CIVICUS conversa acerca de las recientes elecciones generales de El Salvador con César Artiga, defensor de derechos humanos y coordinador del Llamado Global de Acción contra la Pobreza (GCAP) en El Salvador, del Equipo Impulsor Nacional del Acuerdo de Escazú y de la Coalición Nacional por el Derecho a Vivir en un Medio Ambiente Sano.
¿Qué consecuencias tendrá la victoria arrasadora del presidente Nayib Bukele?
Este 4 de febrero de 2024 la democracia salvadoreña ha sido sepultada. Esto ha ocurrido con la complicidad del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que permaneció ausente e impávido ante repetidas violaciones a la ley electoral, mostrando su negligencia y sometimiento al presidente Nayib Bukele, quien se ha autoproclamado como ganador y presidente reelecto.
Estas elecciones fueron nuestra última oportunidad para recuperar la incipiente democracia establecida con la firma de los Acuerdos de Paz de Chapultepec en 1992. Bukele asumió su mandato en junio de 2019 y desde entonces el país ha experimentado retrocesos profundos en materia de derechos humanos. Se ha quebrado el Estado de Derecho y se han anulado las garantías institucionales y constitucionales de la ciudadanía.
Esta era una oportunidad única para detener la embestida autoritaria de Bukele e impedir que siguiera acumulando poder y se perpetuara como máxima y única autoridad del país, que es lo que buscó con su candidatura ilegal. La reelección es inconstitucional en El Salvador, pero él manipuló las instituciones y todo el aparato del Estado para consolidar su proyecto de control total e imponer una cultura de privilegios e impunidad para él y su clan corporativo familiar.
Tras la votación, oficialmente estamos entrando en dictadura. Por un lado, porque habiendo llegado al poder por primera vez por la vía democrática, Bukele se ha reelegido de manera inconstitucional. Por el otro, por los niveles de concentración de poder que resultarán de estas elecciones, que al mismo tiempo que le han dado a Bukele un mandato rotundo al frente del Ejecutivo, le han entregado el control absoluto del Legislativo. No hay nada que requiera mayorías extraordinarias que él no pueda hacer en este segundo mandato. Ello se suma al control del Poder Judicial, que ya tenía desde mayo de 2021.
En estos tiempos las dictaduras no son como las de los años ‘70 y ‘80. En muchos casos como este, no resultan de golpes militares, sino del acaparamiento del poder por parte de líderes que inicialmente son electos democráticamente. Y las tácticas también han cambiado, son bastante más sutiles. El principal peligro no es que te vayan a desaparecer, aunque eventualmente podría suceder, sino que te amenacen, difamen y en última instancia te neutralicen mediante ataques mediáticos y campañas de desprestigio que te borran del espacio público.
Esta democracia se muere por deterioro del espacio cívico. El ritual electoral pierde sentido desde el momento en que no rigen las libertades cívicas fundamentales, que son las que hacen posible la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos. El actual gobierno arrasó deliberadamente con ellas.
¿Cuán libres y competitivas fueron estas elecciones?
El proceso electoral fue bastante viciado, principalmente porque el TSE no aplicó la normativa electoral en lo que al presidente se refiere. El gobierno violó la normativa electoral con total impunidad y sin que el TSE interviniera. Comenzó la campaña mucho antes de lo que se lo permitía la ley y utilizó recursos del Estado para hacer propaganda en favor de las candidaturas de Bukele y sus aliados, al tiempo que se negaba a pagar la llamada “deuda política”, que es la asignación monetaria que el Estado hace a cada partido político para que pueda promover sus candidaturas. Eso no le hizo mella al partido de gobierno, que contaba con todos los recursos del Estado, pero perjudicó enormemente a los de la oposición, que tuvieron que financiarse por sus propios medios y quedaron al borde de desaparecer.
Además, las elecciones ocurrieron en el marco de un estado de excepción que se extiende desde hace dos años y gracias al cual se ha perseguido y criminalizado a personas defensoras de derechos humanos y a las voces disidentes. Hay un temor generalizado a dar opinión o aparecer en medios de comunicación con posiciones críticas de la gestión de gobierno. Este régimen de excepción que ya se volvió permanente no ofreció las garantías institucionales para una elección libre y justa.
La jornada electoral estuvo marcada por irregularidades y problemas en el recuento de votos y la transmisión de los resultados preliminares. Se descuenta que Bukele ha arrasado, con alta votación y mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa, pero aún no tenemos datos oficiales.
El hecho de que el TSE incumpla su rol de árbitro electoral y garante de la integridad del proceso hace perder la confianza en la transparencia de los resultados. Por arrasadores que éstos sean, las elecciones acaban perdiendo legitimidad de cara a la opinión pública nacional e internacional.
¿Cuáles fueron los principales temas de la campaña?
En realidad no hubo un debate de ideas. El hecho de que la ciudadanía fuera a votar sin conocer las propuestas de los partidos, porque los partidos no tenían propuestas o carecieron de los recursos o espacios para darlas a conocer, es síntoma de un gran retroceso democrático.
El oficialismo no presentó una propuesta concreta, sino que presentó la reelección como una especie de referéndum sobre la figura de Bukele, quien goza de mucha popularidad. La propuesta fue simplemente seguir el liderazgo de Bukele, hacer lo que él diga que hay que hacer. Un espíritu mesiánico se apoderó de la sociedad salvadoreña e impuso la noción de que Bukele es la solución para todos nuestros problemas, y en particular para uno verdaderamente urgente que es el que más preocupa a la mayoría de la gente: la inseguridad.
La oposición se presentó muy fragmentada y sus esfuerzos fueron muy dispersos. Además de no tener los fondos necesarios para dar a conocer su oferta electoral, los partidos de oposición no tuvieron propuestas que atrajeran a la ciudadanía, como sí lo hizo la campaña del miedo de Bukele, que anunciaba que, de ganar, la oposición liberaría a miles de pandilleros que volverían a llenar las calles de violencia.
El único tema del que se habló fue el de la seguridad, porque es el principal resultado que el gobierno puede mostrar. El gran logro que exhibe Bukele, sobre el que se basa su popularidad, es el resultado de su estrategia en materia de seguridad nacional para hacer frente a la violencia de las pandillas. Sin embargo, en el marco de la “guerra contra las pandillas” ha habido detenciones arbitrarias masivas. Hay miles de personas detenidas injustamente a las que se les ha violado el debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho a defensa. A este tema no se le prestó suficiente atención durante la campaña, debido a la desinformación que impulsó el gobierno, asegurando que todas las personas detenidas son integrantes o colaboradoras de las pandillas.
¿Cómo se posicionó la opinión pública frente a la política de seguridad del gobierno?
Hay un amplio sector de la población que ha visto con buenos ojos la estrategia de seguridad de Bukele porque desde su punto de vista ha dado resultados como ninguna otra en el pasado.
Efectivamente, Bukele ha desarticulado las pandillas, pero ¿a qué costo? Quienes están en desacuerdo con los métodos utilizados y piensan que el régimen de excepción debería levantarse, generalmente no lo dicen por temor a sufrir represalias. Hay una campaña mediática muy fuerte impulsada desde el Estado que dice toda persona que no apoya al gobierno es colaboradora de pandillas. No hay espacio para el disenso o el apoyo crítico: o se apoya al gobierno al 100%, o se está con las pandillas.
Hay gente que se dio cuenta de que la estrategia de seguridad del gobierno no es una solución duradera. No se conocen los términos de las negociaciones y los acuerdos a los que llegó el gobierno con las pandillas, pero es un hecho que el gobierno pactó con los líderes de las pandillas.
La política de seguridad ha resultado en la estigmatización del pueblo trabajador, simplemente por las condiciones de exclusión en que viven las comunidades empobrecidas. Las detenciones masivas e indiscriminadas han afectado desproporcionadamente a campesinos, agricultores, personas de pueblos indígenas y mujeres defensoras de derechos humanos. Se les ha acusado de pertenecer a asociaciones ilícitas o colaborar con pandillas, cuando todo lo que están haciendo es trabajar, educar y aportar al futuro de sus comunidades.
¿Cuáles piensas que serán las implicancias regionales?
El “efecto Bukele” ya se está sintiendo a nivel regional. La elección de Javier Milei en Argentina no es un caso aislado. Tampoco lo son las medidas que el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, está tomando en respuesta a la violencia del narcotráfico en su país. Se está difundiendo la tendencia observada en El Salvador: cada vez son más las sociedades dispuestas a ceder derechos y libertades a cambio de seguridad.
Es lamentable ver esta tendencia replicarse en otros países. La ciudadanía está cansada de la falta de respuesta de los Estados. Sucesivos gobiernos democráticos no han impulsado las medidas efectivas que se necesitaban, y el hartazgo está habilitando alternativas lideradas por gobiernos conservadores, neoliberales o antiderechos, que en el largo plazo traerán más problemas que soluciones reales y duraderas.
El espacio cívico en El Salvador es calificado como “obstruido” por el CIVICUS Monitor.
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