CIVICUS conversa acerca de las recientes elecciones en Nicaragua, caracterizadas por la proscripción de candidaturas, el fraude y la represión, con una defensora de derechos humanos perteneciente a una plataforma nacional de la sociedad civil nicaragüense, que por razones de seguridad solicitó mantener el anonimato.
¿En qué contexto político se desarrollaron las elecciones presidenciales del 7 de noviembre?
El contexto comenzó a configurar se en el año 2006, con el pacto entre los líderes del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), Daniel Ortega, y la fuerza por entonces gobernante, el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), con el expresidente Arnoldo Alemán a la cabeza. El objetivo del llamado “pacto Alemán-Ortega” consistía en instaurar un sistema bipartidista dominado por ambos líderes, lo cual no funcionó para ambos: resultó en una completa reestructuración del sistema político, incluidas una reforma de la Constitución y la modificación de las fechas de las elecciones, que le permitió al FSLN – que llevaba varios turnos electorales perdiendo la presidencia - ganar las elecciones de 2006 con el 38% de los votos, para ya no volver a dejar el poder.
Ya en el poder, el FSLN realizó varias reformas constitucionales y de la ley electoral ordenadas por Daniel Ortega, en contubernio con los poderes legislativo, judicial y electoral, para imponer una constitución a su medida y hacerse reelegir indefinidamente.
Desde las más recientes reformas electorales, que datan de mayo de 2021, el contexto electoral ya estaba diseñado para que el actual gobierno ganase las elecciones. Esta reforma le entregó al FSLN el control de toda la estructura electoral, le dio a la policía la potestad de autorizar o no los mítines políticos de los opositores y quitó financiamiento a sus candidatos.
Ya en diciembre de 2020 la Asamblea Nacional había aprobado una ley para neutralizar candidaturas opositoras: bajo el pretexto de rechazar la injerencia extranjera en los asuntos internos de Nicaragua, inhibió las candidaturas de quienes hubieran participado en las protestas de 2018, catalogadas por el gobierno como un intento de golpe de Estado financiado por potencias extranjeras.
Todas estas leyes fueron aplicadas por las instituciones del Estado para proscribir a todos los postulantes democráticos que de alguna manera pudieran ser considerados idóneos para derrotar al candidato del FSLN. El resultado fueron unas elecciones sin ninguna competencia real.
¿Se hizo algún intento de postergar la elección hasta que estuvieran dadas las condiciones?
Primero, en el contexto de las protestas de 2018, que fueron fuertemente reprimidas y arrojaron centenares de muertos, varios sectores, incluida la Conferencia Episcopal de Nicaragua, propusieron adelantar las elecciones para resolver la crisis. Algunos también pensaron en la posibilidad de forzar la renuncia del presidente por su responsabilidad en las sistemáticas violaciones de derechos humanos en el marco de las protestas de 2018.
Pero Ortega se negó a convocar a elecciones anticipadas, y en cambio desafió a los supuestos “golpistas” que protestaban contra él a conseguir el voto del pueblo en las elecciones de 2021. Y entretanto, en vez de proceder a la reforma electoral que se reclamaba desde hace años, se dedicó a preparar el terreno para que nadie pudiera desafiarlo en esas elecciones.
Con el proceso electoral de 2021 ya en marcha, y en vistas de que no habría ninguna competencia real, hubo actores de la sociedad civil que recomendaron suspender y reprogramar unas elecciones que serían claramente ilegítimas y carentes de credibilidad, pero desde ya que este reclamo no tuvo ningún eco.
¿Cómo evalúas los resultados de las elecciones?
Claramente la abrumadora mayoría de la ciudadanía nicaragüense consideró que estas elecciones eran ilegítimas, puesto que solo aproximadamente el 10% de los votantes habilitados se presentaron a votar. Algunos de los que lo hicieron son partidarios del gobierno, mientras que otros, como los integrantes del ejército y la policía y los trabajadores del Estado, fueron obligados por el temor y por sus circunstancias laborales.
Estas afirmaciones son respaldadas por los datos de los sondeos de diversos grupos de la sociedad civil dentro y fuera del país, tales como Coordinadora Civil, Mujeres Organizadas y Urnas Abiertas. El día de las elecciones, algunas de estas organizaciones hicieron un sondeo rápido en el terreno, en dos tiempos – en una franja matutina y otra vespertina – y documentaron a través de fotos, videos y testimonios de algunos observadores electorales invitados por el gobierno que la mayoría de la población no salió a votar.
Desde el punto de vista de la sociedad civil, estas elecciones fueron para el gobierno un completo fracaso, ya que nos da todos los fundamentos para demostrar a nivel internacional que el presidente no cumple con las condiciones mínimas de legitimidad para permanecer en su puesto. No solamente el pueblo no reconoce los resultados de estas elecciones: hay más de 40 países que no los han reconocido. El gobierno llevó a cabo unas elecciones fraudulentas para ganar legitimidad, pero no lo consiguió porque nadie lo reconoce ni a nivel nacional ni a nivel internacional.
¿Cuál es el panorama para la sociedad civil nicaragüense tras las elecciones?
El panorama no ha cambiado. Lo que nos espera es más de lo mismo: más represión, más persecución, más secuestros, más presos políticos, más exiliados. Al mismo tiempo, este gobierno que no responde ni rinde cuentas, es completamente incapaz de resolver ninguno de los problemas que tiene Nicaragua, de modo que también continuarán profundizándose la pobreza, el desempleo y la inseguridad ciudadana.
En respuesta, no podemos hacer otra cosa que sostener la resistencia y tratar de romper las cadenas del miedo, porque este gobierno ilegítimo domina a través del temor.
¿Qué clase de apoyos internacionales necesita la sociedad civil nicaragüense?
La sociedad civil nicaragüense necesita toda clase de apoyos, desde apoyos para la construcción y el fortalecimiento de alianzas que amplifiquen nuestras voces para dar a conocer la situación política que vive Nicaragua y reclamar acción en los foros internacionales, hasta apoyos financieros y en especie para dotarnos de las herramientas con que hacemos nuestro trabajo, sostener a nuestras organizaciones y proveer de protección a las personas defensoras de derechos humanos que están siendo perseguidas y atacadas.
El espacio cívico en Nicaragua es calificado como “represivo” por el CIVICUS Monitor. Nicaragua está actualmente en nuestra lista de vigilancia, que incluye casos donde se está produciendo un deterioro severo y abrupto de la calidad del espacio cívico.