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• UGANDA: “Nadie puede ganar las elecciones sin los votos de los jóvenes”

  CIVICUS conversa con Mohammed Ndifuna, Director Ejecutivo de Justice Access Point-Uganda (Punto de Acceso a la Justicia-Uganda, JAP). Establecido en 2018, JAP busca impulsar, animar y fortalecer la lucha por la justicia en el contexto del estancado proceso de justicia transicional de Uganda, las dificultades del país para implementar las recomendaciones de su primer y segundo Exámenes Periódicos Universales en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y la reacción de algunos estados africanos contra la Corte Penal Internacional.

  Mohammed es un experimentado y apasionado defensor de los derechos humanos y trabajador por la paz, con más de 15 años de activismo en derechos humanos y prevención de atrocidades a nivel local, nacional e internacional. En 2014 recibió el Premio de Derechos Humanos de la Unión Europea para Uganda; ha integrado el Comité Directivo de la Coalición por la Corte Penal (2007-2018) y la Junta Asesora de la Human Rights House Network en Oslo (2007-2012), y actualmente integra el Comité de Gestión del Comité Nacional de Uganda para la Prevención del Genocidio y las Atrocidades Masivas. 

  

  ¿Cuál es la situación del espacio cívico en Uganda de cara a las muy esperadas elecciones de 2021? 

  El espacio cívico en Uganda puede ser caracterizado como un espacio acosado, asfixiado y expoliado. La sociedad civil da la impresión de estar en una especie de pendiente resbaladiza mientras las cosas cambian de mal en peor. Por ejemplo, las organizaciones de la sociedad civil (OSC) han experimentado una ola de ataques descarados contra su espacio físico que han tomado la forma de intrusiones y allanamientos de sus oficinas a plena luz del día. Entretanto han continuado los ataques contra las OSC en general, y en particular contra las que hacen incidencia en derechos humanos y promueven la rendición de cuentas. En los últimos años se ha promulgado una cantidad de medidas legislativas y administrativas contra las OSC y otros sectores, tales como la Ley de Gestión del Orden Público (2012) y la Ley de ONG (2016).

  De cara a las elecciones generales y presidenciales, que se celebrarán el 14 de enero de 2021, el ministro del Interior estableció que todas las OSC deben pasar por un proceso obligatorio de validación y verificación para quedar habilitadas para operar. Muchas OSC no han podido completar el proceso. De hecho, hasta el 19 de octubre de 2020 solo 2.257 OSC habían completado con éxito el proceso de verificación y validación, y entre ellas se contaban solo unas pocas OSC que hacen incidencia en temas de gobernanza.

  Las OSC ugandesas son altamente dependientes de los donantes y ya estaban lidiando con la reducción de sus recursos financieros, que afectó fuertemente los alcances de su trabajo. Esta situación se vio agravada por el brote de COVID-19 y las medidas de confinamiento que se tomaron como respuesta, que perjudicaron los esfuerzos de movilización de recursos de las OSC. Así pues, la combinación de estas tres fuerzas - acoso, restricciones y acceso limitado al financiamiento - ha debilitado a las OSC, obligando a la mayoría a centrar sus esfuerzos en su propia supervivencia.

  Parecería que hay mucho más en juego en las elecciones de 2021 que en años anteriores. ¿Qué es lo que ha cambiado?

  La situación comenzó a cambiar en julio de 2019, cuando Robert Kyagulanyi, más conocido por su nombre artístico, Bobi Wine, anunció que competiría por la presidencia como candidato de la opositora Plataforma de Unidad Nacional. Bobi Wine es cantante, actor, activista y político. Como líder del movimiento Poder Popular, Nuestro Poder, fue elegido legislador en 2017.

  La atención que recibe Bobi por parte de los jóvenes es enorme, y hay que tener en cuenta que más del 75% de la población de Uganda tiene menos de 30 años. Esto hace que los jóvenes sean un grupo que es muy importante atraer. Ningún candidato puede ganar las elecciones de Uganda si no recibe la mayor parte de los votos de los jóvenes. En la próxima carrera presidencial, Bobi Wine parece ser el candidato más capaz de atraer estos votos. Aunque no tiene gran experiencia como político, Bobi es una personalidad muy carismática y ha logrado atraer a su movimiento de masas no solo a los jóvenes sino también a muchos políticos de los partidos tradicionales.

  Largamente conocido como el “presidente del gueto”, Bobi Wine ha aprovechado su atractivo como estrella de la música popular para producir canciones políticas y movilizar a la gente. Sus raíces en el gueto también lo han tornado más atractivo en las zonas urbanas. Se cree que ha motivado a muchos jóvenes a registrarse para votar, por lo es posible que la apatía entre los votantes jóvenes disminuya en comparación con elecciones pasadas.

  En vistas de la actual lucha sin cuartel por los votos de los jóvenes, no es de extrañar que el aparato de seguridad haya arremetido violentamente contra los jóvenes, en un intento evidente de contener la presión que están ejerciendo. Muchos activistas políticos vinculados a Poder Popular han sido acosados y, en algunos casos, asesinados. Varios líderes políticos de Poder Popular han sido intermitentemente detenidos y procesados en los tribunales o presuntamente secuestrados y torturados en sitios clandestinos. En un evidente intento de atraer a los jóvenes del gueto, el presidente Yoweri Museveni ha nombrado como asesores presidenciales a tres personas procedentes del gueto. Esto sugiere la posibilidad de que las bandas de gánsteres del gueto y la violencia desempeñen un rol en las próximas elecciones presidenciales.

  En elecciones anteriores hubo restricciones a la libertad de expresión y el uso de Internet. ¿Veremos tendencias similares en esta oportunidad?

  Ya las estamos viendo. La preocupación por la restricción de las libertades de expresión e información es válida no solamente en virtud de la mirada retrospectiva, sino también a causa de varios acontecimientos recientes. Por ejemplo, el 7 de septiembre de 2020 la Comisión de Comunicaciones de Uganda (CCU) emitió un aviso público indicando que toda persona que deseara publicar información en internet debía solicitar y obtener una licencia de la CCU antes del 5 de octubre de 2020. Esto afectará principalmente a los usuarios de internet, como blogueros, a quienes se les paga por el contenido que publican. Obviamente, esto intenta reprimir las actividades políticas de los jóvenes en la internet. Y también es particularmente preocupante porque, dado que las reuniones y asambleas públicas están restringidas a causa de las medidas de prevención del COVID-19, los medios de comunicación digitales serán el único método permitido para hacer campaña para las elecciones de 2021.

  También ha aumentado la vigilancia electrónica, y no es remota la posibilidad de un cierre de las plataformas de redes sociales en vísperas de las elecciones.

  ¿Cómo ha afectado la pandemia de COVID-19 a la sociedad civil y a su capacidad para responder a las restricciones del espacio cívico?

  La pandemia del COVID-19 y las medidas tomadas en respuesta han agravado el ya precario estado en que se encontraban las OSC. Por ejemplo, la capacidad de la sociedad civil para organizar reuniones públicas y manifestaciones pacíficas en apoyo de los derechos y libertades fundamentales, o para protestar contra su violación, se ha visto restringida por la forma en que se han aplicado los procedimientos operativos estándar (POE) para hacer frente al COVID-19. Esto ha resultado en violaciones y ataques contra el espacio cívico. Por ejemplo, el 17 de octubre de 2020 la Fuerza de Policía de Uganda y las Unidades de Defensa Local allanaron conjuntamente una reunión de oración de Acción de Gracias que se llevaba a cabo en el distrito de Mityana y gratuitamente lanzaron gases lacrimógenos contra la congregación, que incluía a niños, mujeres, hombres, personas mayores y líderes religiosos; la razón alegada fue que las personas reunidas habían desobedecido los POE para el COVID-19.

  En cuanto la implementación de los POE para el COVID-19 entre en contacto con la presión electoral, es posible que la represión de las libertades de reunión pacífica y asociación se agrave. Lamentablemente, las OSC ya se encuentran fuertemente restringidas.

  ¿De qué manera puede la sociedad civil internacional ayudar a la sociedad civil de Uganda?

  La situación en que se encuentra la sociedad civil de Uganda es tal que requiere del apoyo y la respuesta urgentes de la comunidad internacional. Es necesario prestar atención a lo que está sucediendo en Uganda y expresarse de modo tal de amplificar las voces de una sociedad civil local que está siendo cada vez más sofocada. Más específicamente, se debería apoyar a las OSC ugandesas para que puedan responder mejor a las violaciones flagrantes de las libertades, mitigar los riesgos que conlleva su trabajo y mejorar su resiliencia en el contexto actual.

  El espacio cívico enUganda es catalogado como “represivo” por el CIVICUS Monitor. 
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