A diez años de la aprobación en Argentina de la Ley de Matrimonio Igualitario que fue un hito para América Latina, CIVICUS conversa con la dirigente LGBTQI+ María Rachid, acerca de las estrategias utilizadas y las tácticas que mejor funcionaron para hacer avanzar la agenda de la igualdad, y que aún pueden resultar de utilidad en la actualidad. María es la actual titular del Instituto contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires e integrante de la Comisión Directiva de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (Federación Argentina LGBT). En 1996 fundó la organización feminista lesbiana La Fulana y en 2006 cofundó la Federación Argentina LGBT, que nuclea a diversas organizaciones de la diversidad sexual y desempeñó un rol central en la aprobación de la Ley de Matrimonio Igualitario.
¿Cómo era la situación de la diversidad sexual en Argentina cuando comenzó la campaña por el matrimonio igualitario?
Veníamos de una situación en la que la relación de las organizaciones de la diversidad sexual con el Estado era de confrontación. Era del Estado de donde provenían la mayor parte de la discriminación, la violencia y el hostigamiento hacia la comunidad LGBT+, y especialmente hacia las personas trans, a través de las fuerzas de seguridad y de las instituciones en general. La discriminación era permanente y la imposibilidad de acceder a derechos era una constante. Es por eso que en los años ‘80 y ‘90 hacíamos escraches en comisarías, denunciábamos a la policía y a las herramientas que ésta utilizaba, como los códigos de faltas y la ley de antecedentes, y nos reuníamos con otras organizaciones de derechos humanos que peleaban por lo mismo. Las herramientas de discriminación del Estado eran utilizadas contra varios grupos; nosotros éramos uno de ellos, pero había otros que también eran hostigados y perseguidos con las mismas herramientas que alimentaban la caja chica de la policía.
Después de la enorme crisis económica, social y política de 2001 hubo un debilitamiento de las instituciones y un fortalecimiento de la movilización social. Muy oportunamente, en esa coyuntura la Comunidad Homosexual Argentina (CHA), una de las organizaciones de la diversidad sexual más antiguas del país, presentó un proyecto de unión civil en la Legislatura de la ciudad de Buenos Aires, la ciudad capital. La ley que terminó aprobándose era muy corta, de menos de una carilla, y básicamente establecía que dentro de la ciudad de Buenos Aires las parejas del mismo sexo debían ser tratadas de manera “similar” a los matrimonios heterosexuales. Desde ya que el proyecto original no decía “similar”, pero la expresión se introdujo para lograr su aprobación. En la actualidad esto sería percibido como humillante, pero en ese contexto fue un enorme logro. Junto con esa ley se aprobaron también otros proyectos que también reflejaban reclamos de la movilización social, tales como la expropiación de una empresa recuperada por sus trabajadores y el establecimiento de normas para habilitar el trabajo de los cartoneros.
Tras la aprobación de la Ley de Unión Civil en Buenos Aires empezamos a pensar cuál era el siguiente paso. Algunas organizaciones se propusieron llevar la unión civil a otros distritos, tal como ocurrió luego en la provincia de Río Negro y en la ciudad de Córdoba, e intentar extenderla a nivel nacional. Pero otras organizaciones empezaron a darle vueltas a la idea del matrimonio, aunque en ese momento parecía una locura, ya que por entonces lo reconocían solo dos países en todo el mundo – Bélgica y los Países Bajos -, y eran dos países culturalmente muy distintos de Argentina y sin el principal obstáculo que enfrentaba el reconocimiento de nuestros derechos, una Iglesia Católica políticamente influyente.
¿Cómo fue que lo que era imposible se convirtió en un objetivo alcanzable?
En ese contexto de violencia institucional, en que se había producido apenas un pequeño avance gracias al cual nuestras parejas serían tratadas de manera “similar” a las heterosexuales en algunos distritos del país, empezaron a ocurrir, a nivel tanto interno como internacional, algunas cosas que colocaron la aspiración de la igualdad en el terreno de lo posible.
Una de esas cosas fue que, en 2003, el recientemente inaugurado gobierno de Néstor Kirchner derogó las llamadas “leyes de impunidad”, que impedían el juzgamiento o la ejecución de las condenas contra autores de crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura. Fue un cambio de paradigma de los derechos humanos en Argentina, y en un principio nos preguntamos si acaso esta vez nos incluiría a nosotres. Desde la vuelta a la democracia se hablaba de los derechos humanos en nuestro país, pero éstos nunca nos habían incluido. Las personas trans seguían siendo perseguidas, detenidas y torturadas en las comisarías. Pero con la derogación de las leyes de impunidad pensamos que las cosas podían cambiar.
Al poco tiempo, en 2004, fuimos convocades a elaborar un plan nacional contra la discriminación. Era la primera vez que el Estado llamaba a las organizaciones de la diversidad a elaborar un plan de políticas públicas que iba a tener un capítulo específico sobre diversidad. Fuimos con desconfianza, pensando que nuestras propuestas iban a quedar en el cajón de algún funcionario. Hicimos nuestro diagnóstico y propuestas, participamos de un montón de reuniones en distintas provincias y pensamos que todo iba a quedar en nada. Pero al poco tiempo nos llamaron y nos preguntaron si podíamos revisar el plan antes de que lo publicaran porque querían asegurarse de que estuviéramos de acuerdo con su contenido. Lo empezamos a mirar pensando que seguramente habrían borrado todo lo que habíamos escrito, pero estaba todo ahí, no faltaba nada. Estaba la igualdad de derechos, estaba el reconocimiento a la identidad de género de las personas trans, estaba todo menos el matrimonio igualitario, porque en el 2004 ni siquiera las organizaciones de la diversidad hablábamos de matrimonio igualitario en Argentina. Nunca lo planteamos en las reuniones y por eso, aunque sí incluye el objetivo de “equiparar los derechos de las parejas del mismo sexo con los de las familias heterosexuales”, no mencionaba expresamente al matrimonio igualitario. El Plan Nacional contra la Discriminación salió por decreto presidencial: así, nuestras reivindicaciones históricas se tradujeron en un plan de políticas públicas y era el propio presidente el que les decía a sus funcionarios lo que tenían que hacer en materia de diversidad sexual, que era exactamente lo que nosotros habíamos reclamado.
En medio de ese cambio de paradigma de derechos humanos que por primera vez parecía incluir a la diversidad sexual, hubo un cambio enorme a nivel internacional: en 2005 se aprobó el matrimonio igualitario en España, un país culturalmente similar al nuestro y con una fuerte presencia de la Iglesia Católica. De hecho, la Iglesia había reunido a un millón y medio de personas en la calle en contra del matrimonio igualitario en España, y aun así la ley se había aprobado. En ese contexto tan favorable a nivel tanto nacional como internacional, un conjunto de organizaciones de la diversidad sexual se unió para luchar por el matrimonio igualitario en Argentina.
¿Cuál fue el rol de la Federación Argentina LGBT en la promoción del matrimonio igualitario?
La Federación Argentina LGBT se creó justamente en ese momento, a partir de la convergencia de una cantidad de organizaciones con gran trayectoria no solo en la ciudad de Buenos Aires sino también en varias provincias, para abogar por una agenda que inicialmente tenía cinco puntos. Primero, matrimonio igualitario con adopción; reclamamos específicamente el reconocimiento del derecho de adopción porque vimos que en algunos países habían tenido que renunciar a la adopción en el camino hacia el matrimonio igualitario. Segundo, ley de reconocimiento de la identidad de género. Tercero, ley antidiscriminatoria a nivel nacional. Cuarto, inclusión de la diversidad en la educación sexual integral. Y quinto, derogación de los artículos de los códigos de faltas que en 16 provincias todavía criminalizaban la “homosexualidad” y el “travestismo”, en esos términos.
La Federación agrupó a casi todas las organizaciones importantes de la diversidad sexual; solo quedaron afuera dos organizaciones antiguas, la CHA y SIGLA (Sociedad de Integración Gay-Lésbica), muy enemistadas entre sí y conducidas casi en su totalidad por hombres, con muy poca participación de mujeres. Sin embargo, SIGLA apoyó a la Federación en todo el camino hacia el matrimonio igualitario, mientras que la CHA discrepaba de esta propuesta porque pensaba que en América Latina, dada la fuerte presencia de la Iglesia Católica, no iba a ser posible, y por consiguiente siguió apostando por la unión civil.
¿Cuáles fueron las principales estrategias y tácticas que utilizaron?
Lo primero que hicimos fue convocar a militantes con distintas profesiones y procedentes de diferentes disciplinas. Armamos un equipo de abogades y un equipo de comunicadores, convocamos una mesa de periodistas y armamos distintos equipos que pudieran hacer distintos aportes a la campaña.
Creíamos que lo que teníamos que hacer era ir por todos los caminos posibles al mismo tiempo. Primero estudiamos los distintos caminos a través de los cuales se habían aprobado estas leyes en otros lugares. Por ejemplo, para el momento en que presentamos el primer recurso judicial de amparo, el matrimonio igualitario ya había salido en Sudáfrica por la vía de la Corte Suprema. También estudiamos los debates que se habían producido en distintos países del mundo, no solamente sobre el matrimonio igualitario, sino también en torno de otros temas como el voto femenino, el matrimonio civil, el divorcio y los derechos sexuales y reproductivos. Los argumentos que se usaban para denegar derechos eran siempre idénticos, y se sostenían en el fundamentalismo religioso.
La conclusión de nuestro análisis fue que había que ir simultáneamente por las vías del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Al mismo tiempo había que ir a los medios de comunicación e instalar el tema en la sociedad. Esto nos quedó claro después de una reunión con el por entonces ministro del Interior, que nos dijo que teníamos el acuerdo del Poder Ejecutivo, pero que teníamos que generar las condiciones para no perder la votación en el Congreso. Desde entonces fueron años de trabajo para llegar a la opinión pública y, de ese modo, generar las condiciones para torcer la balanza a nuestro favor en el Congreso.
En 2007 presentamos el primer amparo por matrimonio igualitario; llegamos a presentar más de cien. Como resultado de un amparo, en 2009 una pareja gay logró casarse con autorización judicial en Ushuaia, y en 2010 pudieron casarse otras ocho parejas, incluida una de lesbianas, en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires. Para ese entonces habíamos cambiado de estrategia: en un principio litigábamos en el fuero civil de familia, donde la presencia del Opus Dei y su catolicismo de línea dura eran muy fuertes. Muchos jueces civiles de familia son militantes de la Iglesia Católica y específicamente del Opus Dei, de modo que era muy difícil obtener un fallo favorable en ese fuero. El cambio se produjo cuando nos dimos cuenta de que, como estábamos haciendo un reclamo judicial contra el Registro Civil, dependiente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, podíamos recurrir al fueron contencioso, administrativo y tributario, al que se puede recurrir cuando el Estado es parte del conflicto; como es un fuero que atiende mayoritariamente cuestiones relacionadas con los impuestos, y en Argentina la Iglesia Católica está exenta del pago de impuestos, no íbamos a encontrar jueces militantes de la Iglesia Católica o del Opus Dei, ya que es un fuero que políticamente no les interesa. A partir de ese cambio de estrategia, todos los fallos en la ciudad y la provincia de Buenos Aires fueron positivos.
Si bien en un principio pensábamos a los amparos literalmente, como una búsqueda de apoyo de la justicia hacia nuestros reclamos, terminaron siendo sobre todo una excelente estrategia comunicacional, porque cada uno de esos amparos era una historia que le contábamos a la sociedad sobre por qué era justo, necesario y oportuno aprobar el matrimonio igualitario. Para eso preparábamos mucho a las parejas que iban presentando sus amparos, sobre todo a los primeros, que sabíamos que tendrían una gran exposición mediática. Entonces terminó siendo una estrategia más comunicacional que judicial.
¿Cómo hicieron para ganarse a la opinión pública?
Trabajamos mucho con los medios de comunicación. Hacíamos desayunos con periodistas, al principio con unos pocos aliades, pero después estas reuniones se fueron ampliando. Tanto fue el trabajo en ese sentido que en los últimos meses ya no había notas firmadas en contra del matrimonio igualitario, ni siquiera en el tradicional periódico La Nación, que solo se oponía a través de sus editoriales, ya que las notas firmadas por sus periodistas también eran a favor. Es decir, incluso en medios hostiles les periodistes terminaron siendo nuestres aliades. Hicimos un cuadernillo para comunicadores explicando de qué se trataba el proyecto, por qué era importante, cuáles eran los argumentos. También hicimos spots publicitarios, pero como no teníamos plata para pasarlos le pedíamos a periodistas y gerentes de medios que los pasaran como contenido de los programas, y la verdad que pasaron un montón. Eran spots divertidos y que llamaban la atención.
Para ganar apoyo, necesitábamos mostrarle a la sociedad el apoyo que ya recibíamos en sectores y de personas respetadas. Así que empezamos publicando un listado de apoyos, que al principio era muy corto, pero que terminó siendo una gacetilla enorme donde figuraban todas las centrales sindicales, los distintos gremios, referentes políticos de casi todos los partidos, referentes del arte, de los medios, de las religiones.
A medida que se acercaba el debate parlamentario empezamos a hacer eventos, generalmente en el Senado, para mostrar el apoyo que recibíamos en distintos sectores, y que tuvieron gran repercusión en los medios de comunicación. Al evento “La Cultura le Dice Sí al Matrimonio Igualitario” asistieron músicos y artistas; al evento “La Ciencia le Dice Sí al Matrimonio Igualitario” asistieron académicos y académicas, científicos y científicas, y juntamos 600 firmas procedentes de la academia, la investigación y las asociaciones profesionales de psicología y pediatría, entre otras. A diferencia de los anteriores, al evento “La Religión le Dice Sí al Matrimonio Igualitario” lo hicimos en una iglesia evangélica en el barrio de Flores, a la que asistieron sacerdotes católicos, rabinos y rabinas, pastores evangélicos y de otras iglesias protestantes. Más allá de lo que pensáramos individualmente de las religiones y de la separación de la iglesia y el Estado, quisimos mostrarle a la gente que no necesitaba elegir entre su religión y el matrimonio igualitario, ya que podían estar a favor del matrimonio igualitario independientemente de su orientación religiosa. Por participar del evento, al día siguiente algunos sacerdotes católicos fueron expulsados de la iglesia.
¿Cómo operaron estas demostraciones de apoyo a la hora de modificar las posiciones de las y los legisladores?
Desde el principio utilizamos la estrategia de presionar mostrando estos apoyos, así como los que surgían de las encuestas de opinión pública. La primera encuesta que tuvimos la hizo el periódico Página/12 y mostraba que en la ciudad de Buenos Aires el nivel de aprobación superaba el 60%. Poco después el gobierno pagó una encuesta muy importante, que incluso se basó en grupos focales en las provincias, que permitió no solo saber si la gente estaba a favor o en contra, sino también qué argumentos eran más efectivos. En los grupos focales nosotres presentábamos distintos argumentos a favor del matrimonio igualitario y observábamos las reacciones de la gente; así identificábamos los argumentos que funcionaban mejor.
Por supuesto que siempre mostrábamos la parte de la encuesta que más nos convenía. Porque las respuestas dependían mucho de cómo fuera hecha la pregunta. Por ejemplo, cuando preguntábamos a la gente si creía que las personas homosexuales y heterosexuales tienen los mismos derechos, alrededor del 90% decía que sí; ahora, si les preguntábamos si estaban de acuerdo con que se pudiesen casar, el porcentaje bajaba al 60%; y si preguntábamos por el derecho a adoptar, la aprobación bajaba a 40%. Pero si les informábamos que en realidad las personas homosexuales en Argentina ya estaban habilitadas legalmente para adoptar de manera individual, y luego les preguntábamos si estarían de acuerdo con quitarles ese derecho, la mayoría decía que no. Mientras que apenas el 40% estaba en principio a favor de la adopción por parte de parejas del mismo sexo, más del 50% se negaba a prohibirla si ya estaba permitida. Entonces parte de la discusión pasaba por informar a la gente y explicarle que los niñes adoptades por personas homosexuales tenían la mitad de sus derechos, porque dado que sus padres o madres no podían casarse, uno de ellos no podría, por ejemplo, dejarles una pensión. Cuando les preguntábamos si no les parecía que esas personas tendrían que poder casarse para que sus hijes puedan tener todos los derechos, más del 80% decía que sí.
A partir del trabajo con estos argumentos, el apoyo fue creciendo a lo largo de la campaña, al punto que comenzaron a llegarnos adhesiones inesperadas, por ejemplo, del Centro de Estudiantes de una universidad católica que nos llamaron para sumarse. Al final diría que nos apoyaron todos los referentes del arte, la cultura, el mundo sindical y el periodismo. Todos los que siguieron estando en contra representaban a alguna religión, pero entre nuestros apoyos también había muchos referentes religiosos. Con los números de la opinión pública y las listas de apoyos en la mano recorrimos las comisiones parlamentarias y el recinto, y operamos políticamente durante los debates hasta el momento mismo en que la ley fue aprobada.
Pienso que fue muy acertada la estrategia de ir por todos los caminos posibles, tener mucha capacidad de diálogo y articulación y buscar todos los aliados posibles. Aun en una época con mucha polarización política, nosotres nos sentábamos con todos los partidos, con las juventudes y los grupos feministas de los partidos, con algunos aliados LGBT+ de los partidos, y más adelante, a medida que fueron apareciendo, con las áreas de diversidad de los partidos. Fue muy difícil, pero en la lucha por el matrimonio igualitario logramos la foto imposible, en la cual aparecían políticos tanto del gobierno como de la oposición alineados detrás de la misma causa.
Para cambiar la ley fue necesario primero generar un cambio en las actitudes sociales. ¿Piensas que la aprobación de la ley resultó en ulteriores cambios sociales y culturales más profundos?
La aprobación de la ley generó un cierto clima en la sociedad, yo diría que hasta de orgullo por ser el décimo país del mundo en tener matrimonio igualitario. El sector político que había votado en contra sintió que habían quedado afuera y no quería que volviera a ocurrir, y esto se reflejó en la aprobación, en 2012, de la Ley de Identidad de Género, mucho más revolucionaria que la de matrimonio igualitario, prácticamente por unanimidad. Esta es una ley de vanguardia a nivel mundial, e incluso los más grandes detractores del matrimonio igualitario la defendieron y la votaron en el Senado.
Estas leyes tuvieron grandes impactos institucionales, y la acción institucional profundizó el cambio cultural. Tras su aprobación, todos los ministerios, muchos municipios y muchas provincias armaron áreas de diversidad sexual. Como resultado de esto, pasó a haber un montón de agencias estatales en los distintos niveles generando política pública sobre la diversidad, que repercutió en muchos ámbitos, incluidas las escuelas. Eso generó un cambio cultural importante, ya que modificó la percepción de nuestras familias. Por supuesto que hay focos de resistencia y que ocurren actos de discriminación, pero ahora estos actos de discriminación son señalados y repudiados por la sociedad y la condena social es amplificada por el periodismo y los medios de comunicación. La discriminación, que en el pasado era legitimada por el Estado, ahora carece de legitimidad. El Estado no solo ya no la legitima sino que genera política pública hacia la diversidad. La ley nunca fue nuestro objetivo final ni es una solución mágica para acabar con la discriminación, pero es una herramienta sin la cual terminar con la discriminación es imposible.
El espacio cívico en Argentina es clasificado como “estrecho” por el CIVICUS Monitor.
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