Paraguay

Adopción del Examen Periódico Universal de los Derechos Humanos por parte de Paraguay
Aprobación del Informe EPU de Paraguay

Leída por Inés M. Pousadela

Gracias, Señor presidente.

Semillas para la Democracia y CIVICUS celebran que el gobierno de Paraguay haya aceptado las recomendaciones del EPU relativas al espacio para la sociedad civil. Sin embargo, nuestra presentación conjunta documenta que Paraguay no implementó 13 de las 19 recomendaciones sobre este tema recibidas durante su examen anterior, y apenas implementó parcialmente seis.

Como lo detalla nuestra presentación, actores tanto estatales como no estatales frecuentemente atacan, intimidan y acosan judicialmente a personas defensoras de derechos humanos y periodistas – a estos últimos, especialmente cuando informan sobre protestas, crimen organizado, corrupción y violaciones de derechos humanos. El ambiente hostil para el periodismo es alimentado desde las más altas esferas políticas. Las personas defensoras indígenas y campesinas y quienes se movilizan por el derecho a la tierra son objeto de ataques a menudo procedentes de empresas de agronegocios; las personas defensoras de los derechos de las mujeres y de las personas LGBTQI+ enfrentan ataques mayormente perpetrados por grupos fundamentalistas y anti-derechos. Abundan los ejemplos de personas defensoras del derecho a la tierra que han sufrido atentados contra sus vidas, y algunas han sido asesinadas. La mayoría de las agresiones permanece impune.

Los y las trabajadoras enfrentan fuertes obstáculos legales para ejercer su libertad de asociación, así como obstáculos de hecho bajo la forma de ataques de actores no estatales, y especialmente de empresas privadas que amenazan con despedirles si intentan organizarse. La ley no protege adecuadamente esta libertad.

Nuestra presentación también indica que la libertad de expresión se ve amenazada por el uso sistemático de leyes de difamación penal por parte de figuras públicas para intimidar y silenciar al periodismo crítico, especialmente cuando investiga denuncias de corrupción. La deficiente aplicación de la Ley de Acceso a la Información ha restringido la disponibilidad de información que debería ser pública, y se han registrado casos de censura y autocensura.

El ejercicio de la libertad de reunión pacífica continúa obstruido. Las manifestaciones pacíficas, especialmente las del movimiento campesino e indígena y las de las comunidades movilizadas por el derecho a la tierra, son frecuentemente disueltas con fuerza excesiva y suelen arrojar numerosas detenciones y manifestantes heridos, y ocasionalmente víctimas fatales.

Pedimos al gobierno de Paraguay que adopte medidas proactivas para abordar estos problemas y que implemente las recomendaciones recibidas para crear y mantener, en la ley y en la práctica, un entorno propicio para la sociedad civil.

Muchas gracias.

El espacio cívico en Paraguay es calificado como “obstruido” por el CIVICUS Monitor
Country recommendations on civic space for Universal Periodic Review
CIVICUS makes joint UN Universal Periodic Review (UPR) submissions on civil society space in Mozambique, Niger, Paraguay and Singapore

The United Nations Human Rights Council's Universal Periodic Review is a unique process which involves a review of the human rights records of all 193 UN Member States once every 4.5 years.

CIVICUS and its partners have submitted joint UN Universal Periodic Review submissions on four countries to the UN Human Rights Council in advance of the 38th UPR session (April-May 2021). The submissions examine the state of civil society in each country, including the promotion and protection of the rights to freedom of association, peaceful assembly and expression and the environment for human rights defenders. We further provide an assessment of the States’ domestic implementation of civic space recommendations received during the second UPR cycle over 4-years ago and provide a number of targeted follow-up recommendations.

Mozambique- CIVICUS and JOINT – Liga das ONG em Moçambique examine and raise concerns on the deteriorating environment in which journalists and civil society activists operate. Physical attacks, intimidation, arbitrary arrests and threats have become increasingly common, especially for civil society activists and journalists working or reporting on sensitive issues such as the Cabo election monitoring, transparency and accountability, election monitoring, transparency and accountability and corruption.

Niger (French) - CIVICUS, the West African Human Rights Defenders Network and the Nigerien Network of Human Rights Defenders highlight the level of implementation of the recommendations of received by Niger during its previous review in 2016. Despite constitutional guarantees on freedom of peaceful assembly, expression and association, the Nigerien government has targeted human rights defenders and subjected them to arbitrary arrests and judicial persecution. Peaceful assemblies are repressed and bans are imposed on planned protests while journalists are detained for reporting on issues affecting the state. Restrictive legislation like the 2019 Cyber Crimes Law are used to prosecute representatives of civil society.

Paraguay (Spanish) - CIVICUS and Semillas para la Democracia address concerns regarding the growing hostility, stigmatisation and criminalisation faced by HRDs, and particularly by the members of peasant, Indigenous, trade union and student movements, as well as by journalists reporting on protests, organised crime, corruption and human rights abuses. Along with the restrictions on the freedom of expression that result from the use of criminal defamation statutes and economic pressures from both private and public actors, the submission further examines the multiple ways in which dissent is stifled in the streets, as protests are prevented through the application of legislation imposing undue time and place restrictions and authorisation requirements, protesters are criminalised under the Penal Code, and demonstrations are violently suppressed by the security forces.

CIVICUS y Semillas para la Democracia abordan sus preocupaciones relativas a las crecientes hostilidad, estigmatización y criminalización que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos, y en particular las que integran los movimientos campesino, indígena, sindical y estudiantil, así como los periodistas que reportan acerca de protestas, crimen organizado, corrupción y violaciones de derechos humanos. Además de las restricciones de la libertad de expresión derivadas de la aplicación de estatutos de difamación penal y de presiones económicas de actores tanto privados como públicos, el documento examina las múltiples formas en que el disenso es ahogado en las calles, en la medida en que las protestas son impedidas mediante la aplicación de legislación que impone restricciones indebidas de tiempo y lugar y requisitos de autorización, los manifestantes son criminalizados bajo el Código Penal, y las manifestaciones son violentamente suprimidas por las fuerzas de seguridad.

Singapore - CIVICUS and The Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA) highlight ongoing use of restrictive laws, including defamation laws, to criminalise criticism of the authorities by HRDs and critics and the draconian restrictions on peaceful assembly. It also documents new laws that have been deployed to restrict media freedom and freedom of expression online and to harass the political opposition, journalists and civil society.

Civic space in Mozambique, Niger, Paraguay, and Singapore are rated as Obstructed by the CIVICUS Monitor.

See all of our UPR submissions here.
Paraguay - Recomendaciones sobre el espacio cívico para el Examen Periódico Universal de los Derechos Humanos
CIVICUS presenta propuestas conjuntas para el Examen Periódico Universal de la ONU sobre el espacio de la sociedad civil en Paraguay

El Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas es un proceso único que implica una revisión de los registros de derechos humanos de los 193 Estados Miembros de las Naciones Unidas una vez cada cuatro años y medio.

CIVICUS y Semillas para la Democracia abordan sus preocupaciones relativas a las crecientes hostilidad, estigmatización y criminalización que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos, y en particular las que integran los movimientos campesino, indígena, sindical y estudiantil, así como los periodistas que reportan acerca de protestas, crimen organizado, corrupción y violaciones de derechos humanos. Además de las restricciones de la libertad de expresión derivadas de la aplicación de estatutos de difamación penal y de presiones económicas de actores tanto privados como públicos, el documento examina las múltiples formas en que el disenso es ahogado en las calles, en la medida en que las protestas son impedidas mediante la aplicación de legislación que impone restricciones indebidas de tiempo y lugar y requisitos de autorización, los manifestantes son criminalizados bajo el Código Penal, y las manifestaciones son violentamente suprimidas por las fuerzas de seguridad.

Lea las recomendaciones completas:
https://www.civicus.org/documents/Paraguay.JointUPRSubmission.ES.pdf
Paraguay - Recomendaciones sobre el espacio cívico para el Examen Periódico Universal de los Derechos Humanos (2)
CIVICUS presenta propuestas conjuntas para el Examen Periódico Universal de la ONU sobre el espacio de la sociedad civil en Paraguay

El Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas es un proceso único que implica una revisión de los registros de derechos humanos de los 193 Estados Miembros de las Naciones Unidas una vez cada cuatro años y medio.

CIVICUS y Semillas para la Democracia abordan sus preocupaciones relativas a las crecientes hostilidad, estigmatización y criminalización que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos, y en particular las que integran los movimientos campesino, indígena, sindical y estudiantil, así como los periodistas que reportan acerca de protestas, crimen organizado, corrupción y violaciones de derechos humanos. Además de las restricciones de la libertad de expresión derivadas de la aplicación de estatutos de difamación penal y de presiones económicas de actores tanto privados como públicos, el documento examina las múltiples formas en que el disenso es ahogado en las calles, en la medida en que las protestas son impedidas mediante la aplicación de legislación que impone restricciones indebidas de tiempo y lugar y requisitos de autorización, los manifestantes son criminalizados bajo el Código Penal, y las manifestaciones son violentamente suprimidas por las fuerzas de seguridad.

Lea las recomendaciones completas:
https://www.civicus.org/documents/Paraguay.JointUPRSubmission.ES.pdf
PARAGUAY: ‘As long as land remains in private hands, conflict will continue '
CIVICUS speaks with Alicia Amarilla, national coordinator of the Organisation of Peasant and Indigenous Women (CONAMURI) in Paraguay about conflicts over land rights between the state, the private sector and Indigenous communities. CONAMURI is a Paraguayan organisation of Indigenous and peasant women that has been working for 22 years to defend and promote their rights and seek solutions to situations of poverty, exclusion and discrimination based on ethnicity and gender.
PARAGUAY: ‘Very tough years are ahead for civil society that promotes human rights’
CIVICUS discusses Paraguay’s recent general election with Marta Ferrara, executive director of Seeds for Democracy (Semillas para la Democracia).

Founded in 2006, Seeds for Democracy is a civil society organisation (CSO) whose main objective is to contribute to the improvement of the quality of democracy in Paraguay by promoting citizen participation, social equity and accountable governance.

What are Paraguay’s main challenges, and to what extent could the results of the recent election contribute to solving them?

Paraguay’s main problems are fundamentally economic, stemming from deep inequality. In recent years, Paraguay has had very good macroeconomic indicators, with high growth, but has remained very unequal, with high unemployment, large numbers of people in informal work and lack of access to health, education and opportunities. It is a country run by immensely wealthy cattle-ranching and agro-exporting elites who rule for their own benefit and to the detriment of a terribly unequal society. I believe this is the central characteristic of Paraguayan society and economy. It is a deep, structural problem, and this election has done nothing to solve it. The same people as always have won: the same sectors that have kept the country in this situation for more than 70 years.

At stake in this election was the possibility of alternation in power. However, that would not necessarily have meant radical change, because the presidential candidate of Concertación, the opposition coalition, was also a conservative, albeit from the Liberal Party. His running mate was a woman, but he still represented a conservative sector of society. These were not disruptive candidacies representing a real change in the way politics is conducted, in the way power is exercised, in terms of public policies or representing different social sectors.

How do you explain the comfortable win for the Colorado Party, despite the incumbent president’s very low approval rating?

The results can be explained to a large extent by the effects, which we already anticipated, of the system of unblocked lists with preferential voting in the context of a divided opposition.

A couple of years ago there was an electoral reform that replaced the closed and blocked party lists with unblocked lists with preferential voting. In these, the voter can select a candidate within the list of their choice, in order to vote for both a party and a candidate; then, according to the number of votes obtained by each candidate and their list, seats are distributed by the D’Hont system.

This system was introduced in the last municipal elections and we already knew that it would have some negative effects. A big problem with unblocked lists is that generally the candidate with the most money is the one who gets ahead. They also cause strong competition of all against all within parties.

In addition, the old system was replaced by electronic ballot boxes without sufficient training, meaning that people were not well prepared to use the new system. This allowed the spread of so-called ‘assisted voting’, which is illegal, and which basically consists of having people at polling stations interfering with voting with the excuse of helping voters use the electronic system.

All this benefited the Colorado Party, which has been at the helm of the state for a long time and is therefore the one with the most resources, and which has sufficient internal diversity to be able to provide replacement options for those who are dissatisfied with their government they lead.

There were, however, some small improvements in women’s representation. For the first time two women have been elected governors and there are more women than before in both houses of Congress.

But with the opposition divided, the Colorado Party won by the widest margin in Paraguay’s democratic history. In addition to winning the presidency, it won control of both houses of Congress and 15 of 17 governorships.

The other defining feature of this election was the emergence of a third opposition political grouping with a populist-authoritarian and messianic style. Led by Paraguayo Cubas, it represents so-called ‘angry voters’, those dissatisfied with traditional parties and the way politics has been conducted for decades. This candidacy did not take votes away from the government but from the opposition, and unexpectedly came in a close third place, with more than 20 per cent.

What is the basis for the allegations of fraud voiced by protesters?

The followers of Paraguayo Cubas, joined by people from practically all sectors of the opposition, many of them young people disaffected with politics, have taken to the streets en masse across the country to denounce fraud, despite the fact that their candidate got a very good vote, which they did not expect. The fact that an anti-establishment group is mobilising protests on a scale not seen in a long time represents a major challenge for the future of democracy in Paraguay.

This was a relatively peaceful election in which there was virtually no violence. What there was plenty of was disinformation, hate speech and social media attacks throughout the campaign. These aggressions strongly affected CSOs, including our own, Seeds for Democracy, and came mostly from the ruling party and the party and supporters of Paraguayo Cubas, although Concertación also launched similar attacks against its political opponents.

What role did civil society play during the election?

Civil society played a relatively important role, despite the restrictions it has faced. The Electoral Court initially did not authorise civil society election observation and instead issued a rather restrictive regulation. It finally accepted that the Sakã Consortium, a civil society coalition, would carry out observation and a parallel count, but with very many restrictions.

Seeds for Democracy has been actively involved in denouncing the problems of political financing, an issue we have succeeded in placing on the agenda. The other major problem in Paraguay, along with enormous inequality, is corruption. Lack of control over money in politics has brought groups linked to organised crime to power, both in Congress and in governors’ offices.

We will soon be working on political finance control. In Paraguay, campaign spending is controlled after elections. A month later, when the parties submit their statements, we begin to monitor them through the Electoral Court’s Citizen Observatory of Political Financing, cross-checking data on public contracts with the sworn statements published on public agencies’ websites. Paraguay’s freedom of information legislation is quite good and enables us to do this work.

How do you see the future of democracy in Paraguay?

In the medium to long term I see a very difficult situation. There are many things to be resolved in order to improve the quality of democracy. The emerging political group is violent, anti-rights, fundamentalist and messianic. Its inspiration is the popular authoritarian president of El Salvador, Nayib Bukele, and his way of ruling, so I think we are in for some very tough years ahead.

The section of the Colorado Party that won the election is one whose leaders attack civil society. They are anti-rights: they define themselves as ‘pro-life’, they are against equal marriage and sexual and reproductive rights and they attack all issues related to gender rights. That’s why I think civil society is in for a very tough few years. The various segments of civil society, especially those working on rights issues, are going to have to make big efforts to join together and undertake collective action.

At the moment, some organisations have some funding from international cooperation sources, and we hope that this support will increase and strengthen so that we can work together to face all these challenges. It will be a constant struggle, all the more difficult because we have already seen attacks against freedom of expression and press freedom.

I do not expect much in the coming months. For the time being, we must stay vigilant to understand which way things are going. But what is certain is that very tough years are ahead for CSOs that promote human rights.

Civic space in Paraguay is rated ‘obstructed’ by theCIVICUS Monitor.

Get in touch with Seeds for Democracy through theirwebsite orFacebook page, and follow@semillaspy on Twitter.
PARAGUAY: “Mientras las tierras sigan estando en manos privadas, el conflicto a nivel local va a continuar”
CIVICUS conversa con Alicia Amarilla, Coordinadora Nacional de la Organización de Mujeres Campesinas e Indígenas (CONAMURI) de Paraguay acerca de los conflictos por los derechos territoriales entre el Estado paraguayo, el sector privado y las comunidades indígenas. CONAMURI es una organización paraguaya de mujeres indígenas y campesinas que trabaja desde hace 22 años en la defensa y promoción de sus derechos y para buscar soluciones a situaciones de pobreza, exclusión y discriminación por etnia y género.

¿Qué desafíos enfrentan los pueblos indígenas de Paraguay en el acceso a sus derechos territoriales?

Los principales desafíos siguen siendo la organización y la formación de alianzas. Si no se toma conciencia política de que lo que está en juego es el futuro, toda resistencia será endeble. Y en ausencia de articulación con otros sectores populares es muy difícil la defensa del territorio.

La falta de acceso a derechos básicos en las comunidades indígenas es otro desafío, que además se ha agudizado durante la pandemia de COVID-19. A esto se le suma ahora la infinidad de amenazas de desalojo, así como la cantidad de desalojos que efectivamente llegaron a ejecutarse. Las familias indígenas, al igual que muchas campesinas, se quedan a la intemperie. A pesar de que existen leyes e instituciones que deberían protegerlas, se las abandona, y las instituciones incluso avalan estos atropellos que sufren los pueblos indígenas de parte del Estado paraguayo.

Además, se observan nuevas formas de ataque que están siendo usadas para desplazar a los pueblos campesinos e indígenas de sus territorios. Por ejemplo, la plantación de eucalipto en forma de monocultivo, que pone en peligro la cultura, la biodiversidad y la vida misma de las comunidades, y les quita la posibilidad de plantar cultivos para renta propia.

A ello se suman retrocesos que ocurren a partir de la manipulación y la compra de conciencias por parte de grandes empresas que se aprovechan de las necesidades materiales de las comunidades indígenas para alquilarles sus tierras e instalarse en sus territorios, haciendo avanzar el agronegocio en el territorio indígena.

¿Qué estrategias de movilización están empleando para responder a estos desafíos?

Como estrategia, la unidad y la solidaridad entre los pueblos es la única forma de resistir. La unidad comienza por organizar y planificar una producción agrícola orgánica y con enfoque agroecológico, con énfasis en la producción de autoconsumo, porque en ausencia de garantía de acceso a la alimentación la lucha se vuelve mucho más difícil. Tratamos de evitar depender del mercado externo, y en cambio volcarnos hacia una alimentación sana respetuosa de la naturaleza y el ambiente que nos rodea.

La comunidad Hugua Po’i ha tenido una estrategia de movilización muy interesante, desplegando todo el simbolismo de sus arcos y flechas. Eso fue muy significativo porque comunicaron la resistencia de los pueblos indígenas ante la violencia del Estado, que utiliza toda su estructura y las fuerzas armadas contra ellos. El Estado criminaliza sistemáticamente sus protestas, como si los violentos fueran los pueblos indígenas, aunque sabemos que en realidad lo que ocurre es exactamente lo contrario.

¿Cómo podría solucionarse este conflicto territorial?

La única forma de solucionar este conflicto es haciendo valer la Constitución Nacional y las leyes que recogen los derechos de los pueblos indígenas, leyes vigentes que defienden el territorio indígena y la forma de vida de las comunidades.

Mientras las tierras sigan estando en manos privadas, el conflicto a nivel local va a continuar. El conflicto se soluciona respetando a los territorios ancestrales y a los verdaderos dueños de la tierra con una reforma agraria integral que no solo pase por repartir tierras, sino que también acompañe el proceso de arraigo en las comunidades. Para ello debe haber un reparto de las riquezas de nuestro país a través de las políticas públicas y de un sistema impositivo más justo que beneficie al sector campesino e indígena, generando mercados solidarios para la producción agrícola y la artesanía, así como a la clase trabajadora, que es la más expoliada de nuestra sociedad.

¿Cómo se integran las luchas de CONAMURI en el movimiento regional más amplio?

CONAMURI forma parte de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo-Vía Campesina, que aglutina más de 300 organizaciones de 80 países en cuatro continentes: África, América, Asia y Europa. En este espacio se generan debates sobre las problemáticas, luchas y realidades de los pueblos y se piensan estrategias adecuadas a las luchas y procesos de cada país. De ahí surgen líneas políticas que se siguen para lograr una construcción conjunta y sostenida.

También estamos en contacto con otras organizaciones similares de otros países. Nos articulamos con otros países donde sabemos que hay movimiento a nivel nacional y observamos la misma lucha de nuestros pueblos.

¿Qué apoyos de la sociedad civil nacional e internacional necesitan los grupos que defienden los derechos territoriales en Paraguay?

La sociedad en general necesita entender que en el campo está nuestro futuro, que nuestra vida depende de los y las agricultoras que alimentan al mundo. La gente debe defender y apoyar la lucha campesina e indígena por los territorios y asentamientos y la lucha de las mujeres por el fin de la violencia machista, y entender que estas luchas son de todos y tienen muchas ramificaciones, ya que abarcan hasta la sobrevivencia en el planeta y la disminución de los efectos del cambio climático.

El Estado paraguayo soporta varias denuncias y demandas ante organismos internacionales de derechos humanos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En el caso de la masacre Curuguaty, en el que se desalojó de forma irregular a campesinos que ocupaban tierras en 2012, desde hace unos días el Estado se encuentra a la vista de todo el mundo porque la CIDH abrió el caso para un análisis a profundidad ante presuntas vulneraciones al debido proceso, como el ocultamiento de evidencias.

En el caso de la comunidad indígena Ka’a Poty, que fue despojada de sus tierras, el 22 de diciembre se presentó una denuncia internacional contra el Estado paraguayo por los dos primeros desalojos ilegales sufridos, aun cuando había una medida cautelar vigente. La Dirección de Derechos Humanos de la Corte Suprema de Justicia solicitó informes tanto al Estado como a la Plataforma Social de Derechos Humanos, que acompaña el caso.

Ante la impunidad y la corrupción de los procesos jurídicos es importante dar a conocer estos hechos de violaciones de derechos humanos, así como todos los daños e impactos que generan y sufren las comunidades indígenas y campesinas en la defensa de sus territorios.

Asimismo, está en estudio la salud mental de las familias afectadas por los desalojos, así como los impactos sobre otros derechos, en particular los derechos humanos de las mujeres, de los niños y adolescentes, y el derecho a la seguridad alimentaria. Por efecto de los desalojos hay muchos niños y niñas desnutridos, y que no van a la escuela.

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PARAGUAY: “Se vienen años muy duros para la sociedad civil que promueve los derechos humanos”
CIVICUS conversa acerca de las recientes elecciones generales de Paraguay con Marta Ferrara, directora ejecutiva de Semillas para la Democracia.

Fundada en 2006, Semillas para la Democracia es una organización de la sociedad civil (OSC) cuyo principal objetivo es contribuir al mejoramiento de la calidad de la democracia en Paraguay, para lo cual promueve la participación ciudadana, la equidad social y el ejercicio responsable del gobierno.

¿Cuáles son los principales desafíos de Paraguay, y en qué medida los resultados de la reciente elección podrían contribuir a resolverlos?

Los principales problemas del Paraguay son fundamentalmente de tipo económico, derivados de la profunda desigualdad existente. En los últimos años Paraguay ha tenido indicadores macroeconómicos muy buenos, con un alto crecimiento, pero ha seguido teniendo una enorme desigualdad, alto desempleo, gran informalidad laboral y falta de acceso a salud, educación y oportunidades. Es un país manejado por unas élites ganaderas y agroexportadoras inmensamente ricas que gobiernan en su beneficio y en detrimento de una sociedad terriblemente desigual. Creo que esa es la característica central de la sociedad y la economía paraguaya. Es un problema estructural y profundo, y esta elección no ha hecho nada por resolverlo. De hecho, han ganado los mismos de siempre, es decir, los mismos sectores que han mantenido al país en esta situación desde hace más de 70 años.

En esta elección estuvo en juego la posibilidad de alternancia en el poder. Sin embargo, esto no necesariamente hubiera significado un cambio radical, porque el candidato de la Concertación, la coalición opositora, también era conservador, aunque del Partido Liberal. Llevaba de compañera de fórmula a una mujer, pero así y todo continuaba representando a un sector conservador de la sociedad. No eran candidaturas disruptivas que representaran un cambio real en la forma de hacer política o de ejercer el poder, ni en las políticas públicas ni el sector social al que representan.

¿Cómo explicas la cómoda victoria del Partido Colorado, pese al bajísimo nivel de aprobación del actual presidente?

Los resultados se explican en gran medida por los efectos, que ya anticipábamos, de sistema de listas desbloqueadas con voto preferente en el contexto de una oposición dividida.

Hace un par de años se hizo una reforma electoral que reemplazó las listas partidarias cerradas y bloqueadas por listas desbloqueadas con voto preferente. En estas el votante puede seleccionar un candidato dentro de la lista que elija, de modo que vota tanto por un partido como por un candidato; luego, de acuerdo con la cantidad de votos obtenidos por cada uno de los candidatos y su lista, se distribuyen los escaños mediante el sistema D’Hont.

Este sistema se estrenó en las pasadas elecciones municipales y ya sabíamos que iba a tener algunos efectos negativos. Un gran problema que tienen las listas desbloqueadas es que generalmente el candidato que cuenta con más dinero es el que consigue posicionarse mejor. También generan una fuerte competencia de todos contra todos dentro de los partidos.

Además, se cambió el sistema antiguo por urnas electrónica sin dar suficiente capacitación, es decir, sin que la gente esté preparada para utilizarlo. Ello permitió la difusión del llamado “voto asistido”, que es ilegal, y que básicamente consiste en que haya gente en los lugares de votación interfiriendo con el voto con la excusa de ayudar al votante a usar el sistema electrónico.

Todo esto benefició al Partido Colorado, que por el tiempo que lleva al frente del Estado es el partido que cuenta con mayores recursos, y que logra presentar suficiente diversidad interna como para dar opciones de recambio a quienes están descontentos con su propia gestión de gobierno.

Se produjeron, sin embargo, algunas pequeñas mejoras en la representación de las mujeres. Por primera vez dos mujeres han sido elegidas gobernadoras y hay algunas más que antes en ambas cámaras del Congreso.

Pero con la oposición dividida, el Partido Colorado sacó la diferencia más amplia de todo el período democrático. Además de ganar la presidencia, obtuvo el control de ambas cámaras del Congreso y de 15 de las 17 gobernaciones.

El otro elemento que definió a esta elección fue la emergencia de un tercer espacio político de oposición de carácter populista-autoritario y estilo mesiánico. Liderado por Paraguayo Cubas, representa al llamado “voto bronca”, es decir, a los descontentos con los partidos tradicionales y con la forma en que se ha llevado adelante la política durante décadas. Esta candidatura no le quitó votos al gobierno sino a la oposición, y se colocó inesperadamente en un cercano tercer lugar, con más de 20% de los votos.

¿Qué sustento tienen las denuncias de fraude que expresan las actuales movilizaciones callejeras?

Los seguidores de Paraguayo Cubas, a los que se ha sumado gente de prácticamente todos los sectores de la oposición, muchos de ellos jóvenes desafectados de la política, están saliendo masivamente a las calles de todo el país para denunciar fraude, pese a que tuvieron una votación muy buena, que ni siquiera ellos esperaban. El hecho de que un grupo antisistema esté movilizando protestas de unas dimensiones que no se han visto en mucho tiempo representa un gran desafío para el futuro de la democracia en Paraguay.

Estas fueron unas elecciones relativamente pacíficas en las que prácticamente no hubo violencia. Lo que sí hubo en abundancia fue desinformación, discurso de odio y agresiones a través de las redes sociales durante toda la campaña. Estas agresiones afectaron fuertemente a las OSC, incluida la nuestra, Semillas para la Democracia, y procedieron mayormente del partido de gobierno y de la agrupación y los seguidores de Paraguayo Cubas, aunque también la Concertación tuvo expresiones similares contra sus oponentes políticos.

¿Qué rol desempeñó la sociedad civil en el contexto electoral?

La sociedad civil desempeñó un rol relativamente importante, a pesar de las restricciones que ha debido enfrentar. El Tribunal Electoral en principio no autorizó la observación electoral de la sociedad civil y en cambio sacó un reglamento bastante restrictivo. Finalmente aceptó que el Consorcio Sakã, una coalición de sociedad civil, hiciera una observación y un conteo paralelo, pero con muchísimas restricciones.

Semillas para la Democracia ha participado activamente en la denuncia de los problemas del financiamiento político, un tema que hemos logrado instalar en la agenda. Es que el otro gran problema de Paraguay, junto con la enorme desigualdad, es la corrupción. La falta de control sobre el dinero en la política ha llevado al poder a grupos ligados al crimen organizado, tanto en el Congreso como en las gobernaciones.

Pronto estaremos trabajando en el control del financiamiento político. En Paraguay el gasto de las campañas se controla con posterioridad a las elecciones. Recién un mes después, cuando los partidos van presentando sus rendiciones, se empieza a hacer un control a través del Observatorio Ciudadano de Financiamiento Político que tiene el Tribunal Electoral, cruzando datos de contrataciones públicas con las declaraciones juradas que tienen los sitios web de los organismos públicos. La ley de acceso a la información de Paraguay es bastante buena y nos permite hacer ese trabajo.

¿Cómo ves en futuro de a democracia en Paraguay?

En el mediano o largo plazo veo una situación bastante difícil. Quedan muchas cosas a resolver para mejorar la calidad de la democracia. El nuevo sector emergente es violento, antiderechos, fundamentalista y mesiánico. Su inspiración es el presidente popular autoritario de El Salvador, Nayib Bukele, y su forma de gobernar, por lo que creo que nos esperan años muy duros.

El sector del Partido Colorado que ganó las elecciones es un sector cuyos dirigentes atacan a la sociedad civil. Son antiderechos, autodefinidos como “provida”, están en contra del matrimonio igualitario, de los derechos sexuales y reproductivos y atacan todos los temas relativos a la agenda de género. Por eso creo que a la sociedad civil nos esperan años muy duros. Vamos a tener que hacer esfuerzos para unirnos y articular acciones entre los distintos sectores de la sociedad civil, sobre todo los que trabajamos temas de derechos.

En este momento algunas organizaciones contamos con algunos fondos de la cooperación internacional, y esperamos que estos apoyos aumenten y se fortalezcan para que podamos llevar adelante un trabajo articulado frente a todos estos desafíos. Va a ser una lucha constante, tanto más difícil porque ya hemos visto ataques contra la libertad de expresión y la libertad de prensa.

No espero gran cosa de los próximos meses. Por el momento, debemos estar atentos para entender en qué dirección avanza esto. Pero lo que sí es seguro es que se vienen años muy duros para las OSC que promovemos los derechos humanos.

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Paraguay: Recomendaciones sobre el espacio cívico para el Examen Periódico Universal de los Derechos Humanos
CIVICUS presenta propuestas conjuntas para el Examen Periódico Universal de la ONU sobre el espacio de la sociedad civil en Paraguay

El Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas es un proceso único que implica una revisión de los registros de derechos humanos de los 193 Estados Miembros de las Naciones Unidas una vez cada cuatro años y medio.

CIVICUS y Semillas para la Democracia abordan sus preocupaciones relativas a las crecientes hostilidad, estigmatización y criminalización que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos, y en particular las que integran los movimientos campesino, indígena, sindical y estudiantil, así como los periodistas que reportan acerca de protestas, crimen organizado, corrupción y violaciones de derechos humanos. Además de las restricciones de la libertad de expresión derivadas de la aplicación de estatutos de difamación penal y de presiones económicas de actores tanto privados como públicos, el documento examina las múltiples formas en que el disenso es ahogado en las calles, en la medida en que las protestas son impedidas mediante la aplicación de legislación que impone restricciones indebidas de tiempo y lugar y requisitos de autorización, los manifestantes son criminalizados bajo el Código Penal, y las manifestaciones son violentamente suprimidas por las fuerzas de seguridad.

Lea las recomendaciones completas:
https://www.civicus.org/documents/Paraguay.JointUPRSubmission.ES.pdf
Paraguay's Adoption of the Universal Periodic Review on Human Rights
Universal Periodic Review on Human Rights -- Outcome Adoption for Paraguay

Delivered by Inés M. Pousadela

Thank you, Madame President.

Semillas para la Democracia and CIVICUS welcome the government of Paraguay’s acceptance of UPR recommendations pertaining the space for civil society. However, our joint UPR submission documents that Paraguay did not implement 13 of the 19 such recommendations it received during its previous review, and only partially implemented six.

As detailed in our submission, both state and non-state actors frequently attack, intimidate and judicially harass human rights defenders and journalists, particularly when reporting on protests, organised crime, corruption and human rights abuses; the hostile environment for journalists is fuelled from the highest political levels. Defenders of Indigenous and peasant communities and land rights activists are targeted in attacks often linked to agribusiness corporations; women’s and LGBTQI+ rights defenders face attacks perpetrated mostly by fundamentalist anti-rights groups. Examples abound of land rights defenders who suffered attempts on their lives, and some have been killed. Most aggressions remain unpunished.

Workers face strong legal obstacles to exercise their freedom of association, as well as de facto obstacles and direct attacks from non-state actors, notably private companies that threaten to fire them if they try to organise. The law does not adequately protect this freedom.

Our submission also shows that the freedom of expression is threatened by the systematic use of criminal defamation statutes by public figures to intimidate and silence critical journalists, especially when they investigate allegations of corruption. The deficient implementation of the Access to Information Law has restricted access to information that should be public, and instances of censorship as well as self-censorship have been recorded.

The exercise of freedom of peaceful assembly remains obstructed. Peaceful demonstrations, particularly by the peasant and Indigenous movement and communities mobilising for land rights, are frequently broken up with excessive force, typically leading to people being arrested or injured, and occasionally resulting in fatalities.

We call on the Government of Paraguay to take proactive measures to address these concerns and implement recommendations to create and maintain, in law and in practice, an enabling environment for civil society.

We thank you.

Civic space in Paraguay is rated as obstructed by the CIVICUS Monitor.