Nicaragua

• NICARAGUA: “El caso de María Esperanza es parte de un proceso creciente de criminalización de la protesta social”

  CIVICUS conversa con Ana Lucía Álvarez, responsable para Nicaragua de la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras), acerca del caso de María Esperanza Sánchez, injustamente encarcelada en Nicaragua desde marzo de 2020, y acerca de la campaña en curso para obtener su liberación.

  IM-Defensoras es una red de activistas y organizaciones de El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Nicaragua que busca dar una respuesta integral y regional al aumento de la violencia contra las defensoras de derechos humanos en Mesoamérica. Fundada en 2010, busca fortalecer y vincular a defensoras que participan en distintas organizaciones y movimientos sociales para fortalecer redes de protección y solidaridad entre ellas y aumentar la visibilidad, el reconocimiento y el impacto de su trabajo por los derechos humanos.

  

  ¿Desde cuándo está María Esperanza en la cárcel, y por qué?

  María Esperanza fue capturada el 26 de enero de 2020. Ella es una activista que estuvo acompañando durante mucho tiempo a familiares de personas presas políticas, y tengo entendido que inició su activismo y su organización a partir del levantamiento ciudadano de abril del 2018. Ella ya era perseguida por lo que estaba en una casa de seguridad. La policía allanó ilegal y arbitrariamente la vivienda, sin orden de allanamiento, y se la llevó. La acusaron de tráfico de estupefacientes, psicotrópicos y otras sustancias controladas en perjuicio de la salud pública. Su caso lo está llevando el abogado Julio Montenegro, dedicado a litigar en casos de criminalización de la protesta y judicialización de activistas y personas defensoras de derechos humanos. 

  ¿Consideras que el caso de María Esperanza es parte de un ataque más amplio contra el espacio cívico en Nicaragua?

  Definitivamente, hay un proceso creciente de criminalización de la protesta social en Nicaragua. El primer auge de esa criminalización se dio luego de la Operación Limpieza, que terminó aproximadamente en agosto de 2018. Fue una operación pseudo militar realizada por fuerzas policiales y parapoliciales, para desmantelar toda organización de resguardo y protección territorial que la población había levantado a través de barricadas en los barrios y tranques en las calles de todo el país. 

  Terminada la Operación Limpieza, comenzó la criminalización de quienes habían participado en la lucha cívica. Más de 800 personas fueron presas políticas, y luego fueron excarceladas en 2019 por decisión unilateral del gobierno mediante la Ley de Amnistía.

  María Esperanza ya era perseguida, hostigada, vigilada y amenazada desde antes de caer presa por su labor de defensa de los derechos humanos. Su detención y su juicio, al igual que el de muchísimas otras personas, estuvieron plagados de irregularidades. Las violaciones del debido proceso son sistemáticas. En Nicaragua el sistema de justicia está totalmente cooptado, colapsado y controlado por la llamada “pareja presidencial”, constituida por el presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta, su esposa Rosario Murillo.

  ¿Cómo ha seguido la situación de la sociedad civil desde la ola de protestas de 2018?

  En las protestas de 2018 hubo más de 350 personas asesinadas en un lapso de seis meses. El peso simbólico y emocional que tuvo esa cantidad de muertos en un país que ha vivido guerras civiles, dictaduras y levantamientos armados, ha sido tremendo. En Nicaragua nunca ha habido rendición de cuentas, siempre ha habido políticas de borrón y cuenta nueva, lo cual profundiza las heridas.

  Al sufrimiento de los 350 muertos se suman los de las más de 800 personas que fueron presas por motivos políticos, gran parte de las cuales están excarceladas. Decimos “excarceladas”, y no “libres”, porque tras la excarcelación la persecución política no se termina: el hostigamiento sistemático de las fuerzas policiales y parapoliciales continúa, y se constituye en obstáculo para el disfrute de múltiples derechos, tales como el derecho al trabajo.

  Para estas personas, a los efectos de la crisis económica que atraviesa el país se suman las dificultades que trae consigo la persecución política. Muchas veces no pueden salir de su casa porque hay una patrulla afuera, y cuando salen los siguen, consiguen los nombres de sus empleadores y también comienzan a hostigarlos.

  La persecución se da a nivel barrial. El partido gobernante, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, ha establecido diversas estructuras que utilizan para el control territorial mediante la vigilancia y la represión: los Consejos de Poder Ciudadano, los Gabinetes de la Familia y los Comités de Liderazgo Sandinista. Si eres una persona opositora o defensora de derechos humanos, siempre habrá algún vecino tuyo que está metido en alguna de esas estructuras e informa al régimen y a la policía de lo que haces, y luego comienzas a recibir persecución, hostigamiento, e incluso puede que detenciones arbitrarias.

  El hostigamiento y la hipervigilancia provocan daños psicológicos no solamente en la persona perseguida sino también en su familia. Eso ha repercutido en el aumento de la emigración, que es un fenómeno dual, causado tanto por la persecución política como por la precarización social. Desde 2018 120 mil personas se han ido de Nicaragua, una cantidad enorme para un país de apenas seis millones de habitantes.

  Las elecciones de 2021 exhibieron abiertamente la falta de legitimidad del régimen. ¿Sobre qué bases se sostiene el gobierno?

  En el contexto de las elecciones de 2021 la persecución no hizo más que exacerbarse. Para poder llevar a cabo la farsa electoral de noviembre, el gobierno encarceló a diez precandidatos y precandidatas presidenciales y a mucha gente con un rol central en el proceso electoral y en la conformación de alternativas. Eso mandó un mensaje muy claro, como consecuencia del cual sigue habiendo mucha autocensura.

  Daniel Ortega ha continuado concentrando y consolidando su poder. Actualmente vivimos bajo un régimen que se ha convertido en totalitario, donde todas las libertades están totalmente restringidas. Esta es la única forma en que el gobierno puede sostenerse, porque no tiene ninguna legitimidad. Por eso la represión y el control social continúan aumentando en vez de disminuir. En ausencia de esos niveles de represión y control social, el altísimo nivel de rechazo popular hacia el régimen le haría imposible mantener el control político.

  En consecuencia, cabe esperar que continúen la represión, el control territorial, la represión barrial, la criminalización de la protesta y la disidencia social y el cierre de espacios para la libertad de expresión y para la libertad de prensa.

  Ahora se ha aprobado un combo de leyes que incluye una Ley de Ciberdelitos. Y ya tenemos al primer preso político condenado por esta ley, que no hace otra cosa que criminalizar la libertad de opinión.

  Lo que busca el gobierno con los presos políticos es tener rehenes. Entre las personas detenidas en los últimos tiempos destacan precandidatos presidenciales, empresarios, banqueros, abogados, activistas y personas defensoras de derechos humanos. El gobierno trata de negociar su salida para ganar legitimidad y aprobación internacional.

  Lo cierto es que el gobierno no tiene apoyo internacional. Los únicos líderes extranjeros que asistieron a su toma de posesión fueron el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, el de Venezuela, Nicolás Maduro, y el presidente saliente de Honduras, Juan Orlando Hernández.

  ¿Cómo podría la comunidad internacional apoyar a la sociedad civil nicaragüense en su lucha por la recuperación de la democracia y los derechos humanos?

  Hay que amplificar la denuncia de las violaciones y afinar los mecanismos de rendición de cuentas. La sociedad civil en Nicaragua ha hecho un tremendo esfuerzo no solamente para documentar las violaciones de derechos humanos sino también para identificar autores y responsables. Dado que el sistema de justicia en Nicaragua está colapsado, y que la sociedad civil está haciendo todo lo que está en sus manos, recae sobre la comunidad internacional la gran responsabilidad de impulsar la rendición de cuentas y el castigo a los responsables.

  El régimen de Daniel Ortega ya no es un proyecto político sino un proyecto económico. El control del Estado le permite disponer de redes de corrupción en su provecho. En función de esto la comunidad internacional debería afinar sus mecanismos, revisando el tema de las sanciones económicas, identificando a las empresas que siguen haciendo negocios, no siempre totalmente lícitos, con el régimen de Ortega. Ya que muchos acuerdos de asociación tienen cláusulas democráticas y anticorrupción, es necesario hacerlos operativos. También deben imponerse sanciones personales a los artífices de la corrupción y de la represión.

  ¿Qué tipo de presión debería ejercerse para lograr la liberación de María Esperanza Sánchez?

  María Esperanza fue condenada a diez años de prisión. Todo lo que ha pasado con ella y con el resto de las personas presas políticos es completamente arbitrario; justamente por eso les consideramos presos políticos. Lo que reclamamos es la liberación incondicional y con garantías de todos ellos. 

  Lo que ocurra con ellos dependerá en gran medida de la fuerza con que logren ejercer presión la oposición y la comunidad internacional, de la correlación de fuerzas que se establezca entre el gobierno de Nicaragua y los movimientos de defensa de los derechos humanos.

  Hay que hacer campañas y seguir presionando. Seguir poniendo el dedo en la llaga de todas las arbitrariedades, ilegalidades y violaciones de derechos humanos. Todavía sigue habiendo gente en Europa y en otras partes del mundo que piensa que Daniel es aquel antiguo revolucionario idealista, y no el déspota en que se ha convertido. La mejor forma de desenmascarar a dictadores y violadores de derechos humanos es seguir comunicando la verdad sobre la base de evidencia bien documentada.

  El espacio cívico en Nicaragua es calificado como “cerrado” por elCIVICUS Monitor. Nicaragua está actualmente en nuestralista de vigilancia, que identifica a los países donde se está produciendo un deterioro severo y abrupto de la calidad del espacio cívico.
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• NICARAGUA: “El régimen busca aniquilar toda organización autónoma de la ciudadanía”

  CIVICUS conversa con María Teresa Blandón, defensora nicaragüense de los derechos humanos y directora del Programa Feminista La Corriente, una organización de la sociedad civil (OSC) cuya personería jurídica fue recientemente cancelada por el régimen autoritario liderado por el presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo.

  

  ¿A qué se debe la renovada ola de represión actualmente en curso en Nicaragua?

  La represión se incrementó en vísperas de las elecciones fraudulentas de 2021, cuando el régimen apuntó específicamente contra los líderes de los principales grupos de oposición que habían estado construyendo alianzas para participar de las elecciones, ya que aun sabiendo que las condiciones eran sumamente adversas insistían en que esta era la salida a la crisis.

  A partir de enero de 2022 el régimen Ortega-Murillo escaló nuevamente su ofensiva, posiblemente a causa de un fallo en sus cálculos políticos: había pensado que una vez consumado el fraude electoral y con la oposición en la cárcel, ésta abdicaría de su rol y el régimen obtendría el aval de la comunidad internacional.

  Pero ninguna de las dos cosas ocurrió: ni la oposición se resignó ni hubo apoyo internacional, sino todo lo contrario: el aislamiento del régimen se profundizó. La oposición nicaragüense mantuvo y mantiene una constante denuncia ante la instalación de un estado policial de facto y reclama la salida del régimen por vías cívicas. Las OSC que lograron mantenerse en el país continuaron denunciando las violaciones sistemáticas de los derechos humanos y la represión; de ahí la aprobación de nuevas leyes para despojarlas de su personería jurídica y de sus bienes.

  Ante la falta de legitimidad, el régimen Ortega-Murillo ha profundizado su estrategia de aniquilación de toda forma de organización de la ciudadanía que no se subordine a sus intereses. A la fecha, más de 1.600 OSC han sido eliminadas por la Asamblea Nacional y en muchos casos sus bienes han sido confiscados en el marco de leyes abiertamente violatorias de la Constitución de nuestro país, que establece el derecho a la libre asociación y la prohibición expresa de la confiscación.

  Hasta hace muy poco, la cancelación de personerías jurídicas había estado a cargo de la Asamblea Nacional, pero una nueva ley asignó esta atribución al Ministerio de Gobernación, que ahora tiene el poder absoluto de decidir quiénes tienen derecho a asociarse y quiénes no. El procedimiento es expedito y no existe ninguna instancia de apelación, lo cual habla claramente del nivel de indefensión en que se encuentra la sociedad civil nicaragüense.

  El Poder Judicial ha guardado silencio ante los recursos por inconstitucionalidad presentados en 2021, luego de la aprobación de la Ley de agentes extranjeros que obliga a las OSC que reciben fondos de la cooperación internacional a reportar en detalle sus actividades en un nivel que hace prácticamente imposible su funcionamiento.

  De este modo, el régimen elimina toda forma de participación autónoma, deja a activistas y personas defensoras de derechos humanos en una situación de mayor precariedad, y se hace de los recursos que necesita para continuar con las prácticas clientelares características de su gestión.

  Y es que uno de los problemas que enfrenta el régimen es precisamente la falta de recursos para sostener los proyectos de desarrollo comunitario que llevaban a cabo muchas de las OSC eliminadas. Ya no cuenta con apoyos procedentes de Venezuela y tampoco puede seguir ampliando las empresas familiares que el clan Ortega-Murillo ha construido al amparo del poder. Muchas de estas empresas han sido sancionadas, incluyendo la que tiene el monopolio del combustible, lo que les ha obligado a realizar diversas maniobras para mantenerlas activas. 

  ¿Cuál es el trabajo que hace tu organización?

  El Programa Feminista La Corriente tiene casi 30 años de existencia, y nació con el propósito de contribuir a la generación de pensamiento crítico y alentar nuevas formas de participación de las mujeres en Centroamérica. Durante los últimos 15 años hemos ampliado nuestra labor con jóvenes y colectivos disidentes sexuales y de género.

  Durante todo nuestro recorrido, hemos contribuido a desafiar el heterosexismo, la misoginia y la violencia machista y construido redes vitales para la defensa de derechos. Hemos priorizado temas relacionados con la prevención de la violencia, la maternidad voluntaria, el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos y el respeto de la diversidad sexual y de género.

  Los esfuerzos de investigación de la realidad que viven las mujeres, jóvenes y cuerpos disidentes han sido clave para el desarrollo de programas de formación y comunicación pública. Para nosotras es de vital importancia potenciar la acción colectiva a través de movimientos sociales capaces de pensar y actuar los cambios requeridos por la sociedad nicaragüense. También somos parte de redes y alianzas centroamericanas y latinoamericanas, desde donde contribuimos con procesos de incidencia hacia gobiernos e instituciones globales.

  Precisamente por generar pensamiento crítico y defender derechos, en el mes de mayo del presente año la Asamblea Nacional canceló nuestra personería jurídica y a principios de julio la policía se apropió de nuestras instalaciones.

  ¿Con qué argumentos se ordenó el cierre de la organización?

  En general, los argumentos esgrimidos por los diputados sandinistas que controlan el parlamento incluyen una acusación sin fundamento alguno que coloca a las OSC como posibles lavadoras de dinero por el hecho de recibir dinero de fuentes externas, obviando de manera deliberada que estas fuentes están vinculadas a gobiernos y agencias de cooperación debidamente establecidas. 

  También esgrimen supuestas infracciones burocráticas tales como el vencimiento de juntas directivas, la falta de actualización de estatutos, o simplemente que se habían negado a dar información solicitada por el Ministerio de Gobernación. Sobre esto último, hay que destacar la intervención abusiva de este ministerio, que de acuerdo con la nueva ley obliga a las OSC a presentar información detallada sobre cada una de las actividades a realizar y datos personales de las personas con las que trabajan.

  Tales exigencias desnaturalizan el sentido de las organizaciones no gubernamentales, convirtiéndolas en una extensión del Estado, una clara evidencia del afán totalitario de este régimen. A todas luces se trata de imponer un modelo de control absoluto para lo cual es necesario desarticular toda forma de participación autónoma de la sociedad civil.

  Asimismo, con la cancelación de las OSC que trabajan con sectores de escasos recursos, el régimen pretende retomar el control de lo que supone su base social, a la que intenta recuperar o retener a través de políticas clientelares. En este sentido, han sido eliminadas organizaciones que promueven el acceso a la educación de niños y jóvenes de bajos recursos, atención a necesidades de personas con discapacidad acceso de las mujeres rurales e indígenas a la tierra y otros recursos, servicios de salud sexual y reproductiva, y acompañamiento a mujeres víctimas de violencia, entre otras. 

  También se han cerrado OSC que trabajan en el ámbito de la participación ciudadana desde una perspectiva de derechos y con un claro enfoque de defensa de valores democráticos. Han sido declaradas adversarias del régimen y sus representantes han sido objeto de vigilancia, amenazas, exilio y encarcelamiento. También se trata de una suerte de venganza por generar evidencias que desmienten el discurso oficial y denunciar la violación sistemática de derechos por parte del régimen sandinista.

  ¿Por qué el régimen se ha ensañado específicamente con las organizaciones feministas?

  La hostilidad contra las feministas nicaragüenses viene desde la década de los ‘80. El Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), como partido guerrillero que llegó al poder, realmente nunca reflexionó sobre las lógicas patriarcales del poder, simplemente las replicó sin contemplaciones.

  Las feministas de mi generación tuvimos que soportar una relación autoritaria y abusiva con el gobierno sandinista, que en distintos momentos expresó malestar con la existencia de una organización de mujeres, porque desde su perspectiva ello debilitaba la unidad de las fuerzas revolucionarias.

  De hecho, ejercieron su poder de veto para impedir que los colectivos de mujeres colocaran en el debate público demandas relativas a la violencia machista y los derechos sexuales y reproductivos. Las líderes de estos colectivos fueron silenciadas y obligadas a asumir las prioridades establecidas por la dirigencia del partido de gobierno.

  El parteaguas que marcó la ruptura definitiva del movimiento feminista con el FSLN ocurrió a fines de los ‘90, cuando Zoilamérica Narváez, hija de Rosario Murillo, esposa de Daniel Ortega y actual vicepresidenta, denunció los abusos cometidos por su padrastro durante más de 20 años. Cuando las feministas nos posicionamos del lado de la víctima se produjo la una ruptura con la dirigencia del FSLN, que desde entonces nos percibe como enemigas. La denuncia de Zoilamérica alentó nuevas denuncias que involucraron a otros miembros de la dirección nacional del FSLN, como el fallecido Tomás Borge.

  Por otro lado, durante la campaña electoral de 2005-2006 un sector del movimiento feminista formó parte de una alianza electoral con partidos de oposición, incluyendo al Movimiento de Renovación Sandinista, ahora UNAMOS, a quienes el FSLN considera traidores de la revolución por haber demandado la democratización del partido y cuestionado el liderazgo autoritario y caudillista de Ortega.

  El retorno de Ortega al gobierno en 2007 enseguida dejó en claro que su estrategia era lograr la desarticulación de las redes feministas que a esas alturas habían crecido en su capacidad de propuesta y de influencia en la sociedad nicaragüense. La campaña de estigmatización arrancó con un discurso de Murillo en el que acusó a las feministas de traficar con el sufrimiento de las mujeres y de querer imponer una forma de vida extraña a la cultura nicaragüense. Ese mismo año el gobierno comenzó a presionar a las agencias internacionales de cooperación para que suspendieran su apoyo a los colectivos feministas, logrando que muchas de ellas se fueran del país.

  El discurso del régimen Ortega-Murillo tuvo entre sus principales ejes su supuesto compromiso con la equidad de género, proclamando como uno de los principales avances el logro de la paridad de género en todos los poderes del Estado. Si bien este discurso fue asumido por organismos de Naciones Unidas e instituciones financieras multilaterales, las feministas aportaron claras evidencias que confirmaban la persistencia de la desigualdad y la ausencia de políticas públicas para atender demandas de las mujeres.

  La penalización absoluta del aborto, la ausencia de políticas de prevención y sanción de la violencia machista, incluyendo el abuso sexual contra niñas y adolescentes que en Nicaragua es una constante, la ausencia de educación sexual, el incumplimiento de la ley que estableció la creación de un fondo para la entrega de tierras a mujeres rurales, la violación de derechos laborales de las trabajadoras de maquila, figuran entre los problemas no resueltos por un régimen que se atrevió a compararse con los países que más han avanzado en materia de equidad de género en el mundo.

  ¿Qué deberían hacer los donantes, y la comunidad internacional en general, para ayudar a la sociedad civil nicaragüense?

  En tiempos tan convulsos y con tantos focos de tensión en el mundo, resulta difícil apelar a la solidaridad con la sociedad nicaragüense, que continúa apostando por un cambio cívico y pacífico para salir de esta nueva dictadura y sentar las bases de la democratización del país. 

  Sin embargo, es urgente seguir apelando a los gobiernos democráticos, independientemente de su signo ideológico, para que no aparten la mirada de lo que pasa en Nicaragua y apoyen nuestras justas demandas de liberación inmediata de las presas y presos políticos, suspensión del estado policial, cese de la persecución a las OSC y a la iglesia católica, y restablecimiento pleno de nuestros derechos.

  Reclamamos una postura coherente por parte de los gobiernos democráticos, las agencias del sistema de Naciones Unidas, las instituciones financieras multilaterales, los bloques de integración regional y los foros de partidos políticos a fin de evitar cualquier acción que contribuya a prolongar la permanencia de la dictadura Ortega-Murillo en el poder.

  A estas alturas resulta inadmisible que denuncien las sistemáticas violaciones de derechos humanos, incluyendo la comisión de crímenes de lesa humanidad por parte del régimen, al mismo tiempo que votan a favor del otorgamiento de préstamos al mismo régimen, que además de incrementar una deuda que ya es mayor que el PIB, le da un mayor margen de maniobra para sostenerse en el poder.

  El apoyo activo a personas defensoras de derechos humanos, periodistas independientes y OSC es vital para sostener la esperanza en un cambio democrático que no imponga más sufrimientos al pueblo nicaragüense.

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• NICARAGUA: “Estas elecciones fraudulentas fueron para el gobierno un completo fracaso”

  CIVICUS conversa acerca de las recientes elecciones en Nicaragua, caracterizadas por la proscripción de candidaturas, el fraude y la represión, con una defensora de derechos humanos perteneciente a una plataforma nacional de la sociedad civil nicaragüense, que por razones de seguridad solicitó mantener el anonimato.

  

  ¿En qué contexto político se desarrollaron las elecciones presidenciales del 7 de noviembre?

  El contexto comenzó a configurar se en el año 2006, con el pacto entre los líderes del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), Daniel Ortega, y la fuerza por entonces gobernante, el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), con el expresidente Arnoldo Alemán a la cabeza. El objetivo del llamado “pacto Alemán-Ortega” consistía en instaurar un sistema bipartidista dominado por ambos líderes, lo cual no funcionó para ambos: resultó en una completa reestructuración del sistema político, incluidas una reforma de la Constitución y la modificación de las fechas de las elecciones, que le permitió al FSLN – que llevaba varios turnos electorales perdiendo la presidencia - ganar las elecciones de 2006 con el 38% de los votos, para ya no volver a dejar el poder.

  Ya en el poder, el FSLN realizó varias reformas constitucionales y de la ley electoral ordenadas por Daniel Ortega, en contubernio con los poderes legislativo, judicial y electoral, para imponer una constitución a su medida y hacerse reelegir indefinidamente.

  Desde las más recientes reformas electorales, que datan de mayo de 2021, el contexto electoral ya estaba diseñado para que el actual gobierno ganase las elecciones. Esta reforma le entregó al FSLN el control de toda la estructura electoral, le dio a la policía la potestad de autorizar o no los mítines políticos de los opositores y quitó financiamiento a sus candidatos.

  Ya en diciembre de 2020 la Asamblea Nacional había aprobado una ley para neutralizar candidaturas opositoras: bajo el pretexto de rechazar la injerencia extranjera en los asuntos internos de Nicaragua, inhibió las candidaturas de quienes hubieran participado en las protestas de 2018, catalogadas por el gobierno como un intento de golpe de Estado financiado por potencias extranjeras.

  Todas estas leyes fueron aplicadas por las instituciones del Estado para proscribir a todos los postulantes democráticos que de alguna manera pudieran ser considerados idóneos para derrotar al candidato del FSLN. El resultado fueron unas elecciones sin ninguna competencia real.

  ¿Se hizo algún intento de postergar la elección hasta que estuvieran dadas las condiciones?

  Primero, en el contexto de las protestas de 2018, que fueron fuertemente reprimidas y arrojaron centenares de muertos, varios sectores, incluida la Conferencia Episcopal de Nicaragua, propusieron adelantar las elecciones para resolver la crisis. Algunos también pensaron en la posibilidad de forzar la renuncia del presidente por su responsabilidad en las sistemáticas violaciones de derechos humanos en el marco de las protestas de 2018.

  Pero Ortega se negó a convocar a elecciones anticipadas, y en cambio desafió a los supuestos “golpistas” que protestaban contra él a conseguir el voto del pueblo en las elecciones de 2021. Y entretanto, en vez de proceder a la reforma electoral que se reclamaba desde hace años, se dedicó a preparar el terreno para que nadie pudiera desafiarlo en esas elecciones.

  Con el proceso electoral de 2021 ya en marcha, y en vistas de que no habría ninguna competencia real, hubo actores de la sociedad civil que recomendaron suspender y reprogramar unas elecciones que serían claramente ilegítimas y carentes de credibilidad, pero desde ya que este reclamo no tuvo ningún eco.

  ¿Cómo evalúas los resultados de las elecciones?

  Claramente la abrumadora mayoría de la ciudadanía nicaragüense consideró que estas elecciones eran ilegítimas, puesto que solo aproximadamente el 10% de los votantes habilitados se presentaron a votar. Algunos de los que lo hicieron son partidarios del gobierno, mientras que otros, como los integrantes del ejército y la policía y los trabajadores del Estado, fueron obligados por el temor y por sus circunstancias laborales.

  Estas afirmaciones son respaldadas por los datos de los sondeos de diversos grupos de la sociedad civil dentro y fuera del país, tales como Coordinadora Civil, Mujeres Organizadas y Urnas Abiertas. El día de las elecciones, algunas de estas organizaciones hicieron un sondeo rápido en el terreno, en dos tiempos – en una franja matutina y otra vespertina – y documentaron a través de fotos, videos y testimonios de algunos observadores electorales invitados por el gobierno que la mayoría de la población no salió a votar.

  Desde el punto de vista de la sociedad civil, estas elecciones fueron para el gobierno un completo fracaso, ya que nos da todos los fundamentos para demostrar a nivel internacional que el presidente no cumple con las condiciones mínimas de legitimidad para permanecer en su puesto. No solamente el pueblo no reconoce los resultados de estas elecciones: hay más de 40 países que no los han reconocido. El gobierno llevó a cabo unas elecciones fraudulentas para ganar legitimidad, pero no lo consiguió porque nadie lo reconoce ni a nivel nacional ni a nivel internacional.

  ¿Cuál es el panorama para la sociedad civil nicaragüense tras las elecciones?

  El panorama no ha cambiado. Lo que nos espera es más de lo mismo: más represión, más persecución, más secuestros, más presos políticos, más exiliados. Al mismo tiempo, este gobierno que no responde ni rinde cuentas, es completamente incapaz de resolver ninguno de los problemas que tiene Nicaragua, de modo que también continuarán profundizándose la pobreza, el desempleo y la inseguridad ciudadana.

  En respuesta, no podemos hacer otra cosa que sostener la resistencia y tratar de romper las cadenas del miedo, porque este gobierno ilegítimo domina a través del temor.

  ¿Qué clase de apoyos internacionales necesita la sociedad civil nicaragüense?

  La sociedad civil nicaragüense necesita toda clase de apoyos, desde apoyos para la construcción y el fortalecimiento de alianzas que amplifiquen nuestras voces para dar a conocer la situación política que vive Nicaragua y reclamar acción en los foros internacionales, hasta apoyos financieros y en especie para dotarnos de las herramientas con que hacemos nuestro trabajo, sostener a nuestras organizaciones y proveer de protección a las personas defensoras de derechos humanos que están siendo perseguidas y atacadas.

  El espacio cívico en Nicaragua es calificado como “represivo” por elCIVICUS Monitor. Nicaragua está actualmente en nuestralista de vigilancia, que incluye casos donde se está produciendo un deterioro severo y abrupto de la calidad del espacio cívico.

• Nicaragua: A new investigative mechanism established by the Council is a critical step towards accountability

  Resolution on Nicaragua adopted at the 49th Session of the UN Human Rights Council

• Nicaragua: Carta a los gobiernos solicitando una mayor vigilancia de los derechos humanos

  El Consejo de Derechos Humanos de la ONU debe garantizar la continuidad y el fortalecimiento del monitoreo de la situación de los derechos humanos en Nicaragua

  Nosotras, las organizaciones de derechos humanos abajo firmantes, pedimos al Consejo de Derechos Humanos (CDH) que durante el 43º periodo de sesiones adopte una resolución por la que renueve y refuerce el mandato de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) para hacer un seguimiento de la situación de los derechos humanos en Nicaragua e informar al respecto, tal como solicitó específicamente la alta comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos.  Instamos a su delegación a apoyar activamente la adopción de dicha resolución.

  A pesar de los esfuerzos regionales y de la ONU por abordar la crisis, la situación sobre el terreno en Nicaragua sigue siendo crítica. Desde que, a finales de 2018, expulsó al personal de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la OACNUDH, el gobierno se ha negado a permitir que observadores internacionales de derechos humanos accedan al país. La represión ejercida por el gobierno contra las organizaciones de derechos humanos, las organizaciones de mujeres y feministas, los líderes y lideresas comunitarios y los periodistas que documentan abusos desde las protestas de 2018 continúa limitando el espacio de la sociedad civil de forma dramática. El gobierno sigue inmerso en lo que la OACNUDH describe como “la prohibición sistemática de las manifestaciones”, por medios que incluyen el acoso y la intimidación, en noviembre de 2019, contra personas que habían iniciado una huelga de hambre para pedir la liberación de sus familiares.  Según los grupos de derechos humanos locales, 61 personas críticas con el gobierno se encuentran encarceladas arbitrariamente, mientras que la impunidad por crímenes de derecho internacional y violaciones graves de derechos humanos cometidas por la policía y por grupos parapoliciales sigue siendo la norma.

  La presentación continua de informes por parte de la OACNUDH sigue siendo fundamental para garantizar que los graves abusos y violaciones de derechos humanos cometidos durante las protestas de 2018 —que incluyeron asesinato, tortura, violación y otros actos de violencia sexual—, y otros cometidos desde entonces, no quedan impunes. Al mismo tiempo, el monitoreo por parte de la OACNUDH es crucial para frenar posibles violaciones de derechos humanos, incluidas las que se puedan cometer en relación con las elecciones presidenciales de 2021.

  Habida cuenta de las graves violaciones de derechos humanos y la falta de disposición de las autoridades a cooperar y trabajar con los mecanismos regionales e internacionales, la situación sigue cumpliendo los “criterios objetivos para la acción del Consejo” (véase en el anexo nuestra perspectiva general a este respecto) elaborados en una declaración conjunta encabezada por Irlanda en el 32º periodo de sesiones  para ayudar a identificar situaciones que requieren la atención del CDH, y reafirmados por declaraciones conjuntas encabezadas por Países Bajos en el 35º periodo de sesiones, Australia en el 37º periodo de sesiones, Fiyi en el 40º periodo de sesiones, y las Islas Marshall durante la sesión actual del Consejo.

  En este contexto, es fundamental que el CDH adopte una resolución para responder con firmeza a las conclusiones del informe presentado por la alta comisionada en septiembre de 2019 (A/HRC/42/18) y siga su recomendación de que el CDH pida a la OACNUDH que “fortalezca el monitoreo, la documentación, el análisis y los informes públicos sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua”. Confiamos en que su delegación apoyará activamente una iniciativa como ésta.

  Sírvase aceptar, Excelencia, nuestra consideración más distinguida.

  Amnistía Internacional
  Articulación de Movimientos Sociales y OSC de Nicaragua (AMS)
  Asociadas por lo Justo (JASS)
  Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH)
  Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
  CIVICUS: Alianza Mundial por la Participación Ciudadana
  Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH)
  FAN - Feministas Autoconvocadas de Nicaragua
  Fondo de Acción Urgente de América Latina y el Caribe (FAU-AL)
  Front Line Defenders
  Fundación Popol Na
  Fundación del Río
  Human Rights Watch
  Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de los Derechos Humanos (IM-Defensoras)
  Iniciativa Nicaragüense de Defensoras de Derechos Humanos (INDDH)
  Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad)
  Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM)
  Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)
  Oxfam
  Plataforma Internacional Contra la Impunidad
  Punto Focal de la Campaña 28 de Setiembre por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe
  Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe - Enlace Nacional Nicaragua
  Red Local
  Servicio Internacional para los Derechos Humanos (ISHR)
  Unión de Presas y Presos Políticos Nicaragüenses (UPPN)

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  Anexo: Evaluación de la situación en Nicaragua frente a los criterios objetivos para la acción del Consejo de Derechos Humanos

  Durante el 32º periodo de sesiones (CDH32) del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, celebrado en junio de 2016, Irlanda pronunció una declaración en nombre de un grupo interregional de Estados (basándose en una declaración conjunta previa pronunciada por Maldivas) que proponía unos criterios objetivos (o “principios rectores”) para “ayudar [al Consejo de Derechos Humanos] a decidir, de forma objetiva y no selectiva, cuándo debe trabajar de forma útil con un Estado concreto para prevenir, responder o abordar violaciones de derechos humanos y ayudar a reducir una situación preocupante”. La aplicación de estos criterios objetivos se ha reafirmado desde entonces en declaraciones conjuntas interregionales pronunciadas por Países Bajos en el 35º periodo de sesiones del Consejo en nombre de 49 Estados, en una declaración conjunta pronunciada por Australia en nombre de 11 miembros entrantes del Consejo de todos los grupos regionales en el 37º periodo de sesiones y en declaraciones similares presentadas por Fiyi en nombre de 10 miembros entrantes en el 40º periodo de sesiones, y por las Islas Marshall en nombre de nueve miembros entrantes en el 43º período de sesiones.

  El análisis llevado a cabo por nuestras organizaciones, detallado más abajo, muestra que todos los criterios identificados en la declaración conjunta se han cumplido parcial o totalmente en el caso de Nicaragua.

  ¿Llamamiento a la acción por parte del secretario general de la ONU, el Alto Comisionado u otro órgano, organismo o agencia pertinente de la ONU?
  En el informe presentado al Consejo de Derechos Humanos en septiembre de 2019, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos expresó motivos de honda preocupación y pidió explícitamente al CDH que renovara y reforzara el mandato de seguimiento y presentación de informes de su oficina.

  ¿Recomendaciones para la acción por parte de un grupo de procedimientos especiales?
  Desde que comenzó la crisis, los procedimientos especiales han planteado pública y reiteradamente sus motivos de preocupación mediante declaraciones conjuntas y acciones urgentes, entre ellas:

  • Declaración conjunta: Nicaragua: debe poner fin a las represalias contra los periodistas, dicen expertos en derechos humanos, 26 de agosto de 2019.
  • Declaración conjunta: Nicaragua debe poner fin a la represión de los derechos humanos - Expertos de la ONU, 22 de noviembre de 2018.
  • Declaración conjunta: Nicaragua debe poner fin a la “caza de brujas” contra las voces disidentes, dicen expertos de la ONU, 9 de agosto de 2018.
  • Declaración conjunta: Nicaragua: Government must end violence and reinstate political dialogue, say UN, 14 de junio de 2018.
  • Declaración conjunta: Nicaragua: Experts say appalled by Government’s violent response to peaceful protests, 27 April 2018.

  ¿Tiene el Estado en cuestión una INDH de “clase A”? De ser así, ¿ha llamado esa institución la atención de la comunidad internacional hacia una situación emergente y ha pedido que se emprendan acciones?
  La INDH de Nicaragua fue degradada a clase B tras una recomendación del el Subcomité de Acreditación de la Alianza Global de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANHRI), por no estar “preparada para pronunciarse con la contundencia adecuada […] en respuesta a denuncias creíbles de graves violaciones de los derechos humanos”.

  ¿Se ha mostrado el Estado en cuestión dispuesto a reconocer que se enfrenta a desafíos especiales en materia de derechos humanos y ha tomado un conjunto de medidas creíbles, incluidos un calendario y unos parámetros de referencia, para responder a la situación? ¿Está el Estado en cuestión colaborando de manera significativa y constructiva con el Consejo sobre la situación?
  El informe presentado por la OACNUDH al CDH en septiembre de 2019 señalaba la constante negación por parte de las autoridades de la responsabilidad de los graves abusos y violaciones de derechos humanos, y decía que las autoridades “han culpado a los líderes sociales y de la oposición, a los defensores de los derechos humanos y a los manifestantes de lo que llaman la ‘violencia golpista’ y su repercusión negativa en la economía del país”.

  La constante negativa del gobierno aceptar la crisis de derechos humanos o a dialogar y cooperar para abordarla quedó claramente en evidencia cuando las autoridades declararon que las conclusiones y recomendaciones del informe de la OACNUDH tenían como intención continuar una campaña difamatoria contra el gobierno y facilitar “condenas políticas y medidas contra el pueblo nicaragüense”.

  ¿Está el Estado en cuestión cooperando de forma efectiva con los procedimientos especiales del CDH, lo que incluye dar permiso para visitar el país?
  Nicaragua no ha permitido el acceso al país a los procedimientos especiales desde una visita realizada por el relator especial sobre el derecho a la alimentación en 2009. Seis procedimientos especiales han solicitado acceso desde 2016, entre ellos el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria y el relator especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica, pero no han podido llevar a cabo visitas. Nicaragua tampoco ha respondido a la gran mayoría de las comunicaciones enviadas por los procedimientos especiales.

  ¿Colabora el Estado en cuestión con la OACNUDH, incluso en el área de la asistencia técnica, y colabora de forma efectiva con los órganos de tratados de derechos humanos de la ONU?
  En agosto de 2018, el equipo de la OACNUDH sobre el terreno fue expulsado de Nicaragua, al día siguiente de publicar un informe sobre los patrones de abusos y violaciones de derechos humanos cometidos en el país. En 2020, a la OACNUDH seguía prohibiéndosele hacer un seguimiento de la situación de los derechos humanos sobre el terreno. Por tanto, la Oficina Regional de la OACNUDH para Centroamérica tuvo que continuar realizando a distancia su seguimiento de la situación de los derechos humanos.

  Nicaragua aún no ha cumplido con su obligación de presentar informes a la mayoría de los órganos de tratados (Comité de Derechos Humanos, 6 años de retraso, Comité contra la Tortura, 5 años, Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, 8 años, Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, 7 años, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 5 años, Comité de los Derechos del Niño, 3 años).

  ¿Algún mecanismo o institución regional pertinente ha identificado que la situación requiere la atención de la comunidad internacional? ¿Está el Estado en cuestión cooperando con las organizaciones regionales pertinentes?
  En 2018, la CIDH, en acuerdo con el gobierno nicaragüense, estableció formalmente dos mecanismos para monitorear e investigar la situación de los derechos humanos: el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) y el GIEI. En diciembre de 2018, Nicaragua expulsó del país tanto al MESENI como al GIEI, un día antes de la fecha prevista para la publicación del informe del GIEI. Tras su expulsión del país, el GIEI publicó su informe, en el que concluía que los abusos cometidos en el país, que incluían asesinato, detenciones arbitrarias y persecución, constituían crímenes de lesa humanidad. Tras una resolución adoptada en junio de 2019 por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el Consejo Permanente nombró, en agosto de 2019, una comisión para abordar la crisis política y social en Nicaragua. En septiembre de 2019, el gobierno negó a la Comisión sobre Nicaragua el acceso al país.  A pesar de la negativa del gobierno nicaragüense a reunirse con la Comisión, ésta pudo emitir su informe, en cumplimiento de su mandato. Tras recibir numerosos testimonios que informaban de acoso e intimidación constantes sufridos por las personas a las que se consideraba contrarias al gobierno, e informaban también de detenciones arbitrarias, trato inhumano y restricciones al ejercicio de los derechos políticos y la libertad de expresión, la Comisión concluyó que “Nicaragua vive una crítica situación en materia de derechos humanos que requiere la urgente atención de la comunidad interamericana e internacional en su conjunto”.

  ¿Está el Estado en cuestión facilitando u obstaculizando el acceso y el trabajo por parte de actores humanitarios, defensores y defensoras de los derechos humanos, y medios de comunicación?
  Nuestras organizaciones han documentado los reiterados actos de censura, ataques y amenazas contra los medios de comunicación, periodistas y defensores y defensoras de los derechos humanos y sus familias por parte de la policía y grupos armados parapoliciales durante las protestas.  El gobierno ha hecho redadas en las oficinas de medios de comunicación independientes, ha presentado cargos penales contra periodistas, ha cancelado la inscripción legal en registro de nueve organizaciones de la sociedad civil, y ha expulsado del país a periodistas extranjeros y a observadores internacionales de derechos humanos.

  Estas preocupaciones han sido expresadas por los mecanismos regionales e internacionales. El 26 de agosto de 2019, un grupo de procedimientos especiales emitió una declaración en la que pedía a Nicaragua que cesara las represalias contra periodistas, como seguimiento de una declaración anterior emitida en noviembre de 2018 en la que instaba “al gobierno de Nicaragua que ponga fin de inmediato a la represión y las represalias contra quienes se muestran en contra de las acciones del Gobierno y cooperan con la ONU, incluidos los defensores y defensoras de derechos humanos, periodistas y manifestantes pacíficos”. En noviembre de 2019, en una declaración de prensa, la OACNUDH pidió al gobierno que pusiera fin “a la represión persistente de la disidencia y al actual patrón de detenciones arbitrarias, y se abstenga de criminalizar y atacar a los defensores y defensoras de los derechos humanos, los opositores políticos y otras voces disidentes”.

  La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha expresado su preocupación por la “nueva etapa de la represión en Nicaragua tendiente a silenciar, intimidar y criminalizar a las voces opositoras al Gobierno, a los organismos de derechos humanos y a los medios de comunicación independientes en el país”. En diciembre de 2019, la CIDH dictó medidas cautelares en favor de 17 defensoras de los derechos humanos que habían sufrido acoso, intimidación, amenazas de muerte y ataques en este contexto. La Corte Interamericana de Derechos Humanos también ha tenido que dictar medidas provisionales para proteger a miembros de dos ONG locales, a causa de los graves riesgos para sus vidas y su integridad física.

• Nicaragua: Cese de la violencia en contra de los manifestantes pacíficos

  Inglés

  CIVICUS y @CoordinadoraCC exigen al presidente de #Nicaragua
  el cese inmediato de la violencia contra las protestas pacíficas que se están desarrollando en el país desde el pasado mes de abril. https://t.co/7ykjPAlGgXhttps://t.co/gYrWnYXA6k

  — CIVICUS (@CIVICUSalliance) June 12, 2018

  La alianza global de la sociedad civil CIVICUS y la Coordinadora Civil de Nicaragua hacen un llamamiento al gobierno de Nicaragua para que detenga la violencia contra las personas que se manifiestan de manera pacífica y para que respete su derecho a manifestarse libremente y de forma pacífica. Después de 54 días de protesta, 135 personas han sido asesinadas, más de 1000 han resultado heridas y 400 detenidas. Mientras tanto, estas personas manifestantes piden al presidente Daniel Ortega que renuncie.

• Nicaragua: Cese de la violencia en contra de los manifestantes pacíficos

  Inglés

  CIVICUS y @CoordinadoraCC exigen al presidente de #Nicaragua
  el cese inmediato de la violencia contra las protestas pacíficas que se están desarrollando en el país desde el pasado mes de abril. https://t.co/7ykjPAlGgXhttps://t.co/gYrWnYXA6k

  — CIVICUS (@CIVICUSalliance) June 12, 2018

  La alianza global de la sociedad civil CIVICUS y la Coordinadora Civil de Nicaragua hacen un llamamiento al gobierno de Nicaragua para que detenga la violencia contra las personas que se manifiestan de manera pacífica y para que respete su derecho a manifestarse libremente y de forma pacífica. Después de 54 días de protesta, 135 personas han sido asesinadas, más de 1000 han resultado heridas y 400 detenidas. Mientras tanto, estas personas manifestantes piden al presidente Daniel Ortega que renuncie.

• Nicaragua: CIVICUS welcomes release of political prisoners but calls for lifting of all restrictions to civic space

  Global civil society alliance, CIVICUS welcomes the release of 222 political prisoners who had been detained and convicted under trumped-up charges by Nicaraguan authorities. Their release is a step in the right direction, and should be followed by the lifting of other restrictions on civic space. While we are relieved for those who have been released and for their families, we remain concerned about the 38 political prisoners who continue to be held in degrading conditions in the country’s penitentiary system.

• Nicaragua: Desde CIVICUS recibimos con satisfacción la liberación de las presas y presos políticos pero reclamamos que se eliminen todas las restricciones al espacio cívico

  Desde la alianza mundial de la sociedad civil, CIVICUS, mostramos nuestra satisfacción por la liberación de las 222 personas presas políticas que habían sido detenidas y declaradas culpables de acusaciones falsas por las autoridades nicaragüenses. Su liberación es un paso en la dirección correcta, y debe ir seguida del cese de todas las restricciones al espacio cívico. Si bien nos alegramos por las personas que han quedado en libertad y por sus familias, nos siguen preocupando los 38 presos políticos que continúan recluidos en condiciones degradantes en el sistema penitenciario del país.

• Nicaragua: El rey está desnudo y alguien tiene que decirlo

  Por Inés M. Pousadela, Especialista Senior de Investigación en CIVICUS

  En Nicaragua hay que ser muy valiente para dissentir. En ausencia de todo vestigio de legitimidad, el régimen gobernante se sostiene, cada vez más, por el recurso a la fuerza bruta.

  A pocas cosas le teme más el tirano que a mirarse desnudo en el espejo: no es casual que el régimen Ortega-Murillo se haya ensañado como lo ha hecho con los estudiantes, asesinándolos por centenares en las calles, secuestrándolos para recluirlos en prisiones inhumanas y condenándolos en juicios sumarios bajo la acusación inverosímil de "menoscabar la integridad nacional".

  Lee el artículo completo: La Prensa

• Nicaragua: Growing human rights violations require UN scrutiny to continue

  UN Human Rights Council – Intersessional Activity

  Interactive Dialogue on the interim oral update by the High Commissioner on the human rights situation in Nicaragua

  🇳🇮#SOSNicaragua: Nos preocupa el creciente número de desplazados forzosos y los + de 240 presos políticos recluidos en condiciones degradantes y tratados cruelmente en las cárceles del país.
  ¡Pedimos urgentemente la libertad de todxs lxs presxs políticxs! https://t.co/07AZzoF28z pic.twitter.com/mBpfAoBcSV

  — CIVICUS Español (@CIVICUSespanol) December 15, 2022

  Delivered by Amaru Ruiz Aleman, Asociación Red Local

  I make this statement on behalf of the Asociación Red Local, a member of the Nicaraguan Platform of NGO Networks.

  We express our concern about the situation of the more than 240 political prisoners who are being held in degrading conditions and receive cruel treatment in various prisons in the country.

  In the recent municipal elections, the Ortega government secured control of the 153 municipalities of the country in an arbitrary and non-transparent manner, thus restricting the civil and political rights of Nicaraguan citizens.

  Due to the various human rights violations, more than 150,000 Nicaraguans are living in exile without being able to return to Nicaragua and more than 3206 civil society organisations and 55 media outlets have been shut down in a concerted effort by the Nicaraguan government to eliminate all dissenting voices.

  We call on the members of the Council to support and strengthen the resolution on Nicaragua at the March 2023 Human Rights Council session to give continuity to the efforts of the Group of Experts and to the monitoring mandate of the Office of the High Commissioner for Human Rights, paying special attention to the restrictions of civic space, the conditions of political prisoners and the situation of forcibly displaced families.

  Freedom for all political prisoners in Nicaragua!

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   Civic space in Nicaragua is rated as "Closed" by the CIVICUS Monitor 

• Nicaragua: la violencia y la represión continúan

  42 reunión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas
  -Diálogo en el informe del Alto Comisionado sobre Nicaragua

  Ha pasado más de un año desde que empezó la crisis en Nicaragua y la violencia y la represión no cesan. Miles de personas han sido detenidas arbitrariamente y centenares han sido criminalizadas por ejercer su derecho a la protesta. Un informe de la Articulación de Movimientos Sociales de Nicaragua, identifica dos nuevas fases de represión durante el 2019: Hostigamientos y restricción a las libertades públicas y Ejecuciones extrajudiciales.

  La mayoría de los prisioneros políticos fueron excarcelados recientemente bajo una Ley de Amnistía, aprobada unilateralmente por diputados del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), misma que perpetúa la impunidad para los responsables de la violencia letal de la que se valió el Estado para reprimir las protestas, pues establece que no se realizará ninguna investigación respecto de estos crímenes. Además, el informe de la Articulación de Movimientos Sociales de Nicaragua señala existen aun 121 presos y presas políticas en manos del Estado Nicaraguense, 54 de los cuales corresponden capturas realizadas en 2018 y 67 a capturas que se han presentado en 2019.

  Los ataques contra el espacio cívico continúan. La Unidad Nacional Azul y Blanco en Nicaragua ha denunciado como el Gobierno de Nicaragua continúa criminalizando a ciudadanos por motivos políticos o por su participación en protestas u otras iniciativas.  La represión de voces disidentes a través del arresto, el cierre de protestas y el cierre de organizaciones representan una alarmante falta de voluntad del gobierno para comprometerse y escuchar a quienes gobierna.

  La situación de violación de derechos humanos también se presenta en los territorios rurales y transfronterizos  del país, los que viven situaciones de incertidumbre y zozobra debido a la militarización de comunidades, persecución de ciudadanos que participaron en las protestas, asedios por parte de la Policía Nacional, y hostigamiento a autoridades de las municipalidades opositoras, entre otros.

  Al igual que a la Alta Comisionada, nos preocupa ver como en Nicaragua no hay disposición de las autoridades para garantizar verdad, justicia y reparación para las víctimas de la represión y sus familiares; ni garantías de que se reiniciarán las negociaciones, las cuales fueron canceladas de manera unilateral por el gobierno, o de que se cumplirán los compromisos acordados entre las partes. En este clima, el escrutinio internacional sobre Nicaragua sigue siendo tan crucial ahora como siempre. Nicaragua no cumple con su responsabilidad de garantizar la rendición de cuentas y la justicia. Acogemos con beneplácito la continua supervisión e informes del ACNUDH sobre Nicaragua y pedimos al Consejo que establezca un mecanismo de investigación independiente como los primeros pasos hacia la rendición de cuentas por los crímenes  ocurridos y justicia para los afectados.
   

• Nicaragua: lack of engagement with UN mechanisms outlines contempt for human rights obligations

  Statement at the 51st Session of the UN Human Rights Council 

  Interactive Dialogue with the High Commissioner on Nicaragua

  Delivered by Nicola Paccamiccio

  Thank you Mr President, and thank you Deputy High Commissioner for this report, which outlines Nicaragua’s contempt for its human rights obligations.

  Civic space restrictions remain of fundamental concern. Since the elections last year, Nicaragua has experienced a redoubling of repression, with the aim of eliminating any form of autonomous organisation and monopolising power.

  The repression has encompassed the widest possible range of violations of the freedoms of association and expression: harassment, threats and physical attacks, kidnapping and detention of human rights defenders, journalists and members of the opposition, their torture under custody, their criminalisation under fabricated charges, their prosecution and conviction without due process guarantees, and their confinement in inhumane conditions.

  The process accelerated in May, with a new General Law on the Regulation and Control of Non-profit Organisations which makes it more difficult for CSOs to register and maintain legal status. Anti-money laundering laws have been instrumentalised to obstruct the operation of independent civil society groups.

  These new requirements have been applied to justify mass CSO closures which have wiped out hundreds of organisations, including organisations dedicated to urban and municipal development, business and professional associations, children’s rights and youth groups, and environmental and feminist organisations.

  We call on the government of Nicaragua to immediately and unconditionally release all political prisoners and to restore full respect for the fundamental civic freedoms of association, peaceful assembly and expression. We ask the High Commissioner: in light of Nicaragua’s complete lack of engagement with Human Rights Council mechanisms, how can States protect civil society inside the country and support them in their efforts to further human rights?

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   Civic space in Nicaragua is rated "Closed" by the CIVICUS Monitor.

  Photo: Jorge Mejía peralta

• Nicaragua: Las crecientes violaciones a los derechos humanos requieren el escrutinio continuo de las Naciones Unidas

  Actualización del Alto Comisionado acerca de la situación en Nicaragua

  🇳🇮#SOSNicaragua: Nos preocupa el creciente número de desplazados forzosos y los + de 240 presos políticos recluidos en condiciones degradantes y tratados cruelmente en las cárceles del país.
  ¡Pedimos urgentemente la libertad de todxs lxs presxs políticxs! https://t.co/07AZzoF28z pic.twitter.com/mBpfAoBcSV

  — CIVICUS Español (@CIVICUSespanol) December 15, 2022

  Leída por Amaru Ruiz Aleman

  Hago esta declaración en nombre de la Asociación Red Local, miembro de la Plataforma Nicaragüense de Redes de ONGs.

  Expresamos nuestra preocupación por la situación de los más de 240 presas y presos políticos que se encuentran en condiciones degradantes y reciben tratos crueles en diversos centros carcelarios del país.

  En las elecciones municipales recientes el gobierno de Ortega se aseguró el control de forma arbitraria y poco transparente de los 153 municipios del país, restringiendo de esta forma, los derechos civiles y políticos de los ciudadanos nicaragüenses.

  Debido las diversas violaciones a los Derechos Humanos, más de 150.000 nicaragüenses viven en el exilio sin poder regresar a Nicaragua y más de 3206 organizaciones de la sociedad civil y 55 medios de comunicación han sido cancelados en un esfuerzo concertado del gobierno de Nicaragua por eliminar todas las voces que opinan y piensan diferente.

  Solicitamos a los miembros de este Consejo apoyen y refuercen la resolución sobre Nicaragua en la sesión del Consejo de Derechos Humanos de marzo 2023 para dar continuidad al esfuerzo del Grupo de Expertos y el mandato de supervisión de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos. Con especial atención en las restricciones del espacio cívico, las condiciones las personas presas políticas y la situación de las familias desplazadas forzosamente.

  ¡Libertad para todas los presos y presas políticas en Nicaragua!

• Nicaragua: Letter to UN Member States calling for increased human rights monitoring

  Joint Letter at the 43rd Session of the UN Human Rights Council: UN Human Rights Council should ensure enhanced monitoring of the human rights situation in Nicaragua

  We, the undersigned human rights organizations, call on the UN Human Rights Council (HRC) to adopt a resolution during the 43rd session, renewing and further strengthening the mandate of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR) to monitor and report on the human rights situation in Nicaragua, as specifically requested by the UN High Commissioner for Human Rights. We urge your delegation to actively support the adoption of such a resolution. 

  Despite UN and regional efforts to address the crisis, the situation in Nicaragua remains dire. The government has refused to allow international human rights monitors to access the country since it expelled staff members of the Inter-American Human Rights Commission and OHCHR in late 2018. The government’s crackdown against human rights organizations, women's organizations and feminist organizations, community leaders, and journalists documenting abuses since the 2018 protests continues to dramatically limit space for civil society internally. The government continues to engage in what the OHCHR described as a “systematic prohibition of protests” – including by harassing and intimidating, in November 2019, people who had begun a hunger striking to demand the release of their relatives. Sixty-one government critics are arbitrarily imprisoned, according to local human rights groups, while impunity for crimes under international law and serious human rights violations by police and pro-government groups is still the rule.

  Continued reporting by the OHCHR remains critical to ensure that grave violations committed during the 2018 protests – including murder, torture, rape and other acts of sexual violence – as well as others committed since then do not go unpunished. At the same time, OHCHR monitoring is crucial to curb potential rights violations, including in connection to the 2021 presidential elections.

  Given the continued serious violations and the unwillingness of the authorities to cooperate and engage with regional and international mechanisms, the situation continues to meet the “objective criteria for HRC action” (see our overview in this regard in annex), elaborated to help identify situations requiring the HRC’s attention in a joint statement led by Ireland at the 32nd session, and further reaffirmed by joint statements led by the Netherlands at the 35th session, Australia at the 37th session, Fiji at the 40th session of the Council, and the Marshall Islands during the current session of the Council.

  In this context, it is essential that the HRC adopts a resolution that responds robustly to the findings of the report presented by the High Commissioner in September 2019 (A/HRC/42/18) and follows her recommendation that the HRC request the OHCHR to “enhance its monitoring, documentation, analysis, and public reporting on the human rights situation in Nicaragua.” We urge your delegation to actively support this initiative. 

  Please accept, Excellency, the assurance of our highest consideration,

  Amnesty International
  Articulación de Movimientos Sociales y OSC de Nicaragua (AMS)
  Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
  Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH)
  CIVICUS: World Alliance for Citizen Participation
  Fédération Internationale pour les Droits Humains (FIDH)
  FAN - Feministas Autoconvocadas de Nicaragua
  Fondo de Acción Urgente de América Latina y el Caribe (FAU-AL)
  Front Line Defenders
  Fundación Popol Na
  Fundación del Río
  Human Rights Watch
  Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM Defensoras)
  Iniciativa Nicaragüense de Defensoras de Derechos Humanos (INDDH)
  International Service for Human Rights (ISHR)
  Just Associates (JASS) 
  Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM)
  Oxfam
  Plataforma Internacional Contra la Impunidad
  Punto Focal de la Campaña 28 de Setiembre por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe
  Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe - Enlace Nacional Nicaragua
  Red Local
  The International Institute on Race, Equality and Human Rights 
  Unión de Presas y Presos Políticos Nicaragüenses (UPPN)
  Washington Office on Latin America (WOLA)

  ---

  Annex: Assessment of nicaragua agaisnt the Objective criteria for HRC action

  During the thirty-second session (HRC32) of the UN Human Rights Council in June 2016, Ireland delivered a statement on behalf of a cross-regional group of States (building upon a previous joint statement by the Maldives) proposing objective criteria – or “guiding principles” – to “help [the Human Rights Council] decide, in an objective and non-selective manner, when the Council should usefully engage with a concerned State, to prevent, respond to, or address violations and to assist in de-escalation of a situation of concern.” Application of these objective criteria has been further reaffirmed in cross-regional joint statements delivered by the Netherlands at the 35th session of the Council on behalf of 49 States, a joint statement delivered by Australia on behalf of 11 incoming members of the Council from all regional groups at the 37th session, and similar joint statements delivered by Fiji on behalf of 10 incoming members at the 40th session; and by the Marshall Islands on behalf of nine incoming members at the 43rd session. 

  Analysis by our organisations, set out below, shows that all of the criteria identified in the joint statement have been partially or fully met in the case of Nicaragua. 

  Call for action by the UN SG, HC or another relevant UN organ, body or agency?
  The UN High Commissioner for Human Rights expressed deep concerns and explicitly called on the HRC to renew and strengthen her Office’s monitoring and reporting mandate in the report presented to the HRC in September 2019.

  Recommendation for action by a group of Special Procedures?
  Since the beginning of the crisis Special Procedures have consistently raised their concerns publicly through joint statements, as well as Urgent Actions, including:

  • Joint statement: Nicaragua must stop reprisals against journalists, say human rights experts, 26 August 2019.
  • Joint statement: Nicaragua must stop repression of human rights – UN experts, 22 November 2018.
  • Joint statement: Nicaragua must end "witch-hunt" against dissenting voices, say UN experts, 9 August 2018.
  • Joint statement: Nicaragua: Government must end violence and reinstate political dialogue, say UN, 14 June 2018.
  • Joint statement: Nicaragua: Experts say appalled by Government’s violent response to peaceful protests, 27 April 2018.

  Does the State concerned have an “A status” NHRI? If so, has that institution drawn the attention of the international community to an emerging situation and called for action?
  Nicaragua’s NHRI has been downgraded to B status following a recommendation by the Sub-Committee on Accreditation of the Global Alliance of National Human Rights Institutions (GANHRI), based on its failure “to adequately speak out […] in response to credible allegations of serious human rights violations.”

  Has the State concerned been willing to recognise that it faces particular human rights challenges and laid down a set of credible actions, including a time-table and benchmarks to measure progress, to respond to the situation? Is the State concerned engaging in a meaningful, constructive way with the Council on the situation?
  The OHCHR report to the HRC in September 2019 noted the authorities’ continued denial of responsibility for the serious violations and abuses, reporting that they “have instead blamed social and opposition leaders, human rights defenders and demonstrators for what they call the ‘coup-related violence’ and the negative impact on the country’s economy.” 

  The government’s continued refusal to accept, or engage in dialogue and cooperation to address, the human rights crisis was clearly evidenced in their claims that the report, conclusions and recommendations of the OHCHR were intended to continue a smear campaign against the government and to facilitate “political convictions and action against the Nicaraguan people.”

  Is the State concerned effectively cooperating with HRC Special Procedures, including by allowing country visits?
  Nicaragua has not allowed access to the Special Procedures since a visit by the Special Rapporteur on the right to food in 2009. Six Special Procedure mandates have requested access since 2016, including the Working Group on arbitrary detention and the Special Rapporteur on the rights to freedom of peaceful assembly, but have been unable to carry out visits. Nicaragua has also failed to respond to the vast majority of communications sent by the Special Procedures. 

  Is the State concerned engaging with OHCHR, including in the field of technical assistance and effective engagement with the UN Human Rights Treaty Bodies? 
  In August 2018, the OHCHR team on the ground was expelled from Nicaragua the day after they published a report on the patterns of human rights violations and abuses committed in the country. In 2020, the OHCHR continues to be barred from monitoring the human rights situation from the ground. The OHCHR Regional Office for Central America has therefore had to continue their monitoring of the human rights situation remotely.
  Nicaragua is overdue with its reporting obligations to the majority of the treaty bodies (CCPR 6 years, CAT 5 years, CEDAW 8 years, CERD 7 years, CESCR 5 years, CRC 3 years).

  Has a relevant regional mechanism or institution identified the situation as requiring the attention of the international community? Is the State concerned cooperating with relevant regional organisations?
  In 2018, the IACHR formally established two mechanisms to monitor and investigate the human rights situation in agreement with the Nicaraguan government: The Special Monitoring Mechanism for Nicaragua (MESENI) and the GIEI. In December 2018, Nicaragua expelled both the MESENI and GIEI from Nicaragua, a day before GIEI´s report was due to be released. Following their expulsion from the country GIEI released their report concluding that abuses in the country, including murder, arbitrary detentions, and persecution, amounted to crimes against humanity. Following a resolution adopted by the General Assembly of the Organization of American States (OAS) in June 2019, the Permanent Council appointed, in August 2019, a Commission to address the political and social crisis in Nicaragua. In September 2019, the government denied the Commission on Nicaragua access to the country. Despite the refusal of the government of Nicaragua to meet the Commission, the Commission was able to submit a report as mandated. After receiving numerous testimonies that reported ongoing harassment and intimidation suffered by those perceived as government opponents, arbitrary detentions, inhuman treatment and restrictions to the exercise of political rights and freedom of expression; the Commission concluded that “Nicaragua is experiencing a critical human rights situation that urgently demands the attention of the Inter-American community and the world at large.”

  Is the State concerned facilitating or obstructing access and work on the part of humanitarian actors, human rights defenders and the media?
  Our organisations have documented the repeated censorship, attacks and threats against the media, journalists, and human rights defenders and their families by police and pro-government armed groups during the protests.  The government has raided the offices of independent media outlets, filed criminal charges against journalists, cancelled the legal registration of nine civil society organizations, and expelled foreign journalists and international human rights monitors from the country.

  These concerns have been expressed by the regional and international mechanisms. On  26 August 2019, a group of Special Procedures issued a statement calling on Nicaragua to stop reprisals against journalists, in follow up to an earlier statement issued in November 2018 “urging the Government of Nicaragua to immediately put an end to the repression and reprisals against those who speak out against the Government and cooperate with the UN, including human rights defenders, journalists and peaceful protesters.” In November 2019, in a press statement, OHCHR called on the government to “end the persistent repression of dissent and the ongoing pattern of arbitrary arrests and refrain from criminalizing and attacking human rights defenders, political opponents and any other dissenting voices.”

  The Inter-American Commission on Human Rights (IACHR) has expressed concern over the “new stage of repression in Nicaragua aimed at silencing, intimidating and criminalizing those opposed to the Government, human rights organizations and the independent media in the country.” In December 2019, the IACHR granted precautionary measures to 17 women human rights defenders who had been subjected to harassment, intimidation, death threats and attacks in this context. The Inter-American Court of Human Rights has also had to grant provisional measures to protect members of two local NGOs, because of the serious risks to their lives and physical integrity. 

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  See our wider advocacy priorities and programme of activities at the 43rd Session of the UN Human Rights Council

• NICARAGUA: Nuevo observatorio para velar por los derechos humanos

  

  Organizaciones internacionales fundan Observatorio Internacional sobre la situación de Derechos Humanos en Nicaragua

  El 18 de abril de 2018 marcó un punto de inflexión en la historia reciente de Nicaragua, al producirse el estallido de una crisis política y social que ha generado un fuerte impacto sobre la garantía de los derechos humanos de la población nicaragüense. 

  A 9 meses del inicio de esta crisis de derechos humanos, la represión estatal contra manifestantes, líderes, lideresas, organizaciones de derechos humanos y movimientos sociales continúa, generando que los espacios de participación social y de defensa de derechos humanos sean cada vez más difíciles de sostener. El gobierno del Presidente Daniel Ortega y la Vice Presidenta Rosario Murillo además han venido cerrando instancias de monitoreo internacional, que en una primera etapa habían invitado, como el Mecanismo de Seguimiento de la Situación en Nicaragua (MESENI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH y la Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. 

  De acuerdo a lo expresado por el secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão, en su última exposición ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), “las características de la violencia estatal demuestran que existió una decisión de impulsar desde el poder del Estado una línea de conducta que implicó la comisión de múltiples acciones delictivas contra manifestantes y opositores políticos; específicamente, asesinatos, encarcelamiento, persecución, violación, tortura y, eventualmente, desapariciones forzadas”.

  De acuerdo a lo sistematizado por la CIDH, la escalada de violencia ha dejado 325 personas asesinadas y más de 2000 personas heridas; 550 personas detenidas y enjuiciadas; alrededor de 300 profesionales de la salud despedidos de sus empleos y la expulsión de, al menos, 144 estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN).

  Ante el cierre de instancias de interlocución para organismos internacionales, el bloqueo de espacios para que las organizaciones de sociedad civil puedan dar seguimiento a las violaciones de derechos humanos, la criminalización de defensoras y defensores de derechos humanos y sus organizaciones, el cierre de organizaciones de sociedad civil y la creciente migración forzada de miles de personas a causa de la violencia política, la necesidad de establecer un mecanismo de observación internacional de la situación en el país se hace urgente. En este contexto, un grupo de organizaciones se unen para formar el Observatorio Internacional sobre la Situación de Derechos Humanos en Nicaragua. 

  El espacio de articulación y coordinación está formado por organizaciones internacionales de defensa y promoción de los derechos humanos en diversas regiones del mundo, entre las que se encuentran: Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Civicus- Alianza Mundial para la Participación Ciudadana, Fondo de Acción Urgente para América Latina y el Caribe (FAU-AL), Front Line Defenders, Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Red EU-LAT, JASS- Asociadas por lo justo, Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IMD), Brot für die Welt (Pan para el Mundo), Plataforma Internacional contra la Impunidad, Race and Equality, Unidad de protección a defensores y defensoras de Guatemala (UDEFEGUA) y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA). 

  El Observatorio se constituye en virtud del contexto descrito y siendo que la crisis se mantiene y se agudiza, lo que hace imperante que la sociedad civil internacional continúe y refuerce su labor de supervisión y monitoreo de la situación de Derechos Humanos de una manera coordinada, constante y propositiva.

• NICARAGUA: Observatory established to monitor human rights crisis

  

  International Organisations Establish International Observatory of the Human Rights Situation in Nicaragua

  April 18, 2018 marked a watershed moment in the recent history of Nicaragua, with the outbreak of a political and social crisis that has seriously impacted the respect for and guarantee of human rights of the Nicaraguan people.

  Nine months since the start of the human rights crisis, state repression against protesters, leaders, human rights organisations and social movements continues, placing the defence of human rights and social participation difficult to sustain. The government of President Daniel Ortega and Vice President Rosario Murillo has also been denying opportunities for international monitoring, which they had initially invited, such as the Follow-up Mechanism for the Situation in Nicaragua (MESENI) of the Inter-American Commission on Human Rights, (IACHR) and the UN Office of the High Commissioner for Human Rights.

  According to the statement made by the executive secretary of the IACHR, Paulo Abrão, in his last presentation to the Permanent Council of the Organization of American States (OAS), "the characteristics of state violence show that there was a decision by the State to use forces in such a way that involved the commission of multiple criminal acts against demonstrators and political opponents; specifically murder, imprisonment, persecution, rape, torture and, eventually, enforced disappearances."

  According to what has been documented by the IACHR, the escalation of violence has resulted in 325 people killedand more than 2000 people injured; 550 people detainedand prosecuted; around 300 health professionals dismissedfrom their jobs; and the expulsion of at least 144 studentsfrom the National Autonomous University of Nicaragua (UNAN).

  With the possibility of international observation terminated, the blocking of spaces for civil society organisations to monitor and follow up human rights violations, the criminalisation of human rights defenders (HRDs) and their organisations, the closure of civil society organisations and the increasing forced migration of thousands of people due to the political violence, the need to establish an international mechanism to observe the situation in the country is extremely urgent.

  It is in this context that a group of international and regional human rights organisations have come together to establish the InternationalObservatory of the Human Rights Situation in Nicaragua,including: Center for Justice and International Law (CEJIL), Civicus- World Alliance for Citizen Participation, Urgent Action Fund-Latin America (FAU-AL), Front Line Defenders, Due Process of Law Foundation (DPLF), EU -LAT Network , JASS - Just Associates, Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IMD), Brot für die Welt (Bread for the World), Plataforma Internacional contra la Impunidad, Race and Equality, Unidad de protección a defensores y defensoras de Guatemala (UDEFEGUA) and the Washington Office on Latin America (WOLA).

  The Observatory is constituted by virtue of the crisis in Nicaragua, which makes it imperative that international civil society reinforce its work of documenting and monitoring the human rights situation in a coordinated and proactive manner.

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  Civic space in Nicaragua is rated as ‘Repressed’ by the CIVICUS Monitor

• Nicaragua: Organizaciones internacionales condenamos los ataques contra los pueblos indígenas del Territorio Mayangnas Sauni As

  Nicaragua: Organizaciones internacionales condenamos los ataques contra los pueblos indígenas del Territorio Mayangnas Sauni As

• Nicaragua: Over 100 political prisoners remain detained

  41st Session of the UN Human Rights Council
  -Interactive dialogue on the report from the High Commissioner on Nicaragua
  -Joint statement from CIVICUS & Red Local

  We note that the government of Nicaragua has yet to comply with some of the agreements reached with the Civic Alliance for Justice and Democracy during negotiations earlier this year. While we welcome the release of 56 political prisoners by the Nicaraguan government, 104 political prisoners are still arbitrarily detained, and over one hundred are missing. We reiterate calls for the immediate release of those unjustly incarcerated and urge the government to take urgent steps to investigate the whereabouts of those who have been disappeared.

  The government furthermore agreed to put in place a security protocol for political prisoners and those forced into exile. This has not been done. . We call for its immediate implementation to ensure the full enforcement of their rights, and the return of assets. We also call on the government to put in place measures to guarantee the safe return of those in exile.

  The Nicaraguan government’s severe repression of anyone standing up for their rights has continued, reflected in the High Commissioners’ oral update. Free expression and assembly is severely restricted. Local civil society organisations have been stripped of their legal status and of their assets, and human rights defenders and journalists are harassed.

  Given the grievous human rights violations, we are particularly concerned that the Amnesty Law recently established by the Nicaraguan government will subsume the essential truth and reparations process needed to address the severe human rights violations prevalent in the country, and hinder any opportunity for full accountability. The law on comprehensive care for victims was pushed though in a process which saw civil society and victims themselves completely side-lined.

  We are further deeply concerned that the government of Nicaragua continues to block the return of international human rights bodies to the country, including the special mechanism of the Inter-American Commission on Human Rights and OHCHR. Such bodies shine a crucial light on human rights violations and are critical for ensuring accountability of perpetrators. Victims of human rights violations have the right to truth, justice and reparation. The government of Nicaragua should guarantee those rights and put a complete stop to their strategy of repression.

• Nicaragua: Resolution adopted at Human Rights Council

  Resolution on Nicaragua adopted at the 46th Session of the UN Human Rights Council