CIVICUS conversa con Carmen Miquel Acosta, abogada especializada en género de Amnistía Internacional España, acerca de la recientemente aprobada Ley Orgánica de Garantía de la Libertad Sexual, más conocida como “Ley Solo sí es sí”, y el rol de la sociedad civil a la hora de impulsar los derechos de las mujeres.
¿Cuál ha sido el rol de la sociedad civil en la aprobación de la “Ley Solo sí es sí”?
La “Ley Solo sí es sí” es un ejemplo claro de trabajo conjunto del movimiento de mujeres, y especialmente del movimiento feminista, inserto en todos los ámbitos, tanto de la sociedad civil como del gobierno, para dar respuesta a una situación.
Uno de sus detonantes fue el caso “La manada”, un caso de violación grupal ocurrido en Pamplona en 2016. La respuesta judicial a ese caso fue un ejemplo perfecto de lo que es la justicia, o más bien la injusticia patriarcal, la forma en que operan los estereotipos y el principio de no creer en la víctima.
En 2018 la justicia decidió que lo ocurrido no había sido violación sino solamente “abuso sexual”, y condenó a los cinco miembros de la “manada” a nueve años de prisión por ese delito. La indignación frente al veredicto provocó grandes protestas y el movimiento de mujeres se hizo más masivo. Muchas mujeres jóvenes que por primera vez se estaban acercando al feminismo se movilizaron.
También fue entonces cuando desde Amnistía publicamos un informe que ponía de manifiesto la falta de políticas públicas específicas frente a la violencia sexual, la falta de datos y la ausencia de un marco legal para hacer frente a esta violación de los derechos humanos fundamentales. Desde entonces hemos reclamado una ley para abordar el tema.
La participación en el proceso legislativo fue masiva y la sociedad civil aportó muchísimos insumos, como resultado de los cuales el anteproyecto fue mejorado.
El proceso se prolongó bastante, por un lado porque se habilitó la participación, pero también porque en España cuando se hacen leyes orgánicas que tratan sobre derechos fundamentales se necesitan informes preceptivos del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo de Estado. Todos esos informes informaron el proyecto de ley y permitieron un tratamiento más riguroso del tema.
¿Cuáles fueron los principales temas de preocupación para las organizaciones feministas en el desarrollo de la ley?
En primer lugar, la falta de un diagnóstico. Este era un tema que preocupaba a Amnistía porque vemos una tendencia a lidiar con los problemas sin diagnosticarlos antes y a no evaluar la efectividad de las políticas públicas adoptadas.
Por medio de esta ley el gobierno buscaba, entre otras cosas, implementar el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, o Convenio de Estambul, que exige a España adoptar políticas públicas de prevención. Ello requiere un diagnóstico y datos sistematizados.
Otra cuestión importante fue la de la judicatura. España recibió un dictamen del Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer por un caso de aplicación de estereotipos por parte de una jueza. En este proceso, una discusión central fue cómo lidiar con la aplicación de estereotipos por parte de la judicatura, qué formación deben recibir los y las funcionarias y hasta qué punto ésta debe ser obligatoria, sin que pueda considerarse interferencia con la independencia del Poder Judicial.
Otro tema que también nos preocupaba, pero que finalmente no fue incluido en la ley, fue el de la violencia sexual como tortura. En España, este uso de la violencia sexual se ha dado en los lugares de detención, especialmente contra personas extranjeras. La ley no se llega a establecer un delito de tortura, que es un delito imprescriptible y que conlleva otro tipo de investigación por tratarse de un crimen de derecho internacional.
Otra cuestión que a nuestro parecer no fue recogida de manera adecuada es la de las mujeres extranjeras en situación irregular. Aunque el Convenio de Estambul establece que no es necesario hacer la denuncia para acceder a servicios de violencia de género, en los casos en que las mujeres denuncian, si por el motivo que sea no hay una condena, sus expedientes de expulsión pueden reabrirse.
Finalmente, hubo algunos temas, como el del trabajo sexual, que generaron debates dentro del feminismo que aún permanecen irresueltos. La postura de Amnistía es que las trabajadoras sexuales tienen derechos humanos y la criminalización del trabajo sexual no solamente no las ayuda, sino que las pone en una situación de estigmatización. Lamentablemente los colectivos de trabajadoras sexuales no fueron consultados en el proceso.
¿Qué dificultades enfrentará la implementación de la ley?
Esta es una ley muy ambiciosa, cuya implementación requiere muchos recursos. Deberá implementarse en todo el territorio de España, que incluye 17 comunidades autónomas, cada una con sus competencias en materia de servicios sociales y justicia, entre otras áreas implicadas en la implementación de la ley. Todo esto plantea el interrogante de cómo se traducirá el texto de la ley en realidad efectiva.
¿Cuáles son los próximos desafíos en materia de derechos de las mujeres?
El principal desafío es consolidar los derechos adquiridos y no retroceder. En este momento está sobre la mesa una reforma de la legislación sobre el aborto para eliminar barreras de acceso a este derecho, y va a ser un tema controvertido en el debate parlamentario.
La opinión está muy polarizada y hay un discurso de demonización del otro, algo que es muy evidente en el uso de la etiqueta de la “ideología de género”. La libertad de expresión hace a la riqueza de la democracia y debe ser protegida, especialmente cuando se dicen cosas que no nos gustan. Pero algo muy diferente son los ataques contra personas defensoras de derechos humanos y la apología del odio, dos cosas que van en aumento.
En relación con los derechos de las mujeres estamos viendo retrocesos en países cercanos como Hungría. Las conquistas de derechos que habíamos acabado dando por sentados no se están consolidando o están experimentando retrocesos. De ahí la importancia de aumentar la concienciación en materia de derechos humanos y la participación de la ciudadanía. En medio de esta batalla ideológica, la democratización del lenguaje de los derechos es hoy más urgente que nunca.
El espacio cívico en España es calificado como “reducido” por el CIVICUS Monitor.
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