CIVICUS conversa con integrantes del Colectivo por la Libertad de Kenia Hernández. acerca de la criminalización del activismo en México.
Kenia Hernández es una mujer indígena amuzga, defensora de los derechos de los pueblos indígenas a la tierra y el territorio. Coordina el Colectivo Libertario Zapata Vive, que promueve la resistencia pacífica frente al modelo de desarrollo extractivista impuesto por el Estado mexicano. Kenia tiene nueve causas abiertas bajo cargos fabricados vinculados con su activismo y permanece injustamente encarcelada desde octubre de 2020. Es parte de la campaña de CIVICUS Stand as My Witness (Sé my testigo), que busca su liberación.
¿Cuál es la situación de Kenia Hernández y de la lucha por su liberación?
La labor de Kenia siempre se ha centrado en denunciar y generar movilización contra violaciones graves de derechos humanos. Ahora está experimentando en carne propia la criminalización del activismo de derechos humanos y por los derechos de los pueblos indígenas que viven tantos otros activistas en México. El sistema busca mantenerla entre rejas el mayor tiempo posible para evitar que continúe haciendo su trabajo, y para ello prolonga la privación de su libertad mediante la repetida apertura de nuevas causas penales en su contra.
La lucha por la liberación de Kenia tiene dos componentes: la lucha jurídica, encabezada por un equipo jurídico que da seguimiento a los procesos en su contra, y la lucha política, centrada en la visibilización del caso. Es importante que todo el país sepa lo que está ocurriendo y que se siga hablando del caso de Kenia, de la injusticia y la impunidad que padece. No podemos mirar para otro lado porque su realidad es la de muchos otros activistas criminalizados.
¿Cuántos casos similares al de Kenia estimas que existen actualmente?
El caso de Kenia es parte de un patrón de criminalización que se utiliza con el propósito de obstaculizar la labor de defensa de derechos humanos y de los pueblos indígenas en México. El hecho de que Kenia sea una mujer indígena, madre, abogada y defensora de derechos humanos no es casualidad: es la razón de su encarcelamiento.
Otros activistas han sufrido destinos peores que los procesos judiciales y la cárcel: han sido víctimas de asesinatos, de atentados contra sus vidas y de desapariciones forzadas.
Es difícil estimar cuántos activistas criminalizados y presos políticos hay en México porque no hay ningún organismo oficial que haga un seguimiento exhaustivo. Pero es una realidad que corroboramos permanentemente. Los principales blancos de esta persecución son activistas racializados, usualmente en situación de pobreza y vulnerabilidad, que luchan por una causa “inconveniente” para el gobierno. Cuáles sean esas causas, depende del contexto; cada estado es diferente. Pero todos caen víctimas del mismo sistema penal y quedan igualmente sometidos a la vulneración de sus derechos y expuestos a la injusticia y la impunidad.
¿En qué medida la criminalización de Kenia ha logrado acallar los reclamos?
Siempre que ocurre una situación de criminalización, el grupo de activistas que acompaña o respalda al defensor criminalizado también teme por su libertad. Al fin y al cabo, lo que la criminalización de las personas defensoras busca es poner bajo amenaza a todo el colectivo con el objeto de desactivarlo.
Quizá hubo un momento en que el grupo que acompañaba al caso de Kenia tuvo miedo de levantar la voz. El solo hecho de trabajar para visibilizar y reclamar por la situación de Kenia nos coloca a todos en una situación de vulnerabilidad. Pero nos hemos sobrepuesto y hemos continuado reclamando y haciendo visible no solamente la situación de la defensora criminalizada sino también el funcionamiento perverso de un sistema de justicia penal que es profundamente racista y clasista.
¿Cuáles son sus demandas hacia el Estado mexicano?
El presidente Andrés Manuel López Obrador, en su “Mañanera” – conferencia matinal con los medios de comunicación – del 30 de diciembre de 2022 instruyó a la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, para que diera seguimiento al caso de Kenia Hernandez, que era nuestra petición. Exigimos que la Sra. Rodríguez se reúna conjuntamente con el equipo jurídico de Kenia y con Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) para que dialoguen y lleguen a un acuerdo reparatorio para su pronta liberación. CAPUFE es el organismo federal que acusó a Kenia en las ocho causas penales federales en su contra por el supuesto delito de ataques a las vías generales de comunicación.
En vistas del llamamiento realizado por relatorías de las Naciones Unidas y del hecho de que el caso de Kenia fue colocado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como un ejemplo de la criminalización de la protesta en México, esperamos que toda la documentación y los apoyos reunidos sean tomados en cuenta y que se traduzcan en su pronta liberación y en el reconocimiento de que ha sido criminalizada por su labor como defensora de derechos humanos y de los pueblos indígenas.
El espacio cívico en México es clasificado como “represivo” por el CIVICUS Monitor.
Póngase en contacto con el Colectivo por la Libertad de Kenia Hernández a través de su página de Facebook y siga a @ParaKenia en Twitter y a libertad_para_kenia en Instagram.
