CIVICUS llama a las autoridades nicaragüenses a retirar proyecto de ley que atenta contra el derecho de asociación

Un nuevo proyecto de ley presentado en el Congreso por legisladores del partido gobernante de Nicaragua restringiría severamente las libertades de asociación y expresión si se convierte en ley, dijo hoy la alianza mundial de la sociedad civil CIVICUS. Introducida el 22 de septiembre, la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros exigiría que las personas y organizaciones que reciban fondos del exterior se registren como “agentes extranjeros”. A los registrados como tales se les prohibiría participar en actividades relacionadas con la política interna.

Esta legislación otorgaría al gobierno amplios poderes discrecionales para controlar y amordazar a la sociedad civil, incluido el poder de congelar los activos de organizaciones y personas clasificadas como "agentes extranjeros" que no se registren en un plazo de 60 días. También prohibiría las donaciones anónimas, exigiría a las personas y organizaciones que presenten informes mensuales detallados sobre el financiamiento y el uso de recursos, y permitiría al gobierno cancelar el registro de organizaciones que no cumplan con los requisitos.

Una legislación similar implementada en otros países, incluida Rusia, ha tenido un efecto paralizador en el espacio cívico, lo que ha llevado al cierre de muchas organizaciones y al descrédito de los activistas de la sociedad civil. CIVICUS hace un llamado al Congreso de Nicaragua para que rechace el proyecto de ley y garantice un entorno propicio para las organizaciones de la sociedad civil y los personas defensoras de derechos humanos.

“Esta ley obstaculizaría significativamente el funcionamiento de las organizaciones de la sociedad civil en Nicaragua y contribuiría a la estigmatización de activistas y personas defensoras de derechos humanos. Las autoridades nicaragüenses han reprimido las protestas pacíficas, han buscado silenciar las voces críticas y ahora están intentando quitarle el derecho a las personas a asociarse libremente ”, dijo Natalia Gómez, Oficial de Campañas y Defensa de CIVICUS.

Antecedentes

En abril de 2018, las protestas generalizadas por la reforma al sistema de derechos sociales desencadenaron una crisis en Nicaragua que persiste hasta la fecha. Las violaciones durante esta crisis han dejado más de 300 manifestantes muertos y más de 100.000 personas desplazadas por la fuerza. Si bien las movilizaciones masivas han disminuido, la persecución y criminalización de la disidencia política ha continuado. Los políticos de la oposición, los periodistas independientes y los personas defensoras de los derechos humanos se han enfrentado al acoso sistemático por parte de agentes de seguridad y de grupos civiles favorables al régimen.

Para obtener más información sobre las violaciones del espacio cívico, visite la página del país de Nicaragua en el Monitor CIVICUS.


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