CIVICUS conversa sobre la corrupción en Guatemala y la criminalización del activismo anticorrupción con Claudia González, ex integrante de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y abogada defensora de Virginia Laparra.
Virginia Laparra es exfiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) y acaba de ser injustamente condenada a cuatro años de prisión, frente a lo cual se ha movilizado la campaña #LibertadParaVirginia.
¿Qué rol desempeñó la CICIG, y por qué se terminó cerrando?
La CICIG comenzó a trabajar a fines de 2008 y yo ingresé en 2011, cuando estaba terminando su mandato el segundo comisionado, Francisco Dall’Anese. En aquel entonces trabajábamos para cerrar todos los casos pendientes de forma ordenada. Pero con la entrada de Iván Velázquez al frente de la CICIG se redefinió el trabajo y nos concentramos en el problema de la falta de avances de los pocos casos que teníamos judicializados.
Para ello nos dividimos en grupos, y a mí me tocó trabajar en el equipo a cargo de corrupción judicial. Esta redefinición implicó una investigación proactiva; nosotros debíamos definir cuáles eran los casos. Estábamos bastante presionados por sacar adelante la mayor cantidad de casos que pudiéramos porque no sabíamos cuánto duraría el mandato de la CICIG. La situación en Guatemala era bastante difícil a nivel político.
Finalmente se logró extender el mandato de la CICIG y se encaminaron las investigaciones pendientes. Como resultado, se pudo poner en evidencia la corrupción en los poderes Legislativo, Ejecutivo, incluido el Ministerio de Gobernación, y Judicial.
Fue un trabajo muy intenso y nos desbordamos por la cantidad de casos que manejábamos. A pesar de todo, logramos armar grandes casos de corrupción con pruebas sólidas, no solamente testimoniales sino también con estados de cuenta que comprobaban la corrupción de funcionarios de alto rango.
La CICIG se cerró en 2019, y creo que ello ocurrió porque tocamos puntos neurálgicos de la corrupción en Guatemala. Tocamos a la iniciativa privada que financiaba partidos políticos. Durante la presidencia de Jimmy Morales, en el poder entre 2016 y 2020, tocamos a funcionarios de muy alto rango. Creo que atacarlos a todos juntos no fue la mejor estrategia.
¿Cómo reaccionaron frente a los hallazgos de la CICIG la ciudadanía y el gobierno?
Si bien una parte de la ciudadanía sí fue consciente del trabajo de la CICIG, cuando los intereses de ciertos grupos comenzaron a verse afectados las cosas se volvieron difíciles, ya que los afectados orquestaron una campaña en contra de la CICIG, criticando la forma en la que se llevaron a cabo las investigaciones y manipulando temas que son sensibles en Guatemala, como el uso de la prisión preventiva.
El gobierno, por su parte, nunca hizo nada en respuesta a los casos de corrupción que destapó la CICIG, en particular cuando la respuesta hubiera requerido una modificación de la normativa interna y la estructura de las instituciones donde anidaba la corrupción. Por el contrario, el gobierno ha hecho todo lo posible por mantener las cosas como estaban y continuar favoreciendo la corrupción.
Un caso muy claro de ello fue el de las plazas fantasma en el Congreso. La CICIG constató que cada diputado contrataba hasta 30 personas para su staff, pero buena parte del dinero en realidad iba a parar a sus bolsillos, ya que la mayoría de las personas contratadas jamás iban a trabajar. En lugar de revisar y modificar la normativa para combatir la corrupción, los políticos buscaron la forma de eludir la responsabilidad ante situaciones como esta.
El problema de la corrupción en Guatemala es absolutamente estructural. El robo del dinero del Estado está habilitado. Ningún funcionario de gobierno mueve un dedo sin antes pedirte dinero a cambio. Todos utilizan el dinero del pueblo para sus fines personales. Como el año que viene tenemos elecciones, es evidente que el nuevo presupuesto está siendo utilizado para financiar sus campañas electorales.
Me sorprende que la sociedad no comente ni haga nada, aunque comprendo que hay un temor generalizado que frena mucho a la gente.
¿Por qué ha sido juzgada y condenada Virginia Laparra?
Virginia Laparra es una fiscal de carrera con 16 años de experiencia en el Ministerio Público. En 2016 fue nombrada agente fiscal de la FECI, bajo la coordinación de Juan Francisco Sandoval. Su trabajo consistía en dar seguimiento a algunos casos del interior de Guatemala, en las áreas de Quetzaltenango, Totonicapán y áreas aledañas.
En 2018 la FECI y la CICIG presentaron varias denuncias administrativas ante la Junta de Disciplina Judicial en contra del juez Lesther Castellanos, a cargo del Juzgado de Mayor Riesgo de Quetzaltenango. Una de las denuncias refería a la filtración de información de un caso bajo reserva a un abogado. Como consecuencia de dicha denuncia, en mayo de ese mismo año la Junta de Disciplina Judicial sancionó al juez Castellanos por haber filtrado información confidencial y lo suspendió de sus funciones por cinco días, sin goce de salario. En represalia, en junio de 2018 el juez Castellanos presentó una denuncia penal en contra de Virginia Laparra por los delitos de falso testimonio, usurpación de atribuciones y abuso de autoridad, argumentando que ella no tenía las facultades para presentar la denuncia administrativa en contra suya y que esto solamente le correspondía a la fiscal general.
Sandoval fue destituido de su cargo en julio de 2021 y actualmente se encuentra en los Estados Unidos, tramitando asilo por persecución política. Virginia fue detenida en febrero de 2022 y acusada de “abuso de autoridad de forma continuada cometido en contra de la administración pública”.
Yo soy la abogada que lleva adelante el caso de Virginia, he examinado el expediente cantidad de veces y puedo afirmar que no hay ni una sola prueba en su contra. Lo único sustancial que contiene el expediente son cuatro certificaciones que documentan las denuncias interpuestas por Virginia en 2018 – aunque no consta el sello de recibido de la denuncia, lo que permite dudar sobre cuándo se cometió realmente el hecho –, un informe de unos investigadores que indica el lugar donde fue a poner esas denuncias, una foto del lugar donde ella trabajaba y foto de los sellos que ella utilizó para firmar esas denuncias. Yo me pregunto cómo es posible que una persona pueda pasar casi diez meses en prisión preventiva por una denuncia sin pruebas.
Después de estar casi diez meses presa Virginia fue sometida a un juicio que duró poco más de una semana, y en el cual todos los testigos fueron policías y funcionarios, además del juez que ella había investigado. Todos los recursos que hemos interpuesto han sido utilizados en nuestra contra. Tuvimos que redefinir nuestra estrategia legal cuando nos dimos cuenta de que cualquier cosa que hacíamos era utilizada en detrimento de Virginia. Evidentemente no estábamos frente a decisiones jurídicas sino puramente políticas.
Es más que evidente que Virginia ha sido criminalizada por ser fiscal de la FECI. No pudieron con Sandoval, entonces en cuanto pudieron vinieron a por ella. Es un ataque coordinado contra Virginia. No tengo otra explicación más que la de que se trata de una venganza por haberse atrevido a cuestionar las estructuras de la corrupción.
Virginia ha sido condenada a cuatro años de prisión. Evidentemente en Guatemala no hay estado de derecho. El derecho penal es utilizado como arma de persecución política. Yo misma, mientras estaba defendiendo a varias compañeras, supe que habían presentado denuncias contra mi persona, por lo que tuve que ir al Ministerio Público a presentar pruebas y a ocuparme de mi propio caso, además de seguir ocupándome de los de mis compañeras, para no ser criminalizada.
¿Qué apoyos internacionales necesita Guatemala para volver a encarrilar la lucha contra la corrupción?
Ni yo ni mis compañeras creemos en el sistema de justicia de Guatemala. Tengo miedo de ser detenida y castigada con prisión sin ninguna prueba ni fundamento. No tenemos esperanza y no vemos un futuro alentador. Vemos que están haciendo contra periodistas y otras personas defensoras de derechos humanos. No tenemos a nadie que luche por nosotras, porque quienes nos brindan apoyo pueden sufrir represalias. Los medios que nos ayudan, por ejemplo, también son criminalizados. El panorama es trágico.
Necesitamos la designación de jueces independientes. Mientras el Congreso no elija nuevas cortes, no tendremos garantía de nada. Necesitamos apoyo para continuar la lucha contra la corrupción en articulación con la sociedad civil. Solo así lograremos que los poderes del Estado rindan cuentas y respeten nuestros derechos.
El espacio cívico en Guatemala es calificado como “obstruido” por el CIVICUS Monitor.
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