CIVICUS conversa con la directora ejecutiva de Amnistía Internacional Tailandia, Piyanut Kotsan, acerca del movimiento por la democracia y la represión de las protestas en Tailandia. Fundada en Bangkok en 1993, Amnistía Internacional Tailandia cuenta con más de 1.000 miembros en todo el país. Su trabajo se centra en la promoción de la libertad de expresión en internet y fuera de ella, la libertad de reunión pacífica, la educación en derechos humanos, el derecho al aborto y los derechos de las personas migrantes y refugiadas, y en la denuncia de la tortura, las desapariciones forzadas y la pena de muerte.
¿Cuál es el estado de las libertades cívicas en Tailandia?
Desde enero de 2020 Tailandia ha experimentado manifestaciones y protestas masivas en todo el país. En respuesta a ello, se ha utilizado un conjunto de leyes nacionales, y en particular la Ley de Reuniones Públicas de 2015, para perseguir a quienes participan en las protestas. La Ley de Reuniones Públicas es deliberadamente vaga y ambigua y entrega a los agentes de policía un excesivo margen de interpretación, por lo que puede utilizarse fácilmente para criminalizar toda participación en manifestaciones.
En marzo de 2020 el gobierno invocó el Decreto de Emergencia para declarar un estado de emergencia en todo el país con el fin de evitar la transmisión del COVID-19. El gobierno prorrogó el estado de emergencia a finales de mayo, mientras que en octubre, en vistas del hecho de que las protestas no cedían, invocó el Decreto de Emergencia Grave, supuestamente para proteger la seguridad nacional y el orden público de Tailandia. Como resultado de la aplicación de estos decretos, cientos de personas han sido procesadas.
En resumen, la situación que se vive en Tailandia aún no ha mejorado, aunque algunas normas, tales como los anuncios del Consejo Nacional para la Paz y el Orden emitidos por la junta militar que gobernó el país entre 2014 y 2019, fueron abolidas para allanar el camino a las elecciones generales de marzo de 2019.
¿Qué fue lo que desencadenó las recientes protestas en Tailandia?
A principios de 2020 hubo protestas, sobre todo en los campus universitarios, pero estas terminaron cuando estalló la pandemia. Las protestas se reanudaron en julio, en reacción ante los impactos de la pandemia y la aplicación del Decreto de Emergencia que impuso el confinamiento, y se extendieron rápidamente por todo el país.
Además de expresar insatisfacción con el manejo de la pandemia e indignación por el uso de la pandemia como excusa para reprimir el disenso, los manifestantes cuestionaron la disolución de un partido prodemocracia, el Partido Futuro Adelante. La juventud, en particular, manifestó su opinión acerca del contexto de incertidumbre política y cuestionó el hecho de que el gobierno abusara de sus derechos y comprometiera su futuro. Los manifestantes señalaron que, tras el primer Decreto de Emergencia, supuestamente dictado para proteger la vida de las personas y limitado a la restricción del derecho a la libre circulación, se habían promulgado otras normas y anuncios que revelaban que el verdadero objetivo del gobierno era limitar el ejercicio del derecho a las libertades de reunión pacífica y de expresión. Así, en 2020 se desplegó un amplio abanico de tácticas represivas, tendencia que parece continuar en 2021, ya que todavía no se ha levantado la legislación de excepción ni tampoco se han suspendido los procesos judiciales iniciados como consecuencia de su implementación.
Entre los manifestantes hay personas que habían participado en protestas anteriores, tras el golpe de Estado de 2014. Sin embargo, la mayoría de los líderes de las actuales protestas son jóvenes estudiantes universitarios, e incluso hay muchos niños que están acudiendo a las manifestaciones. Como resultado de ello, hay cuatro niños acusados de cometer delitos graves, entre ellos el de lesa majestad, que prohíbe difamar, insultar o amenazar a la familia real, y el de sedición, un delito vagamente definido que puede aplicarse a cualquiera que comparta sus opiniones políticas. Estos delitos conllevan largas penas de prisión.
Los manifestantes exigen el fin del acoso y del poder arbitrario del gobierno, y reclaman la renuncia del primer ministro, la disolución del parlamento, la redacción de una nueva constitución y la reforma de la institución monárquica. La monarquía está protegida de toda crítica por las disposiciones de lesa majestad, por lo cual se trata de exigencias bastante radicales. Algunos grupos incluso han presentado una lista de 10 recomendaciones relativas a la reforma de la monarquía y han exigido que estas disposiciones se incluyan en la nueva constitución.
¿Cómo han reaccionado las autoridades frente a las protestas?
La respuesta del gobierno no se ha ajustado a la ley. La mayoría de sus acciones apuntan a reprimir y limitar las libertades de expresión y de reunión pacífica de la población. Para impedir que la gente participe en protestas y en otros tipos de manifestaciones se están usando tanto el acoso judicial como la violencia física.
Hasta el 14 de febrero de 2021, al menos 358 personas habían sido procesadas en 198 causas judiciales. La mayoría de ellas fueron acusadas de infringir el Decreto de Emergencia y otras disposiciones del Código Penal, como los artículos 112 (difamación de la familia real), 116 (sedición) y 215 y 216 (orden público), además de otras leyes tales como la Ley de Enfermedades Transmisibles, la Ley de Reuniones Públicas y la Ley de Circulación Vehicular.
¿Qué apoyo necesitarían los manifestantes de parte de la comunidad internacional?
Los manifestantes están recibiendo ayuda de algunas organizaciones de la sociedad civil tailandesa que proporcionan asistencia jurídica y financiamiento de emergencia o abogan ante el gobierno y en los foros internacionales para que se respeten sus derechos a participar en reuniones pacíficas y a expresar sus opiniones de acuerdo con las normas internacionales.
Para contribuir con esta labor, la comunidad internacional debe presionar al gobierno para que escuche las demandas de los manifestantes, entre otras cosas garantizando un espacio seguro para que las personas puedan ejercer sus libertades de reunión pacífica y de expresión.
El espacio cívico en Tailandia es calificado como “represivo” por el CIVICUS Monitor.
Póngase en contacto con Amnistía Internacional Tailandia a través de su sitio web o su página de Facebook, y siga a @AmnestyThailand y a @piyanute en Twitter.