CIVICUS conversa sobre el reciente golpe militar en Myanmar con Bo Kyi, ex preso político y cofundador de la Asociación de Asistencia a Presos Políticos (AAPP). Fundada en 2000 por antiguos presos políticos que viven exiliados en la frontera entre Tailandia y Myanmar, AAPP tiene su sede en Mae Sot (Tailandia) y dos oficinas en Myanmar que abrieron en 2012. La AAPP aboga por la liberación de los presos políticos y el mejoramiento de sus vidas tras su puesta en libertad, con programas destinados a garantizar su acceso a la educación, la formación profesional, el asesoramiento en salud mental y la asistencia sanitaria.
Bo Kyi se involucró por primera vez en el activismo político durante el levantamiento de 1988, fue detenido en 1989 y pasó la mayor parte de la siguiente década en prisión. Desde que recuperó su libertad, ha trabajado para conseguir la liberación de otros presos políticos.
Desde el golpe de Estado ha habido protestas y acciones de desobediencia civil. ¿Puede contarnos algo más sobre esto?
El 1 de febrero de 2021, los militares detuvieron a la líder y jefa de Estado de facto, Aung San Suu Kyi, y a otros altos cargos del partido gobernante, la Liga Nacional para la Democracia (LND). Los militares también detuvieron a funcionarios de la LND y a activistas de la sociedad civil en varias partes de Myanmar y cortaron las telecomunicaciones y el servicio de internet. Tras el golpe, la AAPP se ha dedicado a documentar las detenciones y la situación de los presos políticos, mientras que en todo Myanmar se ha movilizado un movimiento de activistas que emplea la desobediencia civil contra el golpe.
La campaña de desobediencia civil protagonizada por trabajadores de los servicios públicos, activistas y la sociedad en general se está extendiendo rápidamente por todo el país y goza de un apoyo abrumador. Si las manifestaciones se han multiplicado tan rápidamente en todo Myanmar es porque no hace mucho, en noviembre de 2020, la gente votó por un gobierno democrático, y cuando el parlamento pretendió sesionar el 1 de febrero, los militares se hicieron con el poder ilegítimo mediante un golpe de estado. En un segundo se le arrebató al pueblo de Myanmar un deseo de democracia acumulado durante décadas. La gente reaccionó golpeando cacerolas y haciendo sonar las bocinas de sus vehículos en la capital durante protestas nocturnas destinadas a “ahuyentar los malos espíritus”, exponiendo simbólicamente la inmoralidad del golpe militar y exhibiendo su descontento.
La escalada de las protestas, encabezadas por una nueva generación de activistas, estudiantes, profesores y funcionarios, desembocó en una huelga general que tuvo lugar el 8 de febrero. Estas acciones reflejaron la intensificación del deseo de la población de tener un gobierno civil elegido democráticamente.
¿Cómo han reaccionado las autoridades frente a las protestas?
La AAPP ha documentado las detenciones relacionadas con las protestas, y ha constatado que las autoridades están atacando a los manifestantes en todo el país y cometiendo actos arbitrarios de persecución para reprimir el disenso. Tememos que se utilice a contramanifestantes para crear inestabilidad, ya que una vez que estos logren instigar disturbios, los militares los usarán como excusa para reprimir a los manifestantes pacíficos. Los militares pueden incluso recurrir al artículo 144 del Código Penal para prohibir las reuniones públicas de cinco o más personas, obstruyendo en la práctica el ejercicio de la libertad de reunión pacífica.
La junta militar ha interrumpido la comunicación a través de plataformas de redes sociales como Facebook y Twitter y ha vuelto a cortar el servicio de internet los días 6 y 7 de febrero. Esto es un problema grave porque las comunicaciones, tanto internas como con la comunidad internacional, son vitales para garantizar que no se produzcan abusos contra los derechos humanos. La posibilidad de que se produzca un apagón general es realmente preocupante porque dejaría a los manifestantes en una posición aún más vulnerable.
¿Qué riesgos y desafíos enfrentan los activistas y organizaciones de la sociedad civil?
Los militares no han actuado en el pasado de una forma que demostrara respeto por los derechos humanos o el Estado de derecho, por lo que no cabe esperar que lo hagan en el futuro. El intento de la junta militar de socavar la legitimidad de las elecciones de noviembre de 2020 es un claro ejemplo de ello. Estamos viendo cómo los militares utilizan una política de “dividir para reinar”, creando una vez más un clima de temor. Los militares proporcionarán favores a algunos partidos y grupos étnicos para aislar y oprimir a la LND. Esto es un motivo de gran preocupación para los grupos e individuos marginados de la sociedad.
Desde las primeras horas del 1 de febrero, los militares acorralaron y detuvieron a legisladores y otros funcionarios elegidos democráticamente y arrestaron a líderes y activistas de la sociedad civil en un intento de reprimir el disenso. Hasta el 7 de febrero, 165 personas habían sido detenidas y 152 permanecían recluidas, entre ellas dos que habían sido condenadas por protestar contra el golpe (artículo 505b del Código Penal) y por difamación (Ley de Telecomunicaciones). Algunas han sido puestas en libertad bajo arresto domiciliario o liberadas en forma incondicional. Seguimos sin saber dónde se encuentran algunos de los detenidos recientes, y existe una verdadera preocupación por la salud y las condiciones en que se encuentran algunos de los más veteranos, así como antiguos presos políticos con problemas de salud derivados de las torturas y las malas condiciones que padecieron durante su cautiverio. El trato que reciben estos presos desafía toda norma de derecho internacional o interno. Si el golpe no se revierte, habrá muchos más presos políticos.
¿Cómo puede la comunidad internacional apoyar a la sociedad civil de Myanmar?
Los cortes de internet tornan vulnerables a la sociedad civil nacional y a la ciudadanía en general, especialmente en el caso de que el régimen militar decida reprimir las protestas. La comunidad internacional no debe aceptar de ningún modo un apagón de internet en Myanmar, por lo que es necesario tomar todas las medidas posibles para asegurar que sigamos conectados con el mundo exterior. La sociedad civil internacional debe presionar más a sus gobiernos para que se aseguren de que los militares respeten los resultados de las elecciones de 2020. Es necesario ejercer más presión para que se derogue el decreto de los militares que estableció el estado de emergencia por un año. Esto requiere esfuerzos coordinados entre nuestros vecinos regionales, Europa y los Estados Unidos.
El espacio cívico en Myanmar es calificado como “represivo” por el CIVICUS Monitor.
Póngase en contacto con la Asociación de Asistencia a Presos Políticos a través de su sitio web o su página de Facebook, y siga a @aapp_burma en Twitter.