Soy abogada de derechos humanos en Irán y he realizado una amplia labor de protección y defensa de los derechos de las mujeres, de los niños y de las personas defensoras de los derechos humanos en Irán. Ya había sido detenida previamente, el 4 de septiembre de 2010, cuando representaba a Zahra Bahrami, una ciudadana holandesa-iraní acusada de delitos contra la seguridad. Me acusaron de difundir propaganda y de conspirar contra la seguridad del Estado. El 9 de enero de 2011, fui condenada a 11 años de prisión y fui excarcelada el 18 de septiembre de 2013, unos días antes de que el presidente iraní interviniera en las Naciones Unidas.

Fui detenida de nuevo el 13 de junio de 2018 y condenada a una pena combinada de 38 años de prisión por siete cargos: reunión y conspiración contra la seguridad nacional; propaganda contra el Estado; pertenencia al Centro de Defensores de los Derechos Humanos, al grupo Legam (contra la pena capital) y al Consejo Nacional de la Paz; incitación a la corrupción y a la prostitución; comparecencia en el poder judicial sin hiyab islámico; perturbación de la paz y el orden públicos, y publicación de falsedades con el propósito de perturbar la opinión pública. Llevo desde octubre de 2020 detenida en la prisión de Qarchak, que está masificada y tiene graves problemas sanitarios y estructurales. La falta de acceso a la atención sanitaria y la falta de alimentos nutritivos a la que me enfrento es recurrente, lo que complica aún más mi salud, que se ha deteriorado considerablemente desde mi detención.El pasado 11 de agosto de 2020, inicié una huelga de hambre y publiqué una carta exigiendo la liberación de los presos políticos. El 17 de agosto de 2020, mi hija Mehraveh Khandan, de 20 años, fue detenida y encarcelada durante varias horas para forzarme a abandonar la huelga de hambre.

Salí en libertad provisional el 7 de noviembre de 2020, ya que había entrado en contacto con el virus COVID-19, pero el 2 de diciembre de 2020 me devolvieron a la cárcel. También mi marido, Reza Khandan, ha sido perseguido por desafiar las leyes sobre el uso obligatorio del velo y ha sido condenado a seis años de prisión en un fallo que puede aplicarse en cualquier momento. El 9 de febrero de 2021, sus cuentas bancarias fueron congeladas. Mi detención, condena y los ataques a mi familia son una muestra del carácter represivo de las leyes y costumbres de Irán.

El CIVICUS Monitor califica el espacio cívico de Irán como “Cerrado”

Somos diputados de la última monarquía absoluta de África, Eswatini. Fuimos detenidos en la noche del 25 de julio de 2021, durante la oleada de protestas que reclamaban reformas políticas.

Fuimos detenidos en medio de una ola de intensas protestas que se extendieron por toda nuestra nación, en las que se pedían reformas políticas que se esperaban desde hacía mucho tiempo. El detonante de estas manifestaciones en favor de la democracia y contra la policía fue el trágico e inexplicable fallecimiento de Thabani Nkomonye, estudiante de Derecho de 25 años, presuntamente a manos de las mismas autoridades que debían proteger a nuestro pueblo. Como respuesta, las protestas públicas se multiplicaron y más de 1.000 personas, entre ellas nosotros, fueron detenidas. El gobierno respondió con mano de hierro, tratando de acallar las voces que pedían un cambio.

Las ansias de cambio fueron in crescendo hasta desembocar en lo que se ha dado en llamar la "revolución de invierno". Los periodistas fueron blanco de ataques y las calles se convirtieron en campos de batalla, mientras los ciudadanos que exigían reformas gubernamentales y monárquicas se enfrentaban a las fuerzas del orden. En medio de esta agitación, nos encontramos encarcelados durante casi dos años, de forma arbitraria e injusta.
El 1 de junio de 2023, nos enfrentamos a un juicio y un veredicto profundamente irregulares. Nos acusaron de "terrorismo, sedición y asesinato", cargos que negamos rotundamente, y ahora nos enfrentamos a la posibilidad de pasar más de dos décadas entre rejas. ¿Nuestro delito? Representar a nuestros votantes y atrevernos a defender reformas políticas y de derechos humanos fundamentales en nuestro país. El hecho de reclamar la revisión de un intrincado sistema electoral que ahoga a la oposición nos ha colocado en esta precaria situación.

Durante el tiempo que hemos permanecido detenidos, hemos soportado condiciones deplorables, malos tratos físicos y privación de derechos esenciales. Se nos ha denegado el acceso a representación legal y atención médica, despojándonos de nuestra humanidad básica.

Nos encontramos encarcelados en condiciones que desafían la dignidad humana, enfrentándonos a un futuro cargado de incertidumbre. En nuestra petición de justicia, les rogamos que sean testigos de nuestro calvario. Les instamos a que se movilicen en favor de nuestra liberación, a que amplifiquen nuestra petición de justicia y a que llamen la atención sobre la difícil situación de nuestros conciudadanos.

El CIVICUS Monitor califica el espacio cívico de Eswatini como “Represivo”

Pide nuestra liberación en la sección ACTÚA de la parte inferior.

Soy abogado independiente especializado en derechos humanos y resido en Tayikistán. Mi andadura en el campo del derecho comenzó cuando trabajé como investigador en el Departamento de Asuntos Internos de Dushanbe durante mis primeros años. Tras licenciarme en Derecho en 1997, dediqué casi una década a trabajar como asesor jurídico en la oficina de asistencia jurídica del distrito de Shohmansur de Dushanbe, defendiendo la justicia y la equidad.

En septiembre de 2015, mi vida dio un giro drástico. Fui detenido y sometido a una campaña de persecución selectiva. ¿El motivo? Mi compromiso inquebrantable de representar a clientes marginados políticamente, incluidos miembros del partido ilegalizado de la oposición, el Partido del Renacimiento Islámico de Tayikistán (IRPT, por sus siglas en inglés). Mi labor de defensa se extendió también a la denuncia de las presuntas torturas sufridas por uno de mis clientes durante su detención preventiva. A pesar de la persistente presión del gobierno para que abandonara estos casos, me mantuve firme en mi búsqueda de justicia. Fue esta determinación la que condujo a mi detención, por cargos de falsificación, fraude, incitación a la hostilidad y extremismo.

El juicio posterior, viciado por graves irregularidades y celebrado a puerta cerrada, no cumplió las normas de imparcialidad defendidas por la comunidad internacional. En octubre de 2016 me condenaron a 23 años de prisión. Sorprendentemente, mi condena aumentó a 28 años como consecuencia de nuevos cargos por motivos políticos presentados contra mí. No fue hasta octubre de 2019 cuando mi condena se redujo en seis años, debido a una amnistía masiva iniciada por el gobierno.

A lo largo de mi tiempo en prisión, he sufrido horrores indescriptibles. Casos de tortura y malos tratos, como palizas graves que requirieron hospitalización, han puesto a prueba mi resistencia. Además, he sido sometido a periodos de aislamiento, que creo firmemente que han sido una represalia por mis esfuerzos por denunciar los malos tratos infligidos a otros presos. La comunidad internacional tomó nota, y el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria emitió un dictamen rotundo en mayo de 2019, afirmando que mi detención es tanto arbitraria como una grave violación del derecho internacional de los derechos humanos.

El 10 de julio de 2023, el tribunal de la ciudad de Vahdat me impuso una condena adicional de 10 años que se sumó a la que ya tenía, acusándome esta vez de fraude a gran escala. El juicio se celebró en secreto, sin presencia de representación letrada. La decisión del tribunal ordenaba que los dos primeros años de esta nueva condena se cumplieran en una prisión de régimen cerrado, seguidos de ocho años en una prisión situada en la región de Yavan.

Con el fin de difundir mi injusta situación, mi familia ha creado una fundación en mi nombre. La situación sigue siendo desalentadora, ya que en marzo de 2023 Tayikistán fue rebajado a la categoría de "cerrado" en el CIVICUS Monitor.

Te ruego que seas testigo de mi suplicio y te sumes a la petición de mi liberación. Vuestro apoyo puede suponer una diferencia decisiva.

Participa en la sección "ACTÚA" que aparece más abajo para contribuir a la búsqueda de justicia.

Soy Virginia Laparra, ex fiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) de Quetzaltenango, Guatemala. En mi rol de ex fiscal de la FECI, llevé a cabo investigaciones a gran escala sobre corrupción y delincuencia.

El procedimiento penal iniciado en mi contra comenzó en 2018, tras denunciar a un juez ante la Junta disciplinaria del Organismo Judicial por posible conducta improcedente como juez en ejercicio. En represalia, este mismo juez presentó dos denuncias penales contra mí.

Me detuvieron cuando salía del trabajo el 23 de febrero de 2022 y estuve en prisión preventiva injustamente durante nueve meses en una celda de seis metros cuadrados en Mariscal Zavala, en unas condiciones de detención incompatibles con la dignidad humana. Mariscal Zavala es una prisión militar para poderosos, donde cumplen condena algunos de los delincuentes a los que procesé. Se me acusó de abuso continuado de autoridad, delito por el que me enfrento a una pena de hasta nueve años de prisión.

El 16 de diciembre de 2022, tras un juicio inusualmente rápido de 18 días, fui condenada a cuatro años de prisión. Me puse a llorar cuando oí la sentencia. Haciendo un comentario a un periodista, dije: "Esto es una aberración jurídica y un precedente terrible, ningún fiscal se atreverá a volver a presentar un caso".

Es imperdonable que las más altas autoridades guatemaltecas hayan permitido que este caso sea instrumentalizado por quienes se oponen a la lucha contra la impunidad y la corrupción. Desde el final del mandato de la CICIG, en 2019, más de 25 personas que trabajaban en el sistema judicial viven en el exilio.

El CIVICUS Monitor clasifica a Guatemala como país represivo.

Exige mi liberación en el apartado ACTÚA que aparece a continuación

Como ex presidente del “Bahrain Centre for Human Rights” y cofundador del “Gulf Centre for Human Rights”, he pasado mi vida defendiendo la democracia y la libertad. Ahora estoy encerrado: mi labor de defensa pacífica me ha llevado a la cárcel.

En febrero de 2011 se multiplicaron en Bahréin las protestas a favor de la democracia, empezando por la capital, Manama. Muchas de las manifestaciones fueron brutalmente reprimidas por las autoridades, casi 100 personas fallecieron y miles fueron detenidas, yo fui uno de los detenidos.

Formé parte de los "Bahrain 13", un grupo de destacados activistas y líderes de la oposición detenidos tras reclamar derechos civiles y políticos durante el levantamiento popular de 2011. El 22 de junio de 2011, un tribunal bahreiní me condenó a cadena perpetua bajo cargos falsos en un juicio que muchas personas han considerado injusto.

La tortura, los abusos físicos y sexuales o el aislamiento, son algunas de las formas de castigo que las autoridades han empleado durante mi estancia en prisión. El personal de seguridad ha llegado a amenazar sexualmente a mi mujer y a mi hija, pero los responsables de mis abusos nunca han rendido cuentas. He hecho repetidas huelgas de hambre para protestar por mi detención y las condiciones que me obligan a soportar. Mi salud se está deteriorando y el entorno de la prisión me hace correr el riesgo de contraer el COVID-19.

En 2021 cumpliré una década de encarcelamiento.

Y el 5 de abril de 2021 cumpliré 60 años en prisión, separado de mi familia y amigos.

No quiero pasar otra década encarcelado, así que te pido que te conviertas en mi testigo. Utiliza tu voz.

El espacio cívico de Bahréin está clasificado como “cerrado” por el CIVICUS Monitor.

Soy abogado de derechos humanos, defensor contra las injusticias y Director de la Asociación de Abogados de Pamir (LAP), una de las pocas organizaciones de la sociedad civil en la Región Autónoma de Gorno-Badajshan (GBAO) que defiende los derechos humanos. También soy miembro de varias plataformas que defienden los derechos humanos, como la Coalición de la Sociedad Civil contra la Tortura y la Impunidad, el Consejo Público para la Reforma Policial y la Coalición por el Derecho a la Vivienda, Kholiqnazarov.

El 9 de diciembre de 2022, el Tribunal Supremo de Tayikistán me declaró culpable de participar en una organización criminal y en las actividades de una organización prohibida, y me condenó a 16 años de prisión. Fui detenido inicialmente el 28 de mayo de 2022 y mi juicio comenzó el 20 de septiembre del mismo año. Permanecí recluido a puerta cerrada en un centro de detención del Comité Estatal para la Seguridad Nacional (SCNS) en Dusanbé.

Fui detenido por mi participación en las actividades de la "Comisión 44", una comisión formada por representantes de la sociedad civil y por cuerpos y fuerzas de seguridad encargada de investigar los acontecimientos que rodearon las protestas de noviembre de 2021 por la ejecución extrajudicial de un joven, Gulbiddin Ziyobekov. Formé parte del equipo de investigación conjunta, liderado por la Fiscalía General. También trabajé con víctimas del uso indiscriminado de armas de fuego por parte de las fuerzas de seguridad durante las protestas.

En mayo de 2022 hubo una nueva represión de las protestas en los distritos de Khorog y Rushan (GBAO). Fui detenido junto con una docena de miembros de la "Comisión 44" y acusado de participar en una asociación criminal y de hacer un llamamiento público pidiendo un cambio violento del orden constitucional.

El 21 de octubre de 2022, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los Defensores de los Derechos Humanos envió una comunicación al gobierno de Tayikistán en la que expresaba su preocupación por mi presunta detención arbitraria y la de mis colegas.

A pesar de todos los recursos presentados, fui condenado a 16 años de prisión el 9 de diciembre de 2022.

Desde marzo de 2023, el CIVICUS Monitor califica el espacio cívico de Tayikistán como "Cerrado".

Pide mi liberación en la sección ACTÚA, más abajo.

Somos miembros del Centro de Derechos Humanos Viasna (Viasna), una organización defensora de los derechos humanos con sede en Bielorrusia. Esta es nuestra situación:

Ales Bialiatski, presidente de Viasna. Me detuvieron el 14 de julio de 2021 y me acusaron de «evasión fiscal» cuando, en realidad, era por haber ayudado a las víctimas de la represión política. Si me declaran culpable, me podrían condenar a siete años de prisión.

Valiantsin Stefanovich, miembro de la Junta Directiva de Viasna y vicepresidente de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH). Me detuvieron el 14 de julio de 2021 y estoy en prisión preventiva desde entonces. Me acusaron de «evasión fiscal» y de «preparación o participación activa en acciones que atentan contra el orden público». Estas acusaciones parecen ser una represalia del Gobierno por mis numerosos años de trabajo a favor de los derechos humanos.

Uladzimir Labkovich, abogado de Viasna y codirigente de la iniciativa para la observación electoral Human Rights Defenders for Free Elections. Me detuvieron junto con mi esposa el 14 de julio de 2021, después de que registraran nuestro apartamento, y luego me pusieron en prisión preventiva, a la espera de un juicio con motivaciones políticas. Me acusan de «evasión fiscal» y de «preparación o participación activa en acciones que atentan contra el orden público». Si me declaran culpable, me podrían condenar a siete años de prisión.

Marfa Rabkova, coordinadora de la red de voluntarios de Viasna. Me detuvieron el 17 de septiembre de 2020 y estoy en prisión preventiva desde entonces. Me acusan de once «crímenes», entre ellos, «formación y preparación de personas para que participen en disturbios multitudinarios», «incitación en grupo a la discordia o al odio racial, social, nacional, religioso o de otro tipo» y «pertenencia a una organización delictiva». Me podrían condenar a veinte años de prisión.

Andrei Chapiuk, voluntario de Viasna en Minsk. Me detuvieron el 2 de octubre de 2020 y me acusaron de «participación en disturbios multitudinarios». Me podrían condenar a siete años de prisión.

Leanid Sudalenka, director de la sucursal de Viasna en Homieĺ. Me detuvieron el 18 de enero de 2021 de camino a la oficina. Mi «delito» fue haber ofrecido asistencia jurídica a decenas de habitantes de la región de Homieĺ que habían sido detenidos y acusados por su participación en las manifestaciones que se produjeron después de las elecciones. El 3 de noviembre de 2021 me condenaron a tres años de prisión.

Tatsiana Lasitsa, voluntaria de la sucursal de Viasna en Homieĺ. Me detuvieron el 12 de enero de 2021 y me acusaron de «organización o participación en acciones en grupo que atentan contra el orden público». El 3 de noviembre de 2021 me condenaron a dos años y medio de prisión.

En Bielorrusia, el Gobierno silencia de forma sistemática las voces de la sociedad civil. El 16 de febrero de 2021, agentes del orden allanaron las oficinas de Viasna en Minsk, Homieĺ, Mahilioŭ, Viciebsk, Brest y en otras ciudades, y abrieron una investigación penal sobre las actividades de Viasna.

Bielorrusia figura en la Lista de Vigilancia de CIVICUS como un Estado que suscita serias preocupaciones en cuanto al ejercicio de las libertades cívicas.

Asimismo, el CIVICUS Monitor califica el espacio cívico de Bielorrusia como cerrado.

Pida nuestra liberación desde la sección ACTÚA que encontrará más abajo.

Soy Kenia Hernández, coordinadora del Colectivo Zapata Vive, un movimiento campesino que defiende los derechos a la tierra, la identidad colectiva y promueve diferentes formas de resistencia pacífica frente a los modelos de desarrollo desfavorables impuestos por el Estado mexicano. También lidero el Movimiento Nacional por la Libertad de los Presos Políticos.

Soy abogada de derechos humanos de Egipto. He formado parte del Consejo Nacional de Derechos Humanos de Egipto y, de 2012 a 2013, también fui miembro del parlamento egipcio. He ocupado otros cargos, entre ellos el de portavoz de la Coalición Revolucionaria de Mujeres de Egipto, un grupo islamista que se opuso a la destitución del expresidente Mohamed Morsi. Asimismo, he representado a Egipto en convenciones y declaraciones internacionales sobre los derechos de las mujeres y los niños. 

Soy Khurram Parvez, defensor de los derechos humanos cachemir. Actualmente, soy coordinador de programas de la Coalición de la Sociedad Civil de Jammu y Cachemira (JKCCS) y presidente de la Federación Asiática contra la Desaparición Involuntaria (AFAD). Estas organizaciones han estado documentando graves violaciones de los derechos humanos durante dos décadas, como desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, en la región de Jammu y Cachemira administrada por la India.

Me llamo Kamira Nait Sid, soy una mujer amazig de Argelia y una firme defensora de la lengua, la cultura y la identidad amazig. Desempeñé mi labor reivindicativa desde la Asociación de Mujeres de Cabilia, donde también planteé cuestiones fundamentales sobre los derechos de las mujeres. 

Soy abogada y defensora de los derechos humanos de la mujer (DDHM) de Hong Kong. He abogado por la protección y promoción de los derechos laborales y de las personas defensoras de los derechos humanos perseguidas en la China continental. Fui vicepresidenta de la ahora desaparecida Alianza de Hong Kong en Apoyo a los Movimientos Patrióticos y Democráticos de China (la Alianza de Hong Kong o HKA, por sus siglas en inglés ), un grupo de incidencia de base formado en 1989 en Hong Kong para hacer campaña por la liberación de los presos políticos y las reformas democráticas en China, así como por la rendición de cuentas por las ejecuciones extrajudiciales y demás violaciones cometidas por las autoridades chinas durante la represión letal de las protestas prodemocráticas en Tiananmén, Pekín, en junio de 1989. Como abogada en Hong Kong, también presté asistencia jurídica a los activistas y manifestantes pacíficos que fueron objeto de acciones policiales y judiciales por participar en actividades prodemocráticas.