Beijing25

• TURKEY: ‘If we withdraw from Istanbul Convention, it means we don't believe in gender equality’

  In the run-up to the 25th anniversary of theBeijing Platform for Action, due in September 2020, CIVICUS is interviewing civil society activists, leaders and experts about the progress achieved and the challenges ahead. Focused on eliminating violence against women (VAW), ensuring access to family planning and reproductive healthcare, removing barriers to women’s participation in decision-making and providing decent jobs and equal pay for equal work, the Beijing Platform for Action was adopted at the United Nations’ (UN)Fourth World Conference on Women in 1995. After 25 years, significant but unequal progress has occurred, not least as the result of incessant civil society efforts, but no country has yet achieved gender equality.

• TURQUÍA: ‘Retirarnos del Convenio de Estambul significaría que no creemos en la igualdad de género’

  En vísperas del 25º aniversario de laPlataforma de Acción de Beijing, que se cumple en septiembre de 2020, CIVICUS está entrevistando a activistas, líderes y expertas de la sociedad civil para evaluar los progresos conseguidos y los desafíos que aún debemos sortear. Adoptada en 1995 en laCuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de las Naciones Unidas (ONU), la Plataforma de Acción de Beijing persigue los objetivos de eliminar la violencia contra las mujeres (VCM), garantizar el acceso a la planificación familiar y la salud reproductiva, eliminar las barreras para la participación de las mujeres en la toma de decisiones, y proporcionar empleo decente e igual remuneración por igual trabajo. Veinticinco años más tarde, se han producido progresos significativos pero desparejos, en gran medida como resultado de los esfuerzos incesantes de la sociedad civil, pero ningún país ha logrado todavía la igualdad de género.

  CIVICUS conversa con Elif Ege, voluntaria de Mor Çatı, una organización de la sociedad civil fundada por feministas turcas 30 años atrás para combatir la VCM. Mor Çatı administra un centro de solidaridad y el único refugio independiente para mujeres de Turquía. Se concentra en brindar a las mujeres apoyo legal, psicológico y social, y en fomentar la formulación de políticas feministas, a través de la elaboración de leyes, la presión sobre el gobierno para que las implemente y el monitoreo de su implementación.

  

  ¿Cuál es la situación de los derechos de las mujeres en Turquía?

  En Turquía hemos tenido muchos logros en materia de derechos de las mujeres e igualdad de género. En cierta medida las feministas han estado involucradas en los procesos legislativos. Si se comparan las leyes de diferentes países, se observa que tenemos una buena ley sobre VCM, que es muy completa y, de implementarse correctamente, consagraría los derechos de las mujeres que experimentan situaciones de violencia. Mor Çatı es una de las organizaciones que participaron en su proceso de elaboración. Formamos parte del movimiento de mujeres que fue la fuerza impulsora de esta ley. Visto desde la perspectiva actual, el principal problema es de implementación. Además, en los últimos años hemos luchado por preservar las leyes que consagran los derechos de las mujeres. Ya no se trata solamente de su implementación, sino también de conseguir que esas leyes se mantengan. El gobierno ha hecho varios intentos de derogarlas.

  La situación de los derechos de las mujeres se ha deteriorado. Un principio fundamental que ha defendido nuestra organización es que la VCM está estrechamente vinculada con la desigualdad de género: se deriva de la discriminación y la desigualdad entre mujeres y hombres. En Turquía, hemos escuchado declaraciones de altos funcionarios gubernamentales que han afirmado explícitamente que hombres y mujeres no son iguales. Intentamos activamente luchar contra esta mentalidad que no acepta la igualdad de género.

  Además, no hay datos oficiales sobre la VCM; por eso nos es imposible conocer las cifras exactas. Solo podemos recopilar datos de las mujeres que nos contactan, y estos datos muestran que en este momento la VCM es muy elevada. Sabemos que mujeres de diferentes sectores de la sociedad experimentan muy diversas formas de violencia. En vistas de esta escalada de violencia y de las dañinas declaraciones públicas formuladas contra la igualdad de género, diría que la situación se está deteriorando.

  ¿Cuáles son los principales desafíos en el marco del proceso Beijing+25 y la implementación de la Agenda 2030?

  La eliminación de la VCM es uno de los principales desafíos pendientes. Es por eso que continuaremos colocando este tema en la agenda cuando nos movilicemos alrededor del proceso Beijing+25.

  Junto con otras organizaciones feministas y de mujeres turcas, tales como Mujeres por los Derechos Humanos de las Mujeres-Nuevos Caminos (Women for Women’s Human Rights-New Ways), Mor Çatı históricamente ha participado en reuniones internacionales y acciones de incidencia transnacional. Compartimos nuestros conocimientos y aprendizajes y construimos solidaridad en el ámbito internacional. Participamos en el proceso Beijing+25 y en la implementación de la Agenda 2030 con el foco en la VCM y aportamos nuestra experiencia en este tema.

  Estos mecanismos se utilizan para empujar al gobierno a tomar medidas sobre la base de recomendaciones generales. Las organizaciones de derechos de las mujeres tienen una larga tradición de participación y uso de estos mecanismos internacionales. Pero ha habido un cambio en la posición del gobierno turco. Hacia el año 2000, el gobierno era más receptivo en relación con estos mecanismos y “escuchaba” sus recomendaciones, pero ahora estamos viendo un retroceso.

  En el pasado experimentamos algunos progresos. Con los años, a través de las reuniones de monitoreo de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer le recomendó al gobierno que hiciera algunos cambios, y vimos que esos cambios estaban ocurriendo. El número de refugios no era suficiente y ahora tenemos más refugios. Pero lo que vemos ahora es que falta un enfoque feminista. Este es un problema importante que se ve en los refugios.

  El aborto también es un gran problema. También en este tema tenemos una ley que reconoce a las mujeres este derecho. El aborto es legal, pero esta ley no se implementa. En la práctica, el aborto es denegado en los hospitales públicos y, en algunos casos, también en los privados. En este momento, las mujeres no tienen un acceso fácil al ejercicio de su derecho al aborto.

  ¿En qué medida la pandemia del COVID-19 ha exacerbado estos desafíos? ¿Qué papel ha desempeñado la sociedad civil para hacerles frente?

  Durante la pandemia hemos estado trabajando mucho, al igual que todas las organizaciones que trabajan en el tema de la VCM. Es posible afirmar que las condiciones se han deteriorado, ya que todos los mecanismos de apoyo que supuestamente previenen la violencia y protegen a las mujeres han fallado. Ya antes la situación no era buena, pero ahora ha empeorado. No es solo que la tasa de violencia haya aumentado, sino que todo el mecanismo se ha desmoronado. Ya desde antes teníamos problemas con las fuerzas policiales. Según la ley, cuando una mujer acude a la policía en busca de refugio, la policía debe llevarla inmediatamente a un refugio para mujeres. Pero en cambio, los agentes de policía solían exhibir un comportamiento disuasivo, dando a las mujeres información falsa para tratar de hacerles cambiar de opinión y hacerlas regresar al ambiente violento de sus hogares. Desde antes de la pandemia teníamos muchas dificultades con este tema, pero durante la pandemia la situación empeoró. La pandemia sirvió de excusa para tal comportamiento, ya que se le hizo fácil a la policía mentirles a las mujeres diciéndoles que los refugios estaban cerrados, aunque esto no era cierto. Esto es apenas un ejemplo. Tampoco contábamos con ningún mecanismo de apoyo psicológico en línea, lo cual significó que las mujeres se encontraron solas en un ambiente hogareño abusivo.

  Las redes sociales se convirtieron en una importante herramienta para nosotras. Ya desde mucho antes solíamos usarlas, pero durante la pandemia su uso se intensificó. Las usamos para proporcionar información a las mujeres e informarles sobre sus derechos. En Turquía no hubo una cuarentena completa, sino que hubo algunas excepciones. El gobierno tenía la responsabilidad de comunicar a las mujeres que una de las excepciones contempladas era la VCM: en caso de violencia, les seguía estando permitido concurrir a una estación de policía. Pero el anuncio no se hizo público, así que fuimos nosotras quienes tuvimos que proporcionar esa información. También compartimos mucha información que recopilamos sobre problemas en la interacción con la policía, con los colegios de abogados y con otras instituciones estatales. Hicimos publicaciones sobre esto en Twitter, Facebook e Instagram para que el público estuviera informado. Presentamos muchos informes, recopilamos mucha información y datos y los presentamos al público. También continuamos brindando apoyo a las mujeres.

  Entre mediados de marzo y fines de junio de 2020 realizamos más de 514 entrevistas con mujeres. La mayoría de estas entrevistas fueron con mujeres que nos llamaban por primera vez. Es un número un poco más alto que el de las mujeres que nos habían llamado durante el mismo período del año anterior. Pero queremos dejar claro que esto no significa que la violencia doméstica comenzara durante la pandemia. Queremos alejarnos del discurso que sugiere que la violencia doméstica se intensificó durante la pandemia. Más bien queremos enfatizar que son los mecanismos de apoyo los que han fallado a las mujeres. En ausencia de mecanismos de apoyo, las mujeres que de otro modo hubieran podido resolver sus problemas por sí mismas no pudieron hacerlo.

  En tanto que organización de defensa de los derechos de las mujeres, ¿han enfrentado restricciones adicionales a su derecho a organizarse, expresarse y protestar?

  Cada vez nos es más difícil hacer nuestro trabajo. Las cosas han cambiado: el gobierno solía pedirnos información y consejos y colaboraba con nosotros. Pero en los últimos años, nuestras interacciones con el gobierno han cambiado: ya no somos invitadas a las reuniones ni nos piden nuestros puntos de vista. En ese sentido, la situación es cada vez más difícil para nosotras.

  En términos generales, el derecho a protestar en Turquía está restringido. Justo antes de la pandemia hicimos nuestra marcha feminista por el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo. Si bien pudimos reunirnos, no se nos permitió marchar, por lo que tuvimos que cambiar nuestro recorrido. En este momento el gobierno está considerando retirar su ratificación del Convenio de Estambul, un tratado de derechos humanos del Consejo de Europa contra la VCM. Esto ha provocado protestas para presionar al gobierno para que mantenga e implemente el convenio. Nuestra ley nacional está en sintonía con este convenio, por lo que retirarse de él dificultaría todo intento de prevención de la VCM. El convenio busca prevenir la violencia de género sobre la base de la igualdad de género y el trato a las mujeres como ciudadanas iguales. Los grupos y partidos que sugieren retirarse del Convenio dicen que nosotros podemos crear nuestras propias leyes nacionales. Pero el Convenio mismo fue creado gracias a los esfuerzos de las feministas de Turquía. Retirarnos de este convenio significaría que no creemos en la igualdad de género. Recientemente intentamos hacer un foro sobre el Convenio de Estambul, que fue prohibido, por lo que la situación no es fácil.

  Necesitamos políticas contra la VCM coordinadas y correctamente implementadas. No se trata solo de la fuerza policial o de los refugios. Cuando una mujer quiere abandonar un ambiente violento, necesita apoyo legal, social y financiero. Necesita permanecer en un refugio si no tiene donde ir. Es necesario reunir todas estas cosas, que se mencionan en el Convenio de Estambul, para crear un ambiente seguro para las mujeres. Cuando todo el mecanismo de apoyo se desmorona, como sucedió durante la pandemia, es imposible que las mujeres salgan de la casa y comiencen sus propias vidas. Lo que necesitamos ahora es discutir no la retirada del Convenio, sino cómo implementarlo.

  El espacio cívico en Turquía es calificado de “represivo” por elCIVICUS Monitor.

  Contáctese conMor Çatı a través de supágina web o su perfil deFacebook, y siga a@morcativakfi enTwitter y amorcati_vakfi enInstagram.

• TURQUIE : « Se retirer de la Convention d’Istanbul signifierait que nous ne croyons pas en l’égalité des genres »

  À l’occasion du 25ème anniversaire duProgramme d’Action de Beijing, CIVICUS s’entretient avec des activistes, des dirigeants et des experts de la société civile pour évaluer les progrès accomplis et les défis qui restent à surmonter. Adopté en 1995 lors de la quatrièmeConférence mondiale des Nations Unies (ONU) sur les femmes, le Programme d’Action de Beijing poursuit les objectifs d’éliminer la violence contre les femmes, de garantir l’accès au planning familial et à la santé reproductive, d’éliminer les obstacles à la participation des femmes à la prise de décision et de fournir un emploi décent et un salaire égal pour un travail égal. Vingt-cinq ans plus tard, des progrès importants mais inégaux ont été faits, en grande partie grâce aux efforts incessants de la société civile, mais aucun pays n’a encore atteint l’égalité des genres.

  CIVICUS s’entretient avec Elif Ege, une volontaire de Mor Çatı, une organisation de la société civile fondée par des féministes turques il y a 30 ans pour lutter contre la violence envers les femmes (VEF). Mor Çatı dirige un centre de solidarité et le seul refuge indépendant pour femmes de Turquie. Elle s’attache à fournir aux femmes un soutien juridique, psychologique et social, et à encourager l’élaboration de politiques féministes, en rédigeant des lois, en faisant pression sur le gouvernement pour qu’il les applique et en contrôlant leur mise en œuvre.

  

  Quelle est la situation des droits des femmes en Turquie ?

  En Turquie, nous avons obtenu de nombreux résultats en matière de droits des femmes et d’égalité des genres. Dans une certaine mesure, les féministes ont été impliquées dans les processus législatifs. Si l’on compare les lois de différents pays, on constate que nous avons une bonne loi sur la VEF, qui est très complète et qui, si elle était appliquée correctement, consacrerait les droits des femmes victimes de violences. Mor Çatı est l’une des organisations qui ont participé à son processus de rédaction. Nous faisons partie du mouvement des femmes qui a été la force motrice de cette loi. Avec le recul, nous constatons que le principal problème est celui de sa mise en œuvre. En outre, ces dernières années, nous nous sommes battus pour préserver les lois qui consacrent les droits des femmes. Il ne s’agit plus seulement de la mise en œuvre, mais aussi de veiller à ce que ces lois soient respectées. Le gouvernement a tenté à plusieurs reprises de les abroger.

  La situation des droits des femmes s’est détériorée. Un principe fondamental que notre organisation a défendu est que la VEF est étroitement liée à l’inégalité entre les genres : elle découle de la discrimination et de l’inégalité entre les femmes et les hommes. En Turquie, nous avons entendu des déclarations de hauts fonctionnaires du gouvernement qui ont explicitement affirmé que les hommes et les femmes ne sont pas égaux. Nous essayons activement de lutter contre cette mentalité qui n’accepte pas l’égalité des genres.

  De plus, il n’existe pas de données officielles sur la VEF, il nous est donc impossible de connaître les chiffres exacts. Nous ne pouvons collecter des données qu’auprès des femmes qui nous contactent, et ces données montrent qu’à l’heure actuelle, la VEF est très élevée. Nous savons que les femmes de différents secteurs de la société subissent des formes de violence très différentes. Au vu de cette escalade de la violence et des déclarations publiques préjudiciables à l’égalité des genres, je dirais que la situation se détériore.

  Quels sont les principaux défis dans le cadre du processus Beijing+25 et de la mise en œuvre de l’Agenda 2030 ?

  L’élimination de la VEF est l’un des principaux défis à relever. C’est pourquoi nous continuerons à mettre cette question à l’ordre du jour dans le cadre de notre mobilisation autour du processus Beijing+25.

  Avec d’autres organisations féministes et de femmes turques, telles que Women for Women’s Human Rights-New Ways, Mor Çatı a historiquement participé à des réunions internationales et à des actions de plaidoyer transnationales. Nous partageons nos connaissances et notre apprentissage et construisons une solidarité sur la scène internationale. Nous avons participé au processus de Beijing+25 et à la mise en œuvre de l’Agenda 2030 en mettant l’accent sur la VEF, et avons apporté notre expertise sur cette question.

  Ces mécanismes sont utilisés pour pousser le gouvernement à prendre des mesures sur la base de recommandations générales. Les organisations de défense des droits des femmes ont une longue tradition de participation et d’utilisation de ces mécanismes internationaux. Mais il y a eu un changement dans la position du gouvernement turc. Vers 2000, le gouvernement était plus réceptif à ces mécanismes et « écoutait » leurs recommandations, mais nous assistons aujourd’hui à une régression.

  Dans le passé, nous avons connu quelques progrès. Au fil des ans, dans le cadre des réunions de suivi de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a recommandé au gouvernement de procéder à certains changements, et nous avons constaté que ces changements étaient en cours. Le nombre de refuges n’était pas suffisant, et maintenant nous avons plus de refuges. Mais ce que nous constatons aujourd’hui, c’est l’absence d’une approche féministe. C’est un problème majeur que nous constatons dans les refuges.

  L’avortement est également un gros problème. Sur cette question aussi, nous avons une loi qui donne ce droit aux femmes. L’avortement est légal, mais cette loi n’est pas appliquée. Dans la pratique, l’avortement est refusé dans les hôpitaux publics et, dans certains cas, également dans les hôpitaux privés. À l’heure actuelle, les femmes n’ont pas facilement accès à l’exercice de leur droit à l’avortement.

  Dans quelle mesure la pandémie de COVID-19 a-t-elle exacerbé ces défis, et quel rôle la société civile a-t-elle joué pour les relever ?

  Pendant la pandémie, nous avons travaillé dur, comme toutes les organisations travaillant sur la VEF. On peut dire que les conditions se sont détériorées, car tous les mécanismes de soutien censés prévenir la violence et protéger les femmes ont échoué. Même avant, la situation n’était pas bonne, mais maintenant elle s’est aggravée. Ce n’est pas seulement le taux de violence qui a augmenté, mais tout le mécanisme s’est effondré. Nous avions déjà des problèmes avec les forces de police auparavant. Selon la loi, lorsqu’une femme vient demander secours à la police, celle-ci doit immédiatement l’emmener dans un refuge pour femmes. Mais au lieu de cela, les agents de police adoptaient un comportement dissuasif, donnant aux femmes de fausses informations pour tenter de les faire changer d’avis et les faire retourner dans l’environnement violent de leur foyer. Nous avons eu beaucoup de difficultés avec cette question avant la pandémie, mais pendant la pandémie, la situation s’est aggravée. La pandémie a servi d’excuse à ce comportement, car il est devenu facile pour la police de mentir aux femmes en leur disant que les refuges étaient fermés, même si ce n’était pas vrai. Ce n’est qu’un exemple. Nous n’avions pas non plus de mécanisme de soutien psychologique en ligne, ce qui signifie que les femmes se retrouvaient seules dans un environnement familial violent.

  Les médias sociaux sont devenus un outil important pour nous. Nous les utilisions déjà bien avant, mais pendant la pandémie, leur utilisation s’est intensifiée. Nous les avons utilisés pour fournir des informations aux femmes et les informer de leurs droits. En Turquie, il n’y a pas eu de confinement complet, il y a eu quelques exceptions. Il incombait au gouvernement d’informer les femmes que l’une des exceptions était la VEF : en cas de violence, elles étaient toujours autorisées à se rendre dans un poste de police. Mais l’annonce n’a pas été rendue publique, et c’est donc nous qui avons dû fournir ces informations. Nous avons également partagé beaucoup d’informations que nous avons recueillies sur les problèmes d’interaction avec la police, avec les associations d’avocats et avec d’autres institutions publiques. Nous avons fait des posts à ce sujet sur Twitter, Facebook et Instagram afin que le public soit informé. Nous avons déposé de nombreux rapports, collecté beaucoup d’informations et de données et les avons présentées au public. Nous avons également continué à apporter un soutien aux femmes.

  Entre la mi-mars et la fin juin 2020, nous avons réalisé plus de 514 entretiens avec des femmes. La plupart de ces entretiens concernaient des femmes qui nous appelaient pour la première fois. Il s’agit d’un nombre légèrement supérieur au nombre de femmes qui nous avaient appelés au cours de la même période l’année dernière. Mais nous tenons à préciser que cela ne signifie pas que la violence domestique a commencé pendant la pandémie. Nous voulons nous éloigner du discours qui suggère que la violence domestique s’est intensifiée pendant la pandémie. Nous voulons plutôt souligner que ce sont les mécanismes de soutien qui ont failli aux femmes. En l’absence de mécanismes de soutien, les femmes qui auraient été capables de résoudre leurs problèmes par elles-mêmes n’ont pas pu le faire.

  En tant qu’organisation de défense des droits des femmes, avez-vous été confrontée à des restrictions supplémentaires de votre droit d’organiser, de parler et de protester ?

  Il est de plus en plus difficile pour nous de faire notre travail. Les choses ont changé : auparavant, le gouvernement nous demandait des informations et des conseils et travaillait avec nous. Mais ces dernières années, nos interactions avec le gouvernement ont changé : nous ne sommes plus invités aux réunions et on ne nous demande plus notre avis. En ce sens, la situation est devenue de plus en plus difficile pour nous.

  D’une manière générale, le droit de manifester en Turquie est restreint. Juste avant la pandémie, nous avons organisé notre marche féministe pour la Journée internationale de la femme, le 8 mars. Bien que nous ayons pu nous rassembler, nous n’étions pas autorisés à défiler, et nous avons donc dû modifier notre itinéraire. Actuellement, le gouvernement envisage de retirer sa ratification de la Convention d’Istanbul, un traité du Conseil de l’Europe sur les droits de l’homme contre la VEF. Cette situation a suscité des manifestations visant à faire pression sur le gouvernement pour qu’il respecte et applique la convention. Notre législation nationale est conforme à cette convention, et son retrait entraverait toute tentative de prévention de la VEF. La convention vise à prévenir la violence fondée sur le genre en se basant sur l’égalité des genres et en traitant les femmes comme des citoyennes égales aux hommes. Les groupes et les partis qui suggèrent le retrait de la Convention affirment que nous pouvons créer nos propres lois nationales. Mais la Convention elle-même a été créée grâce aux efforts des féministes en Turquie. Se retirer de cette convention signifierait que nous ne croyons pas à l’égalité des genres. Nous avons récemment essayé d’avoir un forum sur la Convention d’Istanbul, mais il a été interdit, donc la situation n’est pas aisée.

  Nous avons besoin de politiques coordonnées et correctement mises en œuvre pour lutter contre la VEF. Il ne s’agit pas seulement des forces de police ou des refuges. Lorsqu’une femme veut quitter un environnement violent, elle a besoin d’un soutien juridique, social et financier. Elle doit rester dans un refuge si elle n’a nulle part où aller. Tous ces éléments, qui sont mentionnés dans la Convention d’Istanbul, doivent être réunis pour créer un environnement sûr pour les femmes. Lorsque tout le mécanisme de soutien s’effondre, comme ce fut le cas pendant la pandémie, il est impossible pour les femmes de quitter la maison et de commencer leur propre vie. Ce dont nous avons besoin maintenant, c’est de discuter non pas du retrait de la Convention, mais de la manière de la mettre en œuvre.

  L’espace civique en Turquie est classé « répressif » par leCIVICUS Monitor.

  Contactez Mor Çatı via sonsite web ou son profilFacebook, et suivez@morcativakfi sur Twitter etmorcati_vakfi sur Instagram. 

• WOMEN’S RIGHTS: ‘At this pace, it will take us nearly a century to reach equality’

  In the run-up to the 25th anniversary of theBeijing Platform for Action, due in September 2020, CIVICUS is interviewing civil society activists, leaders and experts about the progress achieved and the challenges ahead. Focused on eliminating violence against women, ensuring access to family planning and reproductive healthcare, removing barriers to women’s participation in decision-making, providing decent jobs and equal pay for equal work, the Beijing Platform for Action was adopted at the United Nations’ (UN)Fourth World Conference on Women in 1995. After 25 years, significant but unequal progress has occurred, not least as the result of incessant civil society efforts, but no single country has yet achieved gender equality.

  CIVICUS speaks with Serap Altinisik, Head of Plan International’s European Union (EU) Office and EU Representative. Previously, in her role as Programme Director at the European Women’s Lobby (EWL), Serap led EWL’s 50/50 Campaign, ‘No Modern Democracy without Gender Equality’, across Europe. She also recently became a member of the CIVICUS Board.

  

  A quarter of a century later, how much of the promise contained in the Beijing Platform for Action has translated into real changes? What needs to be done now so that Goal 5 on gender equality of the Sustainable Development Goals (SDGs) is achieved by 2030?

  2020 marks the 25th anniversary of the Beijing Declaration and Platform for Action – the most visionary agenda for girls’ and women’s rights. 2020 also marks the countdown of a decade left to achieve the SDGs.

  Over the past decades there has been some clear, measurable progress towards gender equality. For example, 131 countries have enacted 274 legal and regulatory reforms in support of gender equality, maternal mortality has decreased by at least 45 per cent, primary school enrolment for girls and boys has almost equalised and approximately 25 per cent of seats in national legislative bodies are held by women, a number that has doubled over the past few decades.

  However, 25 years after UN member states committed to achieving gender equality and five years into the SDGs, no country has fully achieved the promise of gender equality. If governments continue at this pace, it will take us nearly a century to reach that goal.

  To achieve SDG 5, I agree with UN Secretary-General António Guterres, who has called for a decade of action on meeting the SDGs, and wants to make this the century of gender equality. Retrospectively, gender inequality is one of the things that will shame us the most about the 21st century.

  Governments have to invest in consistent gender equality, which consequently means not only enacting laws and regulations but also implementing gender-responsive budgeting consistently. Research shows that where investments are consistent, girls’ and women’s rights are on the rise. However, there is no one-size-fits-all approach. When adopting regulations and laws, governments need to use a life-cycle approach to address the specific needs of women in each stage of a woman’s life. If we wish to measure and increase progress and learn from data, then data has to be disaggregated according to age, gender, disability and ethnicity, among other things.

  Nonetheless, the most persistent factors that are holding back girls and women to lead, decide and thrive equally as boys and men are social norms, stereotypes and sexism. Studies and experiences of girls and women showcase that household-level practices in many countries subordinate women even when they are educated, even when they are in the workforce and even when they serve in government. Given that the personal is political, as the slogan from the feminist movement of the 1960s put it, gender equality and girls’ and women’s rights have to be a priority in politics, economics, practices and social norms – and this starts at home. It cannot be an add-on if the goal is to achieve the promise of gender equality fully by 2030.

  Looking back on 2019, what would you say have been the main successes and challenges in the struggle for gender equality and women’s rights?

  The rise of authoritarian leaders and the establishment of right-wing governments are preparing a fertile ground for violence and discrimination against girls and women. Therefore, we have seen pushbacks, with attacks on hard-won gains in girls’ and women’s rights in both the global north and global south in recent years. Conflict and humanitarian crises have become more complex and protracted over the past years, and women and girls have found themselves facing the most risks. Unfortunately, discrimination, poverty and violence are still in the lives of girls and women worldwide. It seems that misogyny accompanied with racism is on the rise, while the space for civil society is being increasingly crushed.

  Yet across the world girls and women are raising their voices, collaborating and showing solidarity, and are not willing to wait for change and gender justice any longer. In this, women’s rights organisations and feminist leaders are playing a vital role!

  I am aware that by only mentioning a few successes, I might not do justice to so many other success stories. Nevertheless, for me the main successes have been diverse and inspiring, such as, for example, the first ever woman leading the European Commission since its existence; Sudan's female protesters leading the pro-democracy movement; young women leading the environmental movement; girls and women resisting across the continents. They are challenging the status quo and are at the forefront in highlighting that another world is possible.

  Their actions are changing not only laws and regulations and bringing new deals to the centre – such as the European Green Deal by the EU and the ambition to have equal representation across EU institutions – but they are also shifting social norms and are contributing to the ‘new normal’ in which girls and women can shape the world, too.

  You have been personally involved in theFair Share initiative. What would be a ‘fair share’ of women representation and female leadership, and why is it important that we achieve it?

  Fair Share of Women Leaders is a civil society organisation that seeks to test and showcase new forms of governance that reflect feminist values and principles and overcome some of the pitfalls of power imbalance, hierarchy and bureaucracy of traditional governance mechanisms. We push for proportionate representation of women in leadership roles in the social sector – a goal that we want to achieve by 2030 at the latest.

  Although women make up nearly 70 per cent of the global social impact workforce, they hold less than 30 per cent of the top leadership positions in their organisations. This lack of diverse voices in key decision-making positions undermines the impact organisations have towards achieving SDG 5. In the wake of #MeToo and a number of sexual abuse scandals in civil society, many organisations have had to rethink their strategies. Our sphere needs to start systematically promoting women’s leadership as a lever of change.

  Of course, I have to acknowledge that a lot is positively changing within civil society. Some civil society organisations have committed to developing an organisational and leadership culture that values gender equal representation, diversity and participatory decision-making, but we have still ourselves a long way to go to achieve gender equality. We have to live up to our values if we want to be legitimately asking for positive change in the world. We have to be the change if we wish to see it.

  To push for this change, Fair Share monitors the number of women in leadership to hold civil society accountable, promotes feminist leadership and mobilises men and women to create feminist organisations, and seeks to create opportunities for women from diverse economic and social backgrounds, nationalities and ethnicities who are currently less likely to be in leadership positions.

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