América

 

  • COP26: “El norte global debe rendir cuentas y comprometerse con la lucha contra el cambio climático”

    LorenaSosaMientras la 26ª Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26) se pone en marcha en Glasgow, Reino Unido, CIVICUS continúa entrevistando a activistas, líderes y personas expertas de la sociedad civil sobre los desafíos medioambientales que enfrentan en sus contextos, las acciones que están llevando a cabo para abordarlos y sus expectativas para la cumbre. 
    CIVICUS conversa con Lorena Sosa, directora de operaciones de Zero Hour, un movimiento dirigido por jóvenes que busca generar vías de acceso, ofrece formación y distribuye recursos para nuevos activistas y organizadores jóvenes. A través de Zero Hour, Lorena ha apoyado el trabajo de activistas de Jamaica, Filipinas y Singapur, buscando generar acción inmediata y llamar la atención sobre los impactos del cambio climático.

    ¿Cuál es el problema climático de tu país en que trabaja tu organización?

    Actualmente, Zero Hour está abocada a la eliminación de los subsidios a los combustibles fósiles en la política estadounidense y busca subsanar la ausencia de recursos para la organización y movilización por el clima. Recientemente hemos logrado organizar una manifestación virtual, “End Polluter Welfare” (“Acabemos con el Estado de bienestar para los contaminadores”), que contó con la participación del senador líder de la mayoría Chuck Schumer y el diputado Ro Khanna, así como una movilización llamada “People Not Polluters” (“La gente contra los contaminadores”) en la ciudad de Nueva York. También ayudamos a organizar la movilización “People vs Fossil Fuels” (“La gente contra los combustibles fósiles”) en Washington DC. Actualmente estamos trabajando en la revisión de una serie de actividades de formación para ayudar a nuestros capítulos a aprender a organizar campañas locales específicas para sus comunidades.

    Muchas de nuestras acciones expresan nuestro deseo de vincularnos y colaborar con otras personas involucradas en el movimiento para elevar las acciones de los demás, porque es difícil conseguir cobertura y atención para las acciones que todos estamos organizando. Es muy lindo ver a los y las activistas apoyarse mutuamente; el amor y el apoyo son realmente necesarios para mejorar el estado del movimiento e impulsar sus reivindicaciones.

    ¿Han enfrentado a reacciones negativas por el trabajo que hacen?

    La reacción contra el trabajo de los activistas varía ampliamente, especialmente en el caso de nuestras secciones internacionales, que enfrentan límites a las protestas y movilizaciones a causa de restricciones gubernamentales. En Estados Unidos, el principal efecto negativo del trabajo que realizamos está relacionado con el agotamiento que resulta de trabajar sin ver ninguna acción por parte de los líderes que tienen el poder de iniciar acciones para el bien de nuestro planeta. El agotamiento es muy común en el movimiento juvenil por el clima, sobre todo porque muchos de nosotros estamos tratando de hacer malabares con nuestras obligaciones académicas, nuestra vida social y nuestro activismo mientras tratamos de mantener viva la esperanza de que el cambio es posible.

    En lo que respecta a conservar el bienestar y mantenerse a salvo de los impactos del agotamiento, he aprendido que lo mejor es comprometerme con la comunidad climática de la que formo parte; sé que no estoy sola con mis preocupaciones porque mantengo constantes intercambios acerca de ellas con mis amigos y colegas. No hay un remedio universal para el agotamiento, pero he aprendido que dedicar tiempo a cuidarme y a mantener el vínculo con mi familia y mis amigos es increíblemente útil para mantener los pies en la tierra.

    ¿Cómo te vinculas con el movimiento internacional por el clima?

    Nuestros equipos de vínculos globales y Operaciones, liderados por Sohayla Eldeeb y por mí, han trabajado juntos para dar forma a nuestras comunicaciones con nuestros capítulos internacionales en Jamaica, Filipinas y Singapur. Hemos mantenido horas de consulta específicas para nuestras secciones internacionales para poder ayudarles a resolver todo conflicto que se les presentara en su trabajo de campaña y proporcionarles apoyo en todo lo que pudiéramos.

    En cuanto a las campañas internacionales, nuestra directora adjunta de Asociaciones, Lana Weidgenant, participa activamente en campañas internacionales que buscan llamar la atención y fomentar la educación y la acción sobre la transformación de los sistemas alimentarios para eliminar las emisiones de gases de efecto invernadero y proteger nuestro medio ambiente. Lana fue vicepresidenta juvenil de Transición hacia Patrones de Consumo Sustentables para la Cumbre de Sistemas Alimentarios de las Naciones Unidas de 2021, es una de las líderes juveniles de la campaña internacional Act4Food Act4Change (“Actúa por los alimentos, actúa por el cambio”) que ha recolectado los compromisos y las prioridades relativas a los sistemas alimentarios de más de 100.000 jóvenes y aliados de todo el mundo, y es una de las dos representantes juveniles en las negociaciones agrícolas de la COP26 de este año.

    ¿Qué esperanzas tienes de que la COP26 logre avances en la lucha contra el cambio climático?

    Me gustaría que el norte global rinda cuentas y se comprometa a aportar 100.000 millones de dólares para que el sur global pueda implementar con éxito sus propias medidas de adaptación y mitigación del cambio climático.

    Muchas de nuestras perspectivas en Zero Hour se centran en la justicia, más que en la equidad, porque sabemos que Estados Unidos es uno de los mayores causantes de esta crisis. Los líderes del norte global, y especialmente los actores clave en los Estados Unidos, tienen que dejar de apoyar a la industria de los combustibles fósiles y empezar a comprometerse con soluciones que den prioridad a las personas más que a los contaminadores.

    Me encantaría que todos los líderes que asistan a la COP26 tomaran medidas serias y contundentes para combatir y eliminar los efectos del cambio climático. El empeoramiento de los patrones meteorológicos y la subida del nivel del mar ya han demostrado que la inacción va a ser perjudicial para el bienestar de nuestro planeta y de todos sus habitantes.

    El reciente informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) de las Naciones Unidas ha destacado que existen pruebas suficientes para que nuestros dirigentes traten el cambio climático como la emergencia que es. Espero que todos los líderes mundiales que participen en la conferencia tengan muy en cuenta las conclusiones del informe del IPCC a la hora de redactar los resultados de la conferencia.

    El espacio cívico en Estados Unidos es calificado como “obstruido” por elCIVICUS Monitor.
    Póngase en contacto con Zero Hour a través de supágina web y siga a@ThisIsZeroHour en Twitter.

     

  • COP26: “Se está invirtiendo mucho más dinero en destruir el planeta que en salvarlo”

    La 26ª Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26) acaba de terminar en Glasgow, Reino Unido, y CIVICUS continúa entrevistando a activistas, líderes y personas expertas de la sociedad civil sobre los resultados de la cumbre, su potencial para resolver los desafíos medioambientales que enfrentan, y las acciones que están llevando a cabo para abordarlos.

    CIVICUS conversa con Ruth Alipaz Cuqui, lideresa indígena de la Amazonía boliviana y coordinadora general de la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígena Originario Campesino y Áreas Protegidas (CONTIOCAP). La organización surgió a fines de 2018 a partir de la convergencia de varios movimientos de resistencia frente a la destrucción de los territorios indígenas y áreas protegidas por parte de proyectos extractivos y la cooptación de las organizaciones tradicionales de representación de los pueblos indígenas. Inicialmente integrada por 12 movimientos, actualmente incluye a 35 procedentes de toda Bolivia.

    RuthAlipaz

    ¿En qué problemas ambientales se enfoca su trabajo?

    Como defensora de territorios indígenas, derechos indígenas y derechos de la naturaleza, realizo mi labor en tres diferentes ámbitos. En primer lugar, a nivel personal, en mi comunidad del Pueblo Indígena Uchupiamona, que está en su totalidad dentro de una de las áreas protegidas con mayor diversidad en el mundo, el Parque Nacional Madidi.

    En 2009 mi pueblo estuvo a punto de dar una concesión forestal que devastaría 31.000 hectáreas de bosque, en un área sensible para la preservación de agua y particularmente rico en diversidad de aves. Para evitar esa concesión hice una propuesta alternativa, de turismo especializado en observación de aves. Si bien actualmente, a causa de la pandemia, la opción del turismo ha demostrado no ser la más segura, lo cierto es que gracias a esa actividad siguen estando los bosques, aunque siempre bajo amenaza debido a la presión de la gente de la comunidad que requiere dinero inmediato.

    Actualmente, mi comunidad enfrenta serios problemas de abastecimiento de agua, pero nos hemos organizado con mujeres jóvenes para restaurar nuestras fuentes de agua mediante la reforestación con plantas nativas frutales y la transmisión de conocimientos de la gente mayor hacia las mujeres y niños sobre estas plantas frutales y medicinales.

    En segundo lugar, soy miembro de la Mancomunidad de Comunidades Indígenas de los Ríos Beni, Tuichi y Quiquibey, una organización de base de la región amazónica de Bolivia, que desde 2016 lidera la defensa de territorios de seis Naciones Indígenas -Ese Ejja, Leco, Moseten, Tacana, Tsiman yd Uchupiamona- de la amenaza de construcción de dos centrales hidroeléctricas, Chepete y El Bala, que inundarían nuestros territorios, desplazando a más de cinco mil indígenas, obstruirían para siempre tres ríos, y devastarían dos áreas protegidas: el Parque Nacional Madidi y la Reserva de Biósfera Pilón Lajas. El 16 de agosto de 2021, las organizaciones indígenas afines al gobierno autorizaron la puesta en marcha de estas centrales hidroeléctricas.

    Por otro lado, el Rio Tuichi, que está dentro del área protegida Madidi y es esencial para mi Pueblo Uchupiamona para nuestra actividad de ecoturismo comunitario, ha sido en su totalidad concesionado en forma inconsulta a terceros ajenos a la comunidad, para el desarrollo de actividad minera aluvial aurífera. La Ley de Minería y Metalurgia discrimina a los pueblos indígenas permitiendo que cualquier actor externo pueda adquirir derechos sobre nuestros territorios.

    Finalmente, soy coordinadora general de CONTIOCAP, una organización que ha denunciado las violaciones sistemáticas de nuestros derechos en los territorios indígenas de las cuatro macro regiones de Bolivia: el Chaco, Valles, Altiplano y Amazonia. Estas violaciones vienen de la mano de la exploración y la explotación petrolera, el incendio de bosques y la deforestación para liberar tierras para los agronegocios, la construcción de carreteras y centrales hidroeléctricas, y la actividad de minería aluvial aurífera que está envenenando a poblaciones vulnerables.

    ¿Han enfrentado reacciones negativas por el trabajo que realizan?

    Hemos enfrentado reacciones negativas, procedentes principalmente desde el Estado, a través de instancias descentralizadas como las agencias de Impuestos Nacionales y Migración. Recientemente he descubierto que mis cuentas bancarias tienen orden de retenciones por demandas de esos organismos.

    Durante la marcha liderada por la Nación Qhara en 2019, he sufrido seguimiento y acoso físico constante de dos personas, mientras estaba en la ciudad presentando nuestros proyectos de ley junto a líderes de la marcha.

    Y recientemente, cuando las organizaciones indígenas afines al gobierno dieron autorización para las centrales hidroeléctricas, nuestras denuncias fueron respondidas con acciones para descalificarnos y desacreditarnos, algo que el gobierno boliviano viene haciendo desde hace años. Dicen, por ejemplo, que quienes nos oponemos a los megaproyectos hidroeléctricos no somos representantes legítimos de los pueblos indígenas sino activistas financiados por ONG internacionales.

    ¿Cómo se conectan sus acciones con el movimiento global por el clima?

    Nuestras acciones convergen con las del movimiento global, porque al defender nuestros territorios y las áreas protegidas contribuimos no solamente a evitar mayor deforestación y contaminación de ríos y fuentes de agua y a preservar los suelos para mantener nuestra soberanía alimentaria, sino también a conservar los conocimientos ancestrales que contribuyen a nuestra resiliencia frente a la crisis climática. 

    Los pueblos indígenas hemos demostrado ser los más eficientes protectores de los ecosistemas y la biodiversidad, así como de recursos fundamentales para la vida tales como el agua, los ríos y los territorios, en contra posición del Estado cuyas leyes más bien sirven para violentar nuestros espacios de vida.

    ¿Han hecho uso de los espacios de participación y foros de denuncia de los organismos internacionales?

    Sí, lo hacemos regularmente, por ejemplo solicitando a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que dé seguimiento a la criminalización y la violencia contra las personas defensoras de derechos de los pueblos indígenas en Bolivia y participando de la realización colectiva de un informe sombra de la sociedad civil para el Examen Periódico Universal de Bolivia en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que presentamos en las pre-sesiones del Consejo en octubre 2019.

    Recientemente, en una audiencia en la ciudad de La Paz, presentamos un informe sobre las violaciones a nuestros derechos al Relator Especial de Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas.

    ¿Qué opina de los espacios de participación para la sociedad civil en las COP, y cómo evalúa los resultados de la recién finalizada COP26?

    Una vez más, en la COP26 los Estados han demostrado una total ineficiencia para actuar en cumplimiento de sus propias determinaciones. Yo he manifestado en más de una ocasión que el 2030 estaba a la vuelta de la esquina y hoy ya estamos a escasos ocho años y se sigue discutiendo qué medidas serán las más eficientes para alcanzar las metas fijadas para esa fecha.

    Se está invirtiendo mucho más dinero en destruir el planeta que en salvarlo. Eso es el resultado de acciones y decisiones de los Estados en pro del capitalismo salvaje que está destruyendo el planeta con su extractivismo depredador de la vida.

    Veamos cuanto se avanzó desde el Protocolo de Kioto, acordado en 2005 para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Todo quedó en palabras, y encima en los últimos años las empresas se han amparado en el supuesto concepto de “derecho al desarrollo” para seguir operando en perjuicio del planeta, y sobre todo de las poblaciones más vulnerables como los pueblos indígenas. Somos nosotros quienes pagamos los costos, y no quien ocasiona los desastres.

    Los resultados de la COP26 no me satisfacen porque queremos ver acciones concretas. El Estado Boliviano ni siquiera ha firmado la declaración, pese a que ha utilizado el espacio de la COP26 para dar un discurso engañoso de que se debe cambiar el modelo capitalista por uno más amable con la naturaleza. Pero en Bolivia ya hemos deforestado alrededor de 10 millones de has de bosque, de la forma más brutal imaginable, a través de incendios que por más de una década y media han sido legalizados por el gobierno.

    Pienso que mientras en estos espacios no se discutan sanciones para los Estados que no cumplan acuerdos, o que no firman siquiera las declaraciones, no habrá resultados concretos.

    El espacio cívico en Bolivia es calificado como “obstruido” por elCIVICUS Monitor.
    Póngase en contacto con CONTIOCAP a través de su página deFacebook y siga a@contiocap y a@CuquiRuth en Twitter.

     

     

  • COP26: “Tenemos que regenerarnos a nosotros mismos y a lo que hemos destruido”

     En portugues

    Daniel Gutierrez GovinoMientras la 26ª Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26) se pone en marcha en Glasgow, Reino Unido, CIVICUS continúa entrevistando a activistas, líderes y personas expertas de la sociedad civil sobre los desafíos medioambientales que enfrentan en sus contextos, las acciones que están llevando a cabo para abordarlos y sus expectativas para la cumbre.

    CIVICUS conversa con Daniel Gutiérrez Govino, fundador de la Brigada de Incendios Forestales de Alter do Chão, un grupo que trabaja para prevenir, combatir y promover la coordinación sociopolítica contra los incendios en la selva amazónica en el estado de Pará, Brasil. Daniel también es cofundador del Instituto del Acuífero de Alter do Chão, institución que promueve proyectos sociales en la localidad de Alter do Chão, municipio de Santarém, estado de Pará.

    ¿Qué le llevó a convertirse en defensor del medio ambiente?

    Sentí la urgencia de trabajar para mantener al planeta viable para los seres humanos y otras especies. Me conmovió, y lo sigue haciendo hoy, la posibilidad de que los seres humanos reviertan sus acciones y su forma de pensar sobre nuestro papel en la naturaleza. Tenemos que regenerarnos a nosotros mismos y a lo que hemos destruido.

    ¿Qué hace la Brigada Alter do Chão?

    Trabajamos desde 2017 para prevenir y combatir los incendios forestales en Alter do Chão, en el municipio de Santarém, en el norte de Brasil. Reunimos a un grupo de voluntarios de la comunidad que, con gran valentía, han trabajado para proteger la biodiversidad, a la población de Alter do Chão y a la región de los incendios forestales. Para ello, recibimos formación del Cuerpo de Bomberos Militares, la Defensa Civil y la Secretaría Municipal de Medio Ambiente y Turismo de Belterra. Hemos formado a nuevos brigadistas y promovido la coordinación sociopolítica y la comunicación con las comunidades locales.

    ¿Qué restricciones han enfrentado en respuesta a su activismo ambiental?

    En el caso de la Brigada de Alter do Chão, yo y otros tres brigadistas fuimos detenidos en 2019 bajo acusaciones infundadas de provocar incendios en un área de protección ambiental. Nuestro trabajo fue criminalizado porque propone soluciones y exige una transformación del contexto político local.

    Además, el contexto nacional actual es hostil para la sociedad civil organizada. Hemos sido chivos expiatorios en una narrativa que pretendía criminalizar a las organizaciones de la sociedad civil, en un momento en que el presidente del país y sus partidarios intentaban culpar a la sociedad civil del dramático aumento de los incendios forestales.

    También he enfrentado resistencias al intentar promover cambios en las políticas públicas actuales en el microcosmos de Santarém. El conservadurismo político y social socava todo movimiento que pretenda impulsar agendas progresistas. El gobierno, la policía civil y la élite local rechazan el activismo ambiental atacando nuestro trabajo. Hemos tenido suerte y nuestro privilegio nos ha mantenido con vida, pero los activistas de la Amazonia están permanentemente amenazados de violencia y muerte. No es una región segura para quienes luchan por la libertad y la justicia.

    ¿Qué tipo de apoyo recibieron cuando fueron criminalizados?

    Cuando nos detuvieron recibimos toda clase de apoyos, a nivel tanto nacional como internacional. El principal apoyo provino de los abogados penalistas pro-bono del Proyecto Libertad, que aún hoy nos acompañan. Pero también recibimos apoyo de instituciones nacionales como Proyecto Salud y Alegría y Conectas, así como de organizaciones internacionales como WWF Brasil, Artículo 19, Front Line Defenders y muchas otras.

    Salimos de la cárcel a los pocos días gracias a la actuación de estas redes de incidencia y protección. Sin embargo, el proceso penal contra nosotros continuó y ya lleva dos años, aunque no hay ninguna prueba que respalde las acusaciones en nuestra contra. A nivel federal, la investigación policial se cerró; sin embargo, las autoridades del estado de Pará han insistido en sus acusaciones. Recientemente, la fiscalía federal impugnó la competencia de la causa judicial, pero durante meses el proceso ha seguido dando vueltas en la justicia brasileña. Parte de nuestro equipo sigue estando confiscado hasta el día de hoy. Ya no tengo esperanzas de que se haga justicia.

    A pesar de todo, creo que la sociedad civil brasileña está saliendo fortalecida. Nuestro socio Caetano Scannavino, del Proyecto Salud y Alegría, que también trabaja en Alter do Chão, dice que se trata de algo así como un efecto búmeran. Creo que esta apreciación es brillante. Ellos nos atacan, y sus ataques nos hacen más fuertes.

    ¿De qué vías disponen los activistas de su región para buscar protección y apoyo? ¿Qué tipo de apoyo necesitan de la sociedad civil y de la comunidad internacional?

    Lo principal es conocer las redes de apoyo disponibles y coordinarse con ellas antes de que ocurra algo malo, es decir, coordinarse preventivamente. Esto incluye a instituciones nacionales e internacionales como las que nos apoyaron. Pero, sobre todo, es fundamental conocer las redes de apoyo locales.

    Los tipos de apoyos necesarios son específicos y dependen mucho de cada región. Brasil tiene un tamaño continental y las necesidades del sur, por ejemplo, no son las mismas que las de la Amazonia. Ni siquiera se puede decir que la Amazonia sea una región, porque es, de hecho, un continente con particularidades en cada región. Pero son estas redes las que pondrán en contacto a los que necesiten apoyo con los que puedan ayudar.

    El espacio cívico en Brasil es calificado como “obstruido” por elCIVICUS Monitor.
    Póngase en contacto con el Cuerpo de Bomberos Forestales de Alter do Chão a través de susitio web o su página deFacebook.

     

  • EEUU: “Los políticos extremistas llevan décadas empeñándose en estigmatizar y prohibir el aborto”

    CarolineDuble

    CIVICUS conversa con Caroline Duble, directora política de Avow, sobre la actual reacción contra los derechos de las mujeres en Estados Unidos, y en Texas en particular, así como sobre las respuestas de la sociedad civil. Avow es una organización de la sociedad civil que trabaja para garantizar el acceso al aborto sin restricciones para todas las personas en Texas, y se guía por la visión de una sociedad donde todas las personas sean tratadas con respeto y tengan libertad para perseguir la vida que desean.

    ¿Cómo ha llegado Texas al punto en que el aborto ha quedado casi completamente prohibido?

    Para quienes acaban de enterarse de esta cruel prohibición, que impide el aborto a partir de las seis semanas de gestación, puede resultar difícil creer que algo tan extremo pueda llegar a convertirse en ley. Pero quienes llevamos mucho tiempo luchando por el acceso al aborto en Texas sabemos que los políticos extremistas llevan décadas empeñándose en estigmatizar y prohibir el aborto. Esto queda claro si se observa la línea de tiempo completa de las restricciones médicamente innecesarias a los procedimientos de aborto que fueron imponiéndose en Texas desde la sentencia de la Corte Suprema de 1973 en el caso Roe vs Wade, que estableció que la Constitución de los Estados Unidos protege la libertad de la mujer embarazada para optar por un aborto sin interferencias excesivas del gobierno. Han sido implacables, engañosos y crueles en sus intentos de poner la atención de la salud fuera del alcance de personas que la necesitan.

    ¿En qué se diferencia esta ley de otros intentos anteriores, menos exitosos, de prohibir el aborto en otros estados?

    A diferencia de las prohibiciones impuestas en otros estados, que son implementadas por funcionarios estaduales, este proyecto de ley -conocido como Proyecto de Ley del Senado 8, o SB8- otorga a la ciudadanía una autoridad sin precedentes para hacer cumplir la prohibición. Permite que cualquier persona -incluidos activistas antiaborto sin ninguna relación con la paciente- actúe como cazarrecompensas y lleve a los tribunales a médicos, centros de salud y a cualquiera que ayude a otra persona a acceder a un aborto, con el incentivo de recibir 10.000 dólares por cada aborto denunciado. En otras palabras, el estado de Texas está intentando eludir el escrutinio judicial y la responsabilidad en los tribunales alentando a ciudadanos particulares a hacer el trabajo sucio en su lugar. Pero las maniobras legales del SB8 no cambian el hecho de que prohibir el aborto a las seis semanas es inconstitucional y, lo que es más importante, es injusto e inmoral.

    ¿Cuáles han sido las consecuencias inmediatas de la prohibición, y qué reacciones ha generado?

    La SB8 está funcionando tal como se pretendía que lo hiciera. Desde que entró en vigor, el 1º de septiembre, ha diezmado nuestra ya vulnerable infraestructura de atención y ha dejado a las personas de Texas que necesitan acceso a atención y a servicios de apoyo temerosas de pedir ayuda, y a activistas y proveedores temerosos de ayudarles. Con esta ley, se le está negando a la gente de Texas los abortos que desean y necesitan. Muchas personas están tratando de reunir los miles de dólares necesarios para viajar fuera del estado, tomarse licencia laboral y organizar el cuidado de los niños y el transporte.

    Muchas personas en Texas están autogestionando sus propios abortos, los cuales pueden ser extremadamente seguros, pero solamente si la persona embarazada tiene acceso a información y recursos. Y, trágicamente, innumerables personas en Texas se ven obligadas a continuar embarazos en contra de su voluntad. Por supuesto, esto está afectando con mayor intensidad a personas negras, latinas e indígenas, a personas indocumentadas y a personas de bajos ingresos, que enfrentan barreras más severas para acceder a atención fuera del estado y por consiguiente están siendo perjudicadas en forma desproporcionada por la nueva ley.

    Frente a esto, la gente ha protestado financiando abortos. En conjunto, los fondos para el aborto en Texas han recaudado más de 3 millones de dólares desde el 1º de septiembre, y buena parte de esos fondos se utilizará para sacar del estado a quienes necesiten un aborto. La gente también está, literalmente, protestando. Basta con echar un vistazo a #BansOffOurBodies para ver las imágenes de las protestas que han tenido lugar en todo el país, y en particular de las marchas por los derechos reproductivos que tuvieron lugar el 2 de octubre. Y, por supuesto, la gente está aprendiendo más acerca del aborto autogestionado, porque la prohibición del aborto no acaba con la necesidad de abortar.

     

    ¿Qué tácticas utiliza Avow para evitar regresiones y ampliar la vigencia de los derechos sexuales y reproductivos?

    Avow continuará luchando sin pausa por el acceso irrestricto al aborto para todas las personas de Texas, por el motivo que sea. El aborto es una prestación básica de salud, y debe ser fácilmente accesible para cualquier persona de nuestro estado que lo necesite o lo desee. Lideramos este movimiento para cambiar la cultura desde una perspectiva abiertamente a favor del aborto, a través de la construcción de vínculos comunitarios, educación e incidencia política.

    Trabajamos para presentar el aborto bajo una luz positiva porque el aborto es seguro, común y normal, aunque esto no se sepa a causa del estigma que impide que la gente comparta sus experiencias de aborto. Nos comprometemos a cambiar la conversación acerca del aborto para que refleje esa realidad. Durante demasiado tiempo, los extremistas antiabortistas han dictado el modo en que se nos permite hablar del aborto; mediante la difusión de mentiras e inexactitudes médicas han controlado la narrativa a tal punto que incluso los partidarios del derecho al aborto se sienten incómodos al pronunciar esa palabra y prefieren utilizar en cambio eufemismos tales como “derechos de las mujeres”, “salud reproductiva” y “elección”. Esto ha permitido que el estigma impregne la provisión de servicios de aborto y, en última instancia, avergüence a las personas que han abortado y alimente una narrativa sobre la existencia de abortos “buenos” y “malos”. En Avow nos negamos a juzgar las razones de una persona para abortar, y en cambio la apoyamos una vez que ha tomado su decisión de hacerlo.

    De cara a las elecciones de medio término de 2022, Avow se está preparando para exigir rendición de cuentas a los legisladores antiaborto mediante anuncios digitales, organización en el terreno y movilización de votantes. También estamos presionando al gobierno federal para que haga más por proteger el derecho al aborto mediante la aprobación de la Ley de Protección de la Salud de la Mujer, que busca establecer legalmente el derecho de los proveedores de atención de la salud a prestar servicios de aborto, y el correspondiente derecho de los pacientes a recibir dicha atención, sin restricciones médicamente innecesarias. También les pedimos que deroguen la Enmienda Hyde, una disposición legislativa de 1980 que prohíbe el uso de fondos federales para financiar abortos y es eminentemente racista. También seguiremos trabajando para acabar con el estigma del aborto, ayudando a las personas a hablar abiertamente sobre el aborto y sobre la importancia que tiene para ellas poder acceder a él.

    ¿Cuáles son las perspectivas de que se anule la prohibición?

    Es muy preocupante que la Corte Suprema no haya bloqueado esta ley incluso antes de celebrar una audiencia sobre ella. Durante casi 50 años, la Corte Suprema ha afirmado que la Constitución garantiza el derecho al aborto, pero ahora en Texas vivimos una realidad diferente. Mucha gente da por sentado que la Corte Suprema es un órgano legal objetivo, pero sus jueces son nombrados por el presidente, y los presidentes tienen agendas políticas. La negativa de la Corte Suprema a bloquear la entrada en vigor de la SB8 es simplemente una prueba más de algo que sabemos desde hace años: la salvación no vendrá de los tribunales. Es necesario aprobar una ley federal que garantice el acceso y la financiación del aborto sin restricciones para todas las personas en este país. 

    Dicho esto, agradecemos que el Departamento de Justicia (DJ) esté emprendiendo acciones legales para luchar contra la SB8. El DJ está solicitando una orden de restricción temporaria y un mandato judicial preliminar en un tribunal federal con sede en Austin, la capital de Texas. De ser concedida, esta orden de restricción impediría al estado de Texas, incluidas las personas privadas que inicien demandas en virtud de la ley, implementar o hacer cumplir la SB8. Este es un primer paso necesario en lo que esperamos que sea una larga batalla judicial para detener esta ley. La orden de restricción debería ser concedida sin problemas porque la ley es claramente inconstitucional y las personas en Texas necesitan conservar el acceso a servicios de aborto mientras la ley haga su recorrido por el sistema judicial.

    ¿Qué tipos de apoyos necesitan los grupos que defienden el derecho al aborto en Estados Unidos de sus pares de todo el mundo?

    Lo mejor que la gente de fuera de Texas puede hacer por nosotros es apoyarnos contribuyendo a los fondos para el aborto y a las organizaciones de incidencia política de Texas, y amplificando nuestro mensaje. También pueden prestar más atención al impacto de las prohibiciones del aborto y el estigma en sus propias comunidades. En lugar de boicotear a empresas de Texas, aprueben ordenanzas locales que proporcionen apoyos concretos a las personas de sus regiones que buscan abortar.

    El espacio cívico en Estados Unidos es calificado como “obstruido” por elCIVICUS Monitor.
    Póngase en contacto con Avow a través de supágina web,Facebook oInstagram, y siga a@avowtexas y a@CarolineDuble en Twitter.

     

  • JAMAICA: “Tras 20 años de incidencia, hoy se habla públicamente de los derechos de las personas LGBTQI+”

    Karen LloydCIVICUS conversa con Karen Lloyd, directora asociada de J-FLAG, sobre la situación de las personas LGBTQI+ en Jamaica y la significación de un reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que responsabiliza al gobierno jamaiquino de la violación de derechos. J-FLAG es una organización de derechos humanos y justicia social que defiende los derechos, la vida y el bienestar de las personas LGBTQI+ en Jamaica.

    ¿Cuál es la situación de las personas LGBTQI+ en Jamaica?

    La discriminación basada en el género y la sexualidad sigue siendo preocupante y afecta a las personas de muchas maneras, ya que dificulta su derecho al trabajo, a la educación y a la salud, e incluso los derechos a la vida y la igualdad ante la ley. La ley no protege a las personas de la discriminación por orientación sexual o identidad de género, y las relaciones íntimas entre personas del mismo sexo está penalizada.

    En abril de 2011, el gobierno jamaiquino aprobó la Carta de Derechos y Libertades Fundamentales, pero los llamamientos para que incluyera garantías de no discriminación por orientación sexual e identidad de género no fueron escuchados. La Encuesta Nacional de 2012 sobre Actitudes y Percepciones hacia las Relaciones entre Personas del Mismo Sexo, encargada por J-FLAG, reveló que una de cada cinco personas en Jamaica respetaba a las personas LGBTQI+ y apoyaba la inclusión de la orientación sexual como motivo de no discriminación. Además, aproximadamente un tercio de la población creía que el gobierno no estaba haciendo lo suficiente para proteger a las personas LGBTQI+ de la violencia y la discriminación.

    Las personas que integran la comunidad LGBTQI+ jamaiquina se ven sistemáticamente privadas de sus derechos humanos y sufren discriminación, exclusión, ataques violentos, abusos policiales, falta de empleo y una clara falta de protección legal, entre otros problemas generalizados. Muchas personas LGBTQI+ viven con miedo debido a las políticas, leyes y actitudes discriminatorias y a la falta de voluntad política para proteger sus derechos humanos. Desde 2009, J-FLAG recibió más de 600 denuncias de casos de abuso y violencia, y la Encuesta Nacional realizada en 2015 reveló que apenas el 12% de la ciudadanía manifestaba tolerancia hacia las personas LGBTQI+.

    Un informe de 2016 reveló que de 316 jamaiquinos LGBTQI+, el 32% informó haber sido amenazado con actos de violencia física en los cinco años precedentes y el 12% dijo haber sido agredido; el 23,7% informó que había sido amenazado con violencia sexual y el 19% haber sido agredido sexualmente. Sin embargo, el 41% no había denunciado estos incidentes porque creía que la policía no haría nada al respecto, y el 30% consideró que lo ocurrido no era lo suficientemente importante. Uno de cada cuatro temió una reacción homofóbica de la policía y uno de cada cinco se sintió demasiado avergonzado y prefirió que nadie se enterara.

    Esta realidad se ve agravada por la homofobia y la transfobia, así como por las leyes que criminalizan la intimidad homosexual entre hombres, una legislación antidiscriminatoria débil y en gran medida inaccesible, una débil protección contra la violencia sexual y doméstica y la falta de reconocimiento legal de las relaciones entre personas del mismo sexo.

    En febrero de 2021, la CIDH publicó un informe sobre los derechos del colectivo LGBTQI+ en Jamaica. ¿Cuál fue su relevancia?

    Varios artículos de la Ley de Delitos contra la Persona (OAPA, por sus siglas en inglés), que data de 1864, prohíben las actividades sexuales entre hombres. Su artículo 76 tipifica como delito la sodomía, su artículo 77 tipifica como delito a todo intento de sodomía y su artículo 79 tipifica como delito los actos de indecencia grave, que pueden incluir besos, cogidas de mano y otros actos de intimidad entre hombres. Los hombres condenados por sodomía se enfrentan a un máximo de 10 años de trabajos forzados. Esta y otras leyes relativas a delitos sexuales que preceden a la Carta de Derechos y Libertades Fundamentales están protegidas de desafíos legales fundados en derechos.

    En los casos examinados por la CIDH, los peticionarios -el Sr. Gareth Henry, que es gay, y la Sra. Simone Edwards, que es lesbiana- alegaron que, al seguir criminalizando la actividad sexual privada consentida entre varones adultos y al proteger a estas leyes de toda impugnación, Jamaica estaba contraviniendo su obligación asumida en virtud de la Convención Americana de Derechos Humanos. Sostuvieron que esto contribuía a perpetuar la cultura de homofobia violenta de Jamaica y animaba al Estado y a la población en general a perseguir no solamente a los hombres homosexuales, sino también a la comunidad LGBTQI+ en su conjunto. Ambos afirmaron que habían sido víctimas de ataques homofóbicos. 

    El informe de la CIDH concluyó que el gobierno jamaiquino era responsable de estas violaciones de sus derechos. Lo último que supimos fue que el departamento del fiscal general había reconocido la decisión y estaba preparando una respuesta. Para la sociedad civil, el informe reforzó los llamamientos en curso a enmendar la OAPA y pasó a formar parte de la incidencia legislativa para lograr el cambio legal. Sin embargo, los esfuerzos de incidencia con legisladores han seguido siendo difíciles, ya que éstos no quieren que se los asocie públicamente con un llamamiento a derogar la OAPA, en previsión de una posible reacción de grupos extremistas religiosos y de algunos segmentos de la ciudadanía.

    ¿Cómo trabaja el J-FLAG para intentar mejorar la situación?

    J-FLAG es la principal organización de derechos humanos y justicia social jamaiquina que aboga por los derechos, los medios de vida y el bienestar de las personas LGBTQI+ en Jamaica. Nuestro trabajo apunta a construir una sociedad que respete y proteja los derechos de todas las personas. Nuestra dirección y nuestro personal están comprometidos con la promoción del cambio social, el empoderamiento de la comunidad LGBTQI+ y el fomento de la tolerancia y la aceptación hacia las personas LGBTQI+. Promovemos los valores de la inclusión, la diversidad, la igualdad, la equidad y el amor. Estos valores están en el centro de todo lo que hacemos, ya que buscamos convertirnos en agentes eficaces de cambio social.

    Para lograr nuestros objetivos, trabajamos en cuatro áreas principales. En primer lugar, tratamos de mejorar la prestación de servicios sanitarios no discriminatorios, de involucrar a las principales partes interesadas para hacer frente a la discriminación relacionada con el empleo y de ofrecer a los y las jóvenes LGBTQI+ una organización enfocada en las cuestiones que afectan directamente sus perspectivas de vida.

    En segundo lugar, tratamos de aumentar la participación en los procesos de desarrollo y revisión de políticas, empoderando a la juventud LGBTQI+ y a los y las líderes juveniles y aumentando la colaboración entre jóvenes LGBTQI+ que participan en organizaciones juveniles convencionales.

    En tercer lugar, creamos paquetes de servicios para jamaiquinos LGBTQI+ con el objetivo de aumentar su acceso a información y asesoramiento, reducir el número de personas sin hogar, incrementar el acceso a servicios sociales no discriminatorios, habilitar el acceso a un ocio seguro y alentar la creación de redes.

    En cuarto lugar, defendemos los derechos humanos de las personas LGBTQI+ legitimando las necesidades de la comunidad, sensibilizando a la población y a los parlamentarios en materia de derechos humanos, estigma y discriminación, aumentando la capacidad de los y las líderes LGBTQI+, de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) y de otras partes interesadas y titulares de obligaciones para que estén mejor equipados para responder a las necesidades de las personas LGBTQI+, y aumentando la visibilidad de las experiencias y los problemas que les afectan. 

    ¿Cuáles han sido sus principales logros y lecciones aprendidas hasta ahora? 

    Nuestros logros en la última década incluyen la formación de más de 700 trabajadores de la salud, en colaboración con el Ministerio de Salud y Bienestar, sobre cómo tratar a pacientes LGBTQI+; exitosas campañas en los medios de comunicación, tales como We Are Jamaicans (“Somos Jamaiquinos”), #iChooseLove (“Yo elijo el amor”) y #OutLoudJA (“En vos alta”), que buscaban concientizar a la ciudadanía sobre la situación y los derechos de las personas LGBTQI+; nuestras celebraciones públicas del Orgullo; cuatro encuestas nacionales sobre las actitudes y percepciones de la ciudadanía sobre las personas y los temas LGBTQI+; la provisión de apoyo en desarrollo de capacidades para OSC y líderes juveniles; y la producción de numerosas investigaciones y publicaciones sobre temas LGBTQI+.

    Desde nuestro evento inaugural del Orgullo en 2015, todos los años Jamaica ha tenido celebraciones durante el período de la “Emancipendencia”, que incluye celebraciones en conmemoración tanto del fin de la esclavitud como de la independencia del dominio colonial británico. Lo primero que hay que tener en cuenta es que el Orgullo de Jamaica ha sido conceptualizado e implementado en forma adaptada al contexto cultural; por ejemplo, no incluye un desfile y en cambio adopta la forma de un conjunto diverso de eventos y actividades que son relevantes para los jamaiquinos, entre las que se cuentan una jornada de deportes, un servicio religioso, una feria comercial, un concierto, eventos festivos y una jornada de servicio. En nuestro Orgullo inaugural de 2015, la oradora principal de la ceremonia de apertura fue la alcaldesa de Kingston, la Dra. Angela Brown-Burke, que constituyó una señal de que la comunidad tenía aliados en la cúpula política y parlamentaria.

    Otro éxito ha sido contar en los actos del Orgullo con la participación de artistas de renombre, como Tanya Stephens, D'Angel, Jada Kingdom, Tifa, Ishawna, Yanique Curvy Diva y Stacious. Esto enfocó la atención nacional en nuestras celebraciones y supuso un cambio positivo en relación con espacios culturales que habían sido muy disputados.

    Por primera vez este año, J-FLAG no estuvo al frente de la organización de todos los actos del Orgullo, sino que proporcionó apoyo financiero y logístico a integrantes de la comunidad para que lideraran sus propios actos. Bautizada como #PrideShare (“Orgullo compartido”), la iniciativa contó con actos dirigidos por miembros de la comunidad, incluidos eventos artísticos y una batalla de sincronización de labios, cuyo éxito indicó que nuestros esfuerzos constituyen un paso en la dirección correcta.

    Tras 20 años de labor de incidencia, hoy se habla públicamente de los derechos de las personas LGBTQI+ y se observa un aumento de la tolerancia pública y una creciente voluntad entre representantes parlamentarios, líderes políticos y tomadores de decisiones de interactuar con la comunidad LGBTQI+ local, lo cual ha implicado avances en el trabajo con organizaciones y personas defensoras de los derechos LGBTQI+ para mejorar la vida de quienes integran esta comunidad. En particular, J-FLAG ha establecido y sostenido una importante alianza con el Ministerio de Salud que ha permitido formar y sensibilizar a más de 500 trabajadores de la salud para luchar contra el estigma y la discriminación en el sector sanitario.

    A pesar de estos logros, el movimiento se ha visto afectado por la lentitud de las reformas legislativas y políticas, la escasa disponibilidad de espacios para la movilización y la participación de la comunidad, el escaso apoyo financiero para hacer frente a la falta de vivienda y al desplazamiento, y el escaso involucramiento de las personas LGBTQI+ que viven en zonas rurales. J-FLAG, en particular, ha subrayado la necesidad de mayores apoyos para fortalecer los sistemas comunitarios como medio para amplificar los esfuerzos de incidencia y garantizar un mayor alcance y un mayor impacto.

    ¿Cómo puede la sociedad civil internacional apoyar mejor la lucha de las personas LGBQTI+ en Jamaica, y en el Caribe en general?

    La sociedad civil internacional puede apoyar al movimiento local y regional de muchas maneras. Por ejemplo, puede darnos un asiento a la mesa durante las conversaciones globales y partir de la base de que, en lo que atañe a lo que está sucediendo en nuestras sociedades, nosotros somos los expertos. En la medida de lo posible, también debería respaldar nuestros esfuerzos de financiación con los donantes internacionales. También puede ayudarnos compartiendo buenas prácticas e investigaciones pertinentes y concientizando a un público más amplio sobre los problemas que enfrentamos en Jamaica y en el Caribe.

    El espacio cívico en Jamaica es calificado de “reducido” por elCIVICUS Monitor.
    Póngase en contacto con J-FLAG a través de susitio web o su perfil deFacebook, y siga a@EqualityJa en Twitter.