CIVICUS conversa acerca del reciente giro a la derecha producido en Eslovenia con Brankica Petković, investigadora y directora de proyectos del Instituto para la Paz de Liubliana. Fundado en 1991, el Instituto para la Paz -Instituto de Estudios Sociales y Políticos Contemporáneos- es una institución de investigación independiente y sin ánimo de lucro que utiliza la investigación y la incidencia para promover los principios y las prácticas de una sociedad abierta, el pensamiento crítico, la igualdad, la responsabilidad, la solidaridad, los derechos humanos y el Estado de Derecho. Trabaja en colaboración con otras organizaciones y con la ciudadanía nivel local, regional e internacional.
¿Cuáles fueron las circunstancias que condujeron al cambio de gobierno a principios de 2020?
Es la tercera vez que Janez Janša ocupa el puesto de primer ministro; es una persona muy persistente y se considera destinado a rescatar a Eslovenia de los valores izquierdistas y liberales. Este año Eslovenia celebrará 30 años de independencia desde la desintegración de Yugoslavia, y durante la mayor parte de esos años hemos vivido bajo gobiernos de centroizquierda. Esta dinámica ha sido especialmente frustrante para Janša y su partido, el Partido Democrático Esloveno (SDS), quienes tienden a culpar a los medios de comunicación, a los que consideran de izquierda y controlados por antiguos comunistas, de su incapacidad para llegar al poder más a menudo. Janša tiene una mentalidad conspirativa y ha afirmado que lo mandaron a prisión arbitrariamente para robarle las elecciones. En realidad, estuvo en prisión como resultado de una sentencia judicial en un caso de corrupción, que el Tribunal Constitucional acabó revocando en instancia de apelación, básicamente por considerar que no había suficientes pruebas en su contra.
El SDS solía ser un partido de derecha, pero cada vez más es considerado, sobre todo por observadores externos, y especialmente europeos, como un partido de extrema derecha. Todavía no nos hemos acomodado a este cambio, porque históricamente lo hemos identificado como un partido de derecha, pero es cierto que en los últimos años el partido se ha ido desplazando progresivamente hacia la derecha, volviéndose más radical, posiblemente en reacción a la sentencia de prisión de Janša. Los valores que defiende son fuertemente contrarios a los derechos de las personas migrantes y promueven el racismo, y los métodos que utiliza lo sitúan cada vez más en el extremo derecho del espectro político.
El SDS está lejos de tener mayoría en el parlamento: sus resultados electorales se han situado siempre entre el 20 y el 30%. Obtiene un caudal de votos considerable porque sus miembros están muy motivados, mientras que mucha gente que no tiene preferencias políticas fuertes ni siquiera se molesta en votar. En términos de cantidad de afiliados, el SDS es de hecho el partido más grande, e incluso cuando está en la oposición conserva un bloque parlamentario sustancial.
Antes de la pandemia, teníamos un gobierno minoritario de centroizquierda; como no tenía la mayoría de los escaños parlamentarios, era un gobierno bastante inestable. El bloque político de centroizquierda en general es inestable: hemos tenido muchos gobiernos de centroizquierda, pero tras el colapso del Partido Liberal Democrático, que gobernó entre 1996 y 2004, la mayoría de las veces esos gobiernos de centroizquierda estuvieron integrados por partidos nuevos que aparecían y desaparecían de la escena política, y sus legisladores y funcionarios solían carecer de suficiente experiencia. En cambio, el SDS es una presencia permanente, es estable, se guía por la disciplina partidaria y el liderazgo incuestionable de Janša, y cuenta con numerosos políticos experimentados, sobre todo en el parlamento.
¿Cuáles son las implicancias de este cambio político para la sociedad civil?
Durante años, las organizaciones no gubernamentales (ONG) han sido objeto de ataques por parte de Janša, el SDS y sus medios de comunicación aliados, que consideran a las ONG y a los medios de comunicación convencionales como sus enemigos. Dado que culpan a los medios por su fracaso político, han formado su propio grupo mediático. Dados los costos que ello implicaba, acabaron asociándose con un empresario húngaro de los medios de comunicación con estrechos vínculos con el primer ministro húngaro, Viktor Orbán. El contenido que producen los medios de comunicación de este grupo es muy tendencioso y poco profesional. Lo que hacen no es periodismo sino propaganda, ya sea para promocionar a Janša o para llevar a cabo campañas de desprestigio y difamación contra figuras de la oposición y de la sociedad civil.
Estos medios de comunicación tratan a las organizaciones de derechos humanos, de defensa de los derechos de las personas LGBTQI+ y de promoción del medio ambiente como enemigas del pueblo, “privilegiadas” y “parásitos”. Hace unos 15 años, el difunto primer ministro y presidente de Eslovenia Janez Drnovšek, un centrista muy moderado y ampliamente respetado, nos advirtió sobre Janša, al que se refirió como “príncipe de las tinieblas”. Así que sabíamos que con el nuevo gobierno de Janša venía la oscuridad. Desgraciadamente, la oscuridad cayó sobre nosotros casi al mismo tiempo que la pandemia de COVID-19, con los temores y las restricciones adicionales que ella trajo consigo.
Tras el cambio de gobierno, hemos sufrido a diario ataques de diversos tipos. La conexión de Janša con Orbán no se limita a tener un aliado en común en el negocio de los medios de comunicación; también tienen fuertes conexiones políticas y personales. Se celebran mutuamente y cada uno de ellos hace acto de presencia en los mítines electorales del otro. Políticamente son muy similares, y las estrategias que utilizan para atacar a las ONG y a los medios de comunicación también lo son. Janša utiliza las redes sociales, especialmente Twitter, como herramienta de comunicación política y de difusión de sus ataques. Se dedica a tuitear de forma obsesiva y agresiva, día y noche.
Además de sufrir difamaciones en las redes sociales por parte de dirigentes, funcionarios y simpatizantes del partido gobernante, las ONG han padecido muchas medidas hostiles. Las ONG ambientalistas han sido específicamente atacadas. Solíamos tener una elevada participación de la sociedad civil en los procesos relacionados con la Convención de Aarhus sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente. Pero el gobierno actual ha infiltrado la legislación promulgada en respuesta a la pandémica de COVID-19 con medidas destinadas a obstruir la participación. La legislación sobre COVID-19 debería utilizarse para luchar contra el coronavirus, no para atacar a la sociedad civil. Pero tenemos un Ministro de Medio Ambiente que antes de serlo fue gerente de una planta hidroeléctrica estatal y expresa mucho más interés en promover la inversión y construir plantas de energía que en cuidar el medio ambiente. De hecho, utiliza su actual cargo en el gobierno como plataforma para frenar a las ONG ambientalistas. Tras introducir las mencionadas restricciones a la participación en la legislación de emergencia, ahora intenta consagrarlas también en la legislación ambiental ordinaria.
También se han impuesto restricciones financieras. Varias ONG tenían contratos firmados con gobiernos anteriores para implementar proyectos de promoción de la igualdad de los niños migrantes en las escuelas y otros similares, pero el gobierno actual ha decidido no cumplir esos contratos. Nada más llegar al poder envió cartas a las ONG afectadas, incluido el Instituto para la Paz, manifestando su intención de anular esos contratos, y cuando las ONG se negaron a firmar, simplemente les retuvieron los fondos. Se trata de pequeñas subvenciones, de hasta 10.000 euros (unos 12.200 dólares), pero que para las ONG de derechos humanos son vitales para la realización de su trabajo.
El gobierno también intenta obstaculizar otras vías de financiamiento. El gobierno anterior creó un Fondo de ONG para apoyar la profesionalización de las ONG y aumentar la disponibilidad de financiamiento para proyectos. El Fondo de ONG se compone del aporte del 0,5% del impuesto sobre la renta. Cada ciudadano puede definir el destino de su contribución, por ejemplo, para apoyar a una ONG específica con estatus de interés público; sin embargo, la mayoría de la ciudadanía no declara adónde quiere que vaya su dinero, y todos los fondos no declarados van a parar al Fondo de ONG. La existencia de este fondo fue el resultado de muchos años de incidencia por parte de la organización nacional de ONG, pero apenas dos años después de su creación, el nuevo gobierno intentó desmantelarlo mediante disposiciones incluidas en un paquete legislativo de emergencia frente a la pandemia de COVID-19. No fue en modo alguno una sorpresa, porque es lo que el SDS había prometido durante la campaña electoral.
El gobierno también está retirando otras formas de apoyo a la sociedad civil. Por ejemplo, el edificio donde tenemos nuestras oficinas, situado en la calle Metelkova 6 de Liubliana, capital de Eslovenia, es propiedad del Ministerio de Cultura y desde 1997 ha albergado a 20 ONG que trabajan en el ámbito de los derechos humanos y la cultura independiente. El edificio formaba parte de un destacamento militar, pero su uso nos fue cedido como gesto de desmilitarización cuando el ejército yugoslavo se marchó, y artistas y activistas hicieron campaña para que se destinara a la cultura y la sociedad civil. Su mitad sur es ahora una zona de museos nacionales y su mitad norte es un espacio para la cultura alternativa, y nuestro edificio se encuentra en el medio y en muchos sentidos conecta y trabaja con ambos. Después de 23 años, ahora quieren desalojarnos, cambiar la finalidad del edificio y renovarlo para albergar el Museo de Historia Natural. El Primer Ministro Janša, su partido y sus medios de comunicación presentan a diario a las organizaciones que habitan este edificio como privilegiadas y parásitos, y afirman abiertamente que nos despojarán de nuestras oficinas y del acceso a fondos públicos. El Ministerio nos pidió que abandonáramos el edificio antes de fines de enero, y no lo hicimos porque conocemos nuestros derechos legales, por lo que ahora nos amenazan con una acción judicial conducente al desalojo forzoso.
¿Qué está haciendo la sociedad civil ante estos ataques?
En relación con las restricciones que apuntaban a reducir su participación, las ONG ambientalistas presentaron una demanda y el Tribunal Constitucional dejó en suspenso esas disposiciones. Por el momento, han litigado con éxito para preservar sus derechos, pero el gobierno ha seguido introduciendo restricciones similares en otros proyectos de ley que están siendo sometidos a consideración parlamentaria.
Algo que hacemos es aprovechar que el SDS no gobierna solo; hay otros tres partidos más pequeños en la coalición de gobierno. Si no votan todos juntos, las leyes no se aprueban. Por tanto, nuestra estrategia de incidencia se centra en influir sobre los socios de coalición, cosa que a veces funciona. Las ONG ambientalistas enfrentan restricciones sistémicas: realmente no tienen muchos amigos en la política, porque con la excepción de Izquierda, los demás partidos tienden a ponerse del lado de las empresas y los inversores. Pero gracias a la incidencia con los socios de coalición más pequeños, la organización paraguas de la sociedad civil ha podido hasta ahora preservar el Fondo de ONG. Sin embargo, todavía está por verse si habrá una convocatoria para la presentación de propuestas de proyectos para distribuir los recursos del Fondo de ONG, y cómo se organizará; en algunas otras áreas temáticas de financiamiento público para proyectos de instituciones culturales independientes y ONG ya estamos viendo que bajo este gobierno los criterios y los órganos de decisión se han inclinado hacia la ideología del partido gobernante y están impidiendo la aprobación de solicitudes para la ejecución de proyectos de grupos progresistas.
¿Qué protestas se han movilizado, y qué desafíos han enfrentado en el contexto de la pandemia?
Las restricciones a la movilización ciudadana han aumentado. El gobierno ha aprovechado la pandemia para restringir la protesta. El descontento abunda porque el gobierno no solo ataca a la sociedad civil y a los medios de comunicación, sino que también ha hecho negocios turbios relacionados con la adquisición de equipamiento de protección personal y otros suministros relacionados con el COVID-19, y ha atacado a un denunciante y a los investigadores que reportaron acerca de esos negocios. También ha destituido arbitrariamente a funcionarios que dirigían instituciones respetadas y los ha sustituido por su propia gente.
Cuando la gente sale a protestar, el gobierno, y en particular el Primer Ministro y el Ministro del Interior, no solamente la desestima y la presenta como delincuentes -incluso utiliza los datos personales de algunas personas para desprestigiarlas- sino que también la vigila excesivamente y obstruye sus movilizaciones. El viernes por la tarde, el día típico de las protestas en Eslovenia, las calles y plazas son rodeadas por vehículos y caballos de la policía y sobrevoladas por helicópteros, en un intento de intimidar a la gente. A los que aún salen a protestar, les ponen una multa tras otra por violar las medidas contra la pandemia. Los paquetes de medidas legislativas destinadas a luchar contra la pandemia introdujeron fuertes aumentos en las multas por “reunirse”, que ascienden a 400 euros (unos 490 dólares). Los manifestantes reincidentes ya han tenido que pagar miles de euros en multas.
A pesar de todo esto, las protestas continuaron, sobre todo entre abril y octubre de 2020, cuando el clima aún era cálido y no había tantos contagios de COVID-19. Miles de personas -5.000, 10.000- se movilizaron en Liubliana, y número menores lo hicieron en otras ciudades. La mayoría de la gente salió a protestar indignada por las denuncias de corrupción. Muchos también protestaron contra las restricciones que enfrentan los ecologistas, los ataques contra periodistas y medios de comunicación, la grave situación de los trabajadores de la cultura y la sociedad civil, y la falta de independencia judicial. Así que, en términos generales, se ha tratado de protestas en defensa de la democracia.
Sin embargo, a partir de octubre se declaró una segunda oleada de infecciones por COVID-19 y se impuso un toque de queda desde 9 de la noche hasta las 6 de la mañana, las escuelas cerraron y la vida pública se volvió casi inexistente. La gente estaba asustada por el aumento de las infecciones y las muertes, por lo que los organizadores de las protestas anunciaron el fin de las movilizaciones masivas, al tiempo que continuaron alentando a la gente a emprender acciones individuales. Los viernes se han seguido realizando performances públicas, manifestaciones de pequeños grupos de personas y caravanas en coche. Las bicicletas se han convertido en un símbolo de nuestras protestas, por lo que algunas personas cargan una bicicleta encima de su coche, o incluso colocan pegatinas gigantes con imágenes de bicicletas, y salen conduciendo en señal de protesta. Pero esto los convierte en blancos fáciles, porque la policía detiene a estos coches y multa a sus conductores. Las personas que han sido multadas están impugnando las multas y llevando a la policía a los tribunales por motivos de discriminación, ya que la policía es bastante selectiva: solamente para y multa a las personas que conducen en señal de protesta. Está claro que su objetivo no es impedir la propagación del COVID-19, sino impedir que la gente proteste.
¿Diría que estamos ante un proceso de creciente polarización política?
Yo diría que la polarización es el modus operandi de Janša y el SDS. Es polarizando al electorado como obtienen apoyo. Por su formación, Janša es especialista en defensa, y de hecho ha ocupado el cargo de Ministro de Defensa en varias oportunidades. Ahora dirige al partido y al país como si estuviéramos en guerra.
Afortunadamente, tengo la impresión de que su discurso polarizador no le llevará demasiado lejos. Por el momento, sólo atrae a sus partidarios más convencidos, por lo que no ha penetrado mucho más allá del segmento más radicalizado.
Sin embargo, dada la fragmentación partidaria, particularmente en la centroizquierda, las encuestas le siguen dando la mayor intención de voto, que no se acerca ni por asomo a la mayoría, pero es mayor que la de cualquier otro partido considerado individualmente. A ello se suma la pandemia, que está poniendo a más y más gente en una situación complicada, sin trabajo y con miedo, lo cual podría generar un terreno fértil para la radicalización. En algún momento la gente puede querer encontrar a alguien a quien culpar de sus males, y el discurso del odio puede empezar a resultarle atractivo.
Por ejemplo, el Instituto para la Paz lleva 15 años trabajando en el empoderamiento de las mujeres en Ruanda, y a lo largo de los años hemos recibido unos 300.000 euros (aproximadamente 365.000 dólares) de los programas de ayuda al desarrollo del Ministerio de Asuntos Exteriores, que hemos utilizado en esos proyectos. En sus campañas para desprestigiar a nuestro instituto, el partido gobernante describe nuestro trabajo como un despilfarro de dinero público. Mediante este discurso, diciéndole a la gente que atraviesa dificultades económicas que el Instituto para la Paz está gastando su dinero en el extranjero, podría penetrar más allá de sus bases más sólidas, consiguiendo apoyo dentro de círculo más amplio de ciudadanos insatisfechos.
Afortunadamente, este discurso no circula demasiado en los principales medios de comunicación -periódicos, radios y televisión públicas y comercial, y sus respectivas páginas web-, que en su mayoría informan en forma profesional. El gobierno ha intentado arrebatar el control de la empresa pública de radiodifusión y asfixiar económicamente a la agencia nacional de prensa, pero hasta ahora no lo ha conseguido. Esto puede cambiar si Janša se mantiene en el poder el tiempo suficiente. También puede ocurrir que el partido oficialista se haga con el control de algunos medios de comunicación privados, si sus propietarios aceptan llegar a acuerdos de este tipo a cambio de algunos grandes contratos estatales u otras oportunidades de negocios. Pero por el momento, más allá de las redes sociales, el odio y la propaganda permanecen mayormente restringidos a los medios de comunicación marginales directamente controlados por el partido gobernante. Sin embargo, estos medios de propaganda son cada vez más populares porque el Primer Ministro aparece en pantalla y comparte sus contenidos, y los medios de comunicación convencionales cubren lo que hace y dice el Primer Ministro, que de ese modo acaba ingresando en el ciclo de las noticias.
¿Qué está haciendo la sociedad civil para resistir la agresiva posición anti-inmigración del gobierno?
El gobierno intenta constantemente limitar el derecho de los solicitantes de asilo a entrar en el país y presentar sus solicitudes. Cuando se declaró la pandemia, todos los procedimientos de solicitud de asilo quedaron suspendidos. El gobierno incluso ha intentado cambiar las disposiciones legales para limitar aún más los derechos de las personas solicitantes de asilo y militarizar la frontera con Croacia. Afortunadamente, algunos de sus socios de coalición no apoyan estas propuestas, por lo cual no han sido aprobadas.
Las ONG de derechos humanos y las organizaciones que defienden los derechos de las personas migrantes y refugiadas llevan años trabajando en coaliciones informales, y hemos abogado conjuntamente contra estas propuestas. Algunas, en particular el Centro de Información y Asuntos Legales, trabajan directamente con personas solicitantes de asilo, proporcionándoles apoyo legal e información; sin embargo, están teniendo dificultades porque solían tener un proyecto financiado por la Unión Europea y administrado por el Ministerio del Interior, pero el nuevo gobierno no lo ha renovado. Acaban de obtener algunos fondos de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados que les permite seguir proporcionando por lo menos un nivel básico de asesoramiento jurídico.
El Instituto para la Paz también tiene un programa de apoyo a personas migrantes y refugiadas. Uno de los miembros de nuestro equipo es un refugiado sirio que trabaja como mediador cultural. Capacitamos a las personas con estatus de refugiadas para que encuentren empleo y las orientamos para que puedan lidiar con la burocracia. Organizamos talleres para mujeres refugiadas. Como también somos un instituto de investigación, hacemos un seguimiento del estado de los derechos de las personas migrantes para varios organismos europeos y somos el centro de coordinación nacional de la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
¿Qué apoyo necesita la sociedad civil eslovena para continuar desempeñando un rol de promoción de la democracia y defensa de derechos?
Creo que los informes que producen CIVICUS y otras organizaciones internacionales de la sociedad civil que vigilan el espacio cívico y las condiciones para la acción ciudadana, son una poderosa herramienta de concientización. Cuando estos informes salen a la luz y se refieren a Eslovenia, tienen repercusión mediática. Ayudan a generar en la ciudadanía conciencia de que estamos retrocediendo en materia de respeto del espacio cívico y las libertades democráticas. Cuando un observador imparcial expresa preocupación por el estado de la democracia en nuestro país, el mensaje es fuerte, sobre todo porque los eslovenos nos enorgullecemos de ser parte de un país bastante abierto y progresista.
El apoyo también puede adoptar la forma de respaldo a los planteos que hacemos a nuestro gobierno, así como de financiamiento, entre otras cosas, para que podamos llevar adelante litigios judiciales. Hasta ahora el litigio ha sido una estrategia productiva para frenar políticas regresivas, pero cuesta mucho dinero. Para apoyar a la sociedad civil en estas luchas se ha formado una red de abogados, pero carece de financiamiento suficiente. Por último, nuestra capacidad de comunicación es muy escasa, y sería muy útil que, en este entorno cada vez más hostil, pudiéramos obtener apoyo para producir y difundir una contra-narrativa que destaque el valor de lo que hacemos y ofrezca alternativas al discurso de odio.
El espacio cívico en Eslovenia es calificado como “reducido” por el CIVICUS Monitor.
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