violencia policial

• ARGENTINA: “El Estado está abandonando su rol de garante del acceso a derechos”

  CIVICUS conversa sobre el deterioro del espacio cívico y los derechos humanos bajo el actual gobierno argentino con Vanina Escales y Manuel Tufró, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Fundado en 1979, bajo la última dictadura, el CELS promueve la protección y el ejercicio efectivo de los derechos humanos, la justicia y la inclusión social, a nivel nacional e internacional.

  Desde su inauguración en diciembre de 2023, elgobierno de Javier Milei, autodesignado como “anarcocapitalista” pero aliado con sectores culturalmente conservadores, ha impulsado políticas de desregulación de la economía y reducción del Estado y el gasto social que han redundado en el aumento del desempleo y la pobreza. Frente a las protestas que suscitaron estas políticas, ha adoptado una postura restrictiva y represiva y ha vilipendiado al periodismo y a cualquiera que exprese opiniones críticas. Frente a estas restricciones del espacio cívico y los derechos humanos, la sociedad civil está buscando visibilidad y solidaridad internacional y recurriendo al litigio estratégico.

  ¿Cómo caracterizarían al gobierno de Milei?

  Este es el primer gobierno libertario o anarcocapitalista, como lo describe Milei, que hemos tenido en Argentina. Su ascenso se inscribe en un contexto internacional de desgaste de las democracias a raíz de las políticas de extremismo de mercado y el avance de la extrema derecha. Al igual que otras expresiones de ultraderecha en Europa o en los Estados Unidos, se caracteriza por cierto brutalismo y por recurrir al autoritarismo como ordenador de los conflictos sociales. También exhibe por momentos rasgos como el negacionismo histórico y valores retrógrados sobre los roles de género y los derechos de minorías sexo-genéricas y racializadas. Pero también tiene particularidades: a diferencia de lo que ocurre en el norte global, hasta el momento su nacionalismo xenófobo no puso el foco en la inmigración sino en los pueblos originarios.

  La agenda libertaria se ha manifestado, en el plano económico, en la liberación de los precios, que ha producido altos niveles de inflación y, por lo tanto, una brutal transferencia de ingresos desde los sectores medios y populares hacia los más concentrados.

  Respecto de las políticas sociales, cristalizó la tendencia a dejar en pie sólo las políticas de transferencia directa de ingresos a las personas, magros subsidios o ayuda social como la Asignación Universal por Hijo que por sí solas no mitigan los efectos de la recesión ni los efectos de la retirada del Estado. Esta retirada se ve en la falta de entrega de alimentos y medicamentos y en el cierre de y la desinversión en espacios comunitarios y políticas sociales. El Estado se ha corrido del rol de garante del acceso a servicios básicos.

  El objetivo declarado es debilitar los controles sobre las empresas, especialmente extranjeras, para atraer inversiones. La desregulación tiene un impacto directo en materia ambiental, ya que desconoce todo derecho de los pueblos indígenas y las comunidades campesinas sobre los territorios donde buscan instalarse estas empresas. Éstas reciben privilegios mientras el país es despojado de sus recursos naturales.

  Algunas reformas han sido impuestas por decreto y otras a través de la llamada “Ley Bases”, que, luego de mucho debate y ajustes, ha sido aprobada por el Congreso.

  ¿Cómo se compatibiliza el libertarismo con el conservadurismo cultural?

  Dentro del mismo gobierno conviven en tensión sectores neoliberales que promueven la desregulación del mercado, la liberalización de la economía y transformaciones en el mundo laboral, con expresiones igualmente autoritarias pero conservadoras que reivindican la última dictadura militar, el terrorismo de Estado y la violencia estatal y arremeten contra movimientos emancipatorios como el feminismo y sus conquistas igualitarias.

  En este terreno el gobierno está dando una batalla tanto cultural como material. Los ataques verbales van junto al desmantelamiento de las políticas de género. Por ejemplo, disolvió primero el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad y luego todas las políticas contra la violencia de género. También se ha expresado firmemente en contra del aborto y de los derechos sexuales y reproductivos en general.

  En el marco del desmantelamiento del Estado nacional se están eliminando programas destinados a prevenir embarazos adolescentes, políticas de contención, de cuidado y de salud, así como para la primera infancia. Nuestro monitoreo de las políticas de cuidados encontró que siguen vigente solo siete de 43. El Estado está abandonando su rol de mediador y garante del acceso a derechos.

  Además, el gobierno está poniendo en discusión en el plano internacional compromisos asumidos por el país a través de tratados internacionales, que en Argentina tienen jerarquía constitucional, y consagrados en su propia legislación. En la última Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), por ejemplo, solicitó remover de los documentos finales toda mención del género, la población LGBTQI+ y el cambio climático. Creemos que la OEA, las Naciones Unidas y sus mecanismos de derechos humanos deberían seguir de cerca el desempeño del gobierno argentino.

  ¿Cómo han repercutido estos procesos sobre el espacio cívico?

  El espacio cívico se ha visto severamente restringido. Las protestas han pasado a ser tratadas como delitos. Estas prácticas fundamentales en toda democracia son representadas, en el mejor de los casos, como obstáculos al tránsito y, en el peor, como actividades sediciosas que buscan derrocar al gobierno.

  Esto se materializa en normas claramente inconstitucionales como la Resolución 943/2023 del Ministerio de Seguridad, conocida como el “protocolo antipiquetes”, que establece que toda manifestación que altere la circulación en ciudades o rutas es un delito flagrante y autoriza la intervención policial directa, sin necesidad de orden judicial, para dispersarla e investigar a los manifestantes.

  Sobre la base de esta resolución se autorizan enormes despliegues de fuerzas de seguridad cada vez que ocurre una protesta, las cuales con frecuencia hacen uso abusivo e indiscriminado de armas “menos letales”, como balas de goma o gases irritantes, y de violencia física y detenciones arbitrarias. En los últimos meses hemos registrado al menos 80 detenciones de este tipo. Los manifestantes han recuperado su libertad porque el gobierno no cuenta con pruebas concretas para sostener procesos penales. Pero como resultado del uso de estas tácticas, muchas manifestaciones se disuelven o directamente no suceden.

  En los últimos seis meses, asimismo, al menos 47 periodistas han sido heridos en manifestaciones. Muchos más han sido hostigados en redes sociales y llevados ante la justicia penal por sus dichos en contra del gobierno.

  El gobierno ha desmantelado los medios públicos al punto que no tenemos manera de enterarnos qué está pasando en los distintos puntos del país, a no ser que algún hecho llame la atención de medios privados y de corresponsales internacionales y decidan darle cobertura. En la Argentina de hoy se vulneran los derechos a generar información y ser informado con una pluralidad de voces.

  ¿Cómo se está organizando la sociedad civil para hacer frente a estas restricciones?

  Las organizaciones de la sociedad civil han presentado múltiples medidas cautelares con anterioridad a la realización de protestas para que el derecho a protestar quedara protegido. Pero el poder judicial no las ha aceptado, aduciendo que no hay un riesgo a priori, sino que hay que evaluar cómo se desarrolla la manifestación. El poder judicial también tiene un rol muy débil a la hora de controlar las detenciones arbitrarias y evaluar los excesos de violencia policial.

  Como la vía judicial no está dando frutos, es hora de recurrir a los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos, cosa que el CELS ha hecho muchas veces a lo largo de su historia, desde su surgimiento bajo la dictadura. Trabajamos llevando información sobre las violaciones de derechos humanos que están ocurriendo en Argentina.

  El 11 de julio participamos en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El Estado Nacional estuvo presente, pero no hizo más que confirmar su postura en favor de la criminalización de la protesta social, justificándola como un mecanismo para hacer frente a la sedición y a los intentos de desestabilización. Ante preguntas como cuáles eran los protocolos vigentes para controlar el uso de armas menos letales o por qué se había derogado una norma sobre el control de la actuación policial en manifestaciones públicas, el gobierno se mostró evasivo y no respondió.

  También estamos armando un registro de ataques físicos y digitales procedentes de fuentes no estatales, y específicamente de sectores de la derecha radicalizada. Gracias al trabajo junto al Equipo de Investigación Política de Revista Crisis, ya registramos en el portal Radar alrededor de 280 casos de hostigamiento offline, y comenzamos a registrar ataques en línea, que incluyen la revelación de datos personales que podrían derivar en ataques físicos.

  Hoy más que nunca es necesario organizarse en redes nacionales e internacionales para llevar adelante campañas de información y de denuncia con una voz colectiva. Si esperamos a la destrucción total de los derechos para levantar la voz, será demasiado tarde.

  El espacio cívico en Argentina es calificado como “estrecho” por elCIVICUS Monitor.

  Póngase en contacto con el CELS a través de supágina web o sus cuentas deFacebook eInstagram, y siga a@CELS_Argentina y a@vaninaescales en Twitter.

  
  

   

• BRASIL: ‘Estamos en un momento frágil de la sociedad civil’

  CIVICUS conversa con Pedro Strozenberg,Ombudsman de la Defensoría de Río de Janeiro, sobre la situación de derechos humanos y la regresión del espacio para la sociedad civil en Brasil. La Defensoría es un órgano público que funciona como enlace entre Estado y sociedad civil. Pedro Strozenberg es abogado especializado en mediación de conflictos que se autodefine como un activista en materia de seguridad pública, ámbito en que su oficina trabaja para defender los derechos de la ciudadanía frente al abuso y la brutalidad policiales.

• NIGERIA: ‘La protesta antirracista global renovó el reclamo para que la policía rinda cuentas’

  CIVICUS conversa con Nelson Olanipekun, abogado de derechos humanos y fundador y líder del equipo de Citizens’ Gavel, una organización nigeriana de tecnología cívica que trabaja para aumentar la velocidad de la impartición de justicia mediante la promoción del acceso a la justicia, la participación ciudadana y el uso de tecnologías digitales. Citizens’ Gavel fue fundada en 2017, en reacción a la falta de transparencia y rendición de cuentas en el sector de la justicia.

  

  ¿Qué tipo de trabajo hace Citizens’ Gavel?

  Citizens’ Gavel es una organización de la sociedad civil (OSC) con sede en Nigeria. Fue establecida hace tres años para hacer frente a la lentitud de los procesos judiciales, promover la rendición de cuentas y ofrecer apoyo legal. Nuestro principal objetivo es aumentar la eficacia de la impartición de justicia a través de la tecnología, la incidencia y el cabildeo estratégico, y reducir las violaciones de derechos humanos a través de políticas e incidencia legal. Actualmente estamos trabajando en conjunto con otras OSC en la reforma legal. En ese sentido, estamos tratando de convertirnos en un actor relevante en los procesos de formulación de políticas que afectan los derechos fundamentales de la ciudadanía nigeriana.

  Trabajamos con casos que involucran problemas que van desde el encarcelamiento masivo hasta la falta de procesos digitalizados en el sector de la justicia. El proceso de administración de justicia en Nigeria es uno de los más lentos de África; en consecuencia, tenemos una elevada proporción de personas encarceladas en espera de juicio. Alrededor del 70% del total de personas encarceladas están esperando su juicio; apenas el 30% tienen condena. En 2017 presentamos una demanda colectiva en nombre de más de 500 personas que esperaban su juicio en prisión en el estado de Oyo. Estas personas ya habían pasado varios años en la cárcel, pese a que la ley establece que se puede retener a los acusados durante un máximo de 28 días antes de llevarlos ante los tribunales. También digitalizamos los listados de causas de más de 30 tribunales de Nigeria y nos concentramos en mejorar la cooperación entre los actores del sector judicial.

  Brindamos representación legal gratuita para los detenidos con prisión preventiva que no pueden pagar un abogado. Hemos desarrollado programas y aplicaciones para que las víctimas de abusos de derechos humanos y sus familias puedan buscar ayuda legal fácilmente. Entre ellos se destaca Podus, una plataforma tecnológica que permite a las personas con prisión preventiva conectarse con el abogado pro bono que se encuentre más cerca. Esta plataforma fue creada específicamente para jóvenes que no tienen fácil acceso a abogados o a los programas de justicia. Contamos con más de 160 abogados en 24 estados de Nigeria y con un equipo legal de respuesta rápida de siete abogados. Hasta ahora hemos resuelto 1.500 casos. Otra aplicación de tecnología que desarrollamos para el área de justicia es el Reloj de la Justicia (Justice Clock), una plataforma tecnológica que calcula la cantidad de tiempo que los reclusos pasan detenidos y la cantidad de días que los sospechosos pasan en juicio en comparación con lo que disponen la Ley de Administración de Asuntos Penales y otras leyes. La plataforma también ofrece un espacio donde los actores del sector de la justicia -el poder judicial, la policía, los fiscales y los funcionarios penitenciarios- pueden informarse sobre las mejores prácticas internacionales y mejorar su trabajo. Hemos colaborado estrechamente con el estado de Ogun para implementar con éxito el Reloj de la Justicia de modo que el sector de la justicia, y específicamente el director del Ministerio Público y el Comisionado de Justicia del estado de Ogun, se aseguraran de que se respetaran los plazos constitucionales dentro de los cuales los acusados en espera de juicio pueden permanecer encarcelados.

  Hacemos un seguimiento de los casos que involucran violencia sexual y de género (VSG), tomamos casos de brutalidad policial, monitoreamos las campañas anticorrupción y los casos de corrupción para brindar información relevante al público, y abogamos por las personas indigentes y las conectamos a través de la tecnología. Nuestra preocupación por esta población surgió de la constatación de que el número de personas pobres que permanecen presas en espera de juicio va en aumento. Si no reciben ninguna ayuda, los acusados sin medios económicos pasan mucho tiempo en la cárcel por delitos menores, simplemente porque no pueden pagar la fianza ni sobornar a la policía. También son vulnerables y pueden ser obligados a confesar delitos que no cometieron y en consecuencia puede que terminen pasando en prisión períodos aún más prolongados.

  Citizens’ Gavel también trabaja en el tema del abuso policial. ¿Cuál es la situación en Nigeria, y cómo resonaron localmente las protestas globales provocadas por la muerte de George Floyd en los Estados Unidos?

  La brutalidad policial es un gran problema en Nigeria y llevamos bastante tiempo trabajando en el tema. En abril de 2019, por ejemplo, instamos a la Policía de Nigeria para que realizara una evaluación de la salud mental a los oficiales que habían cometido abusos o asesinatos; caso contrario iniciaríamos acciones legales.

  En Nigeria, la protesta global ante la muerte de George Floyd renovó el reclamo de que la policía rinda cuentas y la gente comenzó a compartir historias de sus interacciones con agentes de policía. En conjunción con los problemas locales preexistentes, el incidente ocurrido en los Estados Unidos y sus resonancias globales realzaron las voces locales que se pronunciaban contra la brutalidad policial. Tuvimos la oportunidad de contribuir a este movimiento abordando las quejas que los ciudadanos nos hicieron llegar y continuamos trabajando para garantizar que los policías culpables rindan cuentas de sus actos.

  ¿De qué modo se han profundizado los problemas de derechos humanos durante la pandemia de COVID-19?

  En cuanto comenzó la pandemia hubo un aumento de los casos de brutalidad policial relacionados con la aplicación de las medidas de confinamiento y el control del cumplimiento de los protocolos sanitarios. Las interacciones entre ciudadanos y agentes de policía aumentaron y como resultado de ello hubo más denuncias en contra de agentes de policía. Hacia abril de 2020, parecían ser más las personas muertas a manos de la policía que las fallecidas a causa del COVID-19. Además, los abusos cometidos por la Unidad del Escuadrón Especial Antirrobo de la Fuerza de Policía de Nigeria continuaron durante la pandemia, y las autoridades siguieron sin procesar a los agentes que cometieron actos de tortura y delitos violentos, en su mayoría contra hombres jóvenes de bajos ingresos.

  Otra epidemia de larga data, la de la VSG, también floreció bajo la pandemia. Antes de la pandemia, alrededor del 30% de las mujeres y niñas de entre 15 y 49 años de edad habían sufrido abusos sexuales. Al tiempo que previenen los brotes del virus, las medidas de confinamiento representan una amenaza creciente para la seguridad de mujeres y niñas, ya que obliga a las víctimas de VSG a permanecer encerradas junto con sus abusadores. Entre marzo y abril de 2020, las denuncias de VSG aumentaron 149%. El confinamiento también comprometió la disponibilidad y el acceso a servicios, ya que muchos centros y refugios para víctimas de VSG cerraron o redujeron la gama de servicios que brindaban. Como resultado, estos servicios esenciales estuvieron en falta precisamente en el momento en que las sobrevivientes más los necesitaban.

  En respuesta a esta situación, Citizens’ Gavel aumentó la cantidad de casos de VSG que maneja. Estamos haciendo todo lo que podemos teniendo en cuenta que las reuniones físicas y las intervenciones legales fueron suspendidas y los miembros de nuestro equipo han estado trabajando de forma remota durante varios meses. Afortunadamente, nos resultó relativamente fácil manejar la situación porque somos una organización de tecnología cívica y nuestro personal ya estaba capacitado en el uso de herramientas virtuales.

  ¿De qué modo podría la sociedad civil internacional apoyar su trabajo?

  Agradeceríamos toda oportunidad de capacitación que nos ponga en mejores condiciones para atender mejor a las comunidades locales con las que trabajamos. También nos gustaría conocer las estrategias que mejor han funcionado para frenar los abusos de derechos humanos en otros contextos.

  Citizens’ Gavel pone mucho énfasis en el uso de la tecnología para resolver algunos de los problemas de justicia que tiene el país y ha podido desarrollar algunas herramientas tecnológicas en ese sentido; sin embargo, nos gustaría aprender más sobre las tecnologías que están funcionando en otros contextos. El acceso a plataformas internacionales a través de las cuales podamos exigir que nuestro gobierno rinda cuentas también es clave para nuestra estrategia.

  El espacio cívico Nigeria is calificado como “represivo” por elCIVICUS Monitor.
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