Balcanes
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MIGRACIÓN: “La propagación de la COVID-19 no es excusa para tratar a personas vulnerables con mayor violencia”
CIVICUS conversa con Maddalena Avon, coordinadora de proyectos del Centro de Estudios para la Paz (CPS), sobre la situación de las personas migrantes y refugiadas en Europa en el marco de la pandemia y las formas en que la sociedad civil está respondiendo a la creciente presión fronteriza ejercida por gobiernos europeos hostiles.
CPS es una organización de la sociedad civil (OSC) que promueve la no violencia y el cambio social a través de la educación, la investigación, la incidencia, las campañas y el activismo. Fundada en 1996, trabaja en tres áreas: asilo, integración y seguridad humana; educación para la paz y afirmación de la no violencia; y lucha contra las desigualdades. CPS es miembro activo de la Red de Monitoreo de la Violencia en las Fronteras, una red independiente de OSC basadas en su mayoría en los Balcanes y Grecia, que monitorea las violaciones de derechos humanos en las fronteras exteriores de la Unión Europea y aboga por poner fin a la violencia contra las personas en movimiento.
¿Cuáles han sido las principales tendencias migratorias en Europa, y específicamente en los Balcanes, durante la pandemia?
El panorama del acceso al asilo ha cambiado drásticamente desde que entraron en vigor las restricciones establecidas en respuesta a la pandemia. La Red de Monitoreo de la Violencia en las Fronteras (BVMN) ya había publicado informes que referían al asilo como un conjunto de derechos erosionados, pero el debido proceso para las solicitudes de protección internacional se ha visto aún más cuestionado en el marco de la emergencia sanitaria de los últimos meses.
En primer lugar, las persistentes medidas de devolución en las fronteras siguen impidiendo a las personas solicitar protección internacional, y los Estados realizan expulsiones colectivas. En segundo lugar, las decisiones de los gobiernos de suspender o cerrar las oficinas de asilo sin ofrecer ninguna alternativa o remedio eficaz han colocado a las personas refugiadas y otros migrantes en un limbo efectivo y en riesgo de devolución. Igualmente, la implementación de medidas contra la COVID-19 ha permitido a países como Croacia, Grecia y Hungría restringir aún más el acceso a protecciones internacionalmente garantizadas.
En medio de la escalada del brote de COVID-19, la Unión Europea (UE) lanzó su Plan de Acción Conjunto para los Derechos Humanos. Sin embargo, el espíritu de esta declaración diverge agudamente con la realidad sobre el terreno. En particular, continúan las violaciones de derechos fundamentales por parte de Estados miembros de la UE y de terceros países que tienen con la UE diversos acuerdos sobre migración, asilo y seguridad fronteriza, así como sistemas de campamentos financiados. En lugar de ayudar a las comunidades vulnerables en este período de precariedad, las políticas y regulaciones han permitido que el fortalecimiento de las fronteras de la mayoría de los Estados miembros erosione aún más los derechos de asilo, el debido proceso y el trato humanitario.
Según un reciente informe de la BVMN, en marzo y abril de 2020 Eslovenia experimentó un descenso en el número de cruces irregulares de fronteras en comparación con los dos primeros meses de 2021 y el mismo periodo de 2019, y esto se reflejó en el número mucho menor de personas detenidas en las comisarías debido a cruces irregulares de fronteras. Sin embargo, la cantidad de expulsiones colectivas a Croacia se mantuvo constantemente alta. A principios de 2020, durante el brote de COVID-19 y las restricciones subsiguientes, Eslovenia continuó negando sistemáticamente el derecho de asilo y utilizó su acuerdo de readmisión con Croacia -que le permite entregar personas a la policía croata si hay pruebas de que han cruzado ilegalmente la frontera en las últimas 48 horas- para deportar a un gran número de personas, aunque el acuerdo de readmisión no se aplica si la persona ha pedido asilo o es un potencial solicitante de asilo. Ha seguido haciéndolo a pesar de ser plenamente consciente del alto riesgo de tortura y de nuevas expulsiones ilegales a Bosnia y Herzegovina.
En Croacia, como en otros lugares, la pandemia ha cambiado muchas cosas, pero algunas cuestiones, como el régimen de expulsiones, desgraciadamente se mantienen igual. La única diferencia es que estas violentas expulsiones colectivas atraen ahora menos atención, ya que todas las miradas están puestas en la pandemia y no se ha permitido a los observadores de derechos humanos permanecer en el terreno a causa de las restricciones sanitarias. Las expulsiones y la violencia en las fronteras han persistido: en un caso de los cientos documentados por la BVMN, un grupo que incluía a una persona gravemente herida y a un menor fue golpeado con porras por agentes croatas, que también quemaron su ropa, y el grupo fue devuelto a Bosnia y Herzegovina.
Un fenómeno relativamente nuevo en materia de prácticas de devolución es el de marcar a grupos de personas con pintura en aerosol naranja, como informó No Name Kitchen, una organización de base y miembro de la BVMN que presta asistencia directa a personas en movimiento en ciudades fronterizas a lo largo de la Ruta de los Balcanes. También han continuado las devoluciones en cadena desde Eslovenia a través de Croacia, que envían de regreso a las personas migrantes por el mismo camino por el que llegaron.
Resultan preocupantes los reportes que indican un aumento de la brutalidad en el marco de las devoluciones, dada la mayor autonomía que las autoridades estatales han ganado con la pandemia. Las devoluciones son ilegales y la propagación de la COVID-19 no es excusa para tratar a personas vulnerables con mayor violencia.
¿Cómo responden el CPS y la BVMN a estas tendencias?
El valor del trabajo realizado por la BVMN radica en la interconexión de diversos métodos: el trabajo de campo, que incluye el establecimiento de relaciones de confianza con las personas localizadas en zonas fronterizas, la recolección de testimonios y el trabajo de incidencia política, que supone la presentación de demandas claras a las instituciones para que rindan cuentas de determinadas acciones. El trabajo jurídico también es esencial cuando las personas que han sobrevivido a violaciones de derechos humanos quieren reclamar justicia. Cada miembro de la BVMN es fuerte en uno o varios de estos métodos de trabajo, y nuestra fuerza colectiva consiste en combinarlos a todos en un enfoque integral.
Dentro de la red, el CPS lleva a cabo investigaciones que alimentan nuestros esfuerzos de concientización e incidencia sobre el acceso al sistema de asilo, la protección de los derechos humanos de las personas refugiadas, la conducta ilegal de la policía, la criminalización de la solidaridad y la integración, con especial atención al empleo y la educación.
En lo que se refiere a la integración, dos de nuestros grandes éxitos han sido la Brújula del Danubio, una herramienta web que incluye toda la información relevante para la integración de personas migrantes y refugiadas en la sociedad croata, y nuestro programa de educación no formal para solicitantes de asilo, Hablemos de la Sociedad, que ofrece a los nuevos miembros de nuestra comunidad una introducción a la sociedad y las instituciones croatas, les informa acerca de sus derechos y fomenta su participación activa en la sociedad.
Dentro de la red, el CPS es un fuerte actor jurídico, ya que hasta ahora hemos presentado 12 denuncias penales contra autores desconocidos en uniforme de policía. Mediante un litigio estratégico, impedimos una extradición y logramos presentar dos demandas contra la República de Croacia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Como resultado de nuestra labor de incidencia, varias instituciones internacionales y de la UE, incluida la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, comenzaron a cuestionar y condenar las prácticas de las autoridades croatas.
Como consecuencia de nuestra exposición pública de las prácticas ilegales hacia las personas refugiadas, hemos sufrido mucha presión y se nos prohibió ingresar y trabajar en los centros de asilo. Esto dificultó nuestro trabajo, pero no comprometió nuestra autonomía.
¿Consideras que se ha logrado algún progreso para que Frontex, la agencia fronteriza europea, rinda cuentas por no proteger los derechos humanos?
Frontex ha enfrentado graves acusaciones de violaciones de derechos humanos procedentes de diversos actores e instituciones, y la sociedad civil se ha unido en torno de múltiples campañas y acciones sobre el asunto, incluyendo #DefundFrontex. Con el apoyo de 22 OSC y redes de sociedad civil, incluida la BVMN, esta campaña reclama que se desfinancie a la agencia y que su presupuesto se reoriente hacia la creación de un programa europeo de salvamento marítimo civil dirigido y financiado por los gobiernos.
El principal problema es que Frontex opera en una zona gris en materia legal y se considera que no tiene responsabilidad por sus acciones: la responsabilidad siempre recae sobre el Estado miembro donde Frontex opera. Las normas de la agencia están redactadas de forma tal que en gran medida le permiten no rendir cuentas. Sin embargo, estamos viendo pequeños pasos hacia un cambio en este sentido, por ejemplo con la participación activa de la Defensoría del Pueblo Europeo.
¿Cómo puede la sociedad civil presionar a la UE para que su compromiso con los derechos humanos se extienda a las personas migrantes y refugiadas, y cómo puede alentar a los Estados miembros a respetar sus derechos?
Una de las formas que los miembros de la BVMN han encontrado para aunar múltiples fuerzas y ser más asertivos en demandas clave es la construcción de redes transfronterizas. Creemos que la implicación activa de la sociedad civil en cada zona fronteriza, país y pueblo puede suponer una diferencia real en la influencia ciudadana. Es muy importante expresarnos con voz fuerte en defensa de los derechos de refugiados y migrantes. También es importante conectar una variedad de luchas que están muy interconectadas y que tienen lugar a través de las fronteras, tales como las luchas relativas al cambio climático y los derechos de las mujeres.
El espacio cívico en Croacia es calificado como “estrecho” por el CIVICUS Monitor.
Póngase en contacto con el Centro de Estudios para la Paz a través de su sitio web o su página de Facebook, y siga a @CMSZagreb en Twitter.
Póngase en contacto con la Red de Monitoreo de la Violencia en las Fronteras a través de su sitio web o su página de Facebook, y siga a @Border_Violence en Twitter.