CIVICUS conversa sobre las recientes elecciones de Venezuela con Luz Mely Reyes, directora general del medio digital venezolano Efecto Cocuyo. Fundado en 2015 por un grupo de mujeres periodistas, Efecto Cocuyo inició su labor periodística en Twitter. Actualmente es una plataforma digital de información independiente que ofrece capacitación para periodistas y profesionales de la comunicación, así como canales de verificación de datos. Su equipo integra la Iniciativa de Democracia Digital de CIVICUS.
Las elecciones presidenciales del 28 de julio fueron las primeras en muchos años en las que pareció haber una oportunidad real de transición democrática. Pese a las sucesivas proscripciones, la oposición se unió tras una candidatura única. Aunque el gobierno negó el derecho de voto a la abrumadora mayoría de los varios millones de venezolanos exiliados, las encuestas de boca de urna indicaron una victoria abrumadora de la oposición. El partido gobernante, sin embargo, se apresuró a declararse ganador sin aportar ninguna evidencia. Centenares de miles salieron a las calles a protestar mientras, por primera vez, los aliados usuales del gobierno venezolano suspendieron el reconocimiento de los resultados a la espera de la publicación de los datos. El desenlace sigue siendo incierto.
¿Qué expectativas generaron estas elecciones?
La expectativa principal era que condujeran a una transición ordenada y negociada. Preveíamos que el candidato de la oposición podría emerger como el claro vencedor, pero sabíamos que el verdadero desafío sería que esa victoria fuese reconocida.
Sin embargo, la realidad ha sido muy distinta de lo esperado. El gobierno se ha negado a presentar los resultados según lo establece la ley, generando serias dudas sobre su veracidad y alimentando cuestionamientos sobre la integridad del proceso electoral. Como prueba, la oposición ha presentado las actas —documentos públicos emitidos al cierre de las mesas de votación— a las que ha tenido acceso. Debido a esta falta de transparencia, observadores independientes como el Centro Carter descalificaron las elecciones como no democráticas.
El gobierno ha reaccionado de forma represiva, activando aplicaciones móviles para denunciar focos de manifestación y arrestando a una gran cantidad de personas, muchas de las cuales se encuentran en condición de desaparición forzosa, ya que sus familiares no han podido localizarlas. Para el 31 de julio ya se habían contabilizado 16 muertos. Esto ha alejado cada vez más la perspectiva de una transición democrática.
¿Cómo trabajaron la oposición y la sociedad civil para monitorear la elección?
Organizaciones defensoras de derechos humanos y medios de comunicación independientes llevaron a cabo un monitoreo exhaustivo del proceso electoral, a pesar de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) se negó a darles acreditación oficial. Estas organizaciones realizaron una verificación en diversas regiones de Venezuela para asegurar que, al menos durante el día de la elección, se respetaran los estándares mínimos de libre participación y tránsito. Identificaron un patrón de irregularidades que luego incorporaron a sus denuncias sobre el desempeño del CNE y del plan República, el despliegue militar que se realiza durante las elecciones para garantizar el orden y la seguridad.
Los partidos políticos opositores se organizaron en la plataforma encabezada por María Corina Machado, la principal líder de la oposición y uno de los políticos a los que se prohibió presentarse como candidato presidencial. El día de las elecciones observaron la votación y realizaron conteos rápidos para estimar los resultados. Lograron obtener y digitalizar el 80% de las actas de votación, que han publicado en un sitio web de acceso público para dar transparencia a los resultados, que evidentemente los favorecen.
¿Cuáles han sido las reacciones internacionales frente a estos resultados?
Las reacciones internacionales han sido variadas y, en términos generales, insuficientes para ayudar a resolver la situación.
Una reacción particularmente importante fue la del presidente chileno de izquierda, Gabriel Boric, que en la misma noche de las elecciones declaró que la falta de cumplimiento de la normativa dificultaba la verificación y credibilidad de los resultados. Su pronunciamiento impulsó a otros gobiernos a exigir la publicación detallada de los resultados de acuerdo con lo que establece la ley.
Sin embargo, da la impresión de que la comunidad internacional no ha comprendido plenamente la magnitud de la ruptura constitucional y la destrucción de la institucionalidad que ha experimentado Venezuela. Las reacciones internacionales se han limitado a exigir la publicación de las actas en lugar de los resultados completos, que es lo que exige la ley. Además, el procedimiento legal para impugnar los resultados ante el CNE el Tribunal Supremo es prácticamente inútil, dado que ambos órganos están cooptados por el poder ejecutivo.
Dos días después de las elecciones, en un discurso en cadena nacional el presidente Nicolás Maduro lanzó amenazas contra los manifestantes y convocó a los líderes de todos los poderes a validar los resultados cuestionados. Calificó a los manifestantes de drogadictos y los acusó de recibir sobornos para participar en las protestas. Además, amenazó con encarcelar a Machado y al candidato presidencial opositor, Edgardo González Urrutia, mencionando la posibilidad de encerrarlos por hasta 15 años sin un proceso judicial adecuado. Esto refleja hasta dónde está dispuesto a llegar el gobierno y subraya la necesidad de una respuesta internacional más contundente y coordinada.
¿Cuáles son los posibles escenarios que se abren ahora?
Todos los escenarios posibles son extremadamente complicados. El gobierno ha cerrado la única vía institucional disponible, el reconocimiento de los resultados electorales. La falta de institucionalidad democrática y la represión de las protestas han dejado a la oposición sin el mínimo espacio para actuar. Además de ordenar la detención de manifestantes y amenazar a líderes opositores, el gobierno ha roto relaciones diplomáticas con cinco países y hostigado a dirigentes opositores refugiados en embajadas.
Frente a esta situación, la sociedad civil y los medios independientes deben concentrarse en publicar información y orientar a la población sobre los eventos en curso. Los partidos políticos deberán tomar decisiones estratégicas para responder de manera organizada al atrincheramiento del gobierno. La coordinación y la adaptación serán cruciales para enfrentar la represión y buscar una salida a la crisis.
¿Qué tendría que ocurrir para que Venezuela pueda transitar hacia la democracia?
Para lograr un cambio, las fuerzas democráticas deben unirse en defensa de la Constitución y la institucionalidad, trabajando en estrecha colaboración con las organizaciones de la sociedad civil que, a pesar de enfrentar numerosos desafíos, siguen desempeñando un papel crucial. La comunidad internacional debe brindarles un apoyo sólido y coordinado.
Es esencial mantener abiertos los canales de negociación con el gobierno, y las organizaciones de izquierda democrática podrían funcionar de intermediarias. Las organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos deberían desarrollar planes de apoyo para sus contrapartes en Venezuela y establecer protocolos de acogida para personas defensoras de derechos humanos y periodistas que necesiten refugio en otros países. Actualmente no hay vías para que los venezolanos obtengan justicia a través de las instancias nacionales, especialmente en lo que respecta a violaciones de derechos motivadas políticamente.
El espacio cívico en Venezuela es calificado como “cerrado” por el CIVICUS Monitor.
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