CIVICUS conversa acerca del rol de la sociedad civil y sus expectativas frente a la próxima cumbre climática COP28 con María Reyes, una joven activista por los derechos humanos y ambientales del estado mexicano de Puebla.
María es parte del colectivo Futuros Indígenas conformado por pueblos y juventudes de México y Centroamérica. Participa en la división Sur Global de Fridays for Future (FFF), una organización que lucha por la justicia ambiental y aboga por acción frente a la emergencia climática.
¿Cuáles son los principales problemas ambientales de México?
En términos generales, México es muy vulnerable ante la crisis climática. Un tema central es la escasez de agua, en parte causada por sequías, pero también por problemas de infraestructura, ya que muchas personas no tienen acceso a tuberías de agua potable, y por una muy mala distribución y sobreexplotación de mantos acuíferos por parte de empresas. Si a la sequía existente le sumamos el hecho de que en muchas comunidades hay compañías que consiguen concesiones por medios no legales ni transparentes y se apropian de la poca agua que queda, la situación para la gente se vuelve insoportable.
México es uno de los países más peligrosos para ser activista y defensor ambiental. En el sureste de México hay una red de megaproyectos extractivos transnacionales, como el Corredor Interoceánico y el “Tren Maya”, que además de amenazar al medio ambiente por la tala de árboles y la extracción de agua, desplazan fauna, expropian territorios yrecursos, dañan a los pueblos y cometen violaciones de derechos humanos. Cuando las comunidades locales, y sobre todo las comunidades de pueblos originarios, se oponen a estos megaproyectos que son impuestos en sus territorios, sin ninguna consulta y sin su consentimiento (o con consultas amañadas), resultan criminalizadas.
También ser periodista en México es muy peligroso, porque quienes intentan reportar sobre estos temas corren riesgos. Este es un tema central en la red Futuros Indígenas porque la mayoría de sus integrantes son comunicadoras además de ser defensoras del territorio. Compañeras como Miryam Vargas, en El Telar de la Radio Cholollán, y Wendy Juárez, en el podcast Hablemos de Territorio, reportan sobre procesos territoriales. Ellas están presentes cuando se producen detenciones arbitrarias o cuando se vierten desechos contaminantes en un río, y logran captar imágenes y testimonios para difundirlas. Son cosas que no solemos ver en los medios masivos porque la mayoría son financiados por el gobierno.
Es complejo separar los temas en que trabajamos porque, por ejemplo, cuando trabajamos en un tema ambiental como el del agua, enseguida termina convirtiéndose en un tema de género, ya que las mujeres son las primeras en ser impactadas por la escasez. La lucha por el agua se entonces convierte en una lucha de género y por la independencia económica y la soberanía de las comunidades.
¿Cómo son las relaciones entre los activistas climáticos mexicanos y el gobierno de México?
El activismo ambiental en México está muy polarizado. Yo entré al movimiento en 2019, cuando estaba terminando de estudiar, y para mí los riesgos que enfrenta el activismo en ciertas partes de México eran un tema lejano. Nuestras movilizaciones y demandas eran muy juveniles: se trataba de saltarnos un viernes de clases y armar una protesta en demanda de la declaración de emergencia climática.
Cuando tu activismo se limita a generar conciencia sobre el tema ambiental, el gobierno ni siquiera registra tu existencia, no le interesa. Pero cuando empiezas a tener demandas sobre problemas más estructurales que tocan intereses del gobierno mexicano, ahí sí te empiezan a ver. Esto nos pasó en 2021, cuando se propuso una reforma de la Ley de la Industria Eléctrica que favorecería a las formas de generación de energía más contaminantes, retrasando el cumplimiento de las metas de los Acuerdos de París. Cuando empezamos a denunciar esto y a reclamar por la forma en que se comprometería nuestro derecho humano a un ambiente sano, empezamos a percibir la reacción del gobierno, que incluso nos bloqueó el acceso a ciertos espacios de incidencia.
Aun así, la nuestra seguía siendo una forma de activismo muy segura para el contexto mexicano. Cuando uno realmente se convierte en una amenaza para los intereses del gobierno y no solamente critica a las empresas extractivas sino que también defiende los territorios contra sus actividades, la cosa es diferente.
De ahí que las personas de comunidades originarias sean las que corren mayores riesgos. Muchas de las personas comunicadoras que forman parte de la red de Futuros Indígenas y de la campaña de cambio de narrativas a nivel local han sido criminalizadas, perseguidas y hostigadas en sus hogares y en sus sitios de trabajo. Tal es el caso de los compañeros Mario Quintero y David Hernández Salazar, de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio, amenazados por defender sus territorios de los parques eólicos y el Corredor Interoceánico.
De modo que se observa un escenario polarizado: o tus demandas no son suficientemente radicales y entonces el gobierno no te presta atención, o son demasiado radicales y entonces te tachan de amenaza para la soberanía nacional, te criminalizan e incluso pueden hacerte desaparecer. Tuvimos prueba de ello en noviembre de 2022, cuando un colectivo de activistas hackeó a la Secretaría de Defensa. Siempre se había sospechado que el ejército vigilaba a periodistas y personas defensoras de derechos humanos, y esto se confirmó cuando se filtró una lista de organizaciones y colectivos considerados amenazas para la soberanía y la seguridad nacional. En esta lista figuraban colectivos de pueblos indígenas, grupos feministas y colectivos de madres en busca de sus hijas e hijos desaparecidos junto con organizaciones terroristas como Al Qaeda e ISIS y cárteles de droga.
En suma, poco importa si estamos defendiendo los derechos humanos: si nos convertimos en amenaza para los intereses nacionales nos catalogan al mismo nivel que a los terroristas y el narcotráfico.
¿En qué consiste tu trabajo en Futuros Indígenas y en FFF?
Gran parte de mi activismo climático consiste en construir y visibilizar movimientos. Tras las enormes movilizaciones globales hay muchísimo trabajo logístico, narrativo, comunitario, político y hasta financiero para mantener al movimiento activo y facilitar el trabajo de todos.
Desde 2021 las juventudes mexicanas hemos estado haciendo campaña contra Petróleos Mexicanos (Pemex), la compañía petrolera estatal, tristemente conocida por haber incendiado el Golfo de México hace dos años. Las imágenes de ese incendio en medio del océano fueron impactantes. Integrantes del grupo de Personas y Áreas Más Afectadas (MAPA) de FFF nos hemos movilizado para exponer a Pemex como un criminal climático. Se trata de la novena compañía más contaminante del mundo, por lo que amenaza los compromisos climáticos de nuestro país y nos posiciona en el lugar 14 de los países que más contaminación generan.
El trabajo para cambiar la narrativa sobre la compañía ha sido muy duro debido al halo nacionalista y patriótico que la rodea. Actualmente estamos apelando a los principales financiadores extranjeros de Pemex, que son bancos de Estados Unidos, para que dejen de apoyarla.
A nivel internacional también me organizo con la Alianza No Gubernamental de Juventudes Radicales, que busca incidir en el espacio de la diplomacia climática para empujar visiones de juventudes contra soluciones falsas para la crisis climática, y con la campaña dislocada por la eliminación equitativa de los combustibles fósiles –Equitable Fossil Fuel Phase Out (EFFPO)– impulsada por distintos actores del movimiento juvenil internacional. La idea surgió en junio de 2023, en la pre-COP que se realizó en Bonn, Alemania, cuando varios grupos nos juntamos para unificar nuestras demandas frente a las negociaciones climáticas.
¿Cuáles son las demandas de EFFPO para la COP28?
La campaña tiene tres demandas. La primera se centra en el tema de los combustibles fósiles, que debió haber sido tratado desde la COP1. Es realmente impresionante que no haya ningún tipo de consenso, ni de lenguaje, ni de decisión sobre cómo combatir los combustibles fósiles. Es necesario reconocer que para bajar las emisiones de carbono y las violaciones de derechos humanos de esta industria deben eliminarse los combustibles fósiles, cosa que la presidencia de la COP28 se niega a hacer. En vez de eliminar el problema de raíz, quieren convertirnos en rehenes de los bonos de carbono, la geoingeniería y otras cosas que han probado ser contraproducentes a gran escala.
Luego de 27 COP, todavía no hay ningún lenguaje sobre combustibles fósiles en los documentos oficiales de negociación; el tema ni siquiera está en la agenda. Cuando uno piensa en los Acuerdos de París inmediatamente los vincula con los combustibles fósiles, pero la verdad es que el término no es mencionado, lo que resulta muy conveniente para determinadas delegaciones gubernamentales, porque no les genera obligaciones. Hemos abogado ampliamente para que estos términos se incluyan en el lenguaje de los documentos de negociación oficiales de la COP28, en particular en relación con la eliminación equitativa de los combustibles fósiles. Pero, sinceramente, las cosas no van muy bien: el término “mitigación” ni siquiera apareció en la agenda de la pre-COP.
Nuestra segunda demanda es establecer una política de conflicto de intereses. Representantes de empresas de petróleo y gas participan extraoficialmente en las negociaciones sobre el clima. No tienen título, no aparecen como tales en la lista de asistentes, pero sabemos que están ahí porque los hemos visto aprovechar momentos como la COP y la pre-COP para solicitar reuniones informales con jefes de delegaciones o con el secretariado de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la entidad que organiza la COP. Esta demanda se centra no solamente en establecer una política de conflicto de intereses, sino también en garantizar que la participación de los países en la COP no esté sujeta a financiación de dichos grupos.
Lo que reclamamos es que se excluya a representantes de compañías de petróleo y de gas de los espacios de negociaciones climáticas porque su lobby no ha hecho otra cosa que impedir que las negociaciones adopten medidas necesarias para atajar la crisis climática. Abogamos entonces por un registro obligatorio de las personas que ingresan al espacio y de los intereses que representan, para asegurar que no pongan en jaque a las negociaciones. Es un tema muy fuerte justo ahora, porque el presidente de la COP28 es el CEO de una compañía petrolera. Ello nos habla de un conflicto de intereses gigante.
Por último, reclamamos que la eliminación de los combustibles fósiles tenga lugar mediante una transición energética justa, en la que las cargas y beneficios de las comunidades históricamente marginalizadas sean priorizadas, y que se favorezcan procesos de producción de energía a pequeña escala, en que las comunidades locales sean dueñas de los medios de producción.
El año pasado estuvimos abogando extensivamente por el tema de pérdidas y daños, y gracias a estos esfuerzos el fondo para financiar pérdidas y daños ya es parte de la agenda. Pero ahora queremos verlo operar, y queremos asegurarnos de que funcione bien, es decir, no queremos ver dinero puesto en un fondo que no tenga mecanismos claros de distribución. Hay que asegurar que el dinero vaya directamente a las comunidades afectadas en vez de pasar por las manos de gobiernos corruptos. Nosotros queremos que haya un fondo para pérdidas y daños, pero no necesariamente que ese dinero sea distribuido por el gobierno mexicano, que justo ahora nos está sometiendo a un proceso de militarización.
¿Por qué es tan importante la participación de la sociedad civil en las COP?
Nuestra labor como juventudes organizadas y como sociedad civil es decir lo que nadie más está diciendo y demandar lo que nadie más va a demandar. Si dejamos el tema en manos de los gobiernos, nada va a cambiar. Ya ha habido 27 COP y no han podido llegar a un acuerdo sobre el tema de los combustibles fósiles.
Si nosotros no estamos ahí para posicionar ciertas problemáticas, ciertos temas no se nombran, pasan desapercibidos. Y sin suficiente presión por parte de las comunidades y las juventudes, la COP termina siendo nada más que un festival climático. Sucede que en la COP hay un montón de pabellones y eventos alternativos que, si bien son espacios importantes para generar participación de la sociedad civil, nos distraen de lo más importante, que es lo que ocurre entretanto en las salas de negociaciones. Por eso, llegar a la COP no es suficiente: necesitamos estar dentro de las salas de negociaciones. Tenemos que asegurarnos de que la COP no se convierta en una farsa, y para eso no alcanza con estar llenando espacio.
¿Crees que la COP28 ofrecerá suficiente espacio a la sociedad civil?
Venimos con la experiencia de la COP27 en Egipto, donde no hubo ese espacio. No había sitio donde pudiéramos juntarnos y tener conversaciones sobre temas un poco más radicales o manifestarnos en formas más confrontativas, porque la vigilancia omnipresente, a la que estaban sometidos sobre todo los activistas de la región, lo volvían muy riesgoso.
Lamentablemente creemos que este año será igual, y que no tendremos oportunidades de manifestarnos fuera de la conferencia. Dentro de la conferencia sí que lo hicimos el año pasado: organizamos plantones y protestas y seguramente lo haremos de nuevo, pero definitivamente no creo que dentro de la COP existan espacios donde podamos tener las conversaciones que hacen falta, espacios menos formales y menos institucionales para aprovechar el hecho de que estamos todos en Dubái para la COP. Eso me parece incluso más grave que el no poder protestar, porque logran aislarnos a unos de otros y desarticularnos.
En todo caso, se trata también de una oportunidad para abrirnos a otras formas de activismo. Hasta ahora hemos utilizado mucho la estrategia de las grandes movilizaciones, pero hemos dejado en el camino a nuestros compañeros activistas que están en contextos más opresivos y no pueden replicar esas tácticas. Espero entonces que la COP sea una oportunidad para afianzar colaboraciones y redes con grupos de activistas de aquella parte del mundo.
¿Cuáles son tus expectativas en cuanto a los resultados de la COP28?
Esta va a ser mi tercera COP y he aprendido a apreciar las negociaciones de Naciones Unidas no por lo que son en sí mismas sino por sus beneficios colaterales u ocultos. Ya no voy a la COP creyendo que vamos a lograr algo a través de la agenda oficial: en eso no tengo ninguna esperanza. Más bien la veo como una especie de tablero de ajedrez en el cual hay distintos actores, recursos y narrativas, y depende de nosotros posicionarnos en ese espacio para empujar nuestras estrategias. Es un espacio caótico del cual puedes aprovecharte si tienes una visión y una estrategia claras.
Es muy triste y desgastante que así sea, pero después de dos pre-COP y dos COP entiendo que el sistema tradicional de las negociaciones climáticas simplemente no funciona al nivel que debería funcionar para combatir los impactos de la crisis climática que estamos experimentando.
Para un movimiento climático de jóvenes que desea crecer como movimiento y fortalecer colaboraciones, las COP, y especialmente esta que se desarrollará en los Emiratos Árabes Unidos, no es el mejor lugar para estar, porque la participación de sociedad civil será muy restringida y nuestras conversaciones seguramente serán constantemente vigiladas. Es un espacio, además, extremadamente caro. Con el mismo dinero que necesitamos reunir para llevar una delegación de 20 o 30 personas podríamos estar organizando un gran encuentro en otra parte del mundo para continuar construyendo el movimiento, teniendo conversaciones horizontales y honestas y afianzando nuestras relaciones y alianzas.
El espacio cívico en México es calificado como “represivo” por el CIVICUS Monitor.
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