Venezuela lleva largo tiempo inmersa en una crisis política. En mayo de 2018, mientras cientos de miles de venezolanos abandonaban el país huyendo del hambre y la persecución política, el presidente Nicolás Maduro era relecto en un proceso electoral cuya limpieza fue cuestionada por numerosos actores de la sociedad civil y la comunidad internacional. CIVICUS conversa sobre la situación actual con Beatriz Borges, Directora Ejecutiva del Centro de Justicia y Paz (Cepaz), una organización de la sociedad civil enfocada en la promoción y la defensa de los valores democráticos, los derechos humanos y la cultura de paz en Venezuela.
¿Cuál es la situación actual, y cuáles son las perspectivas para un cambio democrático pacífico?
La situación es muy compleja y lamentablemente en este momento predomina la incertidumbre. La emergencia humanitaria compleja en curso se cobra vidas y sufrimiento de los venezolanos, al tiempo que la ruptura de la institucionalidad democrática y la desaparición de todo vestigio de estado de derecho e instituciones independientes nos deja en la más completa indefensión, sin garantía alguna para ejercer nuestros derechos. Según proyecciones de organismos internacionales, el éxodo de venezolanos, que ya llega a los cinco millones de personas y es el más grande de la historia de nuestro hemisferio, sumará dos millones de personas adicionales en 2019. Esto se debe principalmente a la desesperanza y la necesidad de supervivencia. Han sido 20 años de desgaste. Contamos con una sociedad civil activa y un liderazgo democrático muy debilitado pero que sigue en la lucha por la recuperación de la democracia en Venezuela, a pesar de lo adverso del contexto.
Las elecciones de mayo de 2018 fueron consideradas ilegítimas por la oposición y por numerosos actores de la sociedad civil. ¿Qué irregularidades se produjeron durante el proceso electoral?
A propósito del evento electoral del 20 de mayo de 2018, en el cual se llevó a cabo la elección presidencial, en junio Cepaz presentó un informe titulado ‘Retrato de la convocatoria electoral del 20 de mayo de 2018’. Se trató de una iniciativa de denuncia, documentación y divulgación en defensa del ejercicio de los derechos políticos en Venezuela. Esta iniciativa resume los hallazgos del análisis del proceso iniciado el 23 de enero de 2018, con la convocatoria a la elección presidencial del 22 de abril, posteriormente reprogramada para el 22 de mayo, desde la perspectiva de su impacto sobre el ejercicio de los derechos políticos de los venezolanos.
Nuestro informe concluyó que el proceso electoral no contó con las garantías y condiciones mínimas necesarias para poder ser considerado justo, equitativo, transparente y respetuoso de los derechos humanos. Incluyó también 10 recomendaciones relativas a las garantías necesarias para la celebración de una elección auténtica:
- regularizar la designación de las autoridades electorales;
- reconstruir el pluralismo del sistema de partidos políticos;
- colocar la convocatoria a elecciones en manos del órgano constitucionalmente competente, con atención al establecimiento de plazos razonables que permitan la participación de todos los actores políticos y la ejecución del cronograma sin dilaciones arbitrarias;
- realizar una auditoría independiente del registro electoral y establecer condiciones razonables para que los electores, incluidos los residentes en el exterior, puedan actualizar su inscripción;
- fijar tiempos prudenciales para la inscripción de candidatos y la construcción de alianzas y acuerdos y la habilitación de postulantes que hayan sufrido sanciones administrativas lesivas de sus derechos políticos;
- diseñar los distritos electorales de modo no arbitrario;
- garantizar la igualdad de condiciones de la competencia mediante restricciones del uso de recursos públicos para el financiamiento político;
- adoptar un sistema automatizado de votación, escrutinio y transmisión de resultados;
- promover la participación ciudadana mediante notificación masiva y capacitación por parte del Servicio Electoral Obligatorio;
- atender tanto al diseño normativo como a la capacidad y voluntad estatal de hacer cumplir las normas.
Además, Cepaz ha informado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que los derechos políticos de los venezolanos han sido restringidos y que hoy en día no contamos con la herramienta ciudadana del voto para lograr un cambio político. En mayo de 2018, poco antes de las elecciones, participamos junto con otras organizaciones en una audiencia en la que solicitamos atención ante eventuales represalias u obstrucciones a la labor de los defensores de derechos humanos y observadores electorales nacionales y pedimos que se instara al Estado a respetar la labor de periodistas y medios de comunicación en el proceso electoral. Más recientemente, en diciembre de 2018, tuvimos participación en otra audiencia en la cual volvimos a alertar sobre el deterioro de los derechos políticos y la participación ciudadana en Venezuela, con énfasis en el proceso deliberado de debilitamiento y extinción de los partidos políticos de oposición – resultante en la desaparición del 90% de los partidos políticos durante los últimos ocho años -, la falta de independencia e imparcialidad del Consejo Nacional Electoral, y la vigencia de un régimen de represión y persecución que se ha convertido en política de Estado, y que incluye detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzosas, ejecuciones extrajudiciales, muertes en custodia y reiteradas violaciones al debido proceso, el derecho a la defensa y el acceso a la justicia.
¿Se ha deteriorado aún más el espacio para la sociedad civil tras las elecciones de mayo?
Lo que vemos actualmente es el resultado acumulado de muchos años de deterioro, de socavamiento de la democracia y de criminalización del ejercicio de los derechos. Las organizaciones de la sociedad civil (OSC) se han visto profundamente afectadas, y no solamente mediante la aplicación de leyes restrictivas que limitan su funcionamiento, sino también y sobre todo mediante el establecimiento de un ambiente de alto riesgo, en el cual las amenazas y los ataques contra defensores de derechos humanos y OSC se han convertido en asunto cotidiano. La hiperinflación que vivimos también afecta grandemente el funcionamiento y la estabilidad de las OSC, lo mismo que el éxodo en curso, ya que muchos integrantes y activistas se han ido del país, lo cual ha mermado sus equipos de trabajo.
Lo que resulta esperanzador, sin embargo, es que muchos siguen trabajando desde fuera de Venezuela, y que dentro del país las organizaciones que siguen activas trabajan con un extremo compromiso por la recuperación de la democracia y la defensa de los derechos humanos. Si bien hemos sido muy afectadas, hemos encontrado vías y mecanismos que nos permiten seguir trabajando y acompañar a las víctimas en este contexto tan adverso, tales como la integración de redes, el trabajo colaborativo, la conciencia de la necesidad de protegernos y el establecimiento de protocolos de seguridad.
¿Consideras que Venezuela enfrenta una crisis humanitaria además de una crisis política? ¿Qué ayuda se requeriría para resolverla?
Como lo expresamos en un reciente informe presentado al Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, desde el año 2015 la sociedad civil venezolana ha realizado un esfuerzo sostenido por alertar, con base en evidencias, sobre la emergencia humanitaria compleja de gran escala, severidad y urgencia que atraviesa Venezuela. Esta emergencia se ha originado en las políticas gubernamentales que han desmantelado el estado de derecho y el orden democrático; destruido las capacidades económicas e institucionales del país, privando a millones de venezolanos de bienes y servicios esenciales; y utilizado la coerción y la violencia estatal contra quienes cuestionaban o se oponían a esas políticas.
A costa de extensos y profundos sufrimientos y daños a la población venezolana, el gobierno ha ignorado los ofrecimientos y criminalizado la cooperación y la asistencia humanitaria internacional, pese a los reclamos de las personas afectadas, las OSC, la Asamblea Nacional, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), los comités de los órganos de tratados internacionales y los relatores especiales del sistema de protección universal de derechos humanos, la CIDH, la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea, el Mercosur y países de varios continentes.
Cepaz ha volcado grandes esfuerzos a la incidencia en foros regionales e internacionales. ¿Qué logros ha conseguido y qué desafíos ha enfrentado?
En el caso de Venezuela, el agravamiento de la situación, las proyecciones de daño y el nivel de vulnerabilidad y riesgo de los ciudadanos al ejercer sus derechos requieren de una acción consistente, asertiva y diligente de la comunidad internacional, que combine acción humanitaria y protección de los derechos humanos. De ahí que la acción internacional de las OSC requiera de estrategia y articulación para presionar y activar una respuesta internacional.
Para lograr efectividad en este terreno se debe comprender los tiempos y estructuras políticas de decisión, formular objetivos y solicitudes claros, realizar mucho trabajo de preparación y cabildeo, entender los riesgos y generar herramientas adecuadas para proteger a quienes realicen estas acciones. Para lograr mayor impacto y alcance se necesitan también acuerdos de coordinación de modo de no duplicar esfuerzos y, en cambio, complementar las iniciativas. Todo esto forma parte del trabajo que Cepaz está realizando en coordinación con OSC de Venezuela y a nivel internacional. Existen muchos desafíos, dadas las dificultades para viajar y los riesgos que enfrentan los defensores, pero consideramos que hacer esta labor de contrapeso en la información y en la incidencia con actores claves es fundamental.
En los últimos años una parte importante de la sociedad civil venezolana ha participado en y enviado información a los órganos técnicos de los sistemas de protección de derechos humanos. En el sistema interamericano han participado en audiencias de la CIDH, presentado medidas cautelares y casos; en el sistema de Naciones Unidas han presentado informes ante los órganos de tratados, los procedimientos especiales y el proceso del Examen Periódico Universal. Los informes publicados y los pronunciamientos realizados por organismos internacionales se han basado en su mayoría en las informaciones provistas por la sociedad civil. Nuestra labor ha sido clave para obtener la importante respuesta que tuvimos en 2018, bajo la forma de un informe país de la CIDH, un segundo informe de la OACNUDH, un informe del panel de expertos internacionales independientes designado por el Secretario General de la OEA, varios pronunciamientos de relatores especiales, y la remisión interestatal de la situación de Venezuela a la Corte Penal Internacional, con el requerimiento de que investigue la comisión de crímenes de lesa humanidad.
¿Qué apoyo de la comunidad internacional requiere la sociedad civil independiente de Venezuela para continuar su trabajo en pos de una salida democrática y pacífica?
En la actual situación, el apoyo de la comunidad internacional es clave. Frente a un gobierno que es ilegítimo, pues ha surgido de elecciones fraudulentas, solicitamos el acompañamiento y el posicionamiento contundente de actores de la comunidad internacional para ayudar a restablecer el orden constitucional, reconstruir el sistema democrático y generar las condiciones para un cambio político pacífico, y específicamente para la celebración de elecciones libres y transparentes. En la misma línea, en enero de 2019 188 OSC independientes hicimos un llamamiento conjunto a los órganos de las Naciones Unidas, de quienes demandamos una actuación coherente y apegada a los derechos humanos ante la emergencia humanitaria.
El espacio cívico en Venezuela es clasificado como ‘represivo’ por el CIVICUS Monitor.
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