CIVICUS conversa con Andrea Barrientos, senadora del partido Comunidad Ciudadana por el departamento de Cochabamba, sobre los recientes incendios en cuatro de los nueve departamentos del país. Se estima que cuatro millones de hectáreas han sido afectadas por los incendios, generando grandes pérdidas de flora y fauna y forzando a comunidades indígenas a dejar sus hogares.
Andrea Barrientos es la principal política de oposición que ha reclamado por la inacción del gobierno frente a los incendios forestales.
¿A qué se deben los incendios forestales que han ocurrido recientemente en Bolivia?
La gran mayoría de los incendios está ocurriendo en áreas protegidas: el Parque Nacional Madidi, el Parque Nacional Noel Kempff Mercado y el Territorio indígena y Parque Nacional Isiboro Secure (TIPNIS). Son bosques húmedos, que por ello no deberían de quemarse. Está claro que se trata de incendios provocados.
En los bosques secos, cuando ocurren incendios espontáneos se identifica el foco de calor y se lo elimina. Pero esto no es posible en el caso de los incendios provocados, detrás de los cuales hay intereses económicos poderosos protegidos por actores con poder político.
Se cree que estos incendios están siendo provocados por tres motivos: para sembrar coca, en el caso del TIPNIS en Cochabamba; para la minería ilegal, en La Paz y Beni; y en los tres casos para acaparar tierras. Por estas razones se han quemado más de tres millones de hectáreas en áreas protegidas.
Un hecho muy preocupante es que la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra y el Instituto Nacional de Reforma Agraria no daban información geolocalizada sobre los incendios, por lo que ni bomberos ni el gobierno departamental tenían la posibilidad de identificar a los responsables e imponer sanciones. Estamos ante un caso de conspiración para delinquir y encubrimiento por parte del gobierno central.
Nadie ha hecho hada. Prácticamente hemos tenido que esperar que llueva para que los incendios acabaran por apagarse.
¿Qué efectos han tenido estos incendios?
El resultado ha sido una considerable pérdida de biodiversidad. La minimización de los incendios y la falta de respuesta de las autoridades es ecocidio. Lamentablemente, podemos cambiar las leyes, pero la biodiversidad que ya se perdió no se puede recuperar.
Los cuatro millones de hectáreas quemadas y los diez millones de animales calcinados van a tener un impacto negativo sobre la seguridad alimentaria. Los efectos de los incendios se suman a los de las inundaciones y deslizamientos causados por las lluvias que tienen a siete de los nueve departamentos del país en alerta naranja.
Los impactos sobre la salud son inminentes. Sin bosque no hay agua, y el agua con mercurio que deja la minería no se puede beber.
¿Qué les están reclamando a las autoridades?
Les estamos reclamando transparencia y acción. Mientras exista corrupción, la cosa no funciona. Para apagar un incendio simplemente hay que ir al hasta el foco y apagarlo. Mientras no haya voluntad de actuar, los incendios continuarán.
El apoyo de la sociedad civil es vital para que el gobierno reconozca los incendios y la pérdida de biodiversidad. En cuatro departamentos del país la gente se ha movilizado y eso ha sido un punto de inflexión. El 13 de noviembre la población salió a las calles exigiendo a las autoridades la declaratoria de desastre natural frente a la creciente magnitud de los incendios forestales.
Precisamos un gobierno que piense en nuestra Amazonía no como una tierra ocupada por bosque que hay que talar ni como una fuente de ingresos sino como un área preservada para el mundo. Esta es una visión que hoy lamentablemente el gobierno nacional no tiene.
Desde Comunidad Ciudadana hemos empezado con acciones populares – mecanismos legales que permiten a la ciudadanía participar activamente en la tutela de derechos e intereses colectivos relacionados con el patrimonio, el medio ambiente, el espacio, la seguridad y la salubridad pública, entre otros – y juicios para la protección del medio ambiente en el Parque Nacional Madidi. En una primera instancia éstos fueron rechazados por las comunidades porque los efectos negativos eran abstractos para ellos, pero ahora esas mismas comunidades nos buscan para que las ayudamos porque están sufriendo las consecuencias de la minería ilegal y la producción de droga en lo que una vez fue bosque. Se dan cuenta de que el mercurio tiene un impacto catastrófico en sus vidas y los está enfermando de cáncer.
El espacio cívico en Bolivia es calificado como “obstruido” por el CIVICUS Monitor.
Contáctese con Andrea Barrientos a través de su página de Facebook, y siga a @AndreaBSahonero en Twitter e Instagram.
Las opiniones expresadas en esta entrevista son de la persona entrevistada y no necesariamente reflejan los puntos de vista de CIVICUS.
