Por María Alicia Gutiérrez, docente e investigadora de la Universidad de Buenos Aires (UBA) e integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito
A comienzos de 2018 se produjo un hecho de dimensiones significativas en el proceso político argentino. Varias circunstancias hicieron posible el debate del proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito. El movimiento feminista fue un actor central en este proceso.
Al igual que en las convocatorias del Ni una menos y el Paro Internacional de Mujeres, la participación colectiva en este proceso produjo un evento político que marcará la agenda política y social de los próximos años a nivel nacional, regional y global.
La campaña: historia y organización
Las luchas del movimiento feminista por la legalización del aborto, entre otros reclamos, se iniciaron en las décadas de 1960 y 1970 a través de declaraciones, artículos y publicaciones. La transición democrática (1983) habilitó la participación en materia de derechos humanos y se nutrió del aporte de las mujeres retornadas del exilio, que introdujeron el feminismo desde una mirada teórica, filosófica y política. Ello se tradujo en el surgimiento de innumerables organizaciones de la sociedad civil (OSC) y, dentro de las estructuras del Estado, en el establecimiento de una Secretaría de la Mujer con rango ministerial.
Los temas propios del feminismo se hicieron presentes en la sociedad y en las demandas desde y hacia el Estado. Los temas de la violencia, el trabajo, las lógicas del cuidado, la educación y la discriminación, así como los centrados en la corporalidad, se fueron convirtiendo en presencias notorias en la realidad argentina. Desde 1986 se organiza anualmente el Encuentro Nacional de Mujeres, que ha incorporado a innumerables mujeres de todos los sectores sociales y ha constituido un espacio privilegiado de debate a nivel nacional (Alma y Lorenzo, 2009).
La década del 90 fue un punto de inflexión a nivel tanto nacional como internacional. Las demandas de las mujeres organizadas se expresaron en las conferencias internacionales de las Naciones Unidas (Cairo 1994 y Beijing 1995) que dieron al feminismo impulso para operar tanto a nivel de base como de lobby parlamentario. En Argentina, ante el proceso de reforma constitucional de 1994 y ante la presentación, en 1995, de un proyecto de ley de salud sexual y reproductiva, Mujeres Autoconvocadas para Decidir en Libertad (MADEL) se articuló con legisladoras, comunicadoras sociales y grupos de la diversidad sexual en defensa de la autonomía y la libertad de decidir sin discriminación de edad ni clase social (Gutiérrez, 2002). A su vez, la Comisión por el Derecho al Aborto Legal batalló en las calles y a nivel de las organizaciones de base, las OSC, los sindicatos y los movimientos sociales para instalar la cuestión del aborto bajo la consigna “Anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir” (Gutiérrez, 2011). Los principales actores sociales que ofrecieron resistencia fueron las corporaciones médica y judicial y los estratos conservadores de la Iglesia Católica (Vaggione, 2011).
El nuevo siglo alumbró con una profunda crisis económica y política que se expresó en el quiebre institucional de 2001. En ese contexto las demandas por derechos humanos, entre ellos los relativos a la sexualidad, tuvieron una significativa amplificación. Las barreras y los posibilitadores para la ley de salud sexual y reproductiva, la problemática del aborto y las demandas de las diversidades sexuales fueron tema de debate al interior de las organizaciones surgidas en la crisis que trasvasaba al movimiento de mujeres.
Al calor de esa participación se gestó la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, con la conformación en el año 2003 de la Asamblea por el Derecho al Aborto, que aglutinó a las y los activistas que acompañaban la demanda. La campaña fue lanzada oficialmente el 28 de mayo de 2005, Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres. Se trató de una alianza federal amplia y diversa que articuló y recuperó parte de la historia de las luchas por el aborto legal, seguro y gratuito (Anzorena y Zurbriggen, 2013).
Los fundamentos de la Campaña pivotean entre el principio de justicia social (ya que el acceso a un aborto seguro es discriminatorio, y la morbilidad y mortalidad se producen en mujeres vulnerables), la idea de que la falta de libertad y autonomía de las mujeres para decidir sobre sus propios cuerpos es una deuda de la democracia (ya que redunda en el cercenamiento de sus libertades como ciudadanas), y la problemática de la salud pública. Identificada con la consigna “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”, la Campaña presentó proyectos de legalización del aborto al Congreso Nacional en siete oportunidades.
Desde sus inicios la Campaña se organizó con sentido federal, con formas territoriales de participación a través de redes y comisiones, y actualmente es apoyada por más de 500 organizaciones políticas, sociales, sindicales, estudiantiles y OSC, entre otras. Su constitución es plural, transversal y diversa, y su funcionamiento es horizontal. La Plenaria Nacional anual decide colectivamente las estrategias a seguir y la Articulación Nacional, elegida por un año, ejecuta sus decisiones. En cada territorio y/o red se elige un o una articulante según los criterios de sus integrantes (Gutiérrez, 2018).
El proyecto: principales artículos y fundamentos
La Campaña Nacional presentó su primer proyecto en el año 2007, y sucesivamente cada dos años hasta marzo de 2018. En 2015 la Plenaria Nacional resolvió modificar el proyecto en línea con los avances científicos y los requerimientos legales. Para ello se organizaron foros regionales de debate que elevaron sus informes a una Comisión Redactora; ésta confeccionó un borrador cuya versión definitiva fue elaborada a continuación del debate en la Plenaria Nacional. La estrategia demostró que un derecho individual liberal puede configurarse como derecho colectivo: la participación y la organización democrática, al igual que su instauración y reformulación en la escena pública, confiere otro sentido a los derechos.
El proyecto reformulado introdujo algunos cambios en relación con las propuestas anteriores, entre los cuales se destacan los siguientes:
- Combinación de plazos y causales: interrupción voluntaria por libre decisión de la mujer hasta las 14 semanas; en lo sucesivo, aplicación de causales por violación, riesgo de vida o salud de la persona gestante y malformaciones incompatibles con la vida extrauterina, contenidas desde 1921 en el Código Penal y ratificadas por un fallo de la Suprema Corte de Justicia en 2012.
- Eliminación del derecho a objeción de conciencia de los profesionales de la salud o de las instituciones.
- Reconocimiento como beneficiarios de la ley de todas las personas con capacidad de gestar, en línea con la Ley de Identidad de Género N° 26.743.
- Acceso a adolescentes y jóvenes según normativa del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación.
La propuesta se fundamenta en la consideración de la libertad para decidir sobre el propio cuerpo como un derecho humano; en la noción de justicia reproductiva y social, en tanto persigue el reconocimiento de la libertad de decidir y el acceso a un aborto seguro a todas las personas con capacidad de gestar de todas las condiciones sociales a través del sistema público de salud, el privado y el de obras sociales; y en el respeto de la multiplicidad de creencias que supone el Estado laico. En tal sentido, busca ampliar la ciudadanía y la democracia mediante una garantía estatal de acceso a la salud integral, acompañando un proceso cultural que ya ha dado como resultado la despenalización social del aborto.
El debate: condiciones de posibilidad
A principios de 2018 se conjugaron varias situaciones que permitieron abordar el debate legislativo sobre la interrupción voluntaria del embarazo. Por efecto de la lógica global, el #MeToo que se expandió desde los Estados Unidos impactó en los medios masivos de comunicación en Argentina. El 19 de febrero se realizó en las puertas del Congreso un “pañuelazo” masivo, con presencia destacada de jóvenes, cuya demanda perentoria -#abortolegalya- puso en alerta a la sociedad en general y a las bancadas legislativas en particular. Al dar inicio a las sesiones ordinarias del Congreso Nacional, el presidente de la Nación Mauricio Macri explicitó su posición en contra de la legalización, pero habilitó el debate.
Días más tarde la Campaña activó el proyecto, que el 6 de marzo fue presentado en el Congreso por cuatro diputadas de cuatro fuerzas políticas diferentes, que lideraron el proceso transversalmente. La iniciativa recibió el apoyo de 71 diputados.
Por acción de compañeras feministas, los medios masivos de comunicación hicieron posible que se pasara del debate sobre el acoso al debate sobre el aborto. La maquinaria del rating se puso en acción y la Campaña Nacional fue convocada a una multiplicidad de programas de televisión. Así, la clandestinidad del aborto, sus dimensiones y la deuda de la democracia, que en tantos años no habilitó un debate sobre la legalización, quedaron colocadas en la agenda pública. La Campaña logró dar cuenta de la demanda gracias a los argumentos elaborados con esfuerzo, trabajo, reflexión y acción en muchos años de lucha por el aborto legal, anteriores a la propia Campaña.
Con un dictamen que introdujo cambios en el proyecto original para conseguir el apoyo de diputadxs indecisxs, la propuesta recibió media sanción en la Cámara de Diputados, por 129 votos contra 125, el 14 de junio de 2018. El proyecto pasó entonces a la Cámara de Senadores, que tras un debate realizado con la misma dinámica que el de Diputados -con una sucesión de presentación de posiciones a favor y en contra-, lo rechazó 8 de agosto. No se propuso ninguna alternativa a la realidad de la clandestinidad del aborto; la situación volvió a punto cero.
Actores en acción: argumentos a favor y en contra
El plenario de comisiones se inició en la Cámara de Diputados. Se dispusieron los encuentros los días martes y jueves; pasaron por el recinto alrededor de 700 expositores, divididos equitativamente entre los que presentaron argumentos favor y en contra.
Las presentaciones a favor de la legalización giraron alrededor de la defensa de la vida, la problemática de salud pública, la inequidad social, la constitucionalidad del proyecto y la ampliación del acceso, entre otras cuestiones. Las presentaciones en contra pivotearon en la llamada “defensa de las dos vidas”, en el alegato de la vida desde la concepción y los derechos del feto acorde a convenciones internacionales, en la inconstitucionalidad del proyecto y en la importancia de la prevención.
En relación con el último punto, cabe señalar que la Campaña Nacional llevaba años promoviendo la educación sexual integral y el acceso a información y a métodos anticonceptivos. En ese sentido, la Campaña enfatizó que una educación sexual verdaderamente integral iba de la mano con el aborto legal, y señaló la hipocresía de quienes ahora sostenían la educación sexual como barrera contra el aborto legal, que eran los mismos que se oponían a la implementación de la Ley de Educación Sexual y de la Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable, y que se habían resistido al uso de preservativos frente a la epidemia del SIDA. Esta hipocresía quedó nuevamente puesta en evidencia más recientemente cuando estos sectores fundamentalistas se negaron a ampliar la Ley de Educación Sexual y en cambio lanzaron la campaña “Con mis hijos no te metas”.
La Campaña también desplegó investigaciones científicas con datos sobre mortalidad/morbilidad por gestación y sobre el hecho contundente de que actualmente se realizan el país más de 500.000 abortos por año, lo cual exige con urgencia una política pública al respecto (Mario y Pantelides, 2009).
En la Cámara de Diputados el contexto fue receptivo a la escucha, las preguntas y el aprendizaje, lo cual resultó en modificaciones al proyecto que permitieron obtener la firma de una mayor cantidad de diputadxs. Tras la media sanción en Diputados, sin embargo, los argumentos se exacerbaron.
El Senado es una cámara más refractaria a cambios, influenciada por formas de acceso al poder ligada a intereses territoriales (gobernadores) y a las iglesias. Así, con un cronograma, una dinámica e incluso líneas de argumentación similares a los de Diputados, el debate en el Senado dio un previsible giro confrontativo marcado por el intento de descalificar las opiniones de lxs partidarixs de la legalización. Algunxs senadorxs organizaron una escucha que remataba en preguntas y repreguntas que pretendían dejar sin respuestas a lxs expositores a favor de la legislación.
En el Senado también se desplegó con más fuerza el argumento “antiimperialista” que afirma que la legalización del aborto es impulsada por el “norte” para eliminar a los pobres en lugar de erradicar la pobreza; se trataría, desde esta perspectiva (una posición deliberadamente ignorante del tránsito, producido en los años 80/90, del paradigma de las políticas de población, muchas de ellas coercitivas, al de las políticas de derechos), de un “genocidio” homologable al del nazismo.
Notablemente, estos argumentos se sustentan en una estrategia global que se inició en la década del 70, centrada en el rechazo de la llamada “ideología de género”, sobre el supuesto de que el feminismo y las disidencias sexuales fueron responsables de revertir el “orden natural” de las cosas. La novedad de estos argumentos es que no apelan ni a Dios ni a las creencias sino, en cambio, a la ciencia y a la teoría jurídica como insumos clave (Correa, 2018; Esquivel y Vaggione, 2015; Gudiño Bessone, 2018).
En contraste, lxs partidarixs de la legalización plantearon que la discusión no se centraba en aborto sí o aborto no, sino en la disyuntiva aborto legal/aborto clandestino. En otras palabras, o se está a favor del derecho de las personas gestantes a decidir sobre sus propios cuerpos y proyectos de vida o se promueven la clandestinidad, el negocio y la muerte. Se argumentó también que una ley que legaliza el aborto no coacciona ni obliga a nadie, sino que ampara a quienes se ven en la necesidad de interrumpir un embarazo no buscado. La encrucijada estaba planteada: se legisla para ampliar ciudadanía o se legisla para restringir los derechos y acotar a los intereses de un grupo determinado.
El rechazo del proyecto en el Senado fue el reflejo de una avanzada anti-derechos que dejó sin resolver un drama que aqueja, en el país y en la región, a un número altamente significativo de mujeres y personas con capacidad de gestar.
Marea verde: la movilización social
Las mujeres y las feministas han mostrado una y otra vez su capacidad de organización y movilización, con hitos recientes tales como las marchas de Ni una menos desde 2015, los paros internacionales de mujeres en 2017 y 18, y el Grito Global por la Legalización del Aborto en 2017.
La llamada “marea verde” se inscribe en esa misma lógica. Desde sus inicios, la Campaña Nacional instituyó al pañuelo verde como símbolo político, identificación de pertenencia y metáfora de la lucha histórica por los derechos humanos. Una de sus expresiones callejeras fueron los Martes Verdes, que se sostuvieron durante más de dos meses y contuvieron expresiones de diversos colectivos tanto sociales como culturales y artísticos.
La Campaña desarrolló estrategias de diversificación de la lucha a través de la conformación de redes para instaurar el reclamo en escuelas, barrios, hospitales, universidades y otros espacios. Así, la marea verde se gestó de manera rizomática a lo largo y ancho del país, para luego expandirse incluso por la región y el resto del mundo. La organización de pañuelazos en diversos lugares en el exterior (y especialmente en las embajadas argentinas) fue el resultado de una estrategia articulada por la Campaña. Otras organizaciones feministas hicieron suya la demanda y participaron en distintas convocatorias.
El tsunami verde puso en evidencia el recambio generacional que se había producido en la escena política no institucional argentina. Miles de jóvenes se hicieron cargo de las necesidades acuciantes en sus propias vidas y del impacto de la negación de derechos en su cotidianeidad. De ahí la conformación de una nueva agenda pública/política que marcará el horizonte de los próximos años. El Senado hizo caso omiso de la presencia multitudinaria en las calles el 8 de agosto, pero eso no significa que ésta pueda ser acallada y negada en el largo plazo. Las próximas elecciones, en Argentina y en toda la región, tendrán que dar cuenta de este fenómeno.
Para finalizar…
“Ahora que estamos juntas, ahora que sí nos ven” es el cántico de reafirmación en la escena pública/política. Los cuerpos entrelazados en las plazas resignificaron las formas de construcción de la política. Allí, con una enorme potencia, hizo sentido la política.
El debate por la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo recogió las luchas históricas de las mujeres y el feminismo en Argentina, en la región y en el mundo. Durante los últimos trece años, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito se hizo cargo de la necesidad de interpelar al poder político sobre la libertad y la autonomía de las mujeres y las personas con capacidad de gestar.
Las sesiones en el Congreso, que tuvieron una gran audiencia televisiva, fueron una muestra de cómo opera el sistema político. Exhibieron la ignorancia y los argumentos falaces que responden a lógicas de poder que desconocen la necesidad de la ciudadanía, e instalaron la certeza de la necesidad de una urgente renovación de esos cuadros políticos. La transversalización que albergó la estrategia de lxs diputadxs constituyó un quiebre en la lógica verticalista partidaria y mostró la importancia de repensar los modos de organizar y hacer la política.
El resultado final adverso es un contratiempo. Sin embargo, la Campaña mostró contundencia, horizontalidad, saberes y construcciones que no se acabaron el 8 de agosto. La marea verde vino para quedarse. La agenda política se teñirá de un color que es más que una esperanza: es la convicción de la consistencia de la lucha contra una construcción capitalista patriarcal que oprime a las mujeres y a todas las personas que ponen en cuestión esa lógica históricamente articulada.
Bibliografía
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