra cosa más importante. Pero creo que la crisis de la democracia y los derechos humanos en Polonia se profundizará.
El espacio cívico en Polonia es clasificado como “reducido” por el CIVICUS Monitor.
Contáctese con la Fundación Helsinki para los Derechos Humanos-Polonia a través de su sitio web o su página de Facebook, y siga a @hfhrpl y a @m_szuleka en Twitter.