CIVICUS conversa con Mesud Gebeyehu acerca del conflicto político en la región de Tigray, en Etiopía, y sobre las próximas y muy disputadas elecciones nacionales etíopes, que tendrán lugar en junio de 2021 en medio de la pandemia y de un prolongado estado de emergencia. Mesud es Director Ejecutivo del Consorcio de Organizaciones Etíopes de Derechos Humanos (CEHRO) y vicepresidente del Comité Ejecutivo del Grupo de Afinidad de Asociaciones Nacionales de CIVICUS. Mesud también es miembro del Comité Ejecutivo del Consejo de OSC de Etiopía, un órgano estatutario creado para coordinar la autorregulación de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) de Etiopía.
¿En qué consiste el trabajo de CEHRO?
CEHRO es una coalición nacional de OSC dedicada a los derechos humanos, la democracia y la construcción de la paz en Etiopía. Fue creada en 2018, antes de la introducción de reformas tras el nombramiento del primer ministro Abiy Ahmed. Nos enfocamos fuertemente en los derechos humanos, la democracia y la resolución de conflictos. Recientemente, nos hemos concentrado en el desarrollo de capacidades y la incidencia estratégica de las organizaciones de derechos humanos que se habían visto debilitadas por la antigua ley de sociedad civil. Trabajamos a nivel nacional colaborando con los ministerios y organismos estatales pertinentes, tales como la Comisión de Derechos Humanos de Etiopía y la Fiscalía General.
¿Cuáles fueron las consecuencias del aplazamiento de las elecciones nacionales originalmente previstas para agosto de 2020?
Las elecciones que inicialmente estaban previstas para agosto de 2020 se pospusieron debido a la recomendación de la Junta Electoral Nacional de Etiopía a los representantes de la Cámara del Pueblo respecto de que no era factible celebrarlas en ese momento a causa de las medidas declaradas en respuesta a la pandemia de COVID-19, que incluían un estado de emergencia en todo el país. El aplazamiento de las elecciones ha sido criticado por muchas personas, especialmente procedentes de partidos políticos tales como el Frente de Liberación del Pueblo de Tigray (TPLF), fuertemente opositor al partido gobernante. El partido oficialista, el Partido de la Prosperidad, ha sido acusado de utilizar el estado de emergencia y otros instrumentos implementados para controlar y evitar la propagación del COVID-19 para impulsar su programa político y promover las agendas de sus miembros en todos los niveles.
Se han producido protestas encabezadas por los principales líderes y grupos de la oposición, como el Congreso Federalista Oromo y el Frente de Liberación Oromo, a los que se ha responsabilizado de la violencia producida el 29 de junio tras el asesinato del conocido artista Haacaaluu Hundeessaa, especialmente en la capital, Addis Abeba.
El espacio político se ha reducido aún más como consecuencia de ello, ya que muchos destacados líderes de la oposición, pertenecientes al Partido del Congreso Federalista Oromo, el Partido Balderas y los partidos que integran el Frente de Liberación Oromo, han sido arrestados y aún están siendo procesados. En el norte, sobre todo en la región de Tigray, se ha producido un grave conflicto entre el partido gobernante y el TPLF. Para sofocar el levantamiento, se han llevado a cabo operativos de represión a nivel local y miembros del TPLF han sido criminalizados y asesinados. En el marco de estos operativos, muchas personas inocentes han sido desplazadas, y muchas infraestructuras públicas, como puentes, instituciones sociales y algunos lugares de valor histórico, como la mezquita islámica de al-Nejashi y las ruinas de Axum, declaradas patrimonio mundial por la UNESCO, han sufrido graves daños.
En resumen, el aplazamiento de las elecciones ha provocado disturbios civiles, la detención de líderes de la oposición y la destrucción masiva de bienes. Detrás de todo esto ha habido una disputa en torno a la interpretación de la Constitución etíope, que no contiene ninguna cláusula que permita extender el mandato del parlamento más allá de los cinco años estipulados. Cuando fue presentada por el partido gobernante, la propuesta de extender el mandato debido a la pandemia fue rechazada por muchos de los líderes y partidos de la oposición, como el Frente de Liberación Oromo, el Movimiento Nacional de Amhara y el TPLF. Estas circunstancias han contribuido a la violencia y a las violaciones de derechos humanos, especialmente en Tigray, donde se han registrado masacres y crímenes genocidas.
La Unión Europea y la embajada de Estados Unidos han emitido declaraciones críticas al respecto y han solicitado con frecuencia al gobierno federal que permita el acceso a la ayuda humanitaria para los desplazados internos de la región. Al margen de esto, conservamos la esperanza de que las elecciones se celebren en la primera semana de junio de 2021, ya que estas elecciones son una cuestión de vida o muerte para la democracia de Etiopía.
¿Cómo ha afectado la pandemia de COVID-19 al trabajo de las OSC, especialmente en el periodo previo a las elecciones?
En tanto que OSC, nuestro trabajo se ha visto muy afectado por la pandemia, especialmente en lo que respecta al acceso a financiamiento de donantes, ya que muchos países que son donantes internacionales están cambiando su enfoque para centrarse en sus propios intereses y asuntos nacionales. En consecuencia, se ha reducido el apoyo a la sociedad civil del sur global, al tiempo que muchos gobiernos dictatoriales se están aprovechando de la pandemia para suprimir el espacio cívico y la democracia.
En lo que se refiere a la participación ciudadana, gran parte de nuestro trabajo tendrá que centrarse en la organización de campañas de registro de votantes, cara a cara y en las redes sociales; sin embargo, apenas el 16% de nuestra población de 110 millones tiene acceso a internet, un porcentaje que sigue siendo muy bajo. Además, ha habido cortes del servicio de internet. Nos hubiera gustado poder trabajar con los medios de comunicación locales cercanos al gobierno, pero éstos no tienen la confianza de las comunidades locales.
Además, como resultado de la reciente violencia política, muchos medios de comunicación privados o cercanos a la oposición han sido clausurados o han perdido apoyo financiero y están a punto de cerrar. Esto significa que muchos partidos de la oposición, así como la sociedad civil, no tienen la oportunidad de vincularse con sus audiencias a través de los medios de comunicación. Destacadas figuras de los partidos políticos han declarado que puede que no participen en las elecciones. Si esto ocurre, será bastante destructivo para una democracia que es básicamente un proyecto en curso.
¿Qué está haciendo la sociedad civil para intentar garantizar que las elecciones sean libres y justas?
En lo que se refiere a la contribución de la sociedad civil a las elecciones, tenemos varios lineamientos en preparación. Recientemente hemos lanzado un Consejo de la Sociedad Civil que representará a la sociedad civil de Etiopía. Hasta el momento, este espacio está resistiendo, ya que el panorama político y mediático está cambiando y adaptándose progresivamente.
En CEHRO tenemos previsto trabajar para educar al electorado, organizar a las OSC nacionales y abrir la comunicación con los partidos políticos y los medios, así como con destacados líderes de opinión, líderes religiosos y de la transición, aunque no estén afiliados a ningún partido. En estos momentos, uno de nuestros principales objetivos es la inclusión de las personas desplazadas internamente en las próximas elecciones. Entre 2018 y 2020 se ha producido un pico en el número de personas desplazadas internamente, que como resultado de la violencia intercomunal, especialmente en las regiones más pobladas de Etiopía, ha alcanzado casi tres millones.
Las investigaciones que hemos llevado a cabo sobre esta cuestión muestran que actualmente hay en Etiopía más de 1,8 millones de personas internamente desplazadas, sin contar la violencia reciente en las regiones de Tigray y Benishangul-Gumuz. En la región de Tigray específicamente, más de dos millones de personas han sido desplazadas, y más de 100.000 han sido desplazadas en la región de Benishangul-Gumuz. Teniendo en cuenta todo esto, es posible estimar el número actual de personas desplazados en Etiopía en aproximadamente cuatro millones.
Esperamos que el desplazamiento se resuelva pronto. Sin embargo, solo quedan unos cuatro meses y no es posible asegurar que para las elecciones toda esa gente habrá regresado a sus hogares y se habrá reintegrado sin problemas en sus comunidades de origen. Esto puede ser motivo de dificultades en los sitios de votación, ya que, según las directivas de la Junta Electoral Nacional de Etiopía, el número máximo de personas que pueden votar en una mesa electoral es de 700. Teniendo en cuenta el número actual de personas desplazadas internas, esto significa que habrá que organizar varios sitios de votación adicionales en lugares destinados a desplazados internos y, aun así, muchas personas podrían quedarse sin poder votar.
Existe una gran preocupación por la inclusión de las personas internamente desplazadas en el proceso electoral, ya que las elecciones tendrán consecuencias para ellas. Por eso es especialmente importante que quienes se encuentran en situación de conflicto puedan elegir una alternativa política genuina que aborde las causas fundamentales del conflicto y el desplazamiento. El desafío en este caso es que las OSC locales y sus socios internacionales no están plenamente comprometidos con estas cuestiones, que el gobierno considera un problema de seguridad más que una cuestión de derechos humanos.
En cuanto a si las elecciones serán libres y justas, estamos preocupados y tenemos nuestras dudas. Muchos líderes de la oposición han sido encarcelados y oficialismo ha usado su poder para prohibir las concentraciones y campañas de la oposición y limitar su acceso a los medios de comunicación. Estos problemas han estado asociados a la agitación interna y están interrelacionados. En semejante contexto, la celebración de las elecciones será un rayo de esperanza, una señal de que podremos avanzar en la dirección correcta para resolver estos conflictos.
Teniendo en cuenta todas estas circunstancias, estamos preocupados e intentamos hacer todo lo posible por celebrar consultas con los líderes políticos y de la sociedad civil, así como con los funcionarios del gobierno, para entablar una reflexión en gran escala sobre cuestiones de interés nacional, incluida la crítica situación geopolítica de las relaciones con los gobiernos egipcio y sudanés en relación con la Gran Represa del Renacimiento Etíope.
Desde su punto de vista, ¿qué más habría que hacer para garantizar unas elecciones libres y justas?
Ha habido llamamientos a un diálogo significativo, que incorpore las voces de la sociedad civil, el mundo académico, los partidos de la oposición, las instituciones religiosas y los organismos regionales e internacionales, especialmente en el proceso de transición.
Desde el inicio del debate sobre la reforma, ha habido un sinfín de oportunidades para que se produzca ese diálogo, pero el partido gobernante no ha estado abierto al diálogo. En vistas de la situación actual, hay quienes piensan que en estos momentos no es práctico seguir haciendo el intento de entablar un diálogo tan complejo. Sin embargo, creo que la democracia es un proceso y las elecciones son apenas uno de sus muchos componentes, por lo que celebrar elecciones y al mismo tiempo crear oportunidades de diálogo para desarrollar una visión común definitivamente merece el esfuerzo. Actualmente estamos siendo testigos de algunas de las peores violaciones de derechos humanos que hemos visto en el país, y necesitamos desesperadamente lograr la reconciliación, una participación significativa, un diálogo nacional y un entendimiento común a todos los actores relevantes. La principal cuestión que debe abordarse antes de las elecciones es la voluntad de dialogar y la preparación de un diálogo nacional muy amplio en el que participen todos los grupos relevantes y en el que todas las instituciones políticas, académicas, de la sociedad civil y públicas tengan la oportunidad de contribuir.
¿Qué rol desempeñan instituciones internacionales como la Unión Africana en la promoción de la paz y la democracia?
La Unión Africana ha intentado interactuar con el gobierno; sin embargo, el gobierno federal ha clasificado a algunas de las cuestiones más importantes de derechos humanos como “asuntos internos” y, por tanto, no ha estado dispuesto a aceptar la intervención directa de la Unión Africana. Mi recomendación para la Unión Africana y otras organizaciones internacionales es que apoyen al gobierno federal solamente cuando actúe de forma legítima, especialmente en lo que se refiere a garantizar la seguridad de las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos. Por ejemplo, la Unión Europea ha suspendido el apoyo al gobierno federal a causa de la falta de acceso a la ayuda humanitaria en las zonas de conflicto.
Para promover la paz y la estabilidad en la región, la Unión Africana debe presionar para que se investiguen las violaciones de derechos humanos. Y lo que es más importante, debe colaborar estrechamente con el gobierno federal para prestarle asistencia y asesoramiento técnico para que se abstenga de emprender acciones que no se ajusten a las normas y estándares adoptados por la Unión Africana. Se necesita mucho apoyo para que la sociedad civil etíope pueda ser más proactiva en sus vínculos con la comunidad internacional de la sociedad civil y para que logre recurrir a los mecanismos de que dispone la Unión Africana para presionar a los gobiernos africanos para que se comporten de forma más democrática y prioricen el bien común.
De cara al futuro, ¿cuáles son las perspectivas para la democracia en Etiopía?
Cuando el cambio comenzó en Etiopía, allá por 2018, éramos muy optimistas. Nunca habíamos imaginado que pudiéramos salir de la condición de Estado fallido. Sin embargo, el compromiso asumido por algunos destacados líderes de partidos políticos de implementar un cambio democrático no fue bien recibido por quienes perdieron el poder, que siguieron abogando por una política divisiva.
Tengo la esperanza de que, habiendo sido testigo de la violencia religiosa y étnica en Etiopía, el mundo pueda ver que, como país, estamos agotados de tanto derramamiento de sangre. Para 2021 y en lo sucesivo, preveo una política ciudadana que debería incluir, por ejemplo, políticas educativas y económicas que beneficien a las comunidades étnicas que han sido marginadas durante años.
Por mucho que las próximas elecciones no cumplan las expectativas y alcancen los estándares que todos merecemos, sigo creyendo que serán un punto de inflexión, dado que darán a todas las personas la misma oportunidad ante las urnas, independientemente de la comunidad étnica o religiosa a la cual pertenezcan, permitiéndonos así elegir un gobierno legítimo. Desde el punto de vista político, nos gustaría ver el surgimiento de un sistema multipartidista fuerte, de manera que el parlamento deje de estar controlado por un partido oficialista todopoderoso, y que contenga en cambio una amplia diversidad de perspectivas que se reflejen en la elaboración de las políticas, y donde la sociedad civil sea reconocida como socio clave en la fijación de la agenda nacional.
El espacio cívico en Etiopía es calificado como “represivo” por el CIVICUS Monitor.
Póngase en contacto con el Consorcio de Organizaciones Etíopes de Derechos Humanos a través de su sitio web o su página de Facebook, y sigue a @CEHRO1 en Twitter.