CIVICUS conversa sobre las recientes protestas en Panamá con Eileen Ng Fábrega, Directora Ejecutiva de la Cámara Panameña de Desarrollo Social (CAPADESO). CAPADESO es una red de organizaciones de la sociedad civil (OSC) que promueven el desarrollo social en Panamá. Su objetivo es evidenciar los aportes de la sociedad civil, fortalecer a la sociedad civil y fomentar las alianzas para incidir en las políticas públicas.
¿Cuál fue el factor desencadenante de las recientes protestas y cuáles fueron sus demandas?
Las protestas se produjeron tanto por problemas coyunturales, como el costo del combustible y la canasta básica, como por temas estructurales, como la desigualdad y la corrupción. Los factores coyunturales fueron el catalizador que hizo que el descontento social ante los problemas estructurales alcanzara el punto de ebullición. Ello hizo que las protestas enarbolaran temas tales como la salud, la educación, la pobreza y la inseguridad alimentaria.
Aunque diferentes grupos expresaron diferentes prioridades y tuvieron diferentes maneras de movilizarse, personalmente considero que la gran mayoría de sus demandas es legítima, ya que es reflejo y consecuencia de las desigualdades estructurales de nuestro país y de la frustración ante la evidente corrupción que roba a los panameños la posibilidad de satisfacer sus necesidades y alcanzar mejores condiciones de vida.
Cabe resaltar que a pesar de que muchos manifestantes fueron parte de grupos organizados, tales como gremios de docentes, grupos indígenas y sindicatos de trabajadores, las protestas generaron una movilización social, en persona y en línea, bastante más amplia, que impulsó al país en general a discutir de manera más profunda cómo llegamos a este punto de inflexión.
¿Cuál ha sido la respuesta del gobierno frente a las protestas?
Las protestas se iniciaron en junio y tuvieron su momento más activo durante julio. El gobierno intentó negociar o establecer negociaciones separadas con algunos de los grupos o coaliciones. Ante la presión, instaló una Mesa Única de Diálogo encargada de analizar los temas coyunturales. Desde julio la Mesa se encuentra en proceso de negociación con varias partes involucradas en las protestas, que representan a algunos, pero no a todos, los sectores de la sociedad.
En agosto algunos grupos se manifestaron puntualmente o rechazaron puntos acordados en la mesa de diálogo, pero ya no ha habido una movilización tan grande como en julio. Esto no significa que las protestas no puedan reactivarse, sino que el contexto actual es diferente al que tuvo mayor cobertura mediática en su momento.
Facilitada por la iglesia católica, la Mesa ha llegado a ciertos acuerdos, tales como congelar el precio del combustible y de algunos productos de la canasta básica. Un punto acordado que ha sido particularmente relevante para las organizaciones que forman parte de CAPADESO, ya que muchas trabajan con la niñez y están enfocadas en temas educativos, es el compromiso de asignar a educación el 5,5% del PIB en 2023 y el 6% en 2024. De ser invertido en temas como perfeccionamiento docente, recuperación del aprendizaje perdido durante la pandemia e infraestructura digna, esta asignación presupuestaria podría impulsar una real transformación educativa.
Ahora el gobierno ha anunciado informalmente una siguiente fase de negociaciones para tratar otros temas estructurales con la participación de grupos tanto de la sociedad civil, incluida CAPADESO, como del sector privado. Consideramos que es este diálogo será clave para consensuar una visión de desarrollo integral, inclusivo y sostenible para el país.
¿Cómo ha reaccionado la sociedad frente a las protestas, y cuál ha sido la posición de CAPADESO?
Las reacciones han fluido muchísimo, variando entre positivas y negativas al compás de una situación en permanente evolución: desde apoyo hacia los grupos que se manifestaron hasta frustración con los resultados de la mesa de diálogo, desconfianza de que los cambios se sostengan en el tiempo o de que las soluciones reciban aceptación más allá de la mesa, y preocupación frente a la certeza de que abordar exclusivamente lo coyuntural resultará en otra explosión social más adelante.
Aunque reconocimos que la protesta era legítima, expresamos nuestra preocupación por la prolongada huelga docente y por el impacto de los cierres de calles sobre las personas más vulnerables, ya que uno de los roles principales de CAPADESO es velar por que las OSC puedan continuar brindando servicios ininterrumpidos a las poblaciones más vulnerables. Sin embargo, también nos interesa asegurar que esas poblaciones dejen de ser desproporcionadamente afectadas por las fallas estructurales de nuestro sistema. De ahí nuestra propuesta de que el diálogo nacional se enfoque ante todo en la mejora de las condiciones de vida de todos los panameños y en la reducción de las desigualdades.
Nuestra propuesta tiene cinco ejes: priorizar las necesidades de las poblaciones y grupos vulnerables; garantizar la seguridad alimentaria; asegurar la atención de salud a nivel nacional y mejorar el acceso a la salud y medicamentos y la calidad del sistema de salud; abordar con urgencia el problema de la pérdida de aprendizaje mediante cambios profundos que garanticen una educación de calidad; y exigir a las instituciones públicas acciones concretas y medibles para desarticular la corrupción en todos los sectores, asegurar la transparencia y efectivizar castigos por actos de corrupción para cambiar el sistema de incentivos.
Como organización, sin embargo, nos preocupa que, una vez avanzado el tratamiento de los temas coyunturales, la Mesa esté intentando avanzar en conversaciones o negociaciones de temas estructurales, sin la participación de los sectores directamente impactados.
¿Qué deberían hacer ahora el gobierno y otros actores para encauzar la situación?
Es difícil dar una opinión sobre lo que debería hacer el actual gobierno, porque las demandas de las protestas, aunque lo interpelan, refiere a problemas que no son el resultado exclusivo de su actuar sino de profundas brechas históricas con muchos actores responsables. Hay mucha tela que cortar y estamos apenas agarrando la tijera.
Establecer formalmente una mesa de diálogo que discuta los temas estructurales, que sea representativa de todos los sectores y cuente con una metodología de trabajo sólida y procesos claros es clave para evidenciar la disposición del gobierno a reconstruir la confianza entre todos los sectores de la sociedad.
Este punto de inflexión ha demostrado que la sociedad civil está ansiosa por ver cambios profundos en nuestro país, y que tiene la voluntad de participar en la construcción de estos cambios.
El gobierno podría adoptar acciones que demuestren que está genuinamente comprometido con escuchar a la sociedad civil y que tiene la voluntad de actuar de manera consecuente con lo que se le exige, estableciendo políticas de austeridad transparentes dentro de las instituciones que demuestren un giro de timón respecto de cómo se ha manejado hasta ahora el país.
Por nuestra parte, desde CAPADESO vemos este momento como una oportunidad de poner la justicia social al centro de la agenda nacional. Seguiremos abogando por ello dentro de diferentes espacios de incidencia y confiamos que también en representación de la sociedad civil en la mesa de diálogo estructural.
El espacio cívico en Panamá es calificado como “estrecho” por el CIVICUS Monitor.
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