CIVICUS, la alianza global de la sociedad civil, expresa su profunda preocupación por los crecientes ataques y restricciones a las libertades democráticas y cívicas en vísperas de las elecciones presidenciales del 25 de junio en Guatemala. Hacemos un llamamiento a las autoridades para que garanticen la libertad y la seguridad de las personas para participar en el proceso político sin sufrir intimidación alguna antes, durante ni después de las elecciones.
Manifestamos nuestra consternación por las crecientes restricciones que se están imponiendo a las organizaciones de la sociedad civil y a los defensores y defensoras de los derechos humanos, incluidos líderes indígenas, funcionarios de justicia y periodistas en Guatemala. Las autoridades continúan debilitando el Estado de derecho y varias personas defensoras de los derechos humanos han sido investigadas, detenidas, condenadas o forzadas al exilio.
Un ejemplo de ello son los crecientes ataques contra una importante organización de derechos humanos que protege a las y los defensores de los derechos humanos en Guatemala, la Unidad de Protección de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA) y su director Jorge Santos. Ambos han sido objeto de campañas de difamación, entre las que se incluye la difusión de denuncias falsas para desacreditar a la organización.
Las autoridades también están imponiendo restricciones a representantes de grupos políticos, impidiéndoles participar en las elecciones. Carlos Pineda, empresario y candidato presidencial, fue inhabilitado cuando el Tribunal Constitucional dictaminó que no cumplía los requisitos legales. A otros tres, Roberto Arzu García-Granados, la líder indígena maya Thelma Cabrera y Jordán Rodas Andrade, se les ha impedido presentarse.
Los grupos de la sociedad civil también están preocupados por las restricciones que puedan imponerse después de las elecciones, independientemente del resultado. El 31 de mayo de 2023, 22 de los 24 partidos políticos contendientes firmaron una declaración llamada "Vida y Familia", comprometiéndose a impedir el avance de las políticas en materia de derechos sexuales y reproductivos y LGBTIQ+ tras las elecciones.
CIVICUS hace un llamamiento al gobierno de Guatemala para que elimine todas las restricciones contra las personas que defienden los derechos humanos, los miembros de la oposición política y las organizaciones de la sociedad civil y para que se establezca un entorno libre de intimidación y acoso tanto antes como durante y después de las elecciones.
Antecedentes
En julio de 2022, CIVICUS, Acción Ciudadana y Redlad presentaron el Examen Periódico Universal de la ONU de Guatemala, en el que se destacaba la extrema violencia ejercida contra los defensores y defensoras de los derechos humanos y los periodistas, que siguen sufriendo ataques, hostigamiento, estigmatización y asesinatos. Actores estatales y no estatales han intensificado los ataques con impunidad. El informe denuncia además casos de acoso judicial contra funcionarios de justicia y periodistas y la progresiva restricción del espacio para una prensa libre e independiente.
Como resultado de estos acontecimientos, el espacio cívico en Guatemala está actualmente clasificado como " represivo" por el CIVICUS Monitor, la plataforma en línea que realiza un seguimiento de las amenazas a la sociedad civil en países de todo el mundo.