CIVICUS conversa con Alicia Méndez Medina, del colectivo Junta de Prietas, sobre la campaña por la legalización del aborto y las luchas feministas, antirracistas y otras luchas por los derechos en la República Dominicana.
Junta de Prietas es un colectivo feminista, antirracista y descolonial que trabaja con comunidades locales y grupos vulnerables para combatir la opresión en la República Dominicana.
¿Cuál es la realidad de las mujeres que quieren abortar en República Dominicana?
Las mujeres que buscan interrumpir un embarazo enfrentan riesgos para su salud y su vida a causa de la penalización del aborto. Aunque la prohibición en principio se aplica a todas las mujeres por igual, no todas las mujeres están expuestas a los mismos riesgos: las mujeres negras, las mujeres pobres y las mujeres migrantes son las que más riesgos enfrentan. Es por eso que nuestra lucha va más allá de la despenalización del aborto y es también una lucha contra el racismo arraigado en la sociedad dominicana, especialmente hacia las mujeres negras y migrantes.
En ese sentido, la despenalización del aborto es una parte importante, pero solo una parte, de una lucha más amplia por los derechos de las mujeres. Esta lucha también pasa por desafiar las barreras estructurales que dificultan el acceso a atención médica, y en particular la mercantilización de la salud, que hace que sólo reciba atención de calidad quien puede pagarse un buen seguro médico.
La prohibición total del aborto acarrea complicaciones innecesarias para la salud de las mujeres, que por estar embarazadas e imposibilitadas de terminar su embarazo pueden verse privadas de tratamientos médicos necesarios para salvarles la vida. Una buena ilustración de ello es el trágico caso de Esperancita, una adolescente de 16 años que falleció en 2012 por no recibir tratamiento para la leucemia que padecía, por estar embarazada. Luego de años de lucha de la madre de Esperancita, en 2020 el caso fue admitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Actualmente enfocamos nuestra demanda de despenalización del aborto en tres causales específicas: riesgo para la vida de la madre, violación e incesto. Sin embargo, consideramos que estas causales son limitadas y en última instancia abogamos por la despenalización total del aborto como un derecho fundamental de las mujeres a tomar decisiones con autonomía sobre sus cuerpos y sus vidas.
¿Quiénes se oponen a la legalización del aborto, y con qué argumentos?
Hay grupos ultraconservadores que se oponen a toda demanda de libertad e igualdad y generan polarización en la opinión pública y ataques en las redes sociales. En períodos electorales, los candidatos de los partidos políticos suelen alinearse con sus posiciones, expresando su oposición al aborto con argumentos teológicos que delatan una fuerte influencia de la Iglesia Católica.
Actualmente atravesamos un período difícil, porque los grupos antiderechos están cada vez mejor organizados y movilizados para resistir todo avance en materia de derechos. Estos grupos tienen inserción en sectores poderosos y adinerados de la sociedad, lo que les da acceso tanto a los medios tradicionales como a las redes sociales, y les permite incidir sobre la opinión pública y amenazar y estigmatizar a quienes luchan por la igualdad y los derechos humanos.
Estos grupos también son ultranacionalistas y dirigen su hostilidad contra los migrantes haitianos. Cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló a favor de personas privadas de su nacionalidad dominicana debido a su ascendencia haitiana, se desató una campaña de denuncia del fallo como injerencia extranjera. Algo similar podría ocurrir si la Corte Interamericana fallara a favor del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en un caso que afectara directamente a nuestro país. La opinión pública está muy dividida en torno a estos temas y a menudo se hace eco de las acusaciones de injerencia contra los organismos internacionales, olvidando que somos parte de ellos y participamos en sus procesos.
¿Cómo contribuyen desde su colectivo a la lucha por la igualdad de derechos?
Como colectivo, nos comprometemos con la defensa de los derechos básicos de la población en un contexto de grave crisis económica y social, donde el racismo y la xenofobia son desafíos urgentes.
La situación en la vecina Haití, marcada por el conflicto armado, ha generado un flujo migratorio hacia nuestro país, especialmente de mujeres en condiciones de vulnerabilidad, incluyendo a muchas en período de lactancia o en trabajo de parto. Es esencial que cualquier discusión sobre la lucha de las mujeres en la República Dominicana contemple la situación de estas mujeres haitianas y dominico-haitianas que enfrentan la perspectiva de la deportación y otros riesgos graves.
Destacamos las diversas realidades que enfrentan diferentes mujeres – las mujeres migrantes, y también las mujeres trans, que a menudo enfrentan discriminación incluso dentro de los círculos feministas. Finalmente, abogamos por la despenalización total del aborto promoviendo la justicia reproductiva y el respeto a la dignidad de todas las mujeres.
El espacio cívico en República Dominicana es calificado como “estrecho” por el CIVICUS Monitor.
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