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ARGENTINA: “La ciudadanía debe poder participar en discusiones informadas sobre los temas que la afectan”
CIVICUS conversa con Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, acerca de los potenciales efectos en materia de derechos humanos de las reformas introducidas por el gobierno de Javier Milei. Fundada en 1961, Amnistía Internacional es la organización internacional de derechos humanos más grande del mundo.¿Cuáles son las principales medidas que ha tomado el gobierno de Javier Milei, y cuáles son los problemas que plantean?
Ni bien tomó posesión del cargo, el Presidente Milei emitió un decreto de necesidad y urgencia (DNU) para legislar sobre una gran cantidad de cuestiones que afectarán la vida de los argentinos. Aunque la Constitución Nacional establece que el presidente solamente puede dictar decretos cuando circunstancias excepcionales no permitan seguir los trámites legislativos ordinarios, el uso de decretos ha sido constante en las últimas décadas. La novedad en este caso reside en la cantidad y magnitud de los cambios que incluye el DNU, en contraste con los argumentos de emergencia enunciados por el Poder Ejecutivo.
Además, el gobierno envió al Congreso la llamada “ley ómnibus”, que incluye temas que no entraron en el DNU, tales como reformas fiscales. Aunque también es justificada con argumentos relativos al contexto de emergencia e inestabilidad económica, el proyecto de ley avanza en temas que exceden por mucho dicha emergencia.
Muchos de los cambios incluidos en el DNU y la Ley Ómnibus encienden alertas por la afectación de derechos en temas como salud, vivienda, empleo y libertad de expresión y reunión. A contramano de las normas internacionales en materia de derechos, por la vía de la desregulación y la retirada del Estado ambas normas impactarán negativamente sobre la capacidad de las personas de acceder a sus derechos.
Por ejemplo, las empresas de medicina prepaga podrán aumentar sus cuotas sin restricciones, y de hecho ya lo están haciendo. Si hay reclamos sobre el servicio, el Estado no impondrá sanciones. También se desregularán los precios de los medicamentos.
En materia laboral, se introducen una serie de medidas regresivas vinculadas a las indemnizaciones, el pago de las horas extras y la extensión del período de prueba, entre otras cosas. Las medidas cautelares concedidas por la justicia para frenar la implementación de estos cambios beneficiaron solamente a determinados sectores.
En relación con el tema de la vivienda, el DNU deroga la ley de alquileres y deja los plazos contractuales, montos y moneda de cobro de los alquileres librados a la negociación entre propietarios e inquilinos, permitiendo al propietario imponer las condiciones que desee.
El proyecto de ley, por su parte, propone que la actualización de las jubilaciones deje de regirse por una fórmula fijada por ley y quede en cambio a criterio del Poder Ejecutivo.
La ley ómnibus también concibe a la protesta como un delito en vez de un derecho de participación y expresión de disenso. Establece, por ejemplo, la obligatoriedad de notificar toda reunión o manifestación pública de tres o más personas. Aunque se afirmó que se daría marcha atrás con esta medida, esto aún no ha ocurrido. Además, la ley crea la figura del “organizador” para poder identificar y eventualmente sancionar a quienes lideren manifestaciones.
En materia de seguridad, el proyecto de ley amplía los casos en que se entiende que un agente policial actúa en legítima defensa, debilitando los estándares de responsabilidad policial diseñados para evitar abusos. Teniendo en cuenta los elevados índices de brutalidad policial de Argentina, esto va a contramano de las intervenciones que se necesitan.
El medio ambiente también se verá perjudicado por el DNU, que modifica la ley de bosques para permitir más desmonte, la ley de glaciares para habilitar mayor actividad minera y la ley de fuego para permitir más quema. Estas disposiciones ponen en riesgo los recursos naturales y podrían agravar la crisis climática en Argentina.
En lo que respecta a las políticas de género, tanto el proyecto de ley como el DNU eliminan toda referencia a la diversidad y el género. En particular, el proyecto de ley ómnibus introduce reformas a la llamada “ley de mil días”, aprobada junto a la ley de interrupción voluntaria del embarazo para apoyar a quienes deciden llevar adelante la gestación.
La instrumentalización de la emergencia económica para avasallar la autonomía de las mujeres, pensando en ellas exclusivamente como madres e incorporando figuras como la del “niño por nacer” revela el intento de introducir una fuerte regresión en materia de derechos sexuales y reproductivos. En un país donde cada año mueren más de 300 mujeres víctimas de violencia, la verdadera emergencia debería ser diseñar políticas efectivas contra la violencia de género.
¿Cómo afecta el nuevo protocolo “antipiquetes” a la libertad de expresión y el derecho a la protesta?
Desde Amnistía Internacional consideramos que el Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación fija pautas de actuación policial y estatal que vulneran las libertades de reunión, asociación y expresión. Las atribuciones para la intervención de los agentes policiales y de seguridad no respetan los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza y corren el riesgo de intensificar la violencia y el conflicto social, poniendo en peligro la vida y la integridad física de las personas.
El protocolo debe compatibilizar los objetivos de establecer el “orden público” y la “libre circulación” con las obligaciones del Estado en materia de respeto y protección de la integridad física de las personas y el derecho a las libertades de expresión y de reunión, protegidos por la Constitución Nacional y los instrumentos internacionales de derechos humanos. Tanto el protocolo como la ley ómnibus buscan criminalizar a quienes se manifiesten e imponer sanciones, incluidas de carácter pecuniario, que en la práctica podrían hacer desaparecer a colectivos y organizaciones.
El sistema normativo de Argentina no establece orden de prioridad entre derechos: el libre tránsito no está por sobre el derecho a la protesta, ni viceversa. De ahí que la prohibición de las manifestaciones a causa de la posible perturbación de la libre circulación contradice las normas internas.
El Estado argentino debe cumplir sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, y específicamente en materia de derecho de protesta, libertades de expresión, asociación y reunión y uso de la fuerza por parte de sus agentes policiales y de seguridad.
¿Considera que estas medidas, y la forma en que están siendo tomadas, representan un peligro para la democracia?
En Amnistía Internacional nos preocupa que se pretenda aprobar un proyecto de ley que impactará sobre un sinnúmero de aspectos centrales de la vida de las personas a contrarreloj y en sesiones extraordinarias.
En apenas tres semanas el Poder Ejecutivo ha propuesto, a través del DNU y la ley ómnibus, un cambio masivo en legislaciones y regulaciones que fueron parte de la construcción de consensos de los últimos 40 años. La esencia de la democracia radica en la posibilidad de que la ciudadanía participe en discusiones informadas sobre los temas que la afectan. La vertiginosa discusión de estas políticas plantea serias dudas sobre la integridad del proceso deliberativo.
El contexto de crisis económica y social de Argentina exige encarar reformas profundas. La pobreza supera el 40% y los desorbitados índices de inflación exigen un cambio de rumbo. Sin embargo, estas reformas deben hacerse dentro del marco de las instituciones y de la Constitución Nacional.
La ley ómnibus pretende una delegación de facultades en el Ejecutivo de dimensiones nunca vistas, en todas las esferas. Además, establece que las normas que se dicten en el ejercicio de esta delegación serán permanentes, excepto cuando la naturaleza de la medida determine su carácter transitorio y así lo disponga de forma expresa.
El Congreso debería llevar a cabo este proceso de manera adecuada, siguiendo los principios establecidos en nuestra constitución. Decisiones que afecten tan significativamente la vida de la gente no deben tomarse de manera apresurada, sino mediante el debate público y los procedimientos establecidos.
¿Qué iniciativas está desarrollando Amnistía Internacional en relación con estos temas?
En relación con el protocolo para el mantenimiento del orden público hemos presentado un análisis con aportes y comentarios basados en los estándares nacionales e internacionales. Nuestro objetivo es contribuir a la construcción de políticas públicas respetuosas de los derechos de las personas.
Respecto del DNU y la ley ómnibus, estamos organizando reuniones con funcionarios y colegas de diversas áreas para analizar en conjunto las leyes y evaluar pasos a seguir.
Por último, estamos preparando un documento de análisis de los primeros 100 días del gobierno de Milei desde una perspectiva de derechos humanos. En la misma sintonía, estaremos monitoreando muy de cerca al Congreso.
El espacio cívico en Argentina es calificado como “estrecho” por elCIVICUS Monitor.
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EL SALVADOR: “La justicia patriarcal persigue, tortura y abusa de las mujeres”
CIVICUS conversa con Sara García Gross acerca del reciente fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) contra el Estado salvadoreño y la lucha de las mujeres de El Salvador por el derecho al aborto.Sara García Gross es coordinadora de incidencia política de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto en El Salvador. Fundada en 2009, la organización concientiza a la ciudadanía para cambiar las leyes sobre el aborto, provee apoyo legal a mujeres acusadas o condenadas por abortos o delitos relacionados, y difunde información sobre la importancia de que las mujeres reciban asistencia adecuada en materia de salud sexual y reproductiva para evitar que recurran a abortos inseguros que ponen en riesgo sus vidas.
¿Qué reclama el movimiento feminista de El Salvador en materia de derechos sexuales y reproductivos?
Como feministas estamos luchando para cambiar la ley que penaliza el aborto de manera absoluta. En El Salvador se persigue a las mujeres injustamente. Se violan los derechos reproductivos de las mujeres, sobre todo de las más jóvenes, de las que viven en situación de pobreza, y de las que viven en zonas rurales del país. En ese sentido, desde el movimiento feminista luchamos para cambiar este marco normativo tan restrictivo, absolutista y absurdo.
También luchamos por la libertad de las mujeres. En la actualidad hay doce mujeres que están en la cárcel pagando penas que son sumamente injustas. Nuestra lucha es por la libertad y la vida de las mujeres. Queremos que el aborto sea legal en El Salvador. Luchamos por que las mujeres tengamos el derecho de construir nuestro proyecto de vida. Denunciamos los embarazos impuestos; esto constituye una forma de tortura. Hay niñas de apenas diez años que enfrentan la maternidad forzada, Hay jóvenes que no han recibido educación sexual y no tienen acceso a métodos anticonceptivos. Luchamos para que se garantice el derecho a recibir una educación sexual integral.
También luchamos por el reconocimiento de los derechos de las personas LGBTQI+, porque los crímenes de odio son otra forma cruel de tortura que el Estado impone o condona.
¿Qué tácticas utiliza la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto?
En nuestra lucha por la libertad de las mujeres hemos impulsado múltiples estrategias, empezando por el litigio estratégico para conseguir desde conmutaciones de penas hasta revisiones de sentencias. El foco está puesto en conseguir la libertad, llevando a la práctica la consigna feminista “Yo te creo hermana”. Luchamos para que se reconozca la inocencia de las mujeres que enfrentan penas injustas y absurdas.
Pero la estrategia jurídica no ha sido la única estrategia clave; también ha pesado mucho la movilización social a nivel nacional y regional. El movimiento feminista se ha organizado y se ha pronunciado en relación a los casos de las mujeres criminalizadas. Se han organizado plantones frente a embajadas de El Salvador y de otros países, se han enviado cartas a los juzgados y se han hecho campañas por la justicia reproductiva, tales como la campaña “Nos faltan las 17”.
Otra de nuestras grandes estrategias ha sido interpelar al sistema interamericano de derechos humanos. Hemos llevado el caso de la mujer conocida como Manuela a la Corte IDH, logrando que se condene al Estado salvadoreño por tratos crueles, inhumanos y degradantes. El litigio estratégico en el sistema interamericano nos ha permitido abordar la problemática de la persecución, la tortura y el abuso judicial y policial que enfrentan las mujeres en El Salvador. La justicia en El Salvador es una justicia patriarcal.
Otra estrategia ha sido la recolección de evidencia. Hemos realizado una investigación titulada “Del hospital a la cárcel” que nos ha permitido visibilizar esta problemática. A través de una revisión y análisis de expedientes, sentencias e instrucción, hemos logrado entender contra quiénes apunta la legislación antiaborto, a quiénes persigue: mujeres jóvenes y pobres que viven en zonas rurales. Esto constituye discriminación interseccional.
Las campañas, diálogos, y debates que impulsamos a nivel de la academia y de las comunidades en diferentes territorios también han formado parte de nuestra estrategia. Los procesos de incidencia política son fundamentales para que, a partir de ventanas de oportunidad que se identifiquen en la Asamblea Legislativa u otras instituciones del Estado, puedan presentarse nuevas propuestas de ley.
En el pasado se presentaron varios proyectos para reformar el artículo 133 del Código Penal de modo de despenalizar el aborto bajo cuatro causales. Estos proyectos estuvieron lejos de aprobarse; en algunos casos fueron rápidamente archivados y en otros languidecieron durante años en comisiones legislativas. Las organizaciones de mujeres fueron recibidas con gran hostilidad. Sin embargo, nuestras estrategias de incidencia política lograron poner el tema del aborto en la agenda pública.
¿Qué piensa la opinión pública salvadoreña sobre el aborto? ¿Qué trabajo están haciendo ustedes para instalar una narrativa alternativa a la criminalización?
En la opinión pública hay una amplia aceptación de la causal vinculada a salvar la vida de las mujeres: más de la mitad de la población lo ha manifestado en diversas encuestas.
Vivimos en un país conservador, con algunos grupos fundamentalistas que se autodenominan a favor de la vida. La realidad es que están a favor del aborto clandestino, de la criminalización, y de la muerte de las mujeres. Estos grupos sostienen una doble moral que nosotras, como sociedad civil organizada y feminista, ponemos en evidencia. Mientras que las mujeres que viven en situación de pobreza son criminalizadas, las que cuentan con recursos económicos viajan y acceden a abortos seguros. Esta doble moral es inaceptable.
Para nosotras es importante visualizar otras narrativas y dar a conocer la realidad de las mujeres. Disminuir el estigma exige mostrar, humanizar, hablar de historias y proyectos. Se trata de mujeres que tenían un proyecto de vida que la violencia de Estado les impidió concretar.
Dialogar sobre el tema en diferentes espacios, humanizar esta realidad, y cuestionar este sistema que impone el mandato de la maternidad -un prejuicio de género-, permite abordar el tema sin estigmas ni prejuicios y, sobre todo, desde una perspectiva de derechos humanos.
¿Qué implicancias tiene el fallo de la Corte IDH en el caso Manuela?
Este fallo llegó tras años de trabajo y lucha. Empezamos acompañando el caso en el año 2011, dando acompañamiento psicosocial, político y jurídico a la familia de Manuela.
La incidencia en el sistema interamericano fue fundamental. El fallo en el caso de Manuela es histórico: la Corte IDH ha reconocido que Manuela era inocente, que realmente enfrentó una emergencia obstétrica, y que los estereotipos de género, empezando por el mandato de la maternidad, permearon todo el proceso. La Corte IDH ha entendido que la penalización absoluta del aborto genera criminalización y obstáculos para acceder a derechos reproductivos.
La sentencia tiene efectos tanto a nivel nacional como a nivel regional. El principal efecto regional es la creación de jurisprudencia que obliga tanto a El Salvador como al resto de los países de la región a tomar una serie de medidas. Primero, garantizar el secreto profesional del personal de salud para que ninguna mujer que intente acceder a servicios de salud reproductiva sea denunciada por supuestos delitos vinculados con el aborto. Segundo, asegurar que no se apliquen estereotipos de género en el ámbito judicial, incluyendo aquellos que restringen a las mujeres a roles reproductivos y les adjudican un instinto maternal. Tercero, garantizar protocolos adecuados para atender emergencias obstétricas con servicios de salud accesibles y de calidad.
El Estado salvadoreño tendrá que llevar a cabo algunas acciones adicionales en cumplimiento de la sentencia de la Corte IDH. Primero, mientras esté en proceso de regular la obligación de mantener el secreto profesional médico y la confidencialidad de la historia clínica, debe eliminar la práctica de los profesionales médicos de denunciar a las mujeres que recurran a ellos en busca de servicios de salud reproductiva. Segundo, debe reparar de manera integral a la familia de Manuela. Tercero, debe realizar cambios legislativos y de política pública para asegurar la no repetición, de modo que nadie más sufra una situación similar, por ejemplo garantizando la atención integral en casos de emergencias obstétricas y adecuando la figura de prisión preventiva para que se aplique solo de forma excepcional.
Nosotras continuamos luchando para que las mujeres nunca más sean criminalizadas. Aún hay 12 mujeres que siguen privadas de libertad, pero creemos que el caso de Manuela ilumina estas injusticias y nos da fuerza para seguir luchando. Para nosotras, Manuela es justicia y esperanza.
¿Qué tipos de apoyos necesitan los grupos que defienden el derecho al aborto en El Salvador de sus pares de todo el mundo?
Nosotras consideramos que la solidaridad feminista es fundamental. Queremos visibilizar este tema en la región y en el mundo. Queremos que se hable de lo que está ocurriendo aquí. Queremos que se hable de las consecuencias que genera la penalización absoluta del aborto. Queremos que se hable de cómo este sistema punitivista no resuelve nada.
No puede ser que el ejercicio de un derecho reproductivo -un derecho a la salud- sea tratado como un crimen con penas de cárcel. Necesitamos poner los ojos del mundo sobre El Salvador y que el Estado salvadoreño se sienta observado. Debemos exigir, en cada oportunidad que tengamos, libertad para las mujeres, libertad para las 12 que siguen presas, y reparaciones para todas las mujeres que han enfrentado esta criminalización. Debemos exigir que el aborto sea un derecho reconocido por ley.
El espacio cívico en El Salvador es calificado como “obstruido” por elCIVICUS Monitor.
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GUATEMALA: ‘El derecho penal es utilizado como arma de persecución política’
CIVICUS conversa sobre la corrupción en Guatemala y la criminalización del activismo anticorrupción con Claudia González, ex integrante de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y abogada defensora de Virginia Laparra.Virginia Laparra es exfiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) y acaba de ser injustamente condenada a cuatro años de prisión, frente a lo cual se ha movilizado la campaña #LibertadParaVirginia.
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GUATEMALA: “Estas elecciones son clave porque nos dan la posibilidad de optar por un rumbo distinto”
CIVICUS conversa con Jordán Rodas Andrade acerca de las elecciones generales de Guatemala – en las cuales un candidato que trae promesas de reforma inesperadamente pasó a la segunda vuelta – y de las perspectivas de apertura del espacio cívico y cambio democrático.Jordán Rodas es abogado especialista en garantías constitucionales y derechos fundamentales, transparencia y lucha contra la corrupción. Además de ser docente universitario, en 2015 fue electo vicepresidente del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y entre 2017 y 2022 fue Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala. En el ejercicio de esta función fue repetidamente criminalizado y amenazado, como consecuencia de lo cual ha debido exiliarse.
¿Cómo ha evolucionado en los últimos tiempos la situación del espacio cívico en Guatemala?
En los últimos años ha habido un deterioro muy preocupante del espacio cívico en Guatemala, que se agudizó bajo el gobierno del actual presidente, Alejandro Giammattei. Su antecesor, Jimmy Morales, un comediante devenido presidente, dejó instaladas muy malas prácticas, pero éstas llegaron a niveles extremos con Giammattei.
En los últimos años, muchas personas defensoras de derechos humanos y de derechos de la tierra, periodistas y defensores de justicia tuvimos que salir de nuestro país, obligados por un clima hostil de persecución y criminalización. Este cierre de espacios y la ausencia de una prensa independiente han sido caldo fértil para el avance de un régimen autoritario. Estas elecciones son clave porque nos dan a las y los guatemaltecos la posibilidad de optar por un rumbo distinto por el bien del país.
¿Qué fue lo que le ha llevado a exiliarse?
En mis cinco años como procurador fui criminalizado con 18 procesos de antejuicio, todos los cuales fueron rechazados. Es desgastante tener que defenderte constantemente de tal sucesión de causas espurias. Luego tuve ocho solicitudes de remoción por parte de congresistas, además de una agobiante asfixia financiera.
Sobre todo, he sido testigo del debilitamiento de la justicia. Muchos debieron tomar la difícil decisión de irse del país para salvar su vida, su libertad o su integridad. Entre ellos se cuentan Juan Francisco Sandoval, ex responsable de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Erika Aifán, una jueza independiente, el juez Miguel Ángel Gálvez y muchos otros que de una u otra manera tocábamos fibras del poder político y económico.
No es casual que detrás de la persecución contra operadores de justicia y periodistas se encuentre con frecuencia la Fundación contra el Terrorismo, dirigida por el empresario Ricardo Méndez Ruiz, que ha sido señalado por el gobierno de Estados Unidos por actos de corrupción y contra las instituciones democráticas. Esta organización fue querellante en el proceso penal contra Virginia Laparra, ex fiscal de la FECI en Quetzaltenango, que guarda prisión desde hace más de un año y que no debería haber sido detenida por denunciar casos de corrupción de un juez. Denunciar no es un delito en ninguna parte del mundo.
La misma organización persiguió penalmente a José Rubén Zamora, el fundador de elPeriódico, uno de los principales críticos del gobierno que durante años ha denunciado la corrupción. Zamora fue recientemente condenado a seis años de cárcel por varios supuestos delitos, incluido el de lavado de dinero. Ha sido un mensaje muy grave contra la libertad de prensa: la prensa independiente ha tenido que autocensurarse y pese a eso seguir dando la batalla.
Yo todavía estaba en Guatemala cuando Zamora fue capturado, y entonces decidí tomar distancia. Me fui en agosto pero regresé en diciembre, por tierra, para participar en la asamblea del Movimiento de la Liberación de los Pueblos (MLP), que nos proclamó a Thelma Cabrera, una mujer indígena Maya Mam, y a mí como su binomio presidencial. Hace cuatro años el MLP quedó en cuarto lugar, pero ante el hartazgo social frente a la corrupción y gracias a su apertura al pueblo mestizo pienso que ahora contaba con altas posibilidades de entrar a la segunda vuelta.
Pero mi sucesor en la procuraduría presentó una denuncia espuria en mi contra a raíz de la cual bloquearon nuestra fórmula presidencial. Se negaron sistemáticamente a darme información sobre el contenido de la denuncia. O sea que solamente la utilizaron para dejarme fuera de competencia. Desde entonces he continuado la lucha desde el exilio. No será lo que uno quiere, pero es lo que toca.
¿Cuáles tendrían que ser las condiciones para que usted decidiera regresar a Guatemala?
Justamente lo platicaba la semana pasada a raíz de una reunión de trabajo con el Estado Guatemalteco mediada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Yo he sido beneficiario de una medida cautelar de la CIDH desde 2017. Estas medidas establecen que el Estado tiene la obligación de velar y garantizar la vida, la integridad, la seguridad y la libertad, cosa que en mi caso el Estado de Guatemala no ha cumplido. Para regresar quisiera tener ciertas condiciones mínimas: que el Estado no me persiga ni me criminalice.
Actualmente hay dos denuncias en mi contra, una presentada por la Procuraduría de Derechos Humanos y otra presentada por la Contraloría General de Cuentas. No tengo conocimiento oficial de cuáles son las acusaciones porque no tengo los documentos; los tengo pedidos por acceso de información. Pero parece ser que es porque en mi declaración patrimonial puse que había entregado el cargo el 20 de agosto, que es cuando terminaba el periodo constitucional, pero me fui del país el día 18 dejando designada a la procuradora adjunta como lo indica la ley. Es decir, no habría ninguna falsedad ni delito. Este caso está bajo reserva y he pedido al Estado, como muestra de buena voluntad, que no prorrogue esta reserva, sino que me entregue copia de la denuncia para poder defenderme, y que garantice mi vida y mi seguridad, así como la de mi familia que está en Guatemala.
¿Ha fracasado la lucha contra la corrupción en Guatemala?
La lucha contra la corrupción no ha fracasado, pero sí se ha detenido como resultado de una estrategia muy bien pensada de la alianza corrupta entre funcionarios políticos y actores del sector privado.
Sin embargo, hoy más que nunca tengo la esperanza de que aprendamos las lecciones dolorosas y positivas de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que creo que tiene más luces que sombras. Espero que a partir de ese aprendizaje podamos, más pronto que tarde, retomar la lucha contra la corrupción.
El acompañamiento internacional seguirá siendo indispensable porque nuestro sistema de justicia es muy poroso, está permeado por el crimen organizado y carece de institucionalidad. Tres de los nueve magistrados de la Corte Suprema de Justicia y varios otros jueces y funcionarios judiciales están en la Lista Engel del Departamento de Estado de Estados Unidos, que incluye a personas que han cometido actos de corrupción o han participado en acciones para socavar la democracia de sus países. Tenemos miembros del Tribunal Supremo Electoral que están acusados de falsificar sus títulos de doctorado para ser electos y un Procurador de Derechos Humanos que fue el responsable de derechos humanos de Giammattei en el sistema penitenciario en la época en que puso en marcha la “Operación Pavo Real”, un operativo policial que resultó en masacre y le costó a Giammattei diez meses de cárcel (pero también lo proyectó hacia la presidencia). De ahí la confianza entre estos dos funcionarios.
Pero es evidente que la gente está cansada de todo esto y lo demostró en las urnas el 25 de junio, cuando se dijo no al regreso al pasado y sí a una propuesta que lanza un mensaje de esperanza para la lucha contra la corrupción. Así lo ha dicho el candidato que representa esa esperanza, Bernardo Arévalo, que contra todo pronóstico pasó a la segunda vuelta.
¿Considera que estas elecciones han sido libres y competitivas?
La elección presidencial no ha sido libre y competitiva, porque unas elecciones limpias no solamente requieren que no haya fraude el día de la votación, sino también que de una serie de elementos durante todo el proceso desde el momento de la convocatoria a elecciones. Ello ocurrió el 20 de enero, y el día 27 el Estado nos cerró la puerta e impidió nuestra participación. No solamente violó nuestro derecho a presentarnos a la elección sino que también restringió el derecho de la ciudadanía a tener todo el abanico de opciones.
En reacción a esta exclusión Thelma Cabrera llamó al voto nulo, y la matemática no miente. Ganó el voto nulo, con 17%, más que la candidata más votada, Sandra Torres, que sacó alrededor del 15%. El hartazgo de la población está bien claro.
La inequidad de la competencia también se manifestó en el manejo de los recursos públicos por parte del partido oficial y en la relación extremadamente cercana del gobierno con algunos magistrados del Tribunal Supremo Electoral.
Pero el hecho de que Bernardo Arévalo lograra entrar a la segunda vuelta es, junto al voto nulo, el voto en blanco y la abstención, una muestra de enorme rechazo al sistema. Tengo muchas expectativas en la segunda vuelta, en la que espero que la población guatemalteca tenga una participación masiva y aproveche esta oportunidad de escoger un futuro mejor.
¿Qué tendría que hacer el nuevo gobierno de Guatemala para devolver al país al camino de la democracia?
Ante todo, el mensaje anticorrupción debe ir acompañado de acciones concretas. La venganza contra los operadores de justicia debe cesar, debe reponerse el estado de derecho y se debe garantizar la libertad de la prensa independiente.
El nuevo presidente debería formar un gabinete incluyente de sectores progresistas. Debería convocar a partidos políticos, fuerzas sociales y movimientos de los pueblos originarios para hacer en conjunto una propuesta que garantice políticas públicas que beneficien a los más necesitados.
El nuevo gobierno debería desmarcarse totalmente de las malas prácticas del pasado y tener mucho cuidado con la tentación del poder. Debe prevalecer su responsabilidad para con quienes han depositado en él su confianza. Habrá tentaciones en el camino, por lo que es fundamental que apueste por gente ética, capaz, y coherente con los valores que proyectó en la competencia electoral, en la que la gente los votó por reconocerlos ante todo como un partido honesto. Seguramente Bernardo es el más interesado en honrar el legado de su padre, el expresidente Juan José Arévalo. Su gobierno podría llegar a ser un tercer gobierno de la revolución, retomando y mejorando las grandes conquistas obtenidas en esa primavera democrática de entre 1944 y 1955.
El espacio cívico en Guatemala es calificado como “represivo” por elCIVICUS Monitor.
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