CIVICUS conversa acerca de la militarización de la seguridad en México y sus implicancias para la sociedad civil con Sofía de Robina, abogada del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín pro Juárez-Centro Prodh.
El Centro Prodhes una organización de la sociedad civil (OSC) mexicana fundada en 1988 por la Compañía de Jesús con el objetivo de defender a víctimas de violaciones graves de derechos humanos e impulsar cambios estructurales que permitan a todas las personas en México gozar y ejercer de forma equitativa la totalidad de sus derechos humanos. Su trabajo se enfoca específicamente en personas y colectivos indígenas, mujeres, migrantes y víctimas de represión.
¿Qué tendencias observas en relación con la militarización de la seguridad pública en México?
Desde el Centro Prodh hemos constatado que desde 2006, con el despliegue de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico, se ha profundizado un enfoque que privilegia el uso de la fuerza por parte de elementos del sector castrense en vez de fortalecer a la policía civil desde un enfoque de prevención y priorizando el acceso a la justicia y la lucha contra la corrupción de autoridades vinculadas al crimen organizado. En consecuencia, en vez de disminuir, la violencia aumentó, al igual que las violaciones de derechos humanos.
La presencia del ejército y su responsabilidad por violaciones de derechos humanos data de muchos años atrás, con una especial participación en la llamada “guerra sucia” de los años ‘60 y ‘70. Sin embargo, esta tendencia se profundizó durante el gobierno del presidente Felipe Calderón, del Partido Acción Nacional, continuó bajo el del presidente Enrique Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional, y ha seguido en ascenso bajo el actual gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, de MORENA.
La Guardia Nacional –creada en 2019 por reforma constitucional e inicialmente bajo el mando civil de la Secretaría de Seguridad Pública- actualmente está integrada en más del 80% por elementos procedentes del sector castrense. La Ley de la Guardia Nacional adjudica a la institución tareas de revisión y supervisión migratoria y de vigilancia e investigación que son sumamente preocupantes, ya que se está convirtiendo en un organismo castrense. Prácticamente todos sus mandos, tanto administrativos como operativos, provienen de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), lo que subordina cada vez a la Guardia Nacional al Ejército.
Recientemente el Congreso aprobó una iniciativa del Ejecutivo para reformar la Ley de la Guardia Nacional, transfiriendo su mando operativo y territorial a la SEDENA. Esto es contrario a la Constitución, que establece que la seguridad pública debe recaer en instituciones civiles, y así lo ha ratificado la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Además, en 2020 se estableció que las Fuerzas Armadas podrían continuar realizando tareas vinculadas a la seguridad pública, sin explicar de qué forma se cumpliría con los principios intervención excepcional, extraordinaria, subsidiaria, complementaria y fiscalizada. En un inicio se acordó que lo harían hasta 2024, pero ahora el Congreso aprobó una reforma para extender ese plazo hasta 2028, sin proporcionar justificación alguna.
Todas estas decisiones evidencian la apuesta del gobierno por la seguridad militarizada en vez de por el fortalecimiento de las policías civiles y las fiscalías estatales y federal, que consideramos sería lo más adecuado si lo que se busca es investigar delitos y violaciones de derechos humanos.
Además, la presencia militar se ha fortalecido no solamente en tareas de seguridad pública, sino también en otros espacios de la administración pública, tales como aduanas y puertos, así como en la construcción de obras públicas. Las Fuerzas Armadas poseen uno de los presupuestos más grandes de la administración pública y no están sujetas a controles adecuados, pese a que históricamente se han caracterizado por la falta de transparencia y de rendición de cuentas.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos no ha dado muestras de verdadera autonomía en la fiscalización castrense. Esto se evidencia con las pocas recomendaciones que ha emitido recientemente pese al alto número de quejas que involucran a la Guardia Nacional, así como en su negativa a impugnar los mencionados cambios legales inconstitucionales.
La fiscalía general tampoco ha realizado investigaciones relevantes en la materia, manteniendo la impunidad. Claramente los órganos de control no son contrapeso suficiente al poder creciente de la SEDENA.
¿Por qué ha avanzado este proceso?
Es innegable que el contexto actual es de una violencia sin precedentes y que el crimen organizado tiene un gran peso en México. Es responsable de muchas violaciones de derechos humanos, frecuentemente en colusión o por lo menos con la aquiescencia de las autoridades en todos los niveles. En algunos sitios, sacar a las Fuerzas Armadas de un día para el otro no sería la medida más idónea.
La preocupación del gobierno y de la sociedad por la seguridad es comprensible: es uno de los problemas que más afectan a mexicanos y mexicanas. Sin embargo, el gobierno ha apostado por la militarización indicando que no hay otras opciones disponibles. Entretanto, no ha tomado medidas para fortalecer investigaciones adecuadas que desarticulen las redes de corrupción y crimen organizado.
La militarización de la seguridad no ha dado buenos resultados. No ha logrado disminuir la violencia y ha perpetuado las violaciones de derechos humanos. Por esto los organismos internacionales promueven la retirada “programática” o paulatina de las Fuerzas Armadas, mientras se fortalecen las fuerzas civiles y el acceso a la justicia. Sin embargo, estas recomendaciones no se están atendiendo y se sigue privilegiando el rol de las Fuerzas Armadas.
Nosotros no dejamos de señalar que hay que actuar frente a la inseguridad, pero que es importante discutir con qué medidas. Consideramos que debe ser a partir del fortalecimiento de la policía civil y el mejoramiento del acceso a la justicia, y no de la militarización.
¿Qué trabajo hace el Centro Prodh en relación con los impactos de la militarización?
El Centro Prodh defiende y acompaña a personas que han sido víctimas de graves violaciones de derechos humanos, mayormente desapariciones, tortura y ejecuciones extrajudiciales. Trabajamos con una perspectiva de defensa integral que incluye defensa jurídica, acompañamiento organizativo y educativo a colectivos y organizaciones, litigio internacional, campañas e incidencia en políticas públicas.
La militarización es uno de principales focos de nuestro trabajo porque tiene un gran impacto sobre la vigencia de los derechos humanos, sobre todo de las personas en situación de vulnerabilidad o exclusión histórica que son el centro de nuestra atención: personas pobres, migrantes, indígenas, mujeres.
Si bien la militarización se ha profundizado en los últimos años, el Centro Prodh históricamente ha seguido casos de violaciones graves de derechos por efecto de la presencia militar en tareas de seguridad pública. Ese tipo de abusos han ocurrido siempre y no vemos condiciones para que dejen de ocurrir.
Es frecuente que, como en el caso Tlatlaya –en el que altos mandos del ejército fueron acusados de ordenar a los soldados matar a presuntos miembros de bandas criminales y torturar a los sobrevivientes, y que continúa impune– las Fuerzas Armadas ejecuten detenciones haciendo uso desproporcionado de la fuerza y recurran a la tortura para fabricar pruebas, y que no rindan cuentas de ello.
Hemos acompañado casos que llegaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), como el de los Campesinos Ecologistas, dos campesinos que defendían su tierra y que fueron detenidos arbitrariamente y torturados por elementos militares. En 2010, la Corte IDH ordenó al Estado mexicano reparar las violaciones sufridas por los dos activistas e implementar cambios estructurales para erradicar las causas de los abusos: mantener actualizado un registro de personas detenidas con información accesible y mecanismos de control, investigar las denuncias de tortura y reformar el Código de Justicia Militar para garantizar que la jurisdicción militar no investigue casos de violaciones a los derechos humanos.
También hemos acompañado a nivel nacional casos de torturas cometidas por las Fuerzas Armadas –y específicamente por la SEDENA y la Marina–, que con frecuencia han incluido violencia sexual contra mujeres, como los de Claudia Medina y Korina Utrera, Denis Blanco y Charly Hernández.
En el acompañamiento a las familias de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa en 2014, también hemos observado las resistencias de las Fuerzas Armadas a entregar información y rendir cuentas.
En suma, nuestra preocupación por la militarización de la seguridad pública se deriva de nuestra labor de documentación y acompañamiento de casos de graves violaciones de derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas.
¿Cómo ha respondido a la militarización la sociedad civil?
La sociedad civil se ha movilizado contra la militarización durante muchos años, y no solamente frente a el actual gobierno. Es una preocupación histórica y constante.
Organizaciones que trabajan en el territorio en todo México han documentado los impactos de la militarización. El Centro de Derechos Humanos de las Mujeres en Chihuahua ha hecho una labor indispensable de documentación de violaciones, en particular de desapariciones por parte de las Fuerzas Armadas, y obtuvo una reciente sentencia de la Corte IDH en el caso Alvarado vs México, que estableció que “la intervención de fuerzas armadas en actividades de seguridad pública debe atender a criterios de estricta proporcionalidad, excepcionalidad y debida diligencia en la salvaguarda de las garantías convencionales, dado que el régimen propio de las fuerzas militares no se concilia con las funciones propias de las autoridades civiles”.
Organizaciones como Tlachinollan han subrayado la repercusión de la presencia de las Fuerzas Armadas en territorios indígenas y pobres. Ellos acompañaron, por ejemplo, el caso de Inés Fernández y Valentina Rosendo, dos mujeres indígenas que sobrevivieron a la tortura sexual de las Fuerzas Armadas, que tuvo sentencia de la Corte IDH.
Muchas organizaciones locales, como el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova en el sur y la Casa del Migrante de Saltillo en el norte, han manifestado preocupación por la militarización de las fronteras y la presencia de la Guardia Nacional en tareas de migración.
Las organizaciones internacionales de derechos humanos han expresado las mismas preocupaciones. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha manifestado sobre el tema desde su primera visita al país en 1996. Desde entonces ha emitido recomendaciones constantes a sucesivos gobiernos.
Lo mismo han hecho diversos expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas, como el Grupo de Trabajo sobre detenciones arbitrarias, el Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y el Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias. El Comité contra la Desaparición Forzada recientemente hizo una visita a México y se refirió a la militarización como una de las grandes razones por las que actualmente tenemos más de 105.000 personas desaparecidas.
También la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha señalado de forma constante y enfática su preocupación por la presencia militar y las violaciones de derechos humanos resultantes.
¿Qué alternativas propone la sociedad civil?
La sociedad civil está alineada con las recomendaciones de los organismos internacionales, que son muy claras: se debe impulsar el retiro programático de las Fuerzas Armadas y fortalecer las instituciones civiles –con capacitación, presupuesto y una estrategia de seguridad pública que ataque las causas del problema-, y a las instituciones de investigación para asegurar el acceso a la justicia.
Lamentablemente, en vez de seguir esas recomendaciones el actual gobierno ha impulsado la militarización no solamente en los hechos sino también en la normatividad, mediante la creación de un denso marco legal e institucional. Ello indica que será difícil revertirla y tendrá consecuencias a largo plazo. La SEDENA siempre se ha resistido a los controles, y no devolverá voluntariamente el poder que ha adquirido, ni será fácil para futuros gobiernos quitárselo. La posible erosión de la subordinación de los militares al poder civil abre una incógnita en relación con el futuro de la democracia.
¿Qué clase de apoyos podría brindar comunidad internacional?
Es muy importante que la comunidad internacional mantenga la atención sobre lo que sucede en México, monitoree las decisiones que se están tomando, defienda a la sociedad civil frente a un gobierno que ha descalificado reiteradamente el trabajo de las OSC y el periodismo independiente, y ofrezca su respaldo a las víctimas. Necesitamos que nos ayuden a poner los derechos humanos en el centro de las decisiones de nuestros políticos.
Nuestros señalamientos no son ataques personales ni partidistas. A lo largo de los años hemos visto los rostros de las personas que han sufrido en carne propia las consecuencias de la militarización. Hacemos una labor que es fundamental en toda democracia.
El espacio cívico en México es calificado como “represivo” por el CIVICUS Monitor.
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