Soy abogada de derechos humanos en Irán y he realizado una amplia labor de protección y defensa de los derechos de las mujeres, de los niños y de las personas defensoras de los derechos humanos en Irán. Ya había sido detenida previamente, el 4 de septiembre de 2010, cuando representaba a Zahra Bahrami, una ciudadana holandesa-iraní acusada de delitos contra la seguridad. Me acusaron de difundir propaganda y de conspirar contra la seguridad del Estado. El 9 de enero de 2011, fui condenada a 11 años de prisión y fui excarcelada el 18 de septiembre de 2013, unos días antes de que el presidente iraní interviniera en las Naciones Unidas.

Fui detenida de nuevo el 13 de junio de 2018 y condenada a una pena combinada de 38 años de prisión por siete cargos: reunión y conspiración contra la seguridad nacional; propaganda contra el Estado; pertenencia al Centro de Defensores de los Derechos Humanos, al grupo Legam (contra la pena capital) y al Consejo Nacional de la Paz; incitación a la corrupción y a la prostitución; comparecencia en el poder judicial sin hiyab islámico; perturbación de la paz y el orden públicos, y publicación de falsedades con el propósito de perturbar la opinión pública. Llevo desde octubre de 2020 detenida en la prisión de Qarchak, que está masificada y tiene graves problemas sanitarios y estructurales. La falta de acceso a la atención sanitaria y la falta de alimentos nutritivos a la que me enfrento es recurrente, lo que complica aún más mi salud, que se ha deteriorado considerablemente desde mi detención.El pasado 11 de agosto de 2020, inicié una huelga de hambre y publiqué una carta exigiendo la liberación de los presos políticos. El 17 de agosto de 2020, mi hija Mehraveh Khandan, de 20 años, fue detenida y encarcelada durante varias horas para forzarme a abandonar la huelga de hambre.

Salí en libertad provisional el 7 de noviembre de 2020, ya que había entrado en contacto con el virus COVID-19, pero el 2 de diciembre de 2020 me devolvieron a la cárcel. También mi marido, Reza Khandan, ha sido perseguido por desafiar las leyes sobre el uso obligatorio del velo y ha sido condenado a seis años de prisión en un fallo que puede aplicarse en cualquier momento. El 9 de febrero de 2021, sus cuentas bancarias fueron congeladas. Mi detención, condena y los ataques a mi familia son una muestra del carácter represivo de las leyes y costumbres de Irán.

El CIVICUS Monitor califica el espacio cívico de Irán como “Cerrado”

Somos diputados del Reino de Eswatini, y fuimos arrestados la noche del 25 de julio de 2021 durante una oleada de protestas en favor de la democracia para exigir un cambio político. Estamos detenidos en la comisaría de Mbabane y se nos acusa de incitación al terrorismo en virtud de la Ley de Supresión del Terrorismo y de incumplimiento de la normativa COVID-19. Está previsto que comparezcamos ante el Tribunal Superior de Mbabane.

La protesta en favor de la democracia comenzó en junio de 2021 en el Reino de Eswatini, tras la muerte de un estudiante de 25 años, Thabani Nkomonye, que murió presuntamente a manos de la policía. Esto desencadenó una oleada de protestas en todo el reino pidiendo justicia para Thabani y exigiendo reformas políticas. Desde el inicio de las protestas, el gobierno de Eswatini emprendió una represión violenta contra las personas que se manifestaban pacíficamente, lo que provocó la muerte de más de 80 personas, varios heridos y muchas detenciones arbitrarias.

El 29 de julio de 2021, comparecimos ante el Tribunal Superior de Mbabane para una audiencia de solicitud de fianza. El juez reservó la sentencia y rechazó la solicitud de fianza el 6 de agosto de 2021. El 14 de septiembre, el Tribunal Superior volvió a fallar en contra de una segunda solicitud de fianza. La decisión fue recurrida, pero el Tribunal Superior declaró que "no puede corregir su sentencia, ya que había emitido unas constataciones específicas al desestimar la fianza, y comunicó a las partes el único recurso disponible, que es apelar al Tribunal Supremo".

La búsqueda de reformas políticas y nuestra detención siguen provocando tensiones y protestas en todo el país. En octubre de 2021, se celebraron manifestaciones y marchas contra la violencia policial por todo el país, pidiendo nuestra liberación y la de otros manifestantes pacíficos: más de 1.000 personas fueron detenidas, entre ellas varios niños que participaban en las protestas.

Estamos detenidos en condiciones terribles y corremos el riesgo de contraer el COVID-19.

El CIVICUS Monitor califica el espacio cívico de Eswatini como “Represivo”

Soy un abogado independiente de derechos humanos en Tayikistán. El 28 de septiembre de 2015, fui arrestado en el curso de mis deberes profesionales mientras representaba a los miembros del partido proscrito de la oposición, el Partido del Renacimiento Islámico de Tayikistán (IRPT). También hablé de la supuesta tortura de uno de mis clientes mientras estaba en prisión preventiva. El gobierno me había pedido repetidamente que cerrara el caso, pero me negué a hacerlo. Fui acusado de falsificación, fraude, incitación a la hostilidad y al extremismo nacional, racial, local o religioso. Tras una investigación penal gravemente defectuosa, en un juicio a puerta cerrada que no cumplió con las normas internacionales de justicia, fui condenado en octubre de 2016 a 23 años de prisión. Mi sentencia fue incrementada a 28 años tras la presentación de nuevos cargos por motivos políticos en mi contra. En octubre de 2019, mi sentencia se redujo en seis años como parte de la amnistía masiva del gobierno. Actualmente estoy detenido en la colonia penitenciaria de régimen estricto No. 1 en Dushanbe. Estoy encarcelado con presos comunes, lo cual es un riesgo adicional porque trabajé como policía antes de convertirme en abogado. Este hecho supone una amenaza adicional a mi vida, especialmente por parte de los prisioneros que saben que soy un ex oficial de policía.

Durante mi encarcelamiento, fui sometido a torturas y malos tratos, incluyendo severas palizas que requirieron hospitalización. También me pusieron en aislamiento en varias ocasiones, algo que creo que está relacionado con mis esfuerzos por llamar la atención sobre los malos tratos a los prisioneros. Después de numerosas quejas sobre mi situación, la Oficina del Ombudsman de Tayikistán prometió investigar y llevar a los autores ante la justicia. En mayo de 2019, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria emitió su opinión, concluyendo que mi detención es arbitraria y viola las leyes internacionales de derechos humanos.El 29 de abril de 2020, mis parientes expresaron su preocupación por el deterioro de mi salud, ya que sufría de una fiebre alta relacionada con los síntomas del COVID-19. Sin embargo, el Gobierno de Tayikistán respondió al COVID-19 negándolo y ocultándolo, y el Departamento de Ejecución de Penas del Ministerio de Justicia negó que tuviera ningún problema de salud. Me temo que la segunda ola del virus COVID-19 ha comenzado en la prisión y estoy en riesgo de reinfección, con poca disponibilidad para recibir tratamiento médico en la prisión como he visto con otros prisioneros políticos.

Para dar a conocer mi caso, mi familia ha creado una fundación en mi nombre. Tayikistán está clasificado como "represivo" por CIVICUS Monitor

Soy una activista que lucha contra la violación de los derechos humanos en Nicaragua. Desde el inicio de las masivas manifestaciones socioeconómicas en abril de 2018, he protestado por la liberación de los presos políticos y contra el gobierno de Daniel Ortega, ya que soy hija de un dirigente sindical que ya fue detenido por los gobiernos anteriores. Debido a mi participación en el movimiento cívico de mi país, me han perseguido, amenazado y despedido de varios trabajos.

El 26 de enero de 2020, me detuvieron de forma arbitraria acusándome de tráfico de drogas, lo que niego rotundamente. Antes de este arresto, había estado en una casa protegida en Managua desde noviembre de 2019 debido al constante asedio de mi casa en Matagalpa. Los miembros de mi familia también denuncian que me sometieron a torturas y malos tratos para obligarme a aceptar los cargos. Según las organizaciones de derechos humanos nicaragüenses, las falsas acusaciones se han utilizado como estrategia para criminalizar a los activistas y defensores de Nicaragua, negando así su condición de presos políticos.

Actualmente estoy en la prisión de mujeres "La Esperanza", donde sufrí un ataque de asma, un ataque de hipertensión y me diagnosticaron bronquitis. Se me negó repetidamente la asistencia médica y el acceso a los medicamentos, así como cualquier tipo de protección o medidas de seguridad contra la epidemia de Covid-19. Debido a mis problemas de salud crónicos, hay un alto riesgo de que desarrolle complicaciones si me infecto de coronavirus.

El 8 de mayo de 2020, fui declarada culpable de tráfico de drogas. A principios de julio, me condenaron a 10 años de prisión y a una multa equivalente a 900 dólares o 500 días de prisión, pero me negué a firmar los documentos que aceptaban esta condena. En julio de 2020, mis abogados apelarán en mi nombre.

Exige mi liberación en el apartado ACTÚA que aparece a continuación

Como ex presidente del “Bahrain Centre for Human Rights” y cofundador del “Gulf Centre for Human Rights”, he pasado mi vida defendiendo la democracia y la libertad. Ahora estoy encerrado: mi labor de defensa pacífica me ha llevado a la cárcel.

En febrero de 2011 se multiplicaron en Bahréin las protestas a favor de la democracia, empezando por la capital, Manama. Muchas de las manifestaciones fueron brutalmente reprimidas por las autoridades, casi 100 personas fallecieron y miles fueron detenidas, yo fui uno de los detenidos.

Formé parte de los "Bahrain 13", un grupo de destacados activistas y líderes de la oposición detenidos tras reclamar derechos civiles y políticos durante el levantamiento popular de 2011. El 22 de junio de 2011, un tribunal bahreiní me condenó a cadena perpetua bajo cargos falsos en un juicio que muchas personas han considerado injusto.

La tortura, los abusos físicos y sexuales o el aislamiento, son algunas de las formas de castigo que las autoridades han empleado durante mi estancia en prisión. El personal de seguridad ha llegado a amenazar sexualmente a mi mujer y a mi hija, pero los responsables de mis abusos nunca han rendido cuentas. He hecho repetidas huelgas de hambre para protestar por mi detención y las condiciones que me obligan a soportar. Mi salud se está deteriorando y el entorno de la prisión me hace correr el riesgo de contraer el COVID-19.

En 2021 cumpliré una década de encarcelamiento.

Y el 5 de abril de 2021 cumpliré 60 años en prisión, separado de mi familia y amigos.

No quiero pasar otra década encarcelado, así que te pido que te conviertas en mi testigo. Utiliza tu voz.

El espacio cívico de Bahréin está clasificado como “cerrado” por el CIVICUS Monitor.

Somos defensores de los derechos humanos de Nicaragua y miembros de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que defiende los derechos de las comunidades campesinas.

El 13 de julio de 2018, fuimos detenido junto a otros activistas y acusado de terrorismo. Se nos acusó de dirigir un ataque el 12 de julio en Morrito en el que murieron cuatro policías y un profesor. Sin embargo, cuando ocurrió el incidente, estábamos participando en una manifestación en Managua, lo que confirmaron los medios de comunicación y otros testigos. A pesar de ello, nos condenaron a 261 y 210 años de prisión respectivamente y hemos sido torturados en la cárcel. En noviembre de 2019, fuimos puestos en libertad en virtud de la ley de amnistía.

El 25 de febrero de 2020, formábamos parte de una coalición nacional para una oposición unificada que pretendía disputar la posible consecución de un cuarto mandato presidencial al actual presidente Daniel Ortega en las elecciones generales de Nicaragua de 2021. También planteamos nuestra preocupación por la crisis política del país y pedimos la dimisión del presidente Daniel Ortega.

La noche del 5 de julio de 2021 volvimos a ser detenidos en el marco de una oleada de detenciones de activistas y personas que expresaron su deseo de presentarse a las elecciones presidenciales de noviembre de 2021.

La detención de activistas de derechos humanos y líderes políticos en Nicaragua es la muestra de un sistema que crea miedo y abusa del poder con impunidad, un Estado que encarcela habitualmente a líderes y activistas de la oposición.

Estoy retenido en condiciones lamentables y corro el riesgo de contraer el virus COVID-19.

Nicaragua aparece en la lista de vigilancia de CIVICUS como un Estado cuyo espacio cívico y libertades han sido gravemente deteriorados.

El espacio cívico de Nicaragua ha sido rebajado de calificación de “represivo” a "cerrado" en el último informe de CIVICUS Monitor

Somos miembros del Centro de Derechos Humanos Viasna (Viasna), una organización defensora de los derechos humanos con sede en Bielorrusia. Esta es nuestra situación:

Ales Bialiatski, presidente de Viasna. Me detuvieron el 14 de julio de 2021 y me acusaron de «evasión fiscal» cuando, en realidad, era por haber ayudado a las víctimas de la represión política. Si me declaran culpable, me podrían condenar a siete años de prisión.

Valiantsin Stefanovich, miembro de la Junta Directiva de Viasna y vicepresidente de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH). Me detuvieron el 14 de julio de 2021 y estoy en prisión preventiva desde entonces. Me acusaron de «evasión fiscal» y de «preparación o participación activa en acciones que atentan contra el orden público». Estas acusaciones parecen ser una represalia del Gobierno por mis numerosos años de trabajo a favor de los derechos humanos.

Uladzimir Labkovich, abogado de Viasna y codirigente de la iniciativa para la observación electoral Human Rights Defenders for Free Elections. Me detuvieron junto con mi esposa el 14 de julio de 2021, después de que registraran nuestro apartamento, y luego me pusieron en prisión preventiva, a la espera de un juicio con motivaciones políticas. Me acusan de «evasión fiscal» y de «preparación o participación activa en acciones que atentan contra el orden público». Si me declaran culpable, me podrían condenar a siete años de prisión.

Marfa Rabkova, coordinadora de la red de voluntarios de Viasna. Me detuvieron el 17 de septiembre de 2020 y estoy en prisión preventiva desde entonces. Me acusan de once «crímenes», entre ellos, «formación y preparación de personas para que participen en disturbios multitudinarios», «incitación en grupo a la discordia o al odio racial, social, nacional, religioso o de otro tipo» y «pertenencia a una organización delictiva». Me podrían condenar a veinte años de prisión.

Andrei Chapiuk, voluntario de Viasna en Minsk. Me detuvieron el 2 de octubre de 2020 y me acusaron de «participación en disturbios multitudinarios». Me podrían condenar a siete años de prisión.

Leanid Sudalenka, director de la sucursal de Viasna en Homieĺ. Me detuvieron el 18 de enero de 2021 de camino a la oficina. Mi «delito» fue haber ofrecido asistencia jurídica a decenas de habitantes de la región de Homieĺ que habían sido detenidos y acusados por su participación en las manifestaciones que se produjeron después de las elecciones. El 3 de noviembre de 2021 me condenaron a tres años de prisión.

Tatsiana Lasitsa, voluntaria de la sucursal de Viasna en Homieĺ. Me detuvieron el 12 de enero de 2021 y me acusaron de «organización o participación en acciones en grupo que atentan contra el orden público». El 3 de noviembre de 2021 me condenaron a dos años y medio de prisión.

En Bielorrusia, el Gobierno silencia de forma sistemática las voces de la sociedad civil. El 16 de febrero de 2021, agentes del orden allanaron las oficinas de Viasna en Minsk, Homieĺ, Mahilioŭ, Viciebsk, Brest y en otras ciudades, y abrieron una investigación penal sobre las actividades de Viasna.

Bielorrusia figura en la Lista de Vigilancia de CIVICUS como un Estado que suscita serias preocupaciones en cuanto al ejercicio de las libertades cívicas.

Asimismo, el CIVICUS Monitor califica el espacio cívico de Bielorrusia como cerrado.

Pida nuestra liberación desde la sección ACTÚA que encontrará más abajo.

Soy Kenia Hernández, coordinadora del Colectivo Zapata Vive, un movimiento campesino que defiende los derechos a la tierra, la identidad colectiva y promueve diferentes formas de resistencia pacífica frente a los modelos de desarrollo desfavorables impuestos por el Estado mexicano. También lidero el Movimiento Nacional por la Libertad de los Presos Políticos.

Soy una abogada de derechos humanos de Egipto. He formado parte del Consejo Nacional de Derechos Humanos de Egipto y, de 2012 a 2013, también fui miembro del parlamento egipcio. He ocupado otros cargos, entre ellos el de portavoz de la Coalición Revolucionaria de Mujeres de Egipto, un grupo islamista que se opuso a la destitución del expresidente Mohamed Morsi. Asimismo, he representado a Egipto en convenciones y declaraciones internacionales sobre los derechos de las mujeres y los niños. 

Soy Khurram Parvez, defensor de los derechos humanos cachemir. Actualmente, soy coordinador de programas de la Coalición de la Sociedad Civil de Jammu y Cachemira (JKCCS) y presidente de la Federación Asiática contra la Desaparición Involuntaria (AFAD). Estas organizaciones han estado documentando graves violaciones de los derechos humanos durante dos décadas, como desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, en la región de Jammu y Cachemira administrada por la India.

Me llamo Kamira Nait Sid, soy una mujer amazig de Argelia y una firme defensora de la lengua, la cultura y la identidad amazig. Desempeñé mi labor reivindicativa desde la Asociación de Mujeres de Cabilia, donde también planteé cuestiones fundamentales sobre los derechos de las mujeres. 

Soy abogada y defensora de los derechos humanos de la mujer (DDHM) de Hong Kong. He abogado por la protección y promoción de los derechos laborales y de las personas defensoras de los derechos humanos perseguidas en la China continental. Fui vicepresidenta de la ahora desaparecida Alianza de Hong Kong en Apoyo a los Movimientos Patrióticos y Democráticos de China (la Alianza de Hong Kong o HKA, por sus siglas en inglés ), un grupo de incidencia de base formado en 1989 en Hong Kong para hacer campaña por la liberación de los presos políticos y las reformas democráticas en China, así como por la rendición de cuentas por las ejecuciones extrajudiciales y demás violaciones cometidas por las autoridades chinas durante la represión letal de las protestas prodemocráticas en Tiananmén, Pekín, en junio de 1989. Como abogada en Hong Kong, también presté asistencia jurídica a los activistas y manifestantes pacíficos que fueron objeto de acciones policiales y judiciales por participar en actividades prodemocráticas.