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EL SALVADOR: “La justicia patriarcal persigue, tortura y abusa de las mujeres”
CIVICUS conversa con Sara García Gross acerca del reciente fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) contra el Estado salvadoreño y la lucha de las mujeres de El Salvador por el derecho al aborto.Sara García Gross es coordinadora de incidencia política de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto en El Salvador. Fundada en 2009, la organización concientiza a la ciudadanía para cambiar las leyes sobre el aborto, provee apoyo legal a mujeres acusadas o condenadas por abortos o delitos relacionados, y difunde información sobre la importancia de que las mujeres reciban asistencia adecuada en materia de salud sexual y reproductiva para evitar que recurran a abortos inseguros que ponen en riesgo sus vidas.
¿Qué reclama el movimiento feminista de El Salvador en materia de derechos sexuales y reproductivos?
Como feministas estamos luchando para cambiar la ley que penaliza el aborto de manera absoluta. En El Salvador se persigue a las mujeres injustamente. Se violan los derechos reproductivos de las mujeres, sobre todo de las más jóvenes, de las que viven en situación de pobreza, y de las que viven en zonas rurales del país. En ese sentido, desde el movimiento feminista luchamos para cambiar este marco normativo tan restrictivo, absolutista y absurdo.
También luchamos por la libertad de las mujeres. En la actualidad hay doce mujeres que están en la cárcel pagando penas que son sumamente injustas. Nuestra lucha es por la libertad y la vida de las mujeres. Queremos que el aborto sea legal en El Salvador. Luchamos por que las mujeres tengamos el derecho de construir nuestro proyecto de vida. Denunciamos los embarazos impuestos; esto constituye una forma de tortura. Hay niñas de apenas diez años que enfrentan la maternidad forzada, Hay jóvenes que no han recibido educación sexual y no tienen acceso a métodos anticonceptivos. Luchamos para que se garantice el derecho a recibir una educación sexual integral.
También luchamos por el reconocimiento de los derechos de las personas LGBTQI+, porque los crímenes de odio son otra forma cruel de tortura que el Estado impone o condona.
¿Qué tácticas utiliza la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto?
En nuestra lucha por la libertad de las mujeres hemos impulsado múltiples estrategias, empezando por el litigio estratégico para conseguir desde conmutaciones de penas hasta revisiones de sentencias. El foco está puesto en conseguir la libertad, llevando a la práctica la consigna feminista “Yo te creo hermana”. Luchamos para que se reconozca la inocencia de las mujeres que enfrentan penas injustas y absurdas.
Pero la estrategia jurídica no ha sido la única estrategia clave; también ha pesado mucho la movilización social a nivel nacional y regional. El movimiento feminista se ha organizado y se ha pronunciado en relación a los casos de las mujeres criminalizadas. Se han organizado plantones frente a embajadas de El Salvador y de otros países, se han enviado cartas a los juzgados y se han hecho campañas por la justicia reproductiva, tales como la campaña “Nos faltan las 17”.
Otra de nuestras grandes estrategias ha sido interpelar al sistema interamericano de derechos humanos. Hemos llevado el caso de la mujer conocida como Manuela a la Corte IDH, logrando que se condene al Estado salvadoreño por tratos crueles, inhumanos y degradantes. El litigio estratégico en el sistema interamericano nos ha permitido abordar la problemática de la persecución, la tortura y el abuso judicial y policial que enfrentan las mujeres en El Salvador. La justicia en El Salvador es una justicia patriarcal.
Otra estrategia ha sido la recolección de evidencia. Hemos realizado una investigación titulada “Del hospital a la cárcel” que nos ha permitido visibilizar esta problemática. A través de una revisión y análisis de expedientes, sentencias e instrucción, hemos logrado entender contra quiénes apunta la legislación antiaborto, a quiénes persigue: mujeres jóvenes y pobres que viven en zonas rurales. Esto constituye discriminación interseccional.
Las campañas, diálogos, y debates que impulsamos a nivel de la academia y de las comunidades en diferentes territorios también han formado parte de nuestra estrategia. Los procesos de incidencia política son fundamentales para que, a partir de ventanas de oportunidad que se identifiquen en la Asamblea Legislativa u otras instituciones del Estado, puedan presentarse nuevas propuestas de ley.
En el pasado se presentaron varios proyectos para reformar el artículo 133 del Código Penal de modo de despenalizar el aborto bajo cuatro causales. Estos proyectos estuvieron lejos de aprobarse; en algunos casos fueron rápidamente archivados y en otros languidecieron durante años en comisiones legislativas. Las organizaciones de mujeres fueron recibidas con gran hostilidad. Sin embargo, nuestras estrategias de incidencia política lograron poner el tema del aborto en la agenda pública.
¿Qué piensa la opinión pública salvadoreña sobre el aborto? ¿Qué trabajo están haciendo ustedes para instalar una narrativa alternativa a la criminalización?
En la opinión pública hay una amplia aceptación de la causal vinculada a salvar la vida de las mujeres: más de la mitad de la población lo ha manifestado en diversas encuestas.
Vivimos en un país conservador, con algunos grupos fundamentalistas que se autodenominan a favor de la vida. La realidad es que están a favor del aborto clandestino, de la criminalización, y de la muerte de las mujeres. Estos grupos sostienen una doble moral que nosotras, como sociedad civil organizada y feminista, ponemos en evidencia. Mientras que las mujeres que viven en situación de pobreza son criminalizadas, las que cuentan con recursos económicos viajan y acceden a abortos seguros. Esta doble moral es inaceptable.
Para nosotras es importante visualizar otras narrativas y dar a conocer la realidad de las mujeres. Disminuir el estigma exige mostrar, humanizar, hablar de historias y proyectos. Se trata de mujeres que tenían un proyecto de vida que la violencia de Estado les impidió concretar.
Dialogar sobre el tema en diferentes espacios, humanizar esta realidad, y cuestionar este sistema que impone el mandato de la maternidad -un prejuicio de género-, permite abordar el tema sin estigmas ni prejuicios y, sobre todo, desde una perspectiva de derechos humanos.
¿Qué implicancias tiene el fallo de la Corte IDH en el caso Manuela?
Este fallo llegó tras años de trabajo y lucha. Empezamos acompañando el caso en el año 2011, dando acompañamiento psicosocial, político y jurídico a la familia de Manuela.
La incidencia en el sistema interamericano fue fundamental. El fallo en el caso de Manuela es histórico: la Corte IDH ha reconocido que Manuela era inocente, que realmente enfrentó una emergencia obstétrica, y que los estereotipos de género, empezando por el mandato de la maternidad, permearon todo el proceso. La Corte IDH ha entendido que la penalización absoluta del aborto genera criminalización y obstáculos para acceder a derechos reproductivos.
La sentencia tiene efectos tanto a nivel nacional como a nivel regional. El principal efecto regional es la creación de jurisprudencia que obliga tanto a El Salvador como al resto de los países de la región a tomar una serie de medidas. Primero, garantizar el secreto profesional del personal de salud para que ninguna mujer que intente acceder a servicios de salud reproductiva sea denunciada por supuestos delitos vinculados con el aborto. Segundo, asegurar que no se apliquen estereotipos de género en el ámbito judicial, incluyendo aquellos que restringen a las mujeres a roles reproductivos y les adjudican un instinto maternal. Tercero, garantizar protocolos adecuados para atender emergencias obstétricas con servicios de salud accesibles y de calidad.
El Estado salvadoreño tendrá que llevar a cabo algunas acciones adicionales en cumplimiento de la sentencia de la Corte IDH. Primero, mientras esté en proceso de regular la obligación de mantener el secreto profesional médico y la confidencialidad de la historia clínica, debe eliminar la práctica de los profesionales médicos de denunciar a las mujeres que recurran a ellos en busca de servicios de salud reproductiva. Segundo, debe reparar de manera integral a la familia de Manuela. Tercero, debe realizar cambios legislativos y de política pública para asegurar la no repetición, de modo que nadie más sufra una situación similar, por ejemplo garantizando la atención integral en casos de emergencias obstétricas y adecuando la figura de prisión preventiva para que se aplique solo de forma excepcional.
Nosotras continuamos luchando para que las mujeres nunca más sean criminalizadas. Aún hay 12 mujeres que siguen privadas de libertad, pero creemos que el caso de Manuela ilumina estas injusticias y nos da fuerza para seguir luchando. Para nosotras, Manuela es justicia y esperanza.
¿Qué tipos de apoyos necesitan los grupos que defienden el derecho al aborto en El Salvador de sus pares de todo el mundo?
Nosotras consideramos que la solidaridad feminista es fundamental. Queremos visibilizar este tema en la región y en el mundo. Queremos que se hable de lo que está ocurriendo aquí. Queremos que se hable de las consecuencias que genera la penalización absoluta del aborto. Queremos que se hable de cómo este sistema punitivista no resuelve nada.
No puede ser que el ejercicio de un derecho reproductivo -un derecho a la salud- sea tratado como un crimen con penas de cárcel. Necesitamos poner los ojos del mundo sobre El Salvador y que el Estado salvadoreño se sienta observado. Debemos exigir, en cada oportunidad que tengamos, libertad para las mujeres, libertad para las 12 que siguen presas, y reparaciones para todas las mujeres que han enfrentado esta criminalización. Debemos exigir que el aborto sea un derecho reconocido por ley.
El espacio cívico en El Salvador es calificado como “obstruido” por elCIVICUS Monitor.
Póngase en contacto con la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto en El Salvador a través de susitio web o sus páginas deFacebook eInstagram, y siga a@AbortoPORlaVIDA en Twitter. -
ESPAÑA: “La comunidad LGBTQI+ teme que se produzca un retroceso tanto legal como social”
CIVICUS conversa acerca de la situación de las personas LGBTQI+ en el contexto preelectoral conEmilio de Benito, vocal de Salud y Mayores del Colectivo LGTB+ de Madrid (COGAM).Fundada en 1986, COGAM es una organización de la sociedad civil (OSC) que trabaja por la igualdad de las personas LGBTQI+. Es una de las entidades fundadoras de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales de España y una de las impulsoras del matrimonio igualitario, legalizado en 2005.
¿Qué cambios se han producido en la situación de las personas LGBTQI+ en España en los últimos años?
Con la aprobación, en marzo de este año, de la Ley Trans, la situación en España es, al menos sobre el papel, una de las mejores del mundo. La Ley Trans establece la libre determinación del sexo registral con la sola voluntad de la persona, prohíbe las terapias de conversión e impone medidas para la diversidad en la educación y el empleo.
Sin embargo, tenemos un problema: el aumento de los discursos de odio propagados por la ultraderecha, representada por Vox, e incluso por el más tradicional partido conservador, el Partido Popular (PP). La campaña para estas elecciones se ha visto plagada de expresiones de homofobia y transfobia. Hemos visto a políticos negarse a dirigirse a personas trans de manera consistente con su identidad de género y amenazar con abolir leyes que han consagrado derechos, tales como la Ley de Matrimonio Igualitario y la Ley Trans. Esto se ha visto reflejado en un aumento del acoso contra las personas LGBTQI+ tanto en las aulas como en la calle. Según datos oficiales, el año pasado, los delitos de odio en España aumentaron 45%, aunque es posible que la cifra real sea bastante mayor, porque la gente no siempre denuncia. La comunidad LGBTQI+ teme que se produzca un retroceso tanto legal como social.
¿Por qué los derechos de las personas LGBTQI+ se han transformado en un tema de campaña?
El último año se ha debatido mucho sobre la Ley Trans, que se aprobó en febrero. Es por eso que varios partidos políticos han incluido el tema en su agenda. Esta ley es posiblemente la más chocante para la extrema derecha y afecta a muy poca gente, por lo que aún si no la intentan derogar, seguro la intentarán modificar. Es decir, en el mejor de los casos se volverá a necesitar un diagnóstico médico que patologice la transexualidad, y a los menores no se los atenderá o se les pondrán trabas.
En cuanto a la Ley de Matrimonio Igualitario, dudo que el PP sea capaz de derogarla, aunque Vox sí lo reclama. En cambio, es más probable que busquen poner obstáculos a la adopción o a la filiación del hijo de tu pareja.
Lamentablemente, también hay un rechazo muy fuerte de la Ley Trans por parte de algunos feminismos de izquierda, que le han dado una ventaja adicional a la derecha. Yo creo, sin embargo, que se trata de un debate filosófico más que legal. Podemos debatir cuanto queramos qué es lo que hace que nos identifiquemos como hombres o como mujeres, pero aun así debemos reconocer el derecho de cada persona a expresar su identidad.
¿Está el movimiento LGBTQI+ alineado con alguna opción política en estas elecciones?
Nosotros no nos alineamos con ningún partido político, pero sí que advertimos que hay partidos, como Vox, con mensajes y propuestas que atentan contra nuestros derechos. Esto no ha estado exento de controversias. Desde la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales de España se ha montado una campaña para llamar a no votar a la derecha, pero hay quienes se han manifestado en desacuerdo porque en principio se puede ser de derecha en lo económico sin ser homofóbico. Pero en ese caso, ambas cosas coinciden.
Pedro Zerolo, un activista gay muy importante que impulsó en su momento el matrimonio igualitario, solía decir que os derechos no solo hay que conquistarlos y disfrutarlos, sino también defenderlos. Claramente ahora estamos en el punto en que debemos defender nuestras conquistas.
De modo que todos los colectivos LGBTQI+ hemos intervenido en la campaña electoral. Lo hemos hecho durante el Orgullo de Madrid, que es uno de los más importantes del mundo no solamente por su extensión –dura cuatro días– y por la cantidad de gente que convoca, incluida mucha gente que no es del colectivo, sino también porque incluye numerosas actividades culturales y sociales. También hemos participado en debates con partidos políticos: en COGAM, por ejemplo, tuvimos un debate con representantes de cuatro partidos. No todos eran partidos de izquierda, aunque son éstos los que siempre quieren reunirse con nosotros, escucharnos y saber nuestra opinión. Pero a la extrema derecha no la invitamos, ya que no tiene sentido que le demos voz.
¿Cuáles son los posibles escenarios post-electorales?
El PP se ha opuesto a todas las leyes que reconocieron derechos de las personas LGBTQI+ y las mujeres, e incluso las han llevado al Tribunal Constitucional. Pero cuando éste ha concluido que esas leyes no infringen ninguna norma constitucional, los gobiernos del PP no las han derogado. Sin embargo, es posible que ataque la Ley Trans. Uno de los grandes logros de esta ley es que escucha a los menores de edad. Cuando los menores saben perfectamente quiénes son y quieren ser, no tiene sentido reprimirlos hasta que sean mayores de edad. Pasa lo mismo con el aborto: antes las menores de 16 años tenían que contar con permiso de sus padres, pero luego este requisito se eliminó porque hay casos, por ejemplo de incesto, en que era problemático. Creo que con los menores van a intentar volver atrás en estos derechos.
También podrían volver a exigirles a las mujeres trans dos años de tratamiento psicológico de diagnóstico. A los hombres trans directamente los han borrado el debate, como si no existieran. Hay demasiada preocupación por lo que podría llegar a pasar si una mujer trans entra a un vestuario femenino, pero a nadie le preocupa lo que le puede pasar a un hombre trans en el gimnasio.
En el terreno de educación es posible que ocurran retrocesos muy graves, por ejemplo que se nos quite la posibilidad de explicar la realidad de las personas LGBTQI+ en las escuelas. Para un adolescente o preadolescente LGBTQI+ es fundamental que alguien le diga que lo que le pasa no es frecuente, pero tampoco es anormal, y que puede ser feliz. Pero este mensaje lo están tratando de borrar.
Incluso estructuras como las consejerías de igualdad, los organismos de igualdad de los gobiernos locales y regionales, en muchos sitios están desapareciendo o diluyéndose, rebautizados como “organismos de familia” cuando pasan a manos de la extrema derecha. Lógicamente, cuando las OSC del colectivo LGBTQI+ precisemos apoyo del Estado para nuestras campañas, la respuesta va a ser muy floja, si es que la hay.
El movimiento LGBTQI+ ha impulsado importantes cambios legales. ¿De qué manera ha trabajado para conseguir el apoyo de la opinión pública?
La mayoría de las organizaciones LGBTQI+ en España somos actores políticos y no solamente asistenciales. Hacemos incidencia con partidos, diputados y funcionarios. Pero en mi opinión, nuestra principal labor pasa por la creación de visibilidad.
Los eventos del Orgullo que se celebran en España, pero especialmente los de Madrid, Barcelona y Valencia, nos dan una visibilidad que hace que el resto de la población se nos acerque. Ahora tenemos una senadora trans. Hacemos campañas en medios. Usamos en forma especialmente intensiva las redes sociales porque nos permiten dos cosas: una, llegar a las y los adolescentes y preadolescentes LGBTQI+; y dos, proyectar una imagen proactiva y positiva a toda la sociedad.
Pero somos conscientes de que la visibilidad también nos expone. Todos los años tras los eventos del Orgullos hay una pareja de chicos que, al regresar de Chueca, el barrio donde se concentra el Orgullo de Madrid, a sus barrios a las afueras les pegan en cuanto salen del metro. Siempre pasa, porque vuelven del centro sintiéndose los reyes del mundo. Han estado felices, integrados, libres. En esa euforia no se dan cuenta de que han entrado en una zona peligrosa, donde el mensaje de odio ha calado hondo. Y en estos días hay menos reparo en insultarte. Hace unos años la gente no lo hacía o lo hacía por lo bajo, pero ahora están envalentonados, lo hacen como presumiendo.
¿Qué clase de vínculos mantienen con organizaciones LGBTQI+ a nivel internacional?
A nivel nacional en España nos organizamos en la Federación Estatal, la cual mantiene relaciones con ILGA, la Asociación Internacional LGBTI. Varias organizaciones españolas también están muy enfocadas en América Latina y otros países de habla hispana como Guinea Ecuatorial. En esta excolonia española en África, por ejemplo, acaban de lanzar una campaña.
Otra forma de colaboración pasa por el trabajo con personas migrantes LGBTQI+ procedentes de Latinoamérica. Los principales grupos de población extranjera en España son de Rumania, Marruecos y luego de Venezuela, Colombia y Ecuador. Somos un sitio de refugio. Es fácil culturalmente, y además muchos tienen antecedentes españoles, lo que les facilita la estancia y les puede incluso dar acceso a la nacionalidad. En esto desempeñamos un papel claro. De hecho, como nuestras webs están en español son muy fácilmente consultables por las organizaciones de Latinoamérica y nuestros mensajes les llegan sin ninguna barrera.
Sin embargo, tal y como está la situación, es más usual que nosotros hagamos campaña para apoyar a otros, y no que otros nos apoyen a nosotros. En Europa, por ejemplo, somos uno de los países que está relativamente bien, por lo que parece lógico que el foco esté puesto en países como Hungría y Polonia. Pero en todo caso, trabajar a nivel europeo es lo más operativo para resistir frente a la reacción conservadora, para que los países que incumplan leyes o retiren derechos reciban la presión de la Unión Europea.
¿Cómo ves el futuro?
Ahora mismo, en esta encrucijada, lo veo con temor. Fui adolescente en la época de la dictadura de Franco y lo viví con miedo. Ahora le temo a la idea de que podamos volver a eso.
En las últimas décadas muchas personas nos han aceptado, pero no todas lo han hecho por las mismas razones. Mucha gente lo ha hecho porque no se atrevía a manifestar su rechazo, porque estaba mal visto. Pero ahora los sectores en que el rechazo está bien visto están creciendo.
El otro día en un debate público a una chica trans miembro de un partido la llamaron “enferma crónica”. Los parlamentarios autonómicos se empeñan en dirigirse a las diputadas trans en masculino. Hasta hace poco quien pensaba estas cosas se las callaba porque no estaban bien vistas y se temía el rechazo social. Pero ahora hay un público envalentonado para expresar su odio. Y esto continuará al margen de lo que pase en las elecciones, porque los sectores que defienden el odio tienen una presencia pública que trasciende al parlamento. Por eso temo por el destino de las leyes igualitarias, pero más le temo a la calle.
El espacio cívico en España es calificado como “estrecho” por elCIVICUS Monitor.
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