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PERÚ: “Las regulaciones ambientales se flexibilizaron, cuando se deberían haber reforzado”
CIVICUS conversa sobre el reciente derrame de petróleo en las costas de Lima, Perú, con Juan Carlos Sueiro, director de Pesquerías en Oceana, la mayor organización internacional dedicada a proteger y restaurar los océanos del mundo. Fundada en 2001, Oceana enfoca su labor en la recuperación de las pesquerías, la promoción de energías limpias y la creación de áreas marinas protegidas.¿Ha habido alguna atribución de responsabilidades por el reciente derrame de petróleo en las costas de Lima?
El derrame de petróleo, causado por la empresa petrolera española Repsol, ocurrió el 15 de enero de 2022. Por su magnitud y su visibilidad, ha sido el peor desastre ecológico de la historia reciente del Perú. Se produjo en una zona de pesca artesanal, con áreas protegidas y una actividad económica estacional muy definida, y ha sido el derrame más grande que hemos tenido.
El derrame ocurrió a causa de las altas mareas generadas por la erupción del volcán submarino de Tonga, las cuales afectaron el proceso de descarga de petróleo de un barco petrolero de Repsol a la refinería La Pampilla. La pregunta es: ¿cómo es posible que se dieran cuenta de la magnitud del derrame recién al día siguiente? La negligencia de la empresa determina las consecuencias de este derrame.
Lamentablemente hemos visto pocos avances con relación con la asunción de responsabilidades de Repsol de recuperar el ecosistema. Ni siquiera se sabe con certeza el volumen exacto de petróleo derramado. La reacción de la empresa fue muy lenta, lo cual es preocupante porque las primeras 24 horas tras un accidente de esta naturaleza son clave, ya que la película del petróleo se vuelve muy delgada y se expande mucho. Recién casi 20 días después trajeron equipos más sofisticados para abordar el problema.
En general no hay suficiente transparencia. En este caso, el plan de contingencia no se implementó. Se supone que las actividades actualmente en curso son producto de un plan, pero no se han hecho públicos ni los compromisos de la empresa ni los contenidos de ese plan. La zona entre Ancón y Chancay fue fuertemente impactada por el derrame, y allí no hay bahía, solamente se ve el acantilado y el agua. Se percibe que se ha hecho muy poco en materia de recuperación.
También hay poca transparencia en la investigación. Aún no es claro si Repsol entregó el aparato que estaba bajo el agua para poder investigar y determinar qué pasó el día del derrame.
Esta falta de transparencia es sintomática del modo de funcionamiento del Estado peruano. Salvando las distancias, esto es similar a lo que ocurrió cuando se desató la pandemia y “descubrimos” que teníamos un sistema de salud absolutamente precario, que claramente no estaba a la altura. En este caso, tenemos estructuras, legislación y procedimientos ambientales en el papel, pero sin correlato en la realidad. La opacidad informativa pretende ocultar esta discrepancia.
Para nosotros es muy claro: Repsol asumir públicamente responsabilidades claramente definidas.
¿Qué impactos ecológicos y económicos ha tenido el derrame?
Ha habido un gran daño ambiental. La zona afectada por el derrame incluye a varias áreas naturales protegidas: las Islas Guaneras, la Zona Reservada de Ancón y la Zona Reservada de Punta Salinas. El derrame ha impactado en la fauna marina y ha afectado a animales como lobos marinos, nutrias, pingüinos y aves. Muchos ejemplares se han manchado de petróleo y corren riesgo de vida. Oceana actualmente está relevando estos daños, así como el daño adicional provocado por la reacción demorada.
Para las comunidades de la zona, la mayor preocupación es económica. En su mayoría se trata de personas de bajos ingresos que se dedican a la pesca artesanal. Más allá de los impactos individuales e inmediatos -por ejemplo, para quienes hicieron una inversión en un negocio estacional justo antes del derrame-, las consecuencias son colectivas y de largo plazo. Ahora no se puede pescar ni en Ancón ni Chancay, y es difícil saber cuándo será posible hacerlo, porque el petróleo tiene un tiempo de degradación mucho más largo cuando se sedimenta en el lecho marino. A los pescadores y a todos los trabajadores involucrados en la logística del proceso y la distribución también les preocupa la variación del precio del producto de la pesca y la caída de la demanda.
Nosotros hemos hecho un cálculo del valor económico de la pesca costera de esos lugares para darnos una idea de la pérdida económica. También creemos que hay un impacto importante en la actividad turística: para los nueve millones de habitantes de Lima, la capital, y los tres millones que habitan un poco más al norte, estas playas son el sitio más cercano para veranear, y el derrame ha truncado la temporada de verano, que se extiende entre enero y abril. Ya hemos advertido a las municipalidades que deben estimar el daño provocado al turismo.
¿Cómo ha respondido la sociedad civil?
Todos hemos reaccionado con preocupación y con un gran interés en ayudar al otro. Hemos visto cantidad de personas voluntarias ayudando a limpiar las playas, así como a expertos y académicos contribuyendo desde sus áreas de conocimiento.
Sin embargo, el trabajo voluntario tiene limitaciones porque para rescatar a la fauna marina del impacto petrolero se deben usar determinados procedimientos y productos que permiten quitar de forma apropiada el petróleo del plumaje o la piel del animal. A causa de ello, el interés por ayudar generalmente no se traduce en resultados 100% exitosos.
Además, como es la primera vez que enfrenta un desastre de estas dimensiones, Perú no tiene toda la expertise que necesitaría. En otros lados hay expertise y experiencia post-derrame; es necesario traerlas. También sería importante profundizar en la discusión de cuál es la matriz energética que tenemos y cómo cambiarla volcándonos a los recursos renovables de que disponemos.
¿Cómo se podría lograr que las empresas asuman su responsabilidad y contribuyan a prevenir futuros desastres?
La falta de rendición de cuentas es un reclamo de larga data de las comunidades de estas zonas, y el hecho de que haya sido sistemáticamente ignorado es un síntoma del fuerte centralismo que hay en el Perú. Hace varios años que los pescadores artesanales del norte advierten sobre esta situación y no ha habido ninguna respuesta significativa. La extracción de petróleo en Perú data del siglo XIX, de hecho, Perú tuvo el primer pozo de Sudamérica. En las décadas de 1950 y 1960 se instalaron las plataformas marinas que están en la raíz de los derrames y las fugas por los que reclaman los pescadores. También hay reclamos por lo que ocurre en el proceso de transporte, que tiene implicancias mucho mayores.
Esta situación alentó a la sociedad civil a priorizar la búsqueda de soluciones. Desde hace casi una década que en Perú se han ido reduciendo los requisitos ambientales; resulta necesario desandar ese camino. Perú se dedica a la pesca, la minería y otras actividades para las cuales las regulaciones se han flexibilizado, cuando se deberían haber reforzado. La bajísima capacidad ambiental del Estado y la deficiente respuesta de las empresas ante el desastre exhibe claramente su insuficiencia. Perú padece una gran crisis de gobernanza y de respeto del Estado del Derecho.
La posibilidad de que ocurra otro derrame está siempre presente. Es necesario minimizar la probabilidad de que ocurra, y asegurar que cuando ocurra tenga el menor impacto posible por su magnitud, su frecuencia y sus consecuencias. Para ello tenemos que empezar por no perder de vista quiénes son los responsables de este desastre y las consecuencias que está teniendo su acción irresponsable.
El espacio cívico en Perú es calificado como “obstruido” por elCIVICUS Monitor.
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VENEZUELA: “El gobierno busca avivar el sentimiento nacionalista para tratar de conservar el poder”
CIVICUS conversa con Mariano de Alba, Asesor Sénior del International Crisis Group, acerca del reciente referéndum convocado por el gobierno de Venezuela sobre el estatus del territorio del Esequibo, disputado con la vecina Guyana, y sus posibles implicaciones para la democracia en Venezuela y la paz en la región.El International Crisis Group es una organización independiente que trabaja para prevenir guerras y diseñar políticas que construyan un mundo más pacífico.
¿Por qué el gobierno venezolano decidió someter la cuestión del Esequibo a un referéndum?
El anuncio de la realización del referéndum surgió en primer lugar como una reacción del gobierno de Venezuela a las recientes rondas de licitaciones petroleras realizadas por Guyana en zonas que Venezuela considera áreas marítimas pendientes de delimitación. Conforme se fue organizando el referéndum, se volvió evidente que el gobierno venezolano le daba un valor adicional como herramienta para probar su capacidad de movilización electoral a pocos meses de la elección presidencial que debería ocurrir este año.
Adicionalmente, al poner la disputa con Guyana en la agenda pública, el gobierno venezolano busca avivar el sentimiento nacionalista en la población venezolana, y muy especialmente en las fuerzas armadas, un actor clave en su estrategia para conservar el poder.
¿Cuál es el valor jurídico del referéndum?
Según la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia, máxima instancia judicial venezolana, el referéndum consultivo, que es una figura establecida en la Constitución venezolana, no tiene carácter vinculante. Esta posición fue ratificada públicamente por el abogado principal que fue designado por el gobierno para preparar las preguntas del referendo.
Pero por motivos políticos, desde antes del referéndum y especialmente en vista de sus resultados, el gobierno ha insistido en que sí tiene carácter vinculante para justificar una serie de acciones que ha anunciado en relación con el territorio en disputa. Éstas, sin embargo, no han pasado de anuncios simbólicos, ya que las fuerzas armadas de Venezuela no han ingresado en el territorio en disputa, desde hace muchísimos años bajo administración de Guyana.
¿Cómo se posicionó la oposición, y cómo impactará el referéndum sobre las elecciones de 2024?
Hubo diferencias sobre cómo posicionarse frente al referéndum. Ante todo, hay que recordar que el 17 de octubre, cuando el gobierno y la oposición firmaron en Barbados un acuerdo sobre condiciones electorales, también firmaron otro acuerdo en el que se comprometieron a “ratificar los derechos históricos” de Venezuela y a “defender la plena vigencia del Acuerdo de Ginebra de 1966”, el tratado que reavivó la controversia, en el cual Guyana, Venezuela y el Reino Unido acordaron buscar una solución al conflicto. En consecuencia, al menos para una parte de la dirigencia opositora fue difícil oponerse al referéndum.
Sin embargo, María Corina Machado, la principal líder de la oposición, electa como candidata de unidad en las primarias de finales de octubre de 2023, sí criticó la consulta, argumentando que “la soberanía se ejerce, no se consulta”. La diferencia más importante en la oposición es que algunos líderes opositores piensan que hay que participar en todos los procesos electorales, independientemente de las condiciones, mientras otros no. Algunos votaron en el referéndum y otros no lo hicieron.
Frente a las elecciones presidenciales, un elemento central de la estrategia del gobierno es fomentar la división de la oposición, de modo que una parte llame a la no participación por falta de condiciones suficientes y otra decida participar. El gobierno tiene posibilidades reales de ganar la elección frente a una oposición dividida, ya que bajo el sistema electoral vigente es electo quien obtenga más votos, aunque no alcance el 50%. La elección tendrá lugar en un contexto autoritario en el cual las condiciones de la competencia serán deficientes y hay un alto riesgo de represión gubernamental.
¿Cómo se ha manifestado Guyana?
Guyana está centrada en la búsqueda de una decisión favorable en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), donde en 2018 presentó una demanda para que se ratifique la validez del laudo arbitral de 1899, que le otorgó el territorio que hoy día controla y administra y que Venezuela desconoce con el argumento de que el laudo fue producto de un fraude procesal.
Sin embargo, las tensiones recientes complican el panorama para Guyana. Primero, porque al menos en el papel, las fuerzas armadas venezolanas tienen capacidades sustancialmente superiores a las guyanesas. De allí su intención de tratar de fortalecer sus alianzas militares y obtener garantías de otros países. Segundo, porque la incertidumbre producto de estas tensiones podría afectar el destacadísimo desarrollo económico que está teniendo Guyana, un país con escasa población pero con altos ingresos debido al reciente descubrimiento y explotación de recursos petroleros. Ya a mediados de diciembre de 2023 el mercado de seguros Lloyd’s de Londres calificó como riesgosa la zona económica exclusiva guyanesa, lo podría aumentar el costo del envío de petróleo desde esa zona.
¿Cuáles son los riesgos de que se produzca una escalada bélica?
El referéndum ha aumentado sustancialmente las tensiones entre Guyana y Venezuela. Guayana vio en él y en las ulteriores acciones del gobierno venezolano una amenaza. Aunque también Guyana ha aprovechado las tensiones para tratar de fortalecer sus alianzas diplomáticas y militares con países como los Estados Unidos y el Reino Unido.
En el corto y mediano plazo, el riesgo de que estas tensiones desemboquen en un conflicto armado es bajo, en parte, porque la reacción internacional sería muy crítica. Además, si bien el gobierno venezolano ha anunciado y ejecutado acciones tales como el nombramiento de una autoridad para el territorio en disputa, se ha cuidado de que la ejecución de esas acciones permanezca por ahora en territorio venezolano.
Pero la escalada bélica no es un escenario descartable. La tensión podría desembocar en un enfrentamiento limitado tras el cual se vuelva difícil para uno o ambos países desescalar.
Desde la perspectiva venezolana, la escalada es una apuesta riesgosa porque podría generar mayor descontento en las fuerzas armadas venezolanas, que tendrían que arriesgar sus vidas, especialmente si Guyana recibe el apoyo de un aliado importante como Estados Unidos. Además, el gobierno venezolano se está esforzando por reinsertarse en la comunidad internacional e iniciar un conflicto con Guyana desbarataría esos esfuerzos.
Del lado guyanés, es una incógnita si efectivamente recibiría un apoyo militar sustancial en caso de un conflicto. Éste, además, podría volver muy riesgosos los negocios de algunas empresas que operan en ese país. Por ende, al menos en el corto y mediano plazo, salvo sorpresa, predominarán los intentos de mantener las tensiones en la escena pública, pero sin emprender una escalada real.
Al final del día, ambos países, como vecinos, están obligados a tratar de negociar. Aunque Guyana obtenga una decisión favorable de la CIJ, ese difícilmente será el fin de la disputa, ya que sin la colaboración de Venezuela la ejecución de la sentencia será muy difícil; además, el área marítima seguirá pendiente de delimitación, por lo que algún día habrá que negociar.
¿Cómo continúan las negociaciones diplomáticas?
Ha habido importantes esfuerzos diplomáticos de diversos países para tratar de convencer a ambos gobiernos de la importancia de rebajar las tensiones y evitar un conflicto armado. Estos esfuerzos desembocaron en un acuerdo que se firmó en San Vicente y las Granadinas el 14 de diciembre. Allí se acordó no solamente rebajar las tensiones sino también realizar una nueva reunión en Brasil antes de fines de marzo.
Sin embargo, la desconfianza entre ambos gobiernos sigue siendo profunda. No ayudó tampoco el hecho de que a fines de diciembre se produjera la visita de un buque de guerra británico a Guyana, que Venezuela interpretó como una amenaza a la cual respondió con la realización de ejercicios militares en su territorio.
Las perspectivas son complicadas porque ambos gobiernos consideran que pueden sacar rédito político de las tensiones. Venezuela más por razones de política interna, y Guyana en primer lugar para fortalecer sus alianzas militares y secundariamente porque, si maneja acertadamente la situación, las perspectivas del partido de gobierno podrían mejorar de cara a las elecciones de 2025.
Tras bastidores, los esfuerzos diplomáticos continúan porque frente a la guerra en Ucrania y el conflicto en Gaza prevalece la idea de que no hay espacio internacional para otro conflicto armado, y menos aún en América Latina y el Caribe, que por tantos años ha sido una zona de paz, al menos en lo que se refiere a los conflictos interestatales.
El espacio cívico en Venezuela es clasificado como “cerrado” por elCIVICUS Monitor.
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