Venezuela: ‘Ante la profundización de la crisis económica y social, el descontento solo puede ser acallado mediante maniobras político-electorales y represión’

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Al final de un año en que Venezuela ha pasado por crisis económica, desorden político y protestas masivas, CIVICUS conversa con Nizar El Fakih, abogado de derechos humanos y director de Proiuris. Proiuris es una organización de la sociedad civil venezolana centrada en el estudio y la defensa del estado de derecho y en la denuncia de sus violaciones.

  1. ¿Qué fue lo que condujo a la fundación de Proiuris en 2015, y qué objetivos persigue la organización?

Proiuris se constituyó formalmente en 2015, luego de la oleada de detenciones arbitrarias masivas de manifestantes que tuvo lugar durante el año 2014. El objetivo original de su constitución fue sumar voluntades para ayudar legalmente a personas detenidas arbitrariamente por ejercer legítimamente sus derechos, entre ellos el derecho a la protesta. Posteriormente Proiuris fue ampliando su ámbito de trabajo para abarcar la investigación, la documentación y la divulgación tanto de violaciones de derechos civiles y políticos como de violaciones de derechos económicos y sociales, obligado por las circunstancias de un país donde la problemática de derechos humanos es seria, sistemática y transversal.

  1. ¿Cuáles han sido las causas principales del descontento y las protestas de abril-junio de 2017 en Venezuela?

Las protestas han tenido su causa principal en una enorme crisis económica y social, que tiene su expresión más dramática en la escasez de alimentos y medicinas que afecta con mayor fuerza a los sectores más empobrecidos de la población venezolana. Hombres, mujeres, ancianos, niños, niñas y adolescentes hurgan en la basura en busca de comida, y el desabastecimiento de medicinas alcanza el 85% (y 95% para los tratamientos de enfermedades crónicas) según cálculos de los representantes de la industria farmacéutica en el país. Los pacientes de enfermedades crónicas mueren de mengua, pues los fármacos que requieren son de muy alto costo y el Estado no se los suministra oportunamente. La escasez de antirretrovirales para personas que viven con VIH/Sida, por ejemplo, es la peor en 20 años. Esta es una crisis que no tiene precedentes en el país y ante la cual el gobierno presenta como excusa una supuesta “guerra económica” promovida desde el exterior.

La tragedia social y económica se ha profundizado por la ineficiencia del gobierno para dar respuestas a las contingencias. Pero más allá de la coyuntura, la crisis humanitaria compleja que atraviesa el país tiene causas estructurales, pues es el resultado de la progresiva destrucción del aparato productivo del país y la creciente dependencia de las importaciones, las cuales a su vez han disminuido sustancialmente a causa la caída de los precios internacionales del petróleo.

En definitiva, el Estado venezolano actualmente no es capaz de garantizar el derecho a la alimentación. En materia de salud, asimismo, la situación es sumamente grave. Por ejemplo, epidemias como el paludismo y la difteria, que habían sido erradicadas en el país hace 50 años, han regresado y causado muertes que solo se conocen de manera extraoficial, porque las autoridades, de manera ilegal, insisten en ocultar los informes epidemiológicos que demuestran la gravedad de la situación.

El progresivo deterioro en la prestación de servicios básicos alimentó el deseo de un cambio en la conducción política del país. Entre marzo y junio de 2017 miles de personas tomaron las calles de ciudades y pueblos de Venezuela para expresar su descontento.

  1. ¿Cómo ha reaccionado el gobierno ante las protestas? ¿Ha seguido movilizándose la ciudadanía venezolana?

Lejos de atender las legítimas demandas de la población, el gobierno venezolano reaccionó con violencia extrema, una violencia mucho mayor que la empleada durante las protestas de 2014. El reporte oficial del Ministerio Público indica que hubo 121 muertos, muchos de ellos a manos de funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado y de grupos violentos y en algunos casos armados autodenominados “colectivos”, los cuales operan con el apoyo o la aquiescencia estatal. Extraoficialmente se registraron más de 7000 detenidos, muchos de los cuales fueron sometidos a la jurisdicción militar a pesar de ser civiles.

Las manifestaciones de marzo-junio de 2017 fueron claramente protestas contra el gobierno. De más está decir que el gobierno ha hecho todo lo posible por desvirtuarlas, por ejemplo calificándolas de actos terroristas y tipificando lo ocurrido en ellas como delitos militares. En un auténtico sistema democrático habría contrapesos institucionales que evitarían que esta clase de excesos presidenciales, pero en Venezuela la cooptación oficialista de todas las instituciones y el empeño en censurar cualquier forma de disidencia ha sido un componente determinante de la crisis.

El derecho a la manifestación pacífica y sin armas está consagrado en el artículo 68 de la Constitución de Venezuela, que establece la obligación del Estado en garantizar que las manifestaciones se desarrollen sin desbordar los límites establecidos. Sin embargo, el Tribunal Supremo de Justicia, a través de su Sala Constitucional, ha desdibujado las garantías de este derecho a través de una interpretación regresiva de la referida norma, al extremo de condicionar el derecho a manifestar a una previa autorización de la primera autoridad civil de la jurisdicción correspondiente. Ello, en la práctica, ha hecho del centro de Caracas, donde se encuentran las sedes de los principales organismos públicos, territorio vedado para manifestaciones antigubernamentales, ya que está ubicado en el municipio Libertador, cuyo alcalde es oficialista.

La represión brutal del gobierno, junto con la falta de un liderazgo que canalice el malestar ciudadano, acabaron debilitando las protestas. Sin embargo, la crisis económica y social se ha profundizado y las razones del descontento y la disidencia no han podido ser acalladas sino mediante maniobras políticas y electorales. Entre esas maniobras, una especial referencia merece la instalación de una autodenominada “Asamblea Nacional Constituyente” plenipotenciaria, convocada, elegida e instalada al margen de la Constitución, que ha vaciado de competencias a la Asamblea Nacional, el único órgano del poder público controlado por la oposición.

  1. ¿Experimentaron los medios independientes y las organizaciones de la sociedad civil restricciones a la hora de documentar lo ocurrido en las protestas?

Periodistas y medios, nacionales e internacionales, han sido víctimas de la censura y de las represalias gubernamentales por informar sobre la conflictividad social en Venezuela. El 25 de junio de 2017, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa reportó que desde el 31 de marzo hasta el 24 de junio, 376 trabajadores de los medios de comunicación fueron agredidos, y que en el 60% de los casos los responsables fueron funcionarios militares adscritos a la Guardia Nacional Bolivariana.

El asedio a la prensa durante las protestas de 2017 constituye una evidencia adicional de la política sistemática de represión ejecutada por el gobierno, mediante el uso desproporcionado de la fuerza en el control de las manifestaciones.

Pero la libertad de expresión es un derecho humano y, por lo tanto, todos los ciudadanos deben tener garantías para ejercerla. En el contexto de las protestas, muchos ciudadanos fueron brutalmente reprimidos por el hecho de registrar y difundir lo que ocurría en las calles de Venezuela. Y no solamente fueron detenidos, sino que también padecieron agresiones físicas y el robo de sus cámaras y teléfonos celulares.

  1. ¿Cómo ha respondido la sociedad civil antes estas violaciones de derechos?

La sociedad civil organizada y con visión de incidencia reaccionó de diversas formas: desde formalizar las denuncias, a pesar de ser conscientes de los mecanismos de impunidad que operan en un sistema de administración de justicia genuflexo ante el gobierno, hasta el desarrollo de formas de expresión creativas, entre ellas el “Muro de la Vergüenza”, en el cual se identificó públicamente a los personeros del gobierno responsables de la represión y la violación de derechos humanos. Diversas formas de expresión artística - canto, danza, teatro - también se incorporaron a las protestas y se desplegaron en lugares públicos tales como plazas y centros comerciales.

Otras reacciones importantes fueron la formación de alianzas con los medios de comunicación para divulgar los atropellos y la organización de protestas de grupos de vecinos focalizadas cerca de sus sitios de residencia.

  1. ¿Considera que las respuestas de la comunidad internacional ante la situación de Venezuela han sido adecuadas? ¿Qué apoyo necesita hoy la sociedad civil venezolana de sus contrapartes extranjeras, regionales y globales?

Ante la indiferencia del gobierno, los sectores de oposición que promueven un cambio político han dedicado esfuerzos a llamar la atención de la comunidad internacional sobre lo que sucede en Venezuela. Por su parte, el movimiento de derechos humanos venezolano ha desarrollado una labor valiosísima a efectos de documentar las violaciones y denunciarlas ante los organismos internacionales. Sin embargo, no ha sido fácil competir con el aparato de propaganda oficialista que se esfuerza por mostrar que en Venezuela hay una democracia vigorosa y que el caos que resuena en la prensa internacional es parte de la supuesta “guerra” contra Venezuela orquestada desde centros imperiales.

Lo prioritario, en este momento, es lograr que los organismos internacionales admitan que en Venezuela hay en curso una crisis humanitaria compleja que el Estado no puede o no quiere resolver. En ese sentido es auspicioso, por ejemplo, que la Organización Mundial de la Salud haya reconocido, por primera vez y con todas las letras, que en el país hay una crisis humanitaria, a propósito de su Informe Mundial sobre el Paludismo 2017. Y más allá del reconocimiento de la crisis humanitaria, es vital que allí donde sea necesario los organismos internacionales flexibilicen sus protocolos para hacerle frente, de modo de brindar a los venezolanos la ayuda que necesitan, sobre todo en lo que se refiere a alimentos y medicamentos.

Venezuela no es el primer país del mundo que padece un gobierno autoritario que pretende perpetuarse en el poder. La sociedad civil venezolana agradecería que sus pares en América Latina y en el mundo compartan su experiencia organizativa acumulada para luchar contra el sistema que nos oprime y que contribuyan a denunciar y visibilizar los atropellos sistemáticos que se cometen en Venezuela. Los venezolanos sabríamos agradecer que desde el exterior se examine la crisis humanitaria compleja que nos afecta con un enfoque de derechos humanos, es decir, a partir de la reivindicación de la dignidad humana mediante un efectivo ejercicio de solidaridad. Estamos seguros de que los auténticos promotores y defensores de derechos humanos en cualquier parte del mundo no serán indiferentes ante el hecho incontrovertible de que en Venezuela hay niños que están muriendo de hambre.

  • El espacio cívico en Venezuela es clasificado como ‘represivo’ en el CIVICUS Monitor, lo cual indica la presencia de restricciones serias de las libertades de asociación, reunión pacífica y expresión.
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