Soy abogada de derechos humanos y me ocupo principalmente de la protección de los derechos del pueblo adivasi (indígena) en el estado de Chattisgarh. También he sido secretaria general de la Unión Popular de Libertades Civiles de Chattisgarh.

Fui detenida en agosto de 2018 y se me acusa de incitar a los dalits a participar en una reunión pública con otros 10 defensores de los derechos humanos, lo que provocó actos de violencia en la aldea de Bhima Koregaon, en el distrito de Pune, Maharashtra, el día 1 de enero de 2018. De acuerdo con la Ley de Prevención de Actividades Ilegales (UAPA), se nos acusó a otras diez personas y a mí entre junio y agosto de 2018. Los otros son Surendra Gadling, Rona Wilson, Shoma Sen, Sudhir Dhawale, Mahesh Raut, Vernon Gonsalves, Arun Ferreira, Varavara Rao, Gautam Navlakha y el Dr. Anand Teltumbde. Todos ellos están actualmente detenidos. La policía alegó entonces que los defensores de los derechos humanos teníamos vínculos con "organizaciones ilegales".

Estoy detenida en la Prisión de Mujeres de Mumbai Byculla, donde una reclusa dio positivo en un test de coronavirus. Soy am diabética y sufro de hipertensión<.a>. Solicito al Tribunal Superior que me libere bajo fianza después de que el Tribunal Especial de la NIA en Mumbai haya rechazado mi apelación el 29 de mayo de 2020.

En diciembre de 2019, el CIVICUS Monitor rebajó a la India de la categoría de "obstruida" a la de "reprimida" debido a la mayor restricción del espacio para la disidencia en 2019 y especialmente después de la reelección del Primer Ministro Narendra Modi en mayo de 2019.

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Tengo 62 años y soy defensora de los derechos humanos en Filipinas. He dedicado mi vida a la protección de los más pobres y marginados. Defiendo su derecho a la salud y a otros servicios sociales básicos. Soy miembro de la secretaría de la Unión de Defensores del Pueblo en Mindanao - sección de Cagayan de Oro y coordinadora en Mindanao del Norte para Karapatan, un importante grupo de defensa de los derechos humanos.

Estuve entre las personas arrestadas sólo dos días después de que el país fuera puesto en cuarentena por la pandemia de COVID-19. El 15 de marzo me arrestaron en Lanao del Sur, en la isla meridional de Mindanao, el ejército filipino y la policía nacional por secuestro, detención ilegal grave e incendio provocado destructivo. La policía dijo que soy miembro del Nuevo Ejército Popular, un grupo rebelde armado asociado con el Partido Comunista de Filipinas.

Fui acusada junto con otras 554 personas de estar involucrada en un ataque contra el ejército con base en Agusan del Sur en diciembre de 2018. Según los grupos de derechos humanos, se acusa también a otras personas de estar involucradas, entre ellas activistas y periodistas de Caraga y del norte de Mindanao, así como monjas, un abogado y empleados del sector público.

Después de mi arresto, me presentaron en los medios como una " alta funcionaria del Partido Comunista". Sigo detenida en la Prisión Provincial de Agusan del Sur, en condiciones de hacinamiento y falta de higiene que ponen mi vida en peligro inminente, dados mis graves problemas respiratorios. Se me ha negado la visita de mi abogado y de mi familia y estoy exhausta porque me han asignado la limpieza de los baños comunitarios.

El CIVICUS Monitor, una plataforma de seguimiento en línea, considera que el espacio cívico filipino está "obstruido". El país fue incluido en la lista de vigilancia del espacio cívico en junio de 2020.

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Soy un abogado independiente de derechos humanos en Tayikistán. El 28 de septiembre de 2015, fui arrestado en el curso de mis deberes profesionales mientras representaba a los miembros del partido proscrito de la oposición, el Partido del Renacimiento Islámico de Tayikistán (IRPT). También hablé de la supuesta tortura de uno de mis clientes mientras estaba en prisión preventiva. El gobierno me había pedido repetidamente que cerrara el caso, pero me negué a hacerlo. Fui acusado de falsificación, fraude, incitación a la hostilidad y al extremismo nacional, racial, local o religioso.

Tras una investigación penal gravemente defectuosa, en un juicio a puerta cerrada que no cumplió con las normas internacionales de justicia, fui condenado en octubre de 2016 a 23 años de prisión. Mi sentencia fue incrementada a 28 años tras la presentación de nuevos cargos por motivos políticos en mi contra. En octubre de 2019, mi sentencia se redujo en seis años como parte de la amnistía masiva del gobierno.

Actualmente estoy detenido en la colonia penitenciaria de régimen estricto No. 1 en Dushanbe. Estoy encarcelado con presos comunes, lo cual es un riesgo adicional porque trabajé como policía antes de convertirme en abogado. Este hecho supone una amenaza adicional a mi vida, especialmente por parte de los prisioneros que saben que soy un ex oficial de policía.

Durante mi encarcelamiento, fui sometido a torturas y malos tratos, incluyendo severas palizas que requirieron hospitalización. También me pusieron en aislamiento en varias ocasiones, algo que creo que está relacionado con mis esfuerzos por llamar la atención sobre los malos tratos a los prisioneros. Después de numerosas quejas sobre mi situación, la Oficina del Ombudsman de Tayikistán prometió investigar y llevar a los autores ante la justicia.

En mayo de 2019, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria emitió su opinión, concluyendo que mi detención es arbitraria y viola las leyes internacionales de derechos humanos.El 29 de abril de 2020, mis parientes expresaron su preocupación por el deterioro de mi salud, ya que sufría de una fiebre alta relacionada con los síntomas del COVID-19. Sin embargo, el Gobierno de Tayikistán respondió al COVID-19 negándolo y ocultándolo, y el Departamento de Ejecución de Penas del Ministerio de Justicia negó que tuviera ningún problema de salud. Me temo que la segunda ola del virus COVID-19 ha comenzado en la prisión y estoy en riesgo de reinfección, con poca disponibilidad para recibir tratamiento médico en la prisión como he visto con otros prisioneros políticos.

Para dar a conocer mi caso, mi familia ha creado una fundación en mi nombre. Tayikistán está clasificado como "represivo" por CIVICUS Monitor.

A mis 66 años me dedico a la defensa de los derechos humanos en Pakistán. Soy miembro de la sociedad civil pakistaní y punto focal del Foro de ONGs de Pakistán (PNF), un organismo que reúne a cinco redes de organizaciones de la sociedad civil de Pakistán. Pertenezco desde hace tiempo al Grupo de Afinidad de Asociaciones Nacionales (AGNA) de CIVICUS, una red de asociaciones nacionales y plataformas regionales de todo el mundo.

Me arrestaron el 2 de febrero de 2021 en el tribunal antiterrorista-III de Peshwar después de que se anulara mi libertad condicional previa a la detención por un caso con el Departamento de Lucha contra el Terrorismo (CTD). Permanecí incomunicado durante un tiempo breve antes de ser detenido en la comisaría del Departamento de Lucha contra el Terrorismo de Peshwar. Mi esposa Uzlifat Ismail y yo estamos actualmente acusados infundadamente de terrorismo, sedición y conspiración. Se nos acusa en represalia por mis críticas a las violaciones de los derechos humanos en Pakistán y por el trabajo en favor de los derechos humanos de mi hija Gulalai Ismail, y está relacionada con la persecución que el Estado ha ejercido contra ella. Gulalai ha sido perseguida por las autoridades a raíz de su defensa pacífica de los derechos de las mujeres y las niñas y de la lucha por poner fin a las violaciones de los derechos humanos de la etnia pastún en Pakistán. Se ha visto obligada a huir del país porque temía por su seguridad.

Antes de ser arrestado, mi familia y yo sufrimos sistemáticamente el acoso y la intimidación de las fuerzas de seguridad. En octubre de 2019, unos hombres desconocidos me secuestraron por la fuerza en el Tribunal Superior de Peshwar y me detuvieron en la Unidad de Ciberdelitos de la Agencia Federal de Investigación. Me concedieron la libertad condicional tras pasar un mes detenido. Durante la pandemia de Covid-19, me obligaron a asistir a numerosas vistas en los tribunales, muchas de las cuales eran constantemente aplazadas. Mi mujer y yo nos contagiamos de Covid-19, del que me recupero actualmente, y he estado detenido en una celda con otras sesenta personas.

El CIVICUS Monitor, una plataforma en línea que monitorea la situación del estado del espacio cívico en diferentes países del mundo, califica a Pakistán de reprimido

Pide mi liberación en la sección ¡ACTÚA!

Soy una activista que lucha contra la violación de los derechos humanos en Nicaragua. Desde el inicio de las masivas manifestaciones socioeconómicas en abril de 2018, he protestado por la liberación de los presos políticos y contra el gobierno de Daniel Ortega, ya que soy hija de un dirigente sindical que ya fue detenido por los gobiernos anteriores. Debido a mi participación en el movimiento cívico de mi país, me han perseguido, amenazado y despedido de varios trabajos.

El 26 de enero de 2020, me detuvieron de forma arbitraria acusándome de tráfico de drogas, lo que niego rotundamente. Antes de este arresto, había estado en una casa protegida en Managua desde noviembre de 2019 debido al constante asedio de mi casa en Matagalpa. Los miembros de mi familia también denuncian que me sometieron a torturas y malos tratos para obligarme a aceptar los cargos. Según las organizaciones de derechos humanos nicaragüenses, las falsas acusaciones se han utilizado como estrategia para criminalizar a los activistas y defensores de Nicaragua, negando así su condición de presos políticos.

Actualmente estoy en la prisión de mujeres "La Esperanza", donde sufrí un ataque de asma, un ataque de hipertensión y me diagnosticaron bronquitis. Se me negó repetidamente la asistencia médica y el acceso a los medicamentos, así como cualquier tipo de protección o medidas de seguridad contra la epidemia de Covid-19. Debido a mis problemas de salud crónicos, hay un alto riesgo de que desarrolle complicaciones si me infecto de coronavirus.

El 8 de mayo de 2020, fui declarada culpable de tráfico de drogas. A principios de julio, me condenaron a 10 años de prisión y a una multa equivalente a 900 dólares o 500 días de prisión, pero me negué a firmar los documentos que aceptaban esta condena. En julio de 2020, mis abogados apelarán en mi nombre.

Nicaragua está clasificada como "represiva" en el CIVICUS Monitor. Exige mi liberación en el apartado ACTÚA que aparece a continuación.

Somos los Defensores del Agua de Guapinol. Somos Porfirio Sorto Cedillo, José Avelino Cedillo, Orbin Naún Hernández, Kevin Alejandro Romero, Arnold Javier Aleman, Ever Alexander Cedillo, Daniel Márquez y Jeremías Martínez Díaz. Juntos hemos defendido de Tocoa, en el norte de Honduras. Estamos siendo acusados de incendio agravado y privación injusta de libertad. Protestamos contra la empresa minera Inversiones Pinares cuyo proyecto en una reserva natural pone en peligro las fuentes de agua dulce de la región. En septiembre de 2018, los guardias de seguridad privados contratados por la empresa minera que opera la mina, Inversiones Los Pinares, intentaron desalojar el campamento pacífico en defensa del agua que se ubicaba en la comunidad de Guapinol. Como resultado, un joven parte del grupo de manifestantes, resultó con graves lesiones y 32 comunitarios fueron criminalizados mientras la seguridad no ha sido investigada.

Estamos en prisión preventiva desde septiembre de 2019 y estuvimos detenidos durante varios meses en una prisión de máxima seguridad. Algunos de nosotros tenemos enfermedades previas como hipertensión y asma, lo que nos hace particularmente vulnerables durante la pandemia de COVID-19. En marzo de 2020, se presentó un habeas corpus solicitando una medida sustitutiva a la prisión preventiva, argumentando la ilegalidad de nuestra detención y el derecho a la salud y a la vida, considerando el grave riesgo de contraer COVID-19, sin embargo, hasta la fecha, no hay respuesta a estas acciones.

Las amenazas e intimidaciones contra los defensores de la tierra y el agua continúan en la región de Tocoa.

Hasta la fecha, la compañía minera, Inversiones Los Pinares, está operando sin el consentimiento de las comunidades locales que han expresado su oposición al proyecto.

El espacio cívico de Honduras está clasificado como "represivo" por el CIVICUS Monitor. Exige mi liberación en el apartado ACTÚA que aparece a continuación.

Como ex presidente del “Bahrain Centre for Human Rights” y cofundador del “Gulf Centre for Human Rights”, he pasado mi vida defendiendo la democracia y la libertad. Ahora estoy encerrado: mi labor de defensa pacífica me ha llevado a la cárcel.

En febrero de 2011 se multiplicaron en Bahréin las protestas a favor de la democracia, empezando por la capital, Manama. Muchas de las manifestaciones fueron brutalmente reprimidas por las autoridades, casi 100 personas fallecieron y miles fueron detenidas, yo fui uno de los detenidos.

Formé parte de los "Bahrain 13", un grupo de destacados activistas y líderes de la oposición detenidos tras reclamar derechos civiles y políticos durante el levantamiento popular de 2011. El 22 de junio de 2011, un tribunal bahreiní me condenó a cadena perpetua bajo cargos falsos en un juicio que muchas personas han considerado injusto.

La tortura, los abusos físicos y sexuales o el aislamiento, son algunas de las formas de castigo que las autoridades han empleado durante mi estancia en prisión. El personal de seguridad ha llegado a amenazar sexualmente a mi mujer y a mi hija, pero los responsables de mis abusos nunca han rendido cuentas. He hecho repetidas huelgas de hambre para protestar por mi detención y las condiciones que me obligan a soportar. Mi salud se está deteriorando y el entorno de la prisión me hace correr el riesgo de contraer el COVID-19.

En 2021 cumpliré una década de encarcelamiento.

Y el 5 de abril de 2021 cumpliré 60 años en prisión, separado de mi familia y amigos.

No quiero pasar otra década encarcelado, así que te pido que te conviertas en mi testigo. Utiliza tu voz.

El espacio cívico de Bahréin está clasificado como “cerrado” por el CIVICUS Monitor.

Conviértete en mi testigo y pide mi liberación a través de la sección ACTÚA.