CIVICUS conversa con Nay Lin Tun, un médico que colabora habitualmente como voluntario con los equipos de rescate en las zonas de emergencia de la ciudad de Yangon, en Myanmar. Desde que los militares tomaron el poder mediante un golpe de Estado el 1º de febrero de 2021, el ejército ha iniciado una brutal represión contra el Movimiento de Desobediencia Civil (MDC), un movimiento de protesta que se extendió por todo el país y en el cual los profesionales de la salud han desempeñado un rol fundamental.
Desde el golpe de Estado, Nay Lin Tun ha estado en la primera línea tratando a manifestantes heridos por las fuerzas de seguridad. Anteriormente trabajó en el estado de Rakhine prestando atención médica comunitaria móvil a la población rohingya y a otros desplazados internos en zonas afectadas por el conflicto. También participó en la campaña Goalkeepers Youth Action Accelerator, dedicada a acelerar el progreso hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.
¿Cuál ha sido situación desde el golpe de Estado? ¿Cómo se ha visto afectado el sistema de salud?
Desde el 1º de febrero, cuando se produjo el golpe militar, nuestras vidas entraron en la oscuridad: el acceso a internet, la libertad de expresión, la libertad de opinión, y todos nuestros derechos humanos básicos han sido negados. No puedo creer que un golpe militar de este tipo pueda seguir ocurriendo en el siglo XXI. Cada día vivimos con un miedo constante y tememos que nos detengan o nos maten sin ningún motivo.
La gente ya estaba en estado de desesperación antes del golpe debido a las dificultades sociales y económicas asociadas a la pandemia de COVID-19. Esperaban que sus negocios se recuperaran y crecieran cuando las cifras de infección por COVID-19 descendieran en Myanmar. Ahora, con el golpe militar, esas esperanzas se han desvanecido. La gente ha afirmado que prefiere morir luchando por un futuro democrático que vivir bajo una junta militar.
Casi todos los departamentos y ministerios del gobierno están cerrados porque el MDC está boicoteando todos los servicios relacionados con el ejército y promoviendo huelgas laborales y paros de funcionarios y otros trabajadores. Los servicios de salud están colapsados.
Lo que es más preocupante, los mecanismos de prevención y control de la COVID-19 también se han detenido desde el golpe, al igual que la campaña de vacunación. Las autoridades compraron 30 millones de dosis de la vacuna contra la COVID-19 al gobierno indio, que fueron enviadas en abril. Pero los datos muestran una enorme desproporción entre quienes han recibido la primera dosis y quienes han completado la segunda: 1,54 millones de personas han recibido la vacuna contra la COVID-19 una vez, pero apenas 0,34 millones se han vacunado por segunda vez. Esto demuestra el fracaso del programa de vacunación contra la COVID-19. Además, el sistema de monitoreo de la COVID-19 ha sido lento y tiene poca capacidad de testeo. Esto pone a muchas personas en riesgo en caso de que una tercera o cuarta ola de COVID-19 llegue a Myanmar.
¿Cómo están respondiendo los trabajadores de la salud a la pandemia y al golpe de estado?
Los profesionales de la salud de Myanmar han demostrado su fuerza y compromiso, y han sido aclamados como héroes desde el comienzo del brote de COVID-19 en 2020. En ese momento no había suficientes recursos para tratar a los infectados y los casos empezaron a aumentar; según el sitio web del Ministerio de Salud y Deportes, las muertes han alcanzado un total de 3.209, una cifra actualizada al 4 de mayo de 2021. Gracias a nuestros admirables héroes de la salud y al buen liderazgo, desde fines de 2020 la curva de infecciones por COVID-19 disminuyó, y en la última semana de enero de 2021 los habitantes de Myanmar empezaron a recibir las vacunas. Myanmar fue el tercer país en tener un programa de vacunación contra la COVID-19 en la región de la ASEAN (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático), apenas después de países más desarrollados como Indonesia y Singapur.
Pero todos estos avances positivos se han destruido de la noche a la mañana. El 1º de febrero fueron detenidos todos los funcionarios electos del gobierno, incluida la consejera de Estado Daw Aung San Suu Kyi. La población no ha estado dispuesta a aceptar esta toma de posesión por parte de una junta militar abusiva y está mostrando su indignación en las calles. Las fuerzas militares han reprimido brutalmente las protestas con armas letales y balas reales. Esto ha provocado la muerte de 769 personas hasta el 4 de mayo, según datos de la Asociación de Ayuda a los Presos Políticos (AAPP). En respuesta al golpe militar, los trabajadores públicos dejaron sus puestos de trabajo para unirse al MDC. Fueron los profesionales médicos del Ministerio de Salud los que iniciaron este movimiento, y les siguieron los de otros departamentos y ministerios.
Por ello, los militares han puesto en su punto de mira a los funcionarios públicos que participan en el movimiento de protesta del MDC y a quienes lo apoyan. Han intentado detenerlos utilizando una nueva disposición del Código Penal, el artículo 505A, que puede utilizarse para castigar comentarios relativos a la ilegitimidad del golpe o del gobierno militar, entre otras infracciones. Éstas se castigan con hasta tres años de prisión.
Con ello, los militares convirtieron a los trabajadores de la salud de héroes en criminales de la noche a la mañana. El vocero militar del Equipo de Información del Tatmadaw, el general de brigada Zaw Min Tun, ha llegado a acusar a los médicos del gobierno que retiraron sus servicios tras unirse al MDC de asesinar gente a sangre fría.
En realidad, los médicos del MDC están ayudando a la población de diversas maneras, por ejemplo proporcionando tratamiento gratuito en hospitales privados y clínicas gratuitas, haciendo visitas a domicilio, y ofreciendo asesoramiento telefónico. Debido al golpe militar, la población ha enfrentado numerosas dificultades y padece inseguridad tanto de día como de noche. Hay toques de queda desde las 20:00 hasta las 06:00 en todos los estados y regiones, excepto en el estado de Rakhine. Además, internet está bloqueada para quienes acceden a ella a través de tarjetas SIM y servicios de wi-fi; como resultado, la mayoría de la gente carece de acceso a internet y el flujo de información está restringido. Todas estas condiciones han tenido un gran impacto sobre la capacidad de la gente para llegar a tiempo a los servicios de salud.
¿Qué riesgos corren los trabajadores de la salud por expresar su opinión?
Actualmente, todos los médicos que ayudan a manifestantes antigolpistas corren el riesgo de ser detenidos, y los que se han unido al MDC están en una lista de buscados para ser arrestados. Hasta ahora, según datos de la AAPP, más de 4.700 personas, entre ellas dirigentes electos, comisarios electorales, manifestantes antigubernamentales, profesores, médicos, periodistas, escritores, artistas y civiles, han sido detenidas desde el golpe. Por lo tanto, cuando nos manifestamos corremos un alto riesgo de ser detenidos en todo momento, en cualquier día y lugar.
Según las informaciones más recientes, ahora ni siquiera las clínicas gratuitas de beneficencia están autorizadas a aceptar a los médicos del MDC o a tratar pacientes heridos. Los militares también están actuando contra los hospitales privados, a los que obligan a cerrar y a detener a sus médicos si aceptan atender las consultas de los médicos del MDC.
¿Ha sido testigo de violencia militar contra civiles?
En la noche del 9 de abril se conocieron informes de que las fuerzas de seguridad habían matado a decenas de personas en la ciudad de Bago, unos 80 kilómetros al noreste de Yangon, después de desplegar armas pesadas y granadas para dispersar manifestantes que ocupaban barricadas. Antes de lanzar la operación en Bago, las fuerzas armadas habían bloqueado las carreteras impidiendo que las ambulancias recogieran a los heridos, muchos de los cuales fueron finalmente trasladados al recinto de un monasterio.
Al menos 80 personas murieron en Bago ese día, pero probablemente nunca se sabrá el número definitivo de muertos. Otra cosa que probablemente nunca sabremos es cuántos de los heridos murieron porque no recibieron tratamiento. Llegué a Bago tres días después para ayudar a tratar a los heridos. Fue una tarea difícil. Muchos manifestantes heridos estaban escondidos por miedo a ser detenidos si buscaban tratamiento. También nos dijeron que las fuerzas de seguridad habían detenido a trabajadores médicos voluntarios.
Como voluntario médico de primera línea, he sido testigo habitual de la brutalidad de las operaciones de la junta para dispersar manifestantes. La primera vez fue durante una protesta cerca de la Universidad Tecnológica de Thanlyin, en la región sureste de Yangon, el 9 de marzo. Las tropas habían ocupado el campus, y los estudiantes protestaban pacíficamente para exigir su salida. Las fuerzas de seguridad abrieron repentinamente fuego con balas reales, hiriendo a varias personas. Empezamos a atender a algunos de los heridos en un sitio seguro no muy lejos del lugar de la protesta, pero entonces llegaron los soldados a las inmediaciones, y rápidamente tuvimos que evacuar a los pacientes a otro sitio. Afortunadamente, conseguimos llevarlos a un lugar seguro y seguir atendiéndolos.
¿Cómo puede la comunidad internacional apoyar a los trabajadores de la salud?
Los ataques contra instalaciones y personal sanitario deben ser documentados por los organismos nacionales e internacionales. Tenemos la suerte de que la Organización Mundial de la Salud cuenta con un sistema de vigilancia de los ataques contra instalaciones y personal sanitario, que se registran diariamente. Entre el 1º de febrero y el 30 de abril se produjeron al menos 158 ataques contra instalaciones, vehículos, personal y suministros sanitarios, así como contra pacientes, con el resultado de 11 muertos y 51 heridos. Estos datos ayudan a comprender el alcance del problema y pueden orientar el diseño de intervenciones para prevenir y responder a los ataques. Pero en Myanmar no hay una organización líder que pueda actuar para prevenir los ataques y la violencia contra el personal sanitario. Por lo tanto, necesitamos que se ejerza presión internacional sobre las autoridades de Myanmar y que las organizaciones humanitarias internacionales aborden este problema con seriedad.
La comunidad internacional debe unirse a nosotros en la condena de los ataques contra centros y trabajadores de la salud y unirse a los trabajadores sanitarios de Myanmar para denunciar con fuerza todos los actos de discriminación, intimidación y violencia contra trabajadores y centros de salud. El apoyo a los profesionales médicos de primera línea bajo la forma de medicamentos y otras ayudas de emergencia también sería bienvenido.
¿Cuál es su esperanza para Myanmar?
Deseo que llegue el día en que todos nuestros trabajadores de la salud sean plenamente respetados en consonancia con su función profesional. En otros países, los profesionales de la medicina también realizaron protestas contra el gobierno, pero sus gobiernos conversaron con ellos y llegaron a acuerdos para poner fin a las protestas, porque los trabajadores médicos tratan con millones de pacientes, y en una democracia sus protestas pueden tener un impacto sobre los funcionarios electos. Por ello, las huelgas de profesionales médicos en otros países no han durado mucho.
En Myanmar ocurre lo contrario. Los militares han desatado una brutal represión contra los médicos en huelga y han detenido a trabajadores de la salud. Los médicos que participan en el MDC pueden ser condenados a hasta tres años de prisión. Los médicos del MDC también han sido detenidos en sus domicilios e incluso en sus clínicas mientras proporcionaban tratamiento a los pacientes. Por tanto, será un día muy significativo para todos los trabajadores médicos de Myanmar cuando consigamos que se respete plenamente nuestro trabajo.
También aspiramos a tener un órgano profesional que pueda proteger a todos los trabajadores de la salud frente a los ataques. La Asociación Médica de Myanmar y el Consejo Médico han sido testigos silenciosos de la detención de nuestros hermanos y hermanas del sector médico. Deberíamos recibir plena protección de una asociación médica fuerte.
Por último, pero no por ello menos importante, según la ética médica reflejada en el Juramento Hipocrático, tenemos el pleno deber de velar por la seguridad de los pacientes que requieren tratamiento. El tratamiento de pacientes en una emergencia no puede considerarse un delito. Sin embargo, nuestros equipos médicos son objeto de arresto por prestar asistencia médica. Deseamos que un día todos nuestros trabajadores médicos tengan libertad para brindar asistencia sin limitaciones.
El espacio cívico en Myanmar es calificado como “represivo” por el CIVICUS Monitor.