CIVICUS conversa sobre la actual crisis de violencia en Ecuador con Mauro Cerbino, profesor e investigador en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) sede Ecuador.
Las investigaciones del profesor Cerbino se centran en las culturas y organizaciones juveniles y en los vínculos entre juventud y violencia.
¿Cómo llegó Ecuador a convertirse en uno de los países más violentos de Latinoamérica?
Para entender el muy complejo contexto de violencia que vive el Ecuador, es importante analizar los factores que han vuelto posible esta situación. En los últimos años ha habido un gran deterioro de las condiciones de vida de los jóvenes de sectores populares. Para ellos, la educación ha ido perdiendo sentido porque no cumple el propósito de ofrecerles opciones que le den un sentido a su existencia y mejoren sus condiciones de vida. La relación entre educadores y educandos se ha deteriorado y se ha ideo perdiendo la confianza recíproca.
Adicionalmente, debido a la ausencia de políticas públicas para las juventudes urbanas no se detectó que en los territorios se estaba dando un proceso de empobrecimiento, no solo económico –este último, agudizado recientemente por la pandemia– sino también simbólico, es decir, relativo a la generación de espacios culturales y recreativos para la reproducción de una vida con sentido.
A ello se ha sumado el problema del narcotráfico. Por efecto de la dolarización, desde el año 2000 ha crecido la economía criminal. La posición geográfica de Ecuador también ha contribuido a ello: el país tiene siete puertos, lo que ha facilitado la salida de estupefacientes, sobre todo hacia Europa. La economía criminal internacional encontró condiciones para insertarse en el contexto ecuatoriano.
Esta floreciente economía criminal ofreció a adolescentes y jóvenes cada vez mayores oportunidades de obtener ganancias rápidas al mismo tiempo que el Estado perdía capacidad para crear condiciones para la reproducción de la vida en los territorios. El atractivo de la opción criminal se vio acentuado por el auge de la estética del narcotráfico que atrae fuertemente a la juventud porque logra ofrecerles sentido bajo la forma de reconocimiento, posición social y ejercicio de cuanto menos un pequeño poder, en una sociedad muy jerárquica y fracturada. En un contexto global marcado por la sociedad del espectáculo, la necropolítica –el uso de poder social y político para determinar cómo ciertas personas han de vivir y cómo otras deben morir– y la mercantilización y obsolescencia de la vida y la muerte, a la sociedad legal le resulta imposible competir con el poder de seducción que ejercen las organizaciones criminales.
Por último, la acción de los grupos criminales es también el síntoma de que el contrato social se encuentra en entredicho. Estos grupos, sus familiares y círculos cercanos acaban decretando la ilegitimidad del Estado y la sociedad legal. Para ellos, los delitos violentos, y especialmente los asesinatos, son errores que han de ser juzgados por Dios, pero no por las leyes del Estado ni por otras personas. Ante la comisión de hechos violentos se puede asumir la culpa frente a lo divino, pero de ninguna manera la responsabilidad frente a otras personas o instituciones. Se trata del mayor fracaso del Estado para proyectarse como Estado de derecho, garante de la convivencia basada en la legalidad.
En suma, la crisis de seguridad en Ecuador responde a una combinación de factores entre los cuales se destacan las condiciones en que viven y que padecen niños y jóvenes. Toda respuesta efectiva, por lo tanto, deberá romper con la lógica individualista y recomponer la comunidad –con educación, arte, diálogo y cultura– para dotar de sentido a la vida de tantos jóvenes a quienes les da lo mismo vivir, matar o morir.
¿Cómo ha incidido en este panorama el reciente cambio de gobierno?
La percepción de inseguridad fue uno de los temas más debatidos en la última campaña electoral, que llevó a la presidencia a Daniel Noboa, un joven de una familia de empresarios guayaquileños. El debate fue fuertemente securitario y punitivista, es decir, se enfocó en la reacción policial y militar y en la imposición de penas y castigos.
Noboa fue elegido en octubre de 2023 para completar el periodo de su antecesor, Guillermo Lasso, y solo ocupará el cargo por aproximadamente un año y medio. Con una ciudadanía cada vez más preocupada por la inseguridad, el presidente respondió a la violencia desatada con la toma de cárceles mediante la declaración del estado de excepción y la imposición de un toque de queda por 60 días. Es posible que con estas medidas también buscara aumentar su popularidad y mejorar la evaluación de su gobierno en vista de las elecciones del próximo año, en las que ha manifestado la intención de participar.
Al decretar el estado de excepción, el gobierno entregó la coordinación de las operaciones de orden público a las fuerzas militares. La posición del gobierno, que se ha referido a la situación como un estado de guerra interno, ha sido replicada por los principales medios de comunicación y aparentemente refrendada por amplios sectores de la opinión pública. Frente a ello la oposición política prácticamente no se ha manifestado. El mayor partido de oposición, Revolución Ciudadana, liderado por el expresidente Rafael Correa, prácticamente se ha plegado a las decisiones gubernamentales para evitar quedar aislado, así como por incapacidad para proponer alternativas.
¿Cómo ha reaccionado la ciudadanía a la propuesta de un referéndum para legitimar medidas de seguridad más estrictas?
Es probable que la mayoría de la opinión pública, en parte por haber tenido experiencia directa de la inseguridad, pero sobre todo por el relato insistente de los medios de comunicación y su amplificación a través de las redes sociales, apoye todas las decisiones en materia de seguridad que está tomando el gobierno. Todos los medios de comunicación privados transmiten manifestaciones a favor de la presencia militar y policial en las calles.
Actualmente las preguntas para el referéndum están en trámite en la Corte Constitucional, la cual todavía no se ha expedido sobre su admisibilidad. La mayor parte de las preguntas se refiere a la inseguridad. Si el referéndum avanza como está previsto, es probable que la mayoría dé su apoyo al gobierno. Ello se debe a que no ha habido prácticamente discusión pública sobre otras formas de enfrentar la inseguridad, pese a que llevamos décadas de aplicación de un enfoque securitario que ha dado escasos resultados.
Ahora bien, existen otras formas de entender la seguridad. Ya en 1994 Naciones Unidas planteó la noción de seguridad humana, mientras que la Organización de Estados Americanos formuló en 2003 el concepto de seguridad multidimensional. Ambos conceptos ponen al ser humano en el centro y tienen en cuenta los vínculos de los problemas de seguridad con condiciones sociales estructurales de injusticia, inequidad y falta de acceso al ejercicio de los derechos.
¿Piensa que Noboa podría convertirse en el próximo Bukele?
El denominado “modelo Bukele”, basado en la respuesta represiva a la violencia por parte del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, parece tener aceptación en muchos países, especialmente en los gobernados por la derecha o la ultraderecha. En el caso de Ecuador, pienso que se replicarán algunas de las medidas que se implementaron en el Salvador – por ejemplo, el Presidente Noboa ha decidido construir dos megacárceles de máxima seguridad.
Pero el modelo no es totalmente aplicable porque son países con distintas características geopolíticas y porque la situación criminológica es distinta: en El Salvador el problema son las maras, mientras que en Ecuador lo es el crimen organizado. Además, al menos por el momento, la Constitución ecuatoriana incluye fuertes garantías de derechos, mientras que éstas a lo largo de varios años de Bukele están muy deterioradas en El Salvador.
¿En qué medida esta crisis de violencia es un problema transnacional, y qué clase de apoyos internacionales ha recibido Ecuador para hacerle frente?
El problema del narcotráfico es transnacional y global. Involucra a organizaciones, como mafias y carteles, que están distribuidos en el mundo. Su combate requiere una efectiva cooperación interestatal.
Algunos países, como los Estados Unidos, han ofrecido apoyo al Ecuador, pero sabemos que estos ofrecimientos esconden intereses de política internacional no siempre explicitados. La Unión Europea también ha manifestado su disposición a brindar asistencia, pero hasta el momento no se sabe en qué consistirá dicha asistencia. Están saliendo a la luz cada vez más casos de corrupción y de connivencia de partes del Estado ecuatoriano con el crimen organizado, lo cual obviamente dificulta la cooperación internacional con el Estado ecuatoriano.
Ahora bien, la cooperación internacional deberá comprometerse a atender los problemas estructurales que coadyuvan a las situaciones de violencia. Es fundamental que contribuyan al fortalecimiento de la política social.
El espacio cívico en Ecuador es calificado como “obstruido” por el CIVICUS Monitor.
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