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CONVENCIÓN FISCAL DE LA ONU: “El poder popular es nuestra principal arma en la lucha contra la desigualdad”
CIVICUSconversa acerca de la labor de la sociedad civil para combatir la desigualdad desde la base y analiza las perspectivaspara una convención fiscal de las Naciones Unidas con JennyRicks, coordinadora mundial de la Alianza para Combatir la Desigualdad.La Alianza para Combatir la Desigualdad es una coalición mundial en expansión que reúne a un amplio abanico de movimientos sociales, organizaciones de base y comunitarias, organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, artistas y activistas individuales que se organizan y movilizan en el territorio para encontrar e impulsar soluciones a las causas estructurales de la desigualdad con el fin de reequilibrar el poder y la riqueza en nuestras sociedades.
¿Existe un consenso global en torno a la idea de que la desigualdad está mal y hay que combatirla?
En los últimos años se ha llegado al consenso de que la desigualdad ha alcanzado niveles extremos y es perjudicial para todos los miembros de la sociedad, así como para el medio ambiente. Estamos en un momento en el cual no solamente las personas más afectadas por la desigualdad consideran que está mal, que es grotesca y que tiene que cambiar, sino que incluso organizaciones como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial sostienen que es un problema. El Papa dice que es un problema. Los gobiernos se han comprometido a reducir la desigualdad a través de uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Existe un amplio consenso, pero es superficial: da la impresión de que todo el mundo piensa que la concentración de poder y riqueza en la cúspide de las sociedades ha ido demasiado lejos y que la brecha es demasiado extrema y afecta a la vida cotidiana y a los medios de subsistencia de las personas como cuestión de vida o muerte. Y no sólo eso: también corroe las democracias. Cuando los oligarcas controlan los medios de comunicación, compran elecciones, reprimen a las personas defensoras de derechos humanos y al espacio cívico y destruyen el medio ambiente, esto nos afecta a todos.
Pero por debajo de ese consenso superficial, creo que sigue habiendo un profundo desacuerdo sobre lo que realmente significa luchar contra la desigualdad. En la Alianza para Combatir la Desigualdad estamos interesados en desmantelar los sistemas de opresión que impulsan la desigualdad, incluidos el neoliberalismo, el patriarcado, el racismo y los legados del colonialismo. Estas son las profundas raíces estructurales de las desigualdades: son las razones por las cuales miles de millones de personas luchan por sobrevivir bajo una pandemia mundial mientras los más ricos del mundo siguen pasándoselo en grande. Así que tenemos una agenda de transformación de la naturaleza de nuestras economías y sociedades, y no solamente de retoques del statu quo, con pequeños ajustes para evitar que la gente se rebele.
¿Cómo se puede combatir la desigualdad estructural?
Cuando empezamos a constituir la Alianza para Combatir la Desigualdad, teníamos claro que el problema no radicaba en la falta de soluciones políticas. Sabemos cuáles son las soluciones políticas para luchar contra la desigualdad, así como sabemos cuáles son las medidas que hay que tomar para hacer frente al cambio climático. Sabemos qué políticas fiscales redistributivas se requieren o cuáles políticas permitirían garantizar un trabajo digno.
El problema era que la abrumadora concentración de poder y riqueza en la cúspide no era compensada por una fuerza equivalente desde abajo. Los más ricos y poderosos están organizados y bien financiados. Persiguen sus intereses y su codicia de forma agresiva y exitosa. Lo que nosotros tenemos es poder popular. Pero dentro de la sociedad civil y fuera de ella, los grupos estaban muy fragmentados, muy aislados y centrados en sus propias agendas y absorbidos por las cuestiones más urgentes para las poblaciones a las que responden. No había suficiente conexión entre las luchas.
Organizarse en torno a la desigualdad es una buena forma de lograr que la gente entienda cómo sus luchas están interconectadas: a las luchas cotidianas subyacen raíces comunes y, por tanto, también hay soluciones comunes por las que luchar. Ahí es donde vimos que residía nuestro rol, y también en cambiar las narrativas que tenemos sobre la desigualdad. Tenemos que cambiar lo que consideramos que es necesario y posible en nuestras sociedades, y crear poder para impulsar las visiones alternativas por las que luchamos. Cuando nos vemos limitados por lo que las narrativas dominantes consideran natural o normal, como la falsa idea de que los multimillonarios son genios esforzados que merecen tener una riqueza ilimitada, perdemos energía y capacidad de organización para promover el cambio estructural.
La gente conoce sus problemas y sus soluciones. La desigualdad no es un problema que puedan resolver los economistas y los tecnócratas: es ante todo una lucha que debe librar la gente. Y hay que escuchar las voces de quienes experimentan la peor parte de estas desigualdades. Estas personas son las verdaderas expertas en esta lucha. Así que el poder popular es la principal arma que aportamos a esta lucha. Los gobiernos y las instituciones internacionales quieren llevar estos debates a las arenas técnicas de los órganos de formulación de políticas y a las salas de conferencias, envolviéndolos en un lenguaje técnico que los hace intencionadamente inaccesibles para la mayoría de la gente. Muchas cuestiones que requieren cambios estructurales, y desde luego la desigualdad, son tratadas como cosas que hay que medir, sobre las que hay que informar y de las que hay que hablar en los círculos económicos.
Pero la desigualdad es una tragedia humana, no una cuestión técnica. Es una cuestión de poder. Y las soluciones deben estar en manos de las personas cuyas vidas se ven más afectadas por ella. Tenemos que cambiar el equilibrio de poder, en nuestras sociedades y en el ámbito global, en vez de discutir la redacción de un documento técnico debatido a puertas cerradas, y eso solamente se consigue organizándonos a gran escala. Este poder popular es la principal arma que aportamos a la lucha contra la desigualdad.
¿Por qué la fiscalidad es importante en la lucha contra la desigualdad?
La lucha contra la desigualdad requiere que redistribuyamos el poder y la riqueza, y la fiscalidad es una importante herramienta de redistribución.
En los últimos diez o veinte años, la sociedad civil ha trabajado mucho para cuestionar el hecho de que las personas más ricas y las grandes empresas de todo el mundo no pagan los impuestos que les corresponden. El modelo económico es explotador, injusto e insostenible; se basa en la extracción de recursos, principalmente del Sur global, en prácticas laborales abusivas, trabajadores mal pagados y daños ambiental.
Todos podemos identificarnos con esta cuestión también a nivel nacional y local, ya que para equilibrar los presupuestos los gobiernos suelen aumentar los impuestos indirectos, tales como el impuesto sobre el valor agregado, que es el tipo de impuesto más regresivo porque se aplica a cualquier cosa que la gente compre, incluidos los productos de primera necesidad, en vez de gravar más a los ricos o a las multinacionales, que han creado toda una industria y unos complicados esquemas globales para eludir y evadir impuestos a gran escala.
La redistribución se está produciendo ahora mismo: se basa en extraer recursos de los más pobres y distribuirlos entre los más ricos del mundo: multimillonarios, accionistas de empresas y similares. Eso es lo que estamos luchando por revertir, a nivel tanto local como global.
¿Cómo podría ayudar una convención de la ONU sobre fiscalidad?
El nivel actual de concentración de la riqueza es tan grotesco que exige soluciones y medidas en todos los niveles. Tenemos que luchar en el frente local, donde la gente está sufriendo, al tiempo que impulsamos un cambio sistémico en lugares como la ONU. El debate sobre las normas fiscales globales parece bastante alejado de las luchas cotidianas de la mayoría de la gente, dentro y fuera de nuestra alianza. Pero las decisiones que se toman al respecto repercuten sobre esas luchas.
Hasta ahora, las normas fiscales han sido establecidas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), una organización intergubernamental con 38 Estados miembros: el club de los países ricos. ¿Cómo es posible que las decisiones sobre las normas fiscales globales, que afectan a todo el mundo, se tomen en un lugar que no sea la ONU, que con todos sus defectos y fallas es el único organismo multilateral en el cual todos los Estados tienen un lugar en la mesa?
Aun así, como hemos visto con las negociaciones sobre el clima, en la ONU se libra una enorme lucha de poder. Conseguir el tipo de normas fiscales globales que queremos seguirá siendo una lucha titánica. Pero si las normas fiscales globales se elaboran en el seno de la OCDE, la mayoría del mundo ni siquiera tiene una oportunidad. Pedir amablemente a los países ricos que se comporten mejor no va a producir el tipo de transformación que queremos.
En noviembre de 2022 se dio un primer paso positivo: la Asamblea General de la ONU adoptó una resolución llamando a una cooperación fiscal internacional más inclusiva y eficaz e instando a los Estados miembros a iniciar negociaciones sobre un tratado fiscal mundial. La resolución se hizo eco de un llamamiento del Grupo de los 77 (G77), el mayor bloque de países en desarrollo de la ONU, así como del Grupo Africano, y otorgó a la ONU el mandato de monitorear, evaluar y determinar las normas fiscales globales y apoyar la creación de un órgano fiscal mundial.
Una convención fiscal global pondría a los Estados del Sur en pie de igualdad con los del Norte, por lo que la propuesta enfrentó grandes rechazos. Quedaron claramente en evidencia las dinámicas del poder global. Era de esperarse: se trata de un proceso a largo plazo y de final abierto. No hay garantías de que vaya a dar lugar al marco global sólido que necesitamos. Pero sigue siendo una lucha que merece la pena dar, y la ONU es el escenario adecuado para ella, simplemente porque no hay ningún otro espacio donde puedan llevarse a cabo estas negociaciones. ¿En qué otro lugar podrían el G77 o el Grupo Africano renegociar las normas fiscales globales?
¿Cómo están haciendo campaña a la luz de la resolución?
No estamos haciendo campaña directamente a favor de la Convención Fiscal de la ONU, sino que intentamos atraer a la gente hacia esta agenda de una forma diferente. Hemos estado haciendo mucha campaña sobre los impuestos a los ricos y la abolición de los multimillonarios, que es una forma más atractiva de presentar la cuestión y movilizar a la gente en torno a ella. En este momento no me imagino a cientos de miles de personas saliendo a la calle por la Convención Fiscal de la ONU. En cambio, nos hemos organizado en torno a la necesidad de gravar a los ricos, tanto a individuos como a empresas, a escala nacional y global.
Este llamamiento tiene mucha resonancia popular porque a la gente le resulta más fácil vincularlo con sus luchas: luchas por trabajo, presupuesto para la salud, mejores servicios públicos o una renta básica, o contra medidas de austeridad, subas de impuestos regresivos o recortes de subsidios. Gracias a nuestro trabajo de organización, en los últimos años el tema ha pasado a formar parte de las campañas de muchos más movimientos en todo el mundo. Para muchos movimientos de base del Sur global ha sido la forma de entrar en el tema fiscal. Tiene potencial para atraer la atención de la gente hacia la agenda más amplia de la justicia fiscal. No se puede empezar celebrando una reunión comunitaria sobre la Convención Fiscal de la ONU. Hay que partir de las desigualdades cotidianas que experimenta la gente.
Póngase en contacto conla Alianza para Combatir la Desigualdada través de susitio web o su página deFacebook, y siga a@jenny_ricks y a@FightInequality en Twitter.